Política 📢
Coparticipación sin Milei: los gobernadores activan su propio plan para recuperar fondos
Presentaron dos proyectos clave para modificar el reparto de impuestos a los combustibles y los ATN. Acusan a la Casa Rosada de retener fondos que corresponden a las provincias y denuncian el fracaso de las negociaciones con el oficialismo.
Los gobernadores de todos los espacios políticos, incluidos el peronismo, la UCR y fuerzas provinciales, presentaron en el Senado una ofensiva legislativa conjunta para reformar la distribución de recursos nacionales, en particular el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión llegó tras el colapso de las negociaciones con el Gobierno de Javier Milei, al que acusan de retener fondos de forma arbitraria y centralista.
Los proyectos fueron ingresados durante la noche del miércoles y llevan las firmas de los jefes de bloque del Senado, entre ellos José Mayans y Juliana Di Tullio (PJ-UXP), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas). La intención de los mandatarios es avanzar rápidamente en las comisiones de Coparticipación Federal y Presupuesto, para presionar a la Casa Rosada antes del debate del Presupuesto 2025.
El mensaje político fue directo: si el Ejecutivo no garantiza un reparto justo de los recursos, el Congreso lo hará por ley.
Qué proponen los proyectos presentados
El primer proyecto apunta a reformar el destino del impuesto a los combustibles, que hoy nutre en gran parte fondos fiduciarios bajo control del Ejecutivo, como el Fondo de Infraestructura de Transporte (FFIT) o el de Integración Socio Urbana (FISU). La iniciativa propone eliminar esos fondos fiduciarios y repartir la recaudación del tributo de la siguiente manera:
- 14,29% para el Tesoro Nacional
- 52,02% para las provincias
- 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social
De ese 52,02% provincial, el proyecto establece que el 25% se distribuirá en partes iguales entre las 24 jurisdicciones, y el 75% restante según los índices de coparticipación vigentes, replicando la lógica del régimen federal.
El segundo proyecto modifica la ley de Presupuesto para que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que hoy se entregan discrecionalmente desde la Jefatura de Gabinete, pasen a formar parte de la masa coparticipable automática. Esto implicaría que las transferencias se realicen todos los días hábiles, según los coeficientes establecidos por la ley 23.548, sin necesidad de mediación política.
Las provincias, en pie de guerra fiscal
El avance legislativo refleja el creciente malestar de los gobernadores con la administración Milei, en un contexto donde las transferencias discrecionales cayeron más del 80% en términos reales durante el primer semestre de 2025, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Desde enero, varias provincias advirtieron sobre retrasos en los envíos para obras públicas, transporte, salud y educación, mientras que el Ejecutivo nacional centralizó cada vez más la ejecución presupuestaria a través de fondos fiduciarios no auditables por el Congreso. El más emblemático es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, eliminado por decreto en diciembre, y que ahora es invocado como antecedente por otras provincias para exigir equidad.
Algunos gobernadores incluso evalúan acciones judiciales en la Corte Suprema, pero el frente parlamentario aparece como la vía más eficaz en el corto plazo, sobre todo si logran sumar votos de legisladores libertarios desencantados con el rumbo del Ejecutivo.
Un quiebre federal con consecuencias políticas
La decisión de avanzar sin el aval del oficialismo representa un cambio de estrategia entre los gobernadores, que hasta ahora optaban por negociar cada presupuesto en forma individual. La presentación coordinada en el Senado marca una reconfiguración del bloque federal, con eje en los intereses provinciales y por encima de las alineaciones partidarias.
Fuentes parlamentarias aseguran que el oficialismo no cuenta con los votos para frenar los proyectos en comisión, y que la discusión llegará al recinto durante agosto, en paralelo al tratamiento de la “ley de leyes” para 2025.
Desde el Gobierno nacional, hasta el momento, no hubo respuesta oficial. En su entorno, sin embargo, consideran que las provincias buscan reponer privilegios del viejo régimen fiscal, y advirtieron que no habrá nuevos pactos fiscales ni transferencias por presión parlamentaria.
Morón
Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces
El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.
Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria
★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».
Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.
El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso
La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.
Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.
«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»
La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.
El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.
Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo
La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.
El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba
La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».
El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada
La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».
La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.
Cardoso, entre la derecha y la autopromoción
Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).
El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.
La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.
Puntos clave
- El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
- Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
- Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
- El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
- La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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