El sector más conservador de diputados y senadores de La Libertad Avanza firmó un compromiso para “trabajar activamente” en la derogación de la Ley 27.610, que garantiza el acceso legal, seguro y gratuito al aborto en Argentina. Aunque desde el oficialismo relativizan su impacto inmediato, el gesto reaviva un debate sensible y vuelve a encender alertas sobre posibles retrocesos en derechos sexuales y reproductivos.

La iniciativa, presentada en el Salón Delia Parodi durante una actividad por el Día del Niño por Nacer junto a organizaciones alineadas con la consigna de “las dos vidas”, también expone tensiones internas dentro del propio oficialismo y busca reinstalar la discusión en el Congreso.

En este contexto, Mercedes de Mendieta -referente de Izquierda Socialista/FIT Unidad, dirigente de Isadora Mujeres en Lucha y docente universitaria- advierte sobre un escenario de retroceso: denuncia falta de presupuesto con perspectiva de género, obstáculos en el acceso al aborto y ausencia de políticas públicas frente a la violencia de género. En diálogo con El Argentino, sostiene que “en las calles ya se conquistó este derecho” y lanza una advertencia: “si pudieran, intentarían cerrar el Congreso”.

-¿Cómo interpretás este nuevo intento de reabrir el debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo? 

-En primer lugar, expreso mi completo rechazo a este pronunciamiento de diputados y senadores de La Libertad Avanza, que busca avanzar contra un derecho conquistado tras años de lucha colectiva. En 2018 se produjo el inicio de la “marea verde”, un fenómeno social y político masivo que culminó con la sanción de la ley en 2020, y ya sabíamos que en esos espacios conviven sectores antiderechos y conservadores.

De hecho, el propio presidente Javier Milei se manifestó reiteradamente en contra del aborto legal, y al inicio de su gestión hubo un intento de derogación que generó un amplio rechazo social. Lo que vemos ahora es un nuevo intento de instalar el tema para avanzar sobre ese derecho.

En segundo lugar, se trata de un ataque al derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La Ley 27.610 garantiza que no exista maternidad obligada, y estos discursos buscan reinstalar una mirada regresiva sobre el rol de las mujeres en la sociedad.

Por eso, esto funciona como una advertencia: si intentan avanzar, se van a encontrar con un movimiento feminista organizado y en las calles defendiendo sus derechos.

-¿Cuáles son hoy los riesgos concretos de retroceder en el acceso al aborto en Argentina?

-Hoy ya estamos viendo obstáculos en el acceso al aborto legal en distintos niveles. Por un lado, el ajuste en el sistema de salud impacta directamente en la provisión de insumos, como el misoprostol. También persisten prácticas de obstrucción dentro del propio sistema, donde sectores antiderechos dificultan el acceso a este derecho. A esto se suma el debilitamiento de políticas como la educación sexual integral, que es clave para el ejercicio de derechos. 

Resulta muy grave que en el país del “Nni una menos», hoy faltan políticas para combatir la violencia de género por parte del Estado. Si bien el derecho está vigente, en la práctica se generan barreras concretas: demoras, derivaciones innecesarias y maniobras que buscan desalentar o impedir el acceso. Eso ya está ocurriendo.

-¿Qué rol está jugando la oposición frente a este escenario?

-En la mayoría de los espacios de la oposición, más allá de algunas excepciones como el Frente de Izquierda, existen sectores internos con posiciones antiderechos.

Por eso, no se puede dar por garantizado un posicionamiento uniforme del Congreso frente a este tema. Ya vimos el año pasado la falta de reacción ante distintos retrocesos en materia de derechos, y preocupa también la ausencia de perspectiva de género en el presupuesto 2026.

En este contexto, la principal garantía sigue siendo la movilización social y la fuerza del movimiento feminista, más que las dinámicas parlamentarias.

-¿El movimiento feminista evalúa medidas frente a este posicionamiento de un sector de LLA?

-Es un tema muy reciente, así que en los próximos días se verá cómo evoluciona. Por ahora, estamos en estado de alerta y evaluando posibles instancias de articulación y organización.

De todos modos, el movimiento feminista tiene una agenda activa y sostenida en el tiempo, con fechas y espacios de encuentro ya previstos. Frente a cualquier intento de retroceso, va a haber respuesta en las calles.

-En este contexto, ¿qué te parece más preocupante de este tipo de planteos?

Así empieza todo: ponen la semilla para después avanzar sobre el ataque real; no son gente que se quede solo en los papeles. Es un gobierno con características autoritarias, entonces atacan derechos muy esenciales. Ellos no quieren dialogar, quieren imponer.

Es más, si vos me preguntás, creo que si pudieran intentarían cerrar el Congreso. A nivel institucional, no respetan absolutamente nada.

Claves de la Ley 27.610

La Ley 27.610, sancionada en 2020, consolidó un cambio estructural en el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos en Argentina, al garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, sin necesidad de justificar motivos, para mujeres y personas con capacidad de gestar.

A partir de ese plazo, se mantiene la interrupción legal (ILE) en casos de violación o riesgo para la salud o la vida, sin límite de tiempo.

La práctica es gratuita y obligatoria en el sistema público, obras sociales y prepagas, y requiere consentimiento informado: mayores de 16 años deciden de forma autónoma y entre los 13 y 16 pueden hacerlo en prácticas de bajo riesgo.

El sistema de salud debe garantizar la atención dentro de los 10 días desde la solicitud. La objeción de conciencia está permitida, pero exige derivación y no rige ante peligro para la vida. También se asegura la atención post-aborto en todos los casos.