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Política 📢

Fraude en residencias médicas: el Gobierno denunció penalmente a los supuestos implicados

Tras detectar irregularidades en el examen del 1° de julio, se realizará una nueva prueba presencial y escrita. Solo podrán rendir quienes hayan superado los 86 puntos y presenten sospechas de incongruencia académica.

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El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los postulantes y eventuales cómplices involucrados en una presunta estafa durante el examen de residencias médicas, llevado a cabo el pasado 1° de julio. La medida fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien expresó a través de su cuenta en la red social X que “no se permitirá que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos”.

La denuncia, según detalló el funcionario, apunta a «todos aquellos que hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa», y se enmarca en la política oficial de «el que las hace, las paga», consigna repetida por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.

Nuevo examen con condiciones restrictivas

En paralelo a la denuncia penal, el Ministerio de Salud de la Nación definió los lineamientos para la realización de un nuevo examen escrito, que se tomará el jueves 7 de agosto, y estará limitado exclusivamente a los médicos que hayan obtenido 86 puntos o más, pero sobre quienes existan sospechas de incongruencias entre su desempeño y sus antecedentes académicos.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 61/2025 de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Juan Pablo Vivas.

Según se especifica, la nueva prueba consistirá en un examen escrito presencial con 100 preguntas de opción múltiple, de un punto cada una. La evaluación estará centrada en áreas clave: salud del niño, salud de la mujer, salud del adulto y salud pública.

Límites en la calificación

La disposición detalla que los postulantes mantendrán la calificación obtenida el 1° de julio si su resultado en esta nueva instancia cae dentro de un desvío del 10%. Si obtuvieran una nota más baja que ese margen, se les asignará la nota nueva. En ningún caso podrán mejorar la calificación original, aunque rindan mejor en esta oportunidad.

Esta limitación busca preservar el orden de mérito original entre quienes no están alcanzados por sospechas de irregularidades. El orden de mérito definitivo será publicado el miércoles 20 de agosto, y el ingreso a las residencias médicas comenzará el lunes 1° de septiembre, como estaba previsto.

Protocolo estricto y sin dispositivos electrónicos

El Gobierno dispuso también medidas estrictas de control para evitar nuevas irregularidades. Estará prohibido el ingreso al aula con celulares, relojes inteligentes, anteojos con tecnología, calculadoras o cualquier otro dispositivo electrónico. Los postulantes serán evaluados al momento del ingreso y, si necesitan usar los sanitarios durante la prueba, serán acompañados por personal autorizado.

Además, la organización del examen no se hará responsable por la pérdida o daño de dispositivos personales, ya que estos no podrán ingresarse a la sala de evaluación bajo ningún concepto.

Economía 💲

Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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