Un juez federal condenó a la empresa Telefónica a pagar una cifra superior a los $20.000 millones a tres millones de usuarios de todo el país, después de comprobar la imposición de un cargo en la facturación desde el año 2014 sin consentimiento de los consumidores.
La sentencia del juzgado federal número 2 de La Plata en la causa colectiva que inició el Centro de Orientación Defensa y Educación del Consumidor (Codec) contra Telefónica de Argentina, declaró “la nulidad del cobro del Servicio de Valor Agregado de Telefónica Básica (SVA-TB)”, que la empresa impuso en la facturación sin consentimiento de los usuarios.
Desde Telefónica indicaron a Télam que su equipo de Legales está trabajando sobre el caso.
El abogado de Codec, Dante Rusconi, explicó a Télam que se trata de una sentencia de primera instancia y que los demandantes van a apelar por la modalidad de devolución de recursos a los usuarios, dado que, entre otras cuestiones, “en estos años muchos dieron de baja el servicio de telefonía fija”.
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Ahora están a la espera que la Cámara de apelaciones convoque a las partes, explicó el letrado.
“En una condena con pocos antecedentes jurídicos, el Juzgado Federal N°2 de La Plata, ordenó a la empresa Telefónica S.A. pagar más de 20 mil millones de pesos a tres millones de usuarios de todo el país”, difundió Codec en el un comunicado.
Precisaron que la sentencia “obliga a la empresa a devolver todo lo ya cobrado por este concepto, más los intereses que corresponden a tasa activa, una multa del 25% por facturación indebida y el daño punitivo por la gravedad de la conducta de la empresa”.
El concepto SVA-TB, según explicó Codec, “no se correspondía en realidad con ningún servicio, sino que era una suerte de ´derecho a acceder a servicios de valor agregado´ que era cobrado independientemente de adquirir alguno de esos servicios”.
Indicaron que según la pericia en la causa “la empresa cobró este cargo hasta mediados del año 2022, e incluso en algunos casos lo seguiría haciendo hasta la actualidad”.
El monto, con los intereses hasta el año 2022, alcanza los $10.000 millones, a lo que se suma la multa del 25% sobre el capital cobrado lo que llega a otros $5.000 millones, más otro monto extra por el tope legal del concepto daño punitivo.
La base de la denuncia es que la imposición del cargo viola la ley de Defensa del Consumidor, que en su artículo 35 prohíbe la “propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.
Policía de la Ciudad desalojó más de 25 familias en Monserrat
Si bien el operativo empezó muy temprano, cerca de las 17 todavía había gente dentro del edificio embalando algunas pertenencias y esperando una respuesta sobre dónde llevar a sus mascotas.
La policía de la Ciudad inició esta mañana un desalojo a más de 25 familias que vivían en un inmueble ubicado en el barrio porteño de Monserrat, personas que serán albergadas de manera temporal en una dependencia del ejecutivo local, pero a la que no pueden llevar sus pertenencias ni sus mascotas, por lo que todavía permanecen en el lugar.
Desde las 7, la calle México entre Bolívar y Defensa fue vallada completamente mientras que cerca de diez agentes de la fuerza policial notificaron a los habitantes del inmueble sobre el desalojo ordenado por la justicia, situación ante la cual los vecinos cerraron las puertas y se resguardaron en el interior del mismo.
Cerca de las 16, la calle se mantenía cerrada y con consigna policial y, en el lugar un camión de mudanza se disponía a trasladar las pertenencias de las familias desalojadas a “unos galpones o depósitos, pero no nos explicaron bien”, relató en diálogo con Télam Lidia, de 53 años.
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Si bien el operativo empezó muy temprano, cerca de las 17 todavía había gente dentro del edificio embalando algunas pertenencias y esperando una respuesta sobre dónde llevar a sus mascotas.
“Salí a las 5 de la mañana porque tuve que ir al (hospital) Ramos Mejía por un control médico, cuando volví ya me encontré con la policía que no me dejaba pasar y lo único que me repetían es que había una orden de desalojo”, precisó la mujer que se encontraba en la esquina de su casa, en silla de ruedas por una lesión en su pierna derecha.
Lidia habitaba el inmueble de México 529 desde hace unos 25 años y aseguró que, tanto ella como el resto de los inquilinos le pagaban el alquiler a una mujer llamada Marta Busi y que hace “un par de meses” uno de los habitantes del inmueble aseguró ser el dueño legítimo del lugar y comenzó a exigir el pago por las habitaciones, situación que “enojó al resto que lo terminaron echando del lugar” y desde ahí dejaron de abonar.
“No me dejan entrar ni a buscar mis cosas y si me sacan de acá no tengo adonde ir y tampoco la posibilidad de acceder a un alquiler. Cómo voy a conseguir una garantía si no tengo ni trabajo en blanco”, se preguntó angustiada la mujer que vive en una de las habitaciones con su hija y no tiene familiares que la puedan alojar “ni por un tiempo”.
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Cerca de las cuatro, la mujer explicó que según otra de las vecinas que ya fue trasladada el lugar donde los van a alojar “son unas habitaciones armadas en containers, puestas debajo de la autopista, muy chiquito, pero lo peor es que no me dejan llevar a mis mascotas, no sé qué hacer”.
“Tampoco me explican qué van a hacer con las cosas, dicen que las van a llevar a esos galpones, pero después yo sé cómo termina esto, no voy a recuperar nunca más mis pertenencias”, señaló angustiada la mujer.
“Esta mañana la policía valló la cuadra y nos vino a decir que nos teníamos que ir, nos mostraron un papel que supuestamente es una orden de la justicia, pero la verdad es que no tenemos donde ir, no podemos ni pagar un alquiler convencional ni tampoco conseguir los requisitos que piden”, aseguró una mujer identificada como Rosa, también inquilina del sitio.
El inmueble consta de dos pisos y una terraza, los habitantes alquilan una habitación privada y comparten el baño y la cocina. Los vecinos consultados en el lugar no coincidieron en la cantidad de familias que viven allí, pero sí en que son más de 25, muchas de las cuales tienen chicos.