La escalada de hostigamiento, censura y precarización laboral contra periodistas en Argentina encendió las alarmas de organismos internacionales y de la sociedad civil. El gobierno de Javier Milei profundizó la ofensiva contra la libertad de expresión, debilitando pilares democráticos y generando un clima de violencia y autocensura.

Un escenario de hostilidad: ataques, censura y represión

El 7 de junio, Día del Periodista, encontró a la prensa argentina en uno de sus momentos más críticos desde el retorno de la democracia. El video difundido por la agrupación Periodistas Argentinas sintetizó el diagnóstico: “El rol que cumple el periodismo bajo una democracia está bajo ataque directo”. La denuncia no es aislada. El informe 2025 sobre el ranking mundial de libertad de prensa ubicó a la Argentina en el puesto 87, lo que representa una caída de 47 lugares en apenas dos años, y esto es así porque “el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utiliza la publicidad estatal como arma política”.

El régimen libertario implementó una serie de estrategias para domesticar al periodismo crítico. Entre ellas, la estigmatización pública de comunicadores, la judicialización de la labor periodística, la represión física en protestas y la precarización laboral. El propio Milei sostuvo en redes sociales que “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”, mientras funcionarios y seguidores replicaron campañas de descrédito y amenazas. En paralelo, se multiplicaron las agresiones físicas: el caso de Roberto Navarro, golpeado en la vía pública, y el de Pablo Grillo, fotorreportero herido por fuerzas de seguridad durante una protesta, ilustraron la gravedad del contexto.

Cierre de medios públicos y control de la información

El cierre de la agencia Télam en marzo de 2024 marcó un punto de inflexión. La agencia, segunda en importancia en el mundo hispanohablante, garantizaba la cobertura federal y plural de la realidad argentina. Su desaparición implicó la pérdida de cables informativos, archivos documentales y la desconexión de vastos territorios del país del debate nacional. A esto se sumó el silenciamiento de otros medios públicos y la concentración de la pauta oficial en manos del Ejecutivo, que la distribuyó de manera discrecional, favoreciendo a medios afines y castigando a los críticos.

La reciente resolución 1319/25, firmada por el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, restringió aún más el acceso de periodistas a la Casa Rosada. El nuevo sistema de acreditaciones impuso criterios discrecionales, limitó la cantidad de profesionales por medio, reguló la vestimenta y restringió la circulación y la toma de imágenes en espacios no autorizados. Estas medidas, sumadas a la amenaza de revocación de credenciales y la limitación de preguntas en conferencias de prensa, consolidaron un cerco informativo inédito.

Precarización y disciplinamiento: el costo de informar

La precarización laboral se profundizó con salarios de pobreza, multiempleo y condiciones de trabajo cada vez más riesgosas. El ajuste presupuestario y la suspensión de la publicidad oficial dejaron a cientos de trabajadores de prensa sin sustento, mientras la represión en las calles y la judicialización de la labor periodística completaron el cuadro de disciplinamiento. “No somos la oposición de nadie, tampoco somos las aplaudidoras de nadie. Nuestra lealtad es con la verdad y con una opinión pública que merece conocerla”, afirmaron desde Periodistas Argentinas.

La reacción política no tardó en llegar. Diputados de distintos bloques exigieron la reactivación de la Comisión de Libertad de Expresión, paralizada desde septiembre de 2024, y repudiaron la “sistemática campaña de descrédito, intimidación y persecución” contra la prensa. Una declaración multipartidaria, firmada por referentes del GEN, UCR, PRO, PJ y la Coalición Cívica, advirtió: “El ataque a la prensa no busca ni defiende la verdad. Se utiliza el poder del Estado para intimidar, silenciar y disciplinar a quienes ejercen su labor de manera crítica”.

Consecuencias democráticas y desafíos colectivos

El deterioro de la libertad de prensa en Argentina no es solo un problema sectorial, ya que los obstáculos a la libertad de prensa debilitan la democracia. Sin circulación de ideas, sin pluralidad de voces y sin acceso a la información, el espacio público se reduce y la ciudadanía pierde capacidad de control sobre el poder. La Relatoría de la OEA y diplomáticos de más de 15 países expresaron su preocupación por el “deterioro acelerado” del ejercicio de la libertad de expresión en el país.

El desafío es colectivo: revertir el proceso de estigmatización, violencia y censura requiere la movilización de periodistas, organizaciones sociales, partidos políticos y la sociedad en su conjunto. La defensa de la libertad de prensa es, en definitiva, la defensa de la democracia.

Puntos clave:

• Argentina cayó 47 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa en dos años, según Reporteros sin Fronteras.
• El gobierno de Javier Milei cerró la agencia Télam, restringió el acceso a la información y concentró la pauta oficial.
• Se multiplicaron los ataques verbales y físicos a periodistas, con represión en protestas y judicialización de la labor periodística.
• Organismos internacionales y partidos políticos denunciaron el deterioro democrático y exigieron la reactivación de mecanismos de control y protección.
• La precarización laboral y la censura consolidaron un clima de autocensura y miedo en el periodismo argentino.