DDHH
Presunción de inocencia en crisis: 6 de cada 10 detenidos en prisiones federales esperan sentencia tras las rejas
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló que en el primer semestre de 2026 casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados sin sentencia. El relevamiento también documentó 18 muertes y 41 medidas de fuerza en los dos penales.
Más de la mitad de las personas alojadas en dos de las principales cárceles federales del país permanece detenida sin condena firme. Así lo estableció un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, correspondiente al primer semestre de 2026.
El relevamiento del organismo de control, que tiene rango constitucional y actúa como mecanismo de monitoreo de los lugares de detención, releva la evolución de la población alojada, la situación procesal de los detenidos, las demandas recibidas, los casos de malos tratos físicos, los fallecimientos y las medidas de fuerza documentadas entre enero y junio de este año.
Marcos Paz: casi 6 de cada 10 detenidos sin sentencia
El Complejo Penitenciario Federal N°2 (CPF II) de Marcos Paz, que aloja a varones mayores de 18 años, tenía a junio de 2026 un total de 1.875 personas privadas de libertad distribuidas en sus cinco unidades residenciales. La capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal es de 2.000 plazas, con lo cual restaban 125 disponibles al momento del relevamiento.
El informe determinó que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz se encuentra procesado, es decir que más de 5 de cada 10 no cuentan con una condena firme. En el mismo período se relevaron 1.237 reclamos vinculados a salud, acceso a la justicia, condiciones materiales de detención y traslados o cambios de alojamiento.
El organismo registró además tres fallecimientos en el complejo durante los seis meses relevados, ninguno asociado a un hecho violento sino a causas de enfermedad, y 14 medidas de fuerza: nueve por huelga de hambre, tres por ingesta de elementos no consumibles y dos por autolesiones.
Ezeiza: la misma proporción y un dato más grave
El Complejo Penitenciario Federal N°1 (CPF I) de Ezeiza aloja a varones y personas trans mayores de 18 años. A junio de 2026 tenía 1.905 personas privadas de libertad en sus siete unidades residenciales, sobre una capacidad declarada de 1.947 plazas.
La situación procesal replica el patrón de Marcos Paz: casi el 53% de los detenidos en Ezeiza está procesado, sin condena firme. Entre enero y junio se relevaron 1.472 demandas, con la salud como principal motivo de reclamo, seguida por las condiciones materiales de detención, el acceso a la justicia y los traslados o cambios de alojamiento.
A diferencia de Marcos Paz, Ezeiza registró 15 fallecimientos en el semestre, de los cuales diez fueron por enfermedad y cinco por muertes violentas: cuatro por ahorcamiento y uno por incendio. El complejo también concentró la mayor cantidad de medidas de fuerza, con un total de 27: 21 por huelga de hambre, dos por autolesiones, dos por rechazo de alimentos, una por ingesta de elementos no consumibles y una sin identificar.
Un patrón estructural del sistema penitenciario federal
Los números que arroja el relevamiento de la Procuración Penitenciaria confirman un dato que organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace años en distintos informes: la utilización de la prisión preventiva como regla y no como excepción en el sistema penal federal argentino, en contradicción con el principio constitucional de inocencia. Entre las dos cárceles relevadas suman casi 3.800 personas detenidas, y en ambas la mayoría permanece procesada sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.
Lo que tenés que saber:
- Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación relevó las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz entre enero y junio de 2026.
- Casi el 57% de los presos en Marcos Paz y el 53% en Ezeiza están procesados, sin condena firme.
- Entre ambos complejos se registraron 18 fallecimientos en el semestre, cinco de ellos por muertes violentas en Ezeiza.
- Se documentaron 41 medidas de fuerza en total, la mayoría huelgas de hambre.
- Entre las dos cárceles suman casi 3.800 personas privadas de libertad.
DDHH
11-S: la Corte Suprema de EEUU rechazó revivir el acuerdo que evitaba la pena de muerte
El máximo tribunal denegó, sin dar razones, la petición de Khalid Shaikh Mohammad y dos coacusados para restituir los acuerdos de 2024, que implicaban cadena perpetua. Queda firme el fallo que avaló a Austin, la pena de muerte sigue posible y el juicio está fijado para junio de 2028.
La Corte Suprema de Estados Unidos cerró la última vía para revivir los acuerdos de culpabilidad de 2024 con tres acusados por los atentados del 11 de septiembre, que habrían reemplazado la posibilidad de la pena de muerte por cadena perpetua. El tribunal denegó el 19 de octubre, sin explicar sus razones, la petición de certiorari presentada por Khalid Shaikh Mohammad y otros peticionarios.
Mohammad, capturado en Pakistán en 2003 y detenido desde entonces, está acusado de haber desarrollado y dirigido el plan de los atentados. La petición, que figura como expediente 26-13 y llegó desde la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, la presentó junto con Mustafa al Hawsawi y Walid bin ‘Atash, que también impugnaban la decisión del entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, de retirar los acuerdos. El registro del tribunal consigna que el juez Brett Kavanaugh no participó en la decisión.
Qué se discutía
Los acuerdos de 2024, aprobados por los fiscales militares y por la máxima autoridad del Pentágono para Guantánamo, preveían que los acusados se declararan culpables a cambio de una condena a cadena perpetua sin libertad condicional. Austin los anuló y sostuvo que una decisión sobre la pena de muerte en un ataque de esa gravedad solo debía tomarla el secretario de Defensa. Un juez militar había considerado que los acuerdos podían avanzar, pero un panel dividido de la Corte de Apelaciones concluyó que Austin actuó dentro de sus facultades.
Los abogados defensores argumentaron que Austin actuó demasiado tarde. El caso contó con presentaciones de terceros ante la Corte, entre ellas la de familiares de víctimas de Septiembre Once por un Mañana Pacífico. Los familiares de las víctimas estuvieron divididos: algunos sostuvieron que un juicio es el mejor camino hacia la justicia y otros vieron en los acuerdos la mejor esperanza de cerrar un caso largo y doloroso.
Qué decidió la Corte y qué no
El registro oficial consigna la fórmula “Petition DENIED”, que indica que la Corte no aceptó revisar el caso y deja en pie el fallo de la Corte de Apelaciones. La decisión se publicó en una lista de órdenes sin fundamentos ni disidencias públicas. El rechazo no es un veredicto sobre las acusaciones penales: no establece culpabilidad ni contiene una condena.
Con los acuerdos fuera de juego, la pena de muerte sigue siendo una posibilidad para los acusados y el juicio ante una comisión militar está fijado para junio de 2028.
La tortura y las demoras
Un informe del Senado de Estados Unidos de 2014 describió la tortura de Mohammad bajo custodia de la CIA, incluidas 183 sesiones de ahogamiento simulado. Parte de las demoras del proceso se vinculan con ese trato y con la discusión sobre qué pruebas pueden usarse: un juez de la comisión militar resolvió que los fiscales no podían utilizar una presunta confesión que Mohammad habría hecho al FBI en 2007. Uno de sus abogados, Joshua Dratel, sostuvo que el caso está contaminado por la política y por la falta de rendición de cuentas por la tortura.
Veinticinco años después de los atentados, el principal acusado sigue sin ser juzgado. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron la muerte de casi 3.000 personas.
Lo que tenés que saber:
- La Corte Suprema denegó el 19 de octubre la petición de certiorari del expediente 26-13, sin explicar sus razones.
- Los peticionarios querían restituir los acuerdos de 2024, que implicaban cadena perpetua sin libertad condicional.
- Queda firme el fallo de la Corte de Apelaciones que avaló la anulación de Austin.
- Kavanaugh no participó; la pena de muerte sigue siendo posible y el juicio está fijado para junio de 2028.
- El rechazo no equivale a una condena ni a un veredicto sobre las acusaciones.
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