La Fiscalía de Bolivia pidió este jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador del departamento de Santa Cruz y líder opositor, Fernando Camacho, detenido ayer por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el exmandatario Evo Morales.

El documento con la imputación formal presentada por el fiscal Omar Mejillones ante el Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, publicado por la prensa boliviana, advierte peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones.

Camacho «no tiene un domicilio habitual», presenta un «considerable flujo migratorio», con salidas a Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina y España, y su eventual liberación constituye «una facilidad para abandonar el país», dice la imputación.

La defensa de Camacho, por su parte, tachó de «descabellada» la solicitud y destacó el «tiempo récord» en el que se realizó todo el procedimiento.

«Tiempo récord todo lo que ha operado el Ministerio Público desde el día de ayer para privarle de libertad al gobernador, para traerlo de forma violenta a la ciudad de La Paz. (…) Hay muchos aspectos que nos llaman la atención, que nos preocupan porque evidentemente no estamos viviendo un Estado de Derecho», manifestó el abogado defensor Carlos Ledezma.

Camacho fue detenido ayer en Santa Cruz en el marco de la causa «golpe de Estado I» que lo investiga por su rol en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente, Evo Morales, y además fue denunciado hace semanas por promover el paro de más de 30 días en su departamento en reclamo de un censo nacional para 2023.

Hoy, el líder opositor invocó hoy su derecho al silencio ante la Fiscalía y esperará la audiencia cautelar que establecerá si se defiende en libertad o desde la cárcel.

«Al no creer en la justicia boliviana y con la finalidad de que la declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más prefiero defenderme por escrito», aseguró Camacho, citado en un comunicado de la Gobernación de Santa Cruz.

Según explicó el Ministerio Público horas después del arresto, Camacho fue aprehendido, en el marco de un «debido proceso», por el caso abierto a denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

El abogado acusador, Jorge Nina, anunció que también pedirá la detención preventiva de Camacho y recordó que la orden de aprehensión ejecutada anoche no es reciente y la defensa estaba al tanto, señaló la agencia boliviana de noticias ABI.

Camacho se encuentra actualmente en instalaciones policiales de la ciudad de La Paz, hasta donde llegó luego de ser detenido en Santa Cruz y trasladado vía aérea a esa localidad donde está radicado el caso.

Fue llevado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto y luego hasta las oficinas policiales de la ciudad de La Paz.

Durante la madrugada, en su perfil de Twitter, el líder opositor escribió el mensaje: «Hoy fui secuestrado por la justicia del MAS. Mi única culpa es haber defendido la democracia y junto a todo un pueblo unido haber frenado el fraude».

El arresto de Camacho desató una ola de violencia con la quema de edificios y vehículos públicos.

Por la causa del paro en Santa Cruz Camacho había sido citado por el Senado para que respondiera preguntas en el recinto, pero no se presentó, por lo que quedó expuesto a una nueva denuncia penal.

El abogado del gobernador explicó que poco antes del «violento operativo», Camacho había sido citado por una acusación de una supuesta violación de varias décadas atrás.

De 43 años, Camacho pasó por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue número dos del Comité Cívico de Santa Cruz y luego su titular, y candidato a presidente en 2020.

Ante las críticas por el arresto, la Fiscalía General del Estado explicó en un comunicado que «no se trata de un secuestro o persecución política», sino que responde a una orden emitida en octubre en un proceso del que Camacho tiene «pleno conocimiento».

La causa fue abierta el 28 de noviembre de 2020, a partir de una denuncia de la ahora exdiputada Lidia Patty, y Camacho eligió el silencio cuando, en julio, fue llamado a declarar.

Esta investigación busca determinar el rol de varios opositores -Camacho, los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Jeanine Áñez, entre otros- en los hechos que terminaron en el golpe de estado contra Evo Morales en 2019.

En cuanto circuló la noticia de la detención, cientos de cruceños tomaron el aeropuerto internacional Viru Viru y el local El Trompillo, que quedó con todos sus vuelos suspendidos.

Las protestas se extendieron a algunos barrios y al centro de Santa Cruz de la Sierra, la capital departamental, con cortes de calles y pequeñas concentraciones, según mostró la red Unitel.

También en el aeropuerto de El Alto, vecino a La Paz, se habían concentrado ciudadanos, en este caso para celebrar la detención del gobernador derechista, aunque fuentes militares descartaron que esa fuera la estación aérea elegida para el aterrizaje.

La Gobernación cruceña denunció el «secuestro» del líder opositor y responsabilizó al Ejecutivo nacional por su suerte.

«El Gobernador de Santa Cruz ha sido secuestrado, en un operativo policial absolutamente irregular y llevado con rumbo desconocido. (…). En estos momentos se desconoce el paradero del Gobernador, por lo que responsabilizamos al Gobierno del presidente Luis Arce por la seguridad física y la vida del gobernador», señalaba el texto emitido por la Gobernación cruceña antes de que se conociera el lugar de detención de Camacho.

La declaración recibió el apoyo de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez -condenada a 10 años de cárcel por la causa «golpe de Estado II»-, que repudió el hecho.

«Montan megaoperativo policial/militar para secuestrar» a Camacho, dijo Áñez en Twitter.