Conectate con El Argentino

Buenos Aires

Oficios en la secundaria: PBA apuesta al trabajo mientras Milei vacía las técnicas

Con Proyecta PBA, estudiantes de 4°, 5° y 6° año podrán aprender y certificar oficios en los Centros de Formación Profesional sin dejar la escuela. Este año alcanzará a 4.000 jóvenes, mientras el Gobierno nacional desmanteló el fondo que sostenía la educación técnica en todo el país.

Publicado hace

#

Soldadura, electricidad y animación 3D antes de egresar: así funciona Proyecta PBA, el programa que llega a 4.000 estudiantes bonaerenses.

Electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D. Esos son algunos de los oficios que las y los estudiantes de las secundarias orientadas bonaerenses podrán aprender y certificar antes de recibir su título, en talleres y laboratorios reales, sin abandonar la escuela. Mientras la Casa Rosada recorta hasta la asfixia la formación técnica, la provincia de Buenos Aires decidió abrir las puertas de sus Centros de Formación Profesional a los adolescentes que están por egresar.

La iniciativa se llama Proyecta PBA y fue diseñada en conjunto por la Dirección de Educación Secundaria Orientada y la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el organismo que conduce el sistema educativo del gobierno de Axel Kicillof. Está destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° año, que realizarán parte de sus actividades en los Centros de Formación Profesional (CFP) y en los Centros de Formación Profesional e Integral (CFPI) bajo una modalidad que la cartera educativa denominó «Aula Expandida».

Tres niveles: explorar, formarse y especializarse

El programa está organizado en tres niveles, con acreditación por módulos que pueden cursarse indistintamente durante cualquiera de los tres últimos años de la secundaria. Quienes se sumen asistirán una o dos veces por semana al centro de formación, bajo la responsabilidad institucional compartida de la escuela y del CFP o CFPI, y con cobertura de seguro.

El primer nivel está pensado como una instancia de Orientación Profesional: allí los jóvenes podrán explorar sus intereses, conocer distintos sectores productivos y acercarse a la oferta de la Formación Profesional. En el segundo nivel aprenderán y certificarán saberes vinculados a oficios concretos, y la DGCyE aclaró que la orientación de la escuela secundaria no condicionará la elección del trayecto formativo. El tercer nivel permitirá profundizar esos conocimientos con propuestas de especialización y acceder a nuevas certificaciones.

Cada módulo aprobado tendrá reconocimiento dentro del sistema de Formación Profesional, de modo que lo aprendido en la escuela pueda continuar después del egreso, con nuevas certificaciones y posibilidades de articulación con estudios superiores técnicos. La Provincia remarcó que Proyecta PBA no reemplaza la secundaria ni habilita una salida anticipada del nivel: la propuesta se incorpora a las Articulaciones Formativas y a la Formación Complementaria previstas en la actualización del Régimen Académico, y cada escuela firmará acuerdos de colaboración y planificación con su centro de formación para garantizar la continuidad pedagógica.

La escala del programa

La provincia de Buenos Aires cuenta con 169 Centros de Formación Profesional que ofrecen trayectos en 23 sectores profesionales, con certificaciones de validez nacional. Para este año, la DGCyE planificó 200 dispositivos de Orientación Profesional en 23 regiones educativas, con un alcance previsto de 4.000 estudiantes, y acreditó a 95 docentes orientadores en todo el territorio.

La proyección para 2027 es más ambiciosa: 6.000 estudiantes por ciclo en más de 400 trayectos, utilizando apenas el 10% de la capacidad horaria disponible en los CFP y CFPI. El dato revela que la red bonaerense de formación profesional tiene margen de sobra para crecer si existe la decisión política de ponerla al servicio de los jóvenes.

El contraste con la motosierra nacional

El lanzamiento no ocurre en el vacío. Desde que asumió Javier Milei, la educación técnico profesional se convirtió en uno de los blancos predilectos del ajuste. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), creado por el artículo 52 de la Ley 26.058 con un piso de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, fue el sostén durante dos décadas del equipamiento, los insumos, los talleres y la capacitación docente de escuelas técnicas y centros de formación de todo el país.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el FoNETP proyectado para 2026 registró una caída del 93% frente a lo ejecutado en 2023. Los datos de ejecución muestran el derrumbe año tras año: en 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía por ley, en 2024 apenas el 9,4%, en 2025 el 10,8% y el Presupuesto 2026 redujo la cifra al 3,5%. A eso se sumó un recorte del 84,5% para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), de acuerdo a un relevamiento de CTERA, y el SUTEBA estimó en 295.870 millones de pesos los fondos quitados a la educación técnico profesional en los primeros meses de gestión libertaria.

El Presupuesto 2026 incluyó además la derogación del artículo 52 que garantizaba ese fondo. La medida fue cuestionada en los tribunales: en abril de este año, la Justicia admitió un amparo colectivo contra la eliminación del FoNETP, en lo que representó un primer freno legal a la ofensiva oficial sobre los pisos mínimos de inversión en ciencia, tecnología y formación profesional.

Mientras el Gobierno nacional habla de «capital humano» y desfinancia los talleres donde ese capital se forma, la Provincia amplía la oferta con la infraestructura que ya tiene. Es la misma disputa de fondo que atraviesa toda la agenda educativa: un Estado que se retira y deja librada al mercado la inserción laboral de los jóvenes, frente a un Estado que planifica, articula y certifica.

Educación y trabajo, una misma política

La DGCyE definió a la Formación Profesional como una herramienta para que jóvenes y adultos puedan construir recorridos vinculados con el trabajo, continuar sus estudios y desarrollar nuevos proyectos a lo largo de la vida. Con Proyecta PBA, esa oferta llega a una franja etaria clave, la de los adolescentes que están por egresar y que muchas veces terminan la secundaria sin herramientas concretas para ingresar al mundo laboral.

En un país donde el desempleo juvenil y la precarización golpean con más fuerza a los sectores populares, un certificado de oficio obtenido en la escuela pública puede marcar la diferencia entre un primer empleo formal y la changa. La apuesta bonaerense es que ese recorrido no termine con el título secundario, sino que siga abierto hacia nuevas certificaciones y estudios superiores técnicos.

Lo que tenés que saber:

  • Proyecta PBA permite a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de las secundarias orientadas bonaerenses aprender y certificar oficios en los Centros de Formación Profesional sin dejar la escuela.
  • El programa tiene tres niveles (orientación, formación en oficios y especialización) y los módulos acreditados tienen reconocimiento dentro del sistema de Formación Profesional.
  • En 2026 se planificaron 200 dispositivos en 23 regiones para 4.000 estudiantes; para 2027 se proyectan 6.000 estudiantes por ciclo en más de 400 trayectos.
  • La Provincia cuenta con 169 Centros de Formación Profesional que ofrecen trayectos en 23 sectores con certificación de validez nacional.
  • Según el CEPA, el fondo nacional para la educación técnica proyectado para 2026 cayó un 93% frente a lo ejecutado en 2023, y el INET sufrió un recorte del 84,5%.

Buenos Aires

Ley Ema: qué cambia en las escuelas bonaerenses y por qué Nación sigue sin tratar violencia digital

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que crea el Programa EMA y obliga a las escuelas públicas y privadas a prevenir y abordar la violencia digital. Santa Fe fue la primera provincia con una ley similar y el proyecto nacional de Mónica Macha no tuvo dictamen en Diputados.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-Mónica Macha.
Dos años después de la muerte de Ema, la Provincia legisló y la Nación todavía no tiene una ley para las escuelas.

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que obliga a todas las escuelas de la Provincia, públicas y privadas, a prevenir y actuar ante la violencia digital entre estudiantes. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el martes 20 de octubre, en su sexta sesión ordinaria del año, al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado.

La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió por suicidio el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto a la diputada Mayra Mendoza, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, y a las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Pasaron dos años y dos meses hasta la sanción.

Qué crea la ley

La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, llamado Programa EMA, destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas. También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688, con contenidos transversales y progresivos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la tecnología. El objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.

El texto define como violencia digital las conductas que, mediante tecnologías, puedan causar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas incluye la obtención o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso el producido o editado con inteligencia artificial, el acoso, las amenazas, la extorsión, el control o espionaje de la actividad virtual, los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas y la difusión de datos personales. También contempla los discursos de odio misóginos.

Otro eje es la capacitación del personal del sistema educativo, que será obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación escolar y directivos, con herramientas para detectar a tiempo situaciones de violencia digital y actuar. La ley prevé además la actualización de los protocolos de intervención y un rol específico para las familias, los centros de estudiantes y los referentes juveniles. El texto definitivo se conocerá con su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.

Un recorrido con idas y vueltas

El proyecto de Mendoza obtuvo media sanción en Diputados a fines de agosto. El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones, luego de unificarlo con un proyecto de la senadora Laura Clark, también de Fuerza Patria. Del texto de Mendoza se tomó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital, la capacitación y los protocolos; del de Clark, la creación del Programa EMA. Esos cambios obligaron a una nueva votación en Diputados.

Cuando el proyecto obtuvo la media sanción, Mendoza apuntó contra La Libertad Avanza: denunció que sus integrantes en la Comisión de Educación votaron en contra y rechazaron el dictamen necesario para avanzar con la ley. “Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls”, dijo la legisladora, en referencia a quienes alimentan la violencia digital. En esa sesión también citó un dato de UNICEF: el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido alguna violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.

Santa Fe abrió el camino y la ley nacional no avanzó

Buenos Aires llega después de Santa Fe, que el 30 de julio se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley específica contra la violencia digital en las escuelas, a partir de un proyecto de la diputada provincial Celia Arena. Esa norma alcanza a todos los establecimientos educativos, estatales y privados, y se elaboró en consonancia con el proyecto nacional de Mónica Macha, hoy senadora bonaerense, junto a Laura Sánchez y organizaciones que publicaron la Guía Ema.

Ese proyecto nacional, que crea un programa nacional de prevención e invita a las provincias a adherir, no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de julio. El marco nacional vigente es la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género. Según las fuentes consultadas, no existe una ley nacional específica para el ámbito escolar.

Del dolor a la política pública

Mendoza celebró la sanción en sus redes con un “¡TENEMOS LEY EMA!” y la definió como el fruto del trabajo de Laura Sánchez, “la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Sánchez había anticipado semanas atrás, al celebrar la unificación de los proyectos en el Senado, que “seguro a fin de año” tendrían la ley.

La Ley Ema desplaza el eje del problema: la violencia digital deja de ser un asunto que cada familia o cada equipo directivo resuelve como puede y pasa a ser una responsabilidad del sistema educativo. El desafío que queda abierto es la implementación: la ley sirve si llega a cada escuela con capacitación y recursos, algo que recién se verá en la reglamentación.

Lo que tenés que saber:

  • Diputados bonaerense sancionó la Ley Ema el martes 20 de octubre, al aceptar los cambios del Senado.
  • La ley crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación 13.688.
  • Incluye como violencia digital la difusión sin consentimiento de material íntimo, también el creado con inteligencia artificial.
  • Establece capacitación obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación y directivos.
  • Santa Fe fue la primera provincia en sancionar una ley específica, el 30 de julio.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida: la línea 135 es gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el (011) 5275-1135 funciona desde todo el país.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo