Política 📢
Coparticipación sin Milei: los gobernadores activan su propio plan para recuperar fondos
Presentaron dos proyectos clave para modificar el reparto de impuestos a los combustibles y los ATN. Acusan a la Casa Rosada de retener fondos que corresponden a las provincias y denuncian el fracaso de las negociaciones con el oficialismo.
Los gobernadores de todos los espacios políticos, incluidos el peronismo, la UCR y fuerzas provinciales, presentaron en el Senado una ofensiva legislativa conjunta para reformar la distribución de recursos nacionales, en particular el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La decisión llegó tras el colapso de las negociaciones con el Gobierno de Javier Milei, al que acusan de retener fondos de forma arbitraria y centralista.
Los proyectos fueron ingresados durante la noche del miércoles y llevan las firmas de los jefes de bloque del Senado, entre ellos José Mayans y Juliana Di Tullio (PJ-UXP), Eduardo Vischi (UCR) y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas). La intención de los mandatarios es avanzar rápidamente en las comisiones de Coparticipación Federal y Presupuesto, para presionar a la Casa Rosada antes del debate del Presupuesto 2025.
El mensaje político fue directo: si el Ejecutivo no garantiza un reparto justo de los recursos, el Congreso lo hará por ley.
Qué proponen los proyectos presentados
El primer proyecto apunta a reformar el destino del impuesto a los combustibles, que hoy nutre en gran parte fondos fiduciarios bajo control del Ejecutivo, como el Fondo de Infraestructura de Transporte (FFIT) o el de Integración Socio Urbana (FISU). La iniciativa propone eliminar esos fondos fiduciarios y repartir la recaudación del tributo de la siguiente manera:
- 14,29% para el Tesoro Nacional
- 52,02% para las provincias
- 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social
De ese 52,02% provincial, el proyecto establece que el 25% se distribuirá en partes iguales entre las 24 jurisdicciones, y el 75% restante según los índices de coparticipación vigentes, replicando la lógica del régimen federal.
El segundo proyecto modifica la ley de Presupuesto para que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que hoy se entregan discrecionalmente desde la Jefatura de Gabinete, pasen a formar parte de la masa coparticipable automática. Esto implicaría que las transferencias se realicen todos los días hábiles, según los coeficientes establecidos por la ley 23.548, sin necesidad de mediación política.
Las provincias, en pie de guerra fiscal
El avance legislativo refleja el creciente malestar de los gobernadores con la administración Milei, en un contexto donde las transferencias discrecionales cayeron más del 80% en términos reales durante el primer semestre de 2025, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Desde enero, varias provincias advirtieron sobre retrasos en los envíos para obras públicas, transporte, salud y educación, mientras que el Ejecutivo nacional centralizó cada vez más la ejecución presupuestaria a través de fondos fiduciarios no auditables por el Congreso. El más emblemático es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, eliminado por decreto en diciembre, y que ahora es invocado como antecedente por otras provincias para exigir equidad.
Algunos gobernadores incluso evalúan acciones judiciales en la Corte Suprema, pero el frente parlamentario aparece como la vía más eficaz en el corto plazo, sobre todo si logran sumar votos de legisladores libertarios desencantados con el rumbo del Ejecutivo.
Un quiebre federal con consecuencias políticas
La decisión de avanzar sin el aval del oficialismo representa un cambio de estrategia entre los gobernadores, que hasta ahora optaban por negociar cada presupuesto en forma individual. La presentación coordinada en el Senado marca una reconfiguración del bloque federal, con eje en los intereses provinciales y por encima de las alineaciones partidarias.
Fuentes parlamentarias aseguran que el oficialismo no cuenta con los votos para frenar los proyectos en comisión, y que la discusión llegará al recinto durante agosto, en paralelo al tratamiento de la “ley de leyes” para 2025.
Desde el Gobierno nacional, hasta el momento, no hubo respuesta oficial. En su entorno, sin embargo, consideran que las provincias buscan reponer privilegios del viejo régimen fiscal, y advirtieron que no habrá nuevos pactos fiscales ni transferencias por presión parlamentaria.
Ciencia 🧬
Pagan insumos con su sueldo para diagnosticar a niños: la cara del cientificidio libertario
Investigadoras de la UBA y el Conicet desarrollan un análisis para detectar trastornos del neurodesarrollo en la infancia, que hoy requieren estudios genéticos de hasta 2.000 dólares. El proyecto avanza, pero su directora advierte que, si el ajuste sigue, el laboratorio tendrá que cerrar.
«Si esto sigue así, lamentablemente vamos a tener que cerrar». La advertencia no proviene de una pyme asfixiada por la recesión, sino de la directora de un laboratorio público que trabaja en un análisis de sangre capaz de acelerar el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en niños. Mientras la ciencia argentina produce avances con impacto directo en la salud de la infancia, el ajuste del Gobierno de Javier Milei la empuja al borde del cierre.
La investigación está a cargo de Verónica Báez, responsable del Laboratorio de Sinapsis y Neurobiología Celular del Instituto de Biología Celular y Neurociencia, y es encabezada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. El desarrollo ya obtuvo resultados positivos en animales y hoy atraviesa la etapa de recolección de muestras en personas voluntarias.
Un diagnóstico caro y a prueba y error
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que alteran la conducta y el pensamiento durante los primeros años de vida, y que pueden dificultar la comprensión de conceptos, la realización de movimientos o la interacción con otras personas. Entre los más frecuentes figuran el TDAH, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual y los trastornos motores, del aprendizaje y del lenguaje.
La Argentina no cuenta con cifras oficiales sobre cuántos niños tienen condiciones del neurodesarrollo. Como referencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que alrededor de uno de cada seis chicos de entre 3 y 17 años presenta algún trastorno de este tipo.
En el país, estos cuadros suelen agruparse bajo el amplio paraguas de los trastornos generalizados del desarrollo (TGD), y el tratamiento se organiza muchas veces por ensayo y error: kinesiología ante problemas motrices, psicopedagogía ante dificultades de aprendizaje, anticonvulsivos ante episodios convulsivos. «Cuando uno diagnostica por sintomatología, a veces puede no ser exacto«, explicó Báez.
La confirmación hoy depende de la secuenciación de ADN. «La secuenciación cuesta entre u$s1.000 y u$s2.000, dependiendo del tamaño de la secuencia a analizar. Para muchas familias es caro», señaló la investigadora. El acceso a un diagnóstico preciso queda así condicionado por la capacidad de pago de cada familia.
Cómo funciona el análisis
El eje del proyecto es la búsqueda de biomarcadores en sangre asociados a fallas en los receptores NMDA, proteínas clave en la comunicación entre neuronas y en la plasticidad cerebral, que también están presentes en otras partes del cuerpo. «Vimos en ratas que a nivel del sistema nervioso central hay ciertas cosas que cambian cuando estos receptores NMDA fallan. Ahora vemos que en la sangre por ahí también fallan de la misma manera y podemos ver las mismas cosas», detalló Báez.
La prueba requeriría una muestra de apenas 5 mililitros de sangre. Aunque la presencia de estas proteínas en el torrente sanguíneo es mucho menor que en el cerebro, el equipo busca confirmar si su medición permite detectar y diagnosticar el trastorno. En esta etapa, el objetivo es establecer los valores normales en personas sanas para luego compararlos con muestras de niños con alguna condición del neurodesarrollo.
«Estamos sacando muestras de personas voluntarias, pero atrás de eso hay un proceso ético que se tiene que evaluar y el cual tiene que estar rigurosamente controlado», aclaró Martina Piñeiro, estudiante de Medicina e integrante del equipo.
Sin atajos: los plazos y el foco en la infancia
Báez fue prudente con los tiempos. «Estaría buenísimo poder dar esperanza e ir más rápido, pero no. Estamos lejos porque lo queremos hacer bien para que llegue lo mejor posible a la gente que lo necesita», sostuvo, y relató: «Es terrible cuando una familia nos escribe y nos dice ‘te presto a mi hijo para que lo metas en este ensayo'».
La investigadora explicó por qué el test apunta a los chicos y no a los adultos: el sistema nervioso activa mecanismos compensatorios cuando algo falla en su desarrollo, de modo que muchas personas con retrasos madurativos en la infancia llegan a la adultez sin signos evidentes. Por eso, la detección temprana es la ventana en la que el análisis puede cambiar el rumbo de un tratamiento.
Poner plata del sueldo para sostener el laboratorio
El costado más crudo del proyecto es financiero. «Tenemos mucha menos plata. Seguimos trabajando y colaboramos con gente de afuera, pero se está haciendo muy difícil porque la cantidad de dinero que teníamos para trabajar pasó a ser muy poca», describió Báez. Y fue más allá: «Muchos estamos poniendo plata de nuestro sueldo para mantener algunas cosas del laboratorio. Los insumos son muy caros».
La científica recurrió a un término que ya forma parte del vocabulario de la comunidad académica: «Llamamos ‘cientificidio’ porque mucha gente cerró su laboratorio o algunos juntaron laboratorios para trabajar entre dos como si fuera uno solo». Que investigadores del Conicet financien con su salario los insumos de un proyecto de salud infantil retrata el nivel de abandono del Estado nacional sobre el sistema científico.
«Los problemas de un país los tiene que resolver el país y no gente de afuera. Si no podemos preguntarnos las cosas ni contestarlas, ¿quién lo hará por nosotros?», planteó Báez. La pregunta conecta con una discusión de fondo sobre soberanía científica: sin financiamiento público, el conocimiento que necesita la salud argentina depende de voluntades individuales o de la cooperación externa.
La otra fuga: los jóvenes que miran al exterior
El ajuste también pone en riesgo a la próxima generación de investigadores. Lucía Moreno, estudiante de Biotecnología e integrante del equipo, admitió que evalúa continuar su carrera fuera del país. «Es muy gratificante todo lo que se puede llegar a lograr, pero la situación de hoy en día también hace cuestionárselo más a fondo e intentar pensar si se puede subsistir y de qué forma«, dijo. Cada joven formada en la universidad pública que se va es una inversión del país que termina aprovechada por otros.
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