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Ley Nicolás: piden que se trate el proyecto de víctimas de mala praxis

Tras el fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna destacaron la importancia de que se trate y sancione el proyecto de Ley Nicolás, sobre la seguridad del paciente y que «los colegios de médicos cumplan la función para la cual fueron creados».

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Familiares de víctimas de mala praxis aseguraron que tuvieron que aprender conocimientos de medicina y derecho para llevar adelante una lucha por justicia para sus seres queridos, y tras el fallecimiento de la actriz y modelo Silvina Luna destacaron la importancia de que se trate y sancione el proyecto de Ley Nicolás, sobre la seguridad del paciente y que «los colegios de médicos cumplan la función para la cual fueron creados».

«La Ley Nicolás es necesaria y es urgente que sea aprobada. Necesitamos que los colegios de médicos cumplan la función para la cual fueron creados. Si ellos hicieran su trabajo muchas cosas se evitarían. Necesitamos que sea implementada y se cumpla», dijo a Télam Miriam Barrios, una ama de casa de 50 años, que vive en El Dorado, en la provincia de Misiones.

El 23 de julio de 2014 falleció su madre en un estudio de videoendoscopía realizado por Guillermo Eduardo Horrisberger, quien fue condenado en 2019 a dos años de prisión y cinco de inhabilitación.

«Pasó por arriba todos los protocolos establecidos para hacer el estudio y nos engañó asegurándonos todas las medidas de precaución a tener con mi mamá ya que era paciente oncológica pero también presentaba patologías cardíacas», detalló la mujer.

Pese a la sentencia, Barrios denunció en junio de 2022 que el hombre continuaba ejerciendo su profesión.

«Para ello tuve que concurrir a una consulta médica, fingir síntomas para poder conseguir las pruebas con firma y sello con su matrícula. Hoy estamos a 1 de septiembre del 2023 y sigo esperando que alguien me escuche», dijo la denunciante, quien a partir del proceso judicial dice que se convirtió «un poco en abogado y médica» porque tuvo que «ponerse a investigar cosas que no debería».

El proyecto de Ley Nicolás o de seguridad del paciente frente a los casos de mala praxis fue presentado en julio de 2022 por el diputado Fabio José Quetglas (UCR) y fue aprobado en comisiones en la Cámara Baja.

Establece que las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas o privadas tendrán que «dotar a su organización de los medios que permitan establecer protocolos de actuación para el personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del paciente para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas», entre otros puntos.

Luego del fallecimiento de Nicolás Deanna, a sus 24 años en el 2017, producto de una mala praxis, Gabriela Covelli decidió crear la Fundación «Por la Vida y la Salud», de la cual formaba parte Silvina Luna.

«Silvina estaba en nuestra ONG desde el año 2021. Participaba de manera activa y apoyaba la Ley Nicolás, de hecho a cada programa que asistió pidió por esta ley», dijo Covelli a Télam, luego de la noticia del fallecimiento de la actriz.

Sobre la ley explicó que «se centra en el control del ejercicio médico y en la prevención».

«Urge su aprobación para que haya un mayor control no solo del acto médico, sino también de las historias clínicas y antecedentes de los médicos», expresó a Télam Nora Alicia Siriani (53), madre de Ana Virginia Romano, fallecida a los 16 años en 2014, también víctima de mala praxis.

La mujer de 53 años, oriunda de la ciudad La Banda, Santiago del Estero, a 7 kilómetros de la capital provincial, contó a esta agencia que su hija fue operada de apéndice en el Sanatorio San Francisco -de la cuidad Capital- pese a que «no era apendicitis», y «sufrió una perforación intestinal que le produjo una hipovolemia que la llevó a su muerte a las 48 horas de la operación».

Actualmente, se encuentra a la espera de fecha de juicio en el que se acusa a Octavio Carabajal y a Federico Nicolás Sandez por el delito de homicidio culposo por mala praxis, ya que el Superior Tribunal de Justicia, a cargo de Eduardo José Ramón Lludgar como presidente y Ana Rosa Rodríguez y Eduardo Federico López Alzogaray, rechazó el recurso de apelación de la defensa de los imputados.

Hernán Daniel Arias (54) se dedica a la industria gráfica, vive en la localidad bonaerense de Bella Vista, y es el padre de Gonzalo Nehuen Arias (19).

«Mi hijo entró en una cirugía de varicocele el 18 de febrero del 2016. Fue anestesiado por Jorge Tamantini, quien no se quedó a terminar la curugía, abandonó el quirófano para ir a otro quirófano a aplicar otra anestesia. Mi hijo entró en una bradicardia seguida de paro cardiorrespiratorio. Al no estar el anestesista no advirtieron el cuadro o cuando lo advirtieron fue tarde y falleció», contó el hombre a Télam.

Hace más de siete años que lleva adelante una lucha para conseguir justicia por su hijo a través de una demanda que se tramita en el Juzgado N° 1 de Vicente López.

«Es la segunda vez que me suspenden el juicio oral y estamos próximos a que la causa prescriba», advirtió el hombre preocupado.

Para él, es «importante que la Ley Nicolás sea tratada y sancionada», y espera que «pronto salga».

La actriz y modelo Silvina Luna se encontraba internada desde el 13 de junio en el Hospital Italiano de Buenos Aires, a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011, y falleció este jueves 31 de agosto.

CABA

Escombros, ratas y cables: chicos y chicas padecen una escuela porteña que Jorge Macri dejó a medio hacer

Más de 400 alumnos de la Escuela N° 9 D.E. 18 de Monte Castro, entre ellos chicos con discapacidad, cursan desde julio en medio de una obra paralizada: polvo, broncoespasmos, baños racionados y un tendido eléctrico que colapsa. Era una obra de accesibilidad que la Justicia había exigido.

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El Argentino Diario-Jorge Macri-Escuelas porteñas.
Mucho anuncio y poca obra: la escuela centenaria que Jorge Macri abandonó entre escombros.

Desde julio, cuando la obra se paralizó, las maestras dan clases entre obradores, escombros, un tendido eléctrico sin terminar y el polvo que levantan los materiales abandonados. Muchos chicos ya sufren broncoespasmos, los baños habilitados alcanzan para pocos y las ratas se pasean por las baldosas del patio. No es una escuela del interior olvidada: está en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país.

Se trata de la Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», del barrio de Monte Castro, una primaria de jornada completa con intensificación en idiomas a la que asisten más de 400 alumnos, varios de ellos con discapacidad. El establecimiento depende del Ministerio de Educación porteño que conduce Mercedes Miguel, bajo la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. Las madres de la comunidad escolar describieron la situación en diálogo con la prensa local.

Una obra adjudicada, empezada tarde y abandonada

Las familias llevaban años exigiendo dos reformas urgentes: las mejoras de accesibilidad para los alumnos con discapacidad y la renovación total del tendido eléctrico, que colapsa cada vez que se enchufan varios artefactos a la vez. Las docentes se turnan para usar los proyectores porque no pueden conectarlos al mismo tiempo y, en verano, las aulas del piso de arriba se convierten en una caldera, ya que instalar aires acondicionados es imposible sin que se corte la luz.

Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, pero recién comenzaron en octubre. En febrero de este año empezaron los problemas, al punto de que en el jardín llegó a peligrar el inicio del ciclo lectivo. En julio los trabajos se frenaron por completo y desde entonces la escuela funciona dentro de una obra abandonada.

En mayo, ante la falta de avances, las familias iniciaron una juntada de firmas. No alcanzó: al igual que en marzo, la vuelta a clases tras el receso invernal estuvo plagada de complicaciones. Hoy hay pocos baños habilitados, los chicos deben turnarse para usarlos y los espacios recreativos quedaron anulados y cubiertos de polvo.

Un fallo judicial convertido en letra muerta

“Mi hijo tiene discapacidad motriz y los reclamos de accesibilidad edilicia comenzaron en el jardín”, contó Marcela, mamá de Vicente, alumno de cuarto grado, en diálogo con Tiempo Argentino. Las familias pidieron, entre otras cosas, pisos de goma eva en las aulas, barrales y baños cercanos. Para que la obra arrancara tuvieron que recurrir a la Justicia junto a la fundación Acceso Ya, y obtuvieron un fallo favorable que obligaba a que la escuela fuera accesible.

Pero la paralización dio vuelta el sentido de todo el proceso. Según Marcela, una obra que iba a ser por accesibilidad terminó provocando que “Vicente ni siquiera tenga un baño en planta baja”. Y fue tajante: “Así que ya no es una cuestión de accesibilidad, sino de derechos para poder estar en la escuela”.

El caso expone una contradicción difícil de disimular: el Estado porteño fue obligado judicialmente a garantizar un derecho y la ejecución de esa obligación terminó dejando a un chico con discapacidad en peores condiciones que antes.

Nueve horas diarias entre polvo y ruido

Soledad es mamá de una nena de segundo grado que forma parte de la comunidad educativa desde la sala de 3 del jardín. “Veíamos un montón de problemas, pero cuando mi hija pasó a la primaria empezó lo peor”, relató. Su hija le contaba todos los días lo difícil que era estar en el comedor por el ruido y los gritos, algo que le provocaba dolor de panza y de oídos. La necesidad de alzar la voz de manera constante en medio de la obra le generó un principio de disfonía que obligó a un tratamiento fonoaudiológico.

“Sentimos que nos abandonaron. Esta escuela que tiene 100 años, necesita que se hagan estas obras para asegurar lo mínimo, para poder enchufar ventiladores y no tener que estar pensando si se prende fuego”, señaló Soledad. Y agregó: “Da tristeza saber que nuestros hijos pasan 9 horas todos los días en estas condiciones”.

La referencia al siglo de vida no es una exageración. Según la Junta de Estudios Históricos del Barrio Monte Castro, la escuela comenzó a funcionar en 1912 como Escuela N° 25 del Distrito Escolar 14, en un edificio alquilado de la calle Bahía Blanca 2170. Más de cien años después, sus alumnos cursan con miedo a que un ventilador provoque un incendio.

La voz de los chicos

Jazmín tiene 7 años, cursa segundo grado y le pidió a su mamá poder contar lo que vive cada día desde hace un año. Lo que más le molesta, dijo, son “el comedor y los baños”: el comedor, por el ruido y porque siente que están “muy encerrados”; los baños, porque hay que hacer cola y las puertas a veces se traban o se abren solas. En el aula tampoco pueden abrir las cortinas.

La nena contó además que hace mucho no van a los talleres, que ahora los profesores deben ir a las aulas y que el resto de las actividades quedó suspendido porque “hay lugares que están cerrados y tienen mucho polvo y muchos estornudamos”. También describió a las ratas que recorren el patio: “están arriba y no nos dejan pasar por ese lugar cuando necesitamos”.

Anuncios millonarios, escuelas a medio terminar

El drama de Monte Castro contrasta con la narrativa oficial. A comienzos de 2025, Jorge Macri anunció una inversión de $146.600 millones para más de 600 obras de infraestructura en escuelas porteñas, y en junio de este año, durante una recorrida junto a la ministra Miguel, la Ciudad informó que ya había completado 105 obras de renovación integral. Detrás de las cifras de los anuncios, las comunidades educativas siguen denunciando obras suspendidas, demoradas o directamente abandonadas.

El malestar se agravó este mes con el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, un protocolo que, según denuncian las cooperadoras, traslada a familias y estudiantes parte de las tareas de mantenimiento que corresponden al Estado. Las organizaciones reclaman más presupuesto para obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes.

En la Escuela N° 9, ese reclamo tiene nombre y apellido: chicos con broncoespasmos, una nena en tratamiento fonoaudiológico y un alumno con discapacidad motriz sin baño accesible.

Lo que tenés que saber:

  • La Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», de Monte Castro, tiene más de 400 alumnos y funciona desde julio en medio de una obra paralizada.
  • Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, comenzaron en octubre y se frenaron en julio de este año.
  • Las familias habían obtenido, junto a la fundación Acceso Ya, un fallo judicial favorable para que la escuela fuera accesible.
  • Hay chicos con broncoespasmos, baños racionados, espacios recreativos anulados y presencia de ratas en el patio.
  • El tendido eléctrico colapsa al conectar varios artefactos, lo que impide usar proyectores a la vez o instalar aires acondicionados.
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