★ El gobierno de Rodrigo Paz Pereira anunció un plan de reestructuración que golpea de lleno al sistema de medios estatales de Bolivia y reorganiza el aparato judicial del país. La vocera presidencial, Carla Faval, confirmó la suspensión temporal de la Agencia Boliviana de Información (ABI) y la eliminación de la versión impresa del periódico oficial «Ahora El Pueblo», que pasará a ser exclusivamente digital.

«El periódico ‘Ahora El Pueblo’ dejará de imprimirse y se convertirá en formato digital, eliminando el gasto innecesario que estamos intentando recortar al Estado», declaró Faval en conferencia de prensa. La funcionaria agregó que la ABI paralizará sus actividades mientras se evalúa su reestructuración interna, sin descartar cambios profundos en el funcionamiento de la agencia estatal de noticias.

Medios públicos en la cuerda floja

Las medidas afectan a instituciones con décadas de trayectoria en la comunicación pública boliviana. La ABI comenzó a operar en febrero de 1996 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, inicialmente a través de correo electrónico y fax, para luego consolidarse como agencia digital de alcance nacional.

El periódico estatal tiene una historia más accidentada: fundado en 2009 bajo el nombre «Cambio», cambió a «Bolivia» durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), y retomó el nombre «Ahora El Pueblo» en mayo de 2024, durante la gestión del expresidente Luis Arce.

Faval adelantó que en los próximos días el Gobierno presentará los lineamientos de la nueva estructura comunicacional oficial, aunque el destino del canal público Bolivia TV permanece indefinido. La vocera justificó los recortes bajo un discurso de austeridad: «Reafirmamos así nuestro compromiso con una comunicación sobria, transparente y libre de lineamientos políticos».

Justicia absorbida

Paralelamente, el Gobierno formalizó la eliminación del Ministerio de Justicia mediante un decreto modificatorio de organización del Órgano Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que las funciones de la extinta cartera pasarán a su ministerio, con una reducción drástica: los cinco viceministerios de Justicia quedarán condensados en apenas dos.

«Se está absorbiendo los cinco viceministerios en dos viceministerios», explicó Lupo, quien defendió la medida como parte de una estrategia orientada a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la seguridad jurídica.

La nueva estructura estará compuesta por el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, ambos bajo la órbita del Ministerio de la Presidencia. Además, el Viceministerio de Defensa del Consumidor fue trasladado al Ministerio de Desarrollo Productivo.

Un ajuste con interrogantes

Lupo insistió en que la reordenación responde a la intención de «recuperar la justicia para la gente» y «achicar un Estado sobredimensionado». Sin embargo, el proceso de concentración de funciones genera interrogantes sobre la autonomía de las instituciones judiciales y comunicacionales en Bolivia.

El desmantelamiento de medios públicos y la absorción del Ministerio de Justicia se enmarcan en un plan de ajuste general impulsado por Paz Pereira, que ya había anunciado la reducción del número de ministerios y viceministerios, junto con una revisión integral del gasto público.

La suspensión de la ABI y la digitalización forzada del periódico oficial plantean dudas sobre el futuro del acceso a la información pública en un país donde los medios estatales históricamente cumplieron un rol en la cobertura de regiones alejadas y comunidades con escaso acceso a internet.

Puntos clave:

• El Gobierno boliviano suspendió temporalmente la Agencia Boliviana de Información y eliminó la versión impresa del periódico estatal «Ahora El Pueblo»

• El Ministerio de Justicia fue disuelto y sus funciones absorbidas por el Ministerio de la Presidencia, reduciendo cinco viceministerios a dos

• Las medidas se enmarcan en un plan de «racionalización» del Estado impulsado por el presidente Rodrigo Paz Pereira

• El destino del canal público Bolivia TV permanece indefinido mientras el Gobierno define la nueva estructura comunicacional

• La concentración de funciones judiciales y el desmantelamiento de medios estatales generan interrogantes sobre autonomía institucional y acceso a información pública