Los directivos de las escuelas porteñas ya no solo tendrán la tarea de educar: ahora también deberán denunciar penalmente a sus propios estudiantes. Cualquier hecho que pudiera constituir un delito de acción pública y que involucre a un alumno mayor de 14 años, ocurra dentro o fuera del establecimiento, deberá ser llevado ante la Justicia. El nuevo protocolo habilita además la intervención policial dentro de las escuelas en situaciones consideradas urgentes.

La medida quedó oficializada este lunes con la Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, con la firma de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad porteños y del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La norma aprueba dos documentos: los “Lineamientos generales sobre el impacto del régimen penal juvenil en el ámbito educativo” y el “Procedimiento de actuación en el ámbito educativo ante hechos con posible relevancia penal”. El reglamento ya había llegado a las escuelas a fines de la semana pasada, antes de su publicación formal, y encendió la polémica en redes sociales.

El “deber” de denunciar

El artículo 1 del procedimiento establece el “deber de la denuncia”: “cuando la autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública, deberá efectuar la denuncia correspondiente”. En las escuelas de gestión privada, esa obligación recae sobre el representante o apoderado legal, que deberá informar de inmediato a la Supervisión de la Dirección General de Educación de Gestión Privada; si no lo hace, la denuncia quedará en manos de ese equipo de supervisión.

Los lineamientos van todavía más lejos. Recuerdan que, con el nuevo régimen, “todos los delitos previstos en el Código Penal de la Nación o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro podrán dar lugar a responsabilidad penal desde esa edad, incluso aquellos que bajo el régimen anterior no resultaban punibles para los adolescentes”. Y concluyen que “cualquier hecho que pudiera constituir un delito y que ocurra en el ámbito educativo y/o que involucre a estudiantes podrá dar lugar a la intervención de las autoridades judiciales competentes, sin perjuicio de la intervención educativa que corresponda”.

En la práctica, conflictos que hasta ahora se abordaban con los dispositivos pedagógicos de cada escuela, como peleas entre compañeros o robos entre estudiantes, pasan a tener una vía directa hacia el sistema penal. El documento aclara que, cuando un alumno sea alcanzado por una medida judicial, la institución deberá garantizar su cumplimiento y, a la vez, “la continuidad de su trayectoria educativa”.

El 911 y la policía en las aulas

Para las situaciones de emergencia, definidas como riesgo inminente para la vida o la seguridad, presencia de armas o hechos de violencia, el protocolo ordena llamar de inmediato al 911, una comunicación que “cumple la función de denuncia”; contactar al SAME (107) si hay personas afectadas; dar aviso a la Línea 102 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; resguardar a los estudiantes, preservar la escena del hecho y avisar a los adultos responsables.

Cuando no se requiera una intervención inmediata, la denuncia deberá presentarse ante el Ministerio Público Fiscal porteño, a través de la línea 0800 33 FISCAL o por correo electrónico, con una descripción “clara y objetiva” de los hechos. El texto prohíbe interrogar a los alumnos y retener o difundir material digital que ellos aporten, y establece que la denuncia judicial no suspende las medidas internas de la escuela.

El punto más sensible es el ingreso de las fuerzas de seguridad. La policía podrá entrar a los establecimientos a pedido de la propia escuela, por orden judicial o por razones de fuerza mayor. El protocolo exige que el personal se identifique y actúe “respetando los derechos” de niñas, niños y adolescentes, una salvaguarda que los gremios consideran insuficiente frente a la lógica punitiva que atraviesa todo el documento.

“Una antesala de las cárceles”

Federico Puy, secretario general adjunto de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), fue quien difundió el documento en su cuenta de X durante el fin de semana. Allí advirtió que el protocolo “obliga a las directoras a denunciar a estudiantes que ‘podrían estar cometiendo un delito’” y sostuvo que la iniciativa “constituye una clara persecución a los jóvenes”. Para el dirigente, el objetivo es transformar a las escuelas en una “antesala de las cárceles”.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) también expresó su rechazo en un comunicado: “Rechazamos que las escuelas se conviertan en puertas de entrada al sistema penal y advertimos sobre el riesgo de estigmatización y criminalización de niñas, niños y adolescentes”. El gremio repudió además la baja de la edad de responsabilidad penal a los 14 años, por avanzar contra los derechos de las adolescencias y la Convención sobre los Derechos del Niño, y reclamó al Ministerio de Educación porteño equipos especializados, formación y recursos para abordar los conflictos sin judicializarlos, junto con más políticas sociales y educativas en los territorios más desiguales.

Una ley de mano dura aplicada sobre la marcha

El protocolo porteño es la bajada escolar de la Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsada por Patricia Bullrich, que el Senado sancionó el 27 de febrero con 44 votos afirmativos y 27 negativos, y que el Gobierno de Javier Milei promulgó mediante el Decreto 138/2026. La norma, vigente desde el 5 de septiembre, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y prevé penas de hasta 15 años de privación de la libertad.

Su implementación mostró improvisación desde el primer día: el Ministerio de Justicia de la Nación recién creó el programa para aplicarla mediante la Resolución 484/2026, veinte días después de su entrada en vigencia, con una coordinadora designada ad honorem, Débora Eliana Di Girolamo. En paralelo, las juezas Marta Pascual, de Lomas de Zamora, y Laura De Marinis, de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionaron su aplicación; el fallo de De Marinis fue luego revocado.

Las advertencias técnicas tampoco faltaron. La Comisión del Fuero de Responsabilidad Juvenil del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense proyectó que el nuevo régimen puede incrementar entre un 40 y un 60% el volumen de causas penales juveniles en los centros urbanos.

UNICEF Argentina señaló que no existe evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad y remarcó que la inmensa mayoría de los conflictos con la ley protagonizados por adolescentes involucran delitos contra la propiedad. El juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, recordó durante el debate que “en América Latina sólo dos países tienen la edad de 16 años para poder castigar: la Argentina y Cuba”, precisamente los dos con las tasas de homicidios más bajas de la región.

Con este protocolo, la escuela deja de ser el último espacio de contención para miles de adolescentes y pasa a funcionar como un eslabón más de la cadena punitiva. Mientras el ajuste recorta programas sociales y equipos de orientación, la respuesta oficial frente a los conflictos juveniles vuelve a ser la misma: denuncia, policía y tribunales.

Lo que tenés que saber sobre la Resolución contra los estudiantes

• La Resolución Conjunta N.º 1/MEDGC/26 obliga a los directivos porteños a denunciar hechos que pudieran constituir delitos de acción pública cometidos por alumnos mayores de 14 años.
• La obligación alcanza también a hechos ocurridos fuera de la escuela si involucran a un estudiante del establecimiento.
• El protocolo habilita el ingreso policial a las escuelas a pedido del colegio, por orden judicial o por fuerza mayor.
• Ademys y UTE rechazaron la medida y advirtieron sobre la criminalización y estigmatización de las adolescencias.
• La Ley 27.801, vigente desde el 5 de septiembre, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y prevé penas de hasta 15 años.