Región
Brasil superó los 700 mil muertos por Covid-19 a tres años de la primera víctima del virus
El Ministerio de Salud informó hoy que Brasil cuenta con 700.239 fallecidos, de los cuales 322 fueron en la última semana epidemiológica.
Brasil alcanzó este martes los 700.000 muertos por Covid-19, tres años después del primer fallecimiento, convirtiendo al país en el segundo en cantidad de decesos por la pandemia y en el centro de la escena mundial por el negacionismo hacia las vacunas ejercido por gran parte del gobierno de Jair Bolsonaro finalizado el pasado 31 de diciembre.
El Ministerio de Salud informó hoy que Brasil cuenta con 700.239 fallecidos, de los cuales 322 fueron en la última semana epidemiológica.
El primer muerto por la pandemia fue registrado el 12 de marzo de 2020 en San Pablo, un hombre de 57 años que había regresado de vacaciones en el norte de Italia, adonde se contagió.
«Tres años después del primer caso de Covid-19 registrado en el país, Brasil alcanzó otro triste hito este martes: 700.000 muertes causadas por la enfermedad, un número que comprende todas las trayectorias interrumpidas y las familias en duelo; miles de ellos podrían tener diferentes historias con una simple acción: la vacunación», dijo un comunicado del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El Ministerio de Salud indicó que «en el combate a la mayor crisis sanitaria de la historia del país, la ciencia demuestra que la principal forma de protección contra casos graves y muertes es la vacuna».
Brasil tiene 37,2 millones de casos positivos contabilizados desde el comienzo de la pandemia.
San Pablo es el estado más afectado, con poco más de 179.000 muertos por Covid-19 y 6,5 millones de casos, con una población de 46 millones de habitantes.
El Ministerio de Salud recordó que el principal mensaje es aumentar la cobertura de la vacuna con la campaña para el refuerzo de las dosis bivalentes, destinadas por el momento a grupos prioritarios.
«Tenemos que mirar hacia el pasado pero al mismo tiempo afirmar que el Ministerio de Salud puede no incurrir más en el error de no coordinar, no cuidar, no tratar; necesitamos estar unidos para que no se repitan nuevas tragedias, estamos juntos en esta lucha, la memoria no morirá”, dijo la ministra de Salud, Nísia Trindade.
El gobierno de Bolsonaro fue acusado por la comisión investigadora del Senado de varios delitos contra la salud pública por haber retrasado la compra de vacunas y promovido el rompimiento de las cuarentenas, al punto que el entonces presidente promovió durante toda la pandemia la falsedad de que el remedio contra la malaria, la cloroquina, era un antídoto contra la Covid-19.
El gobierno federal combatió la cuarentenas que habían decretado los intendentes y gobernadores, lo cual dejó a Brasil en medio de una disputa política sobre la forma de prevenir los contagios: uno de los puntos más trágicos ocurrió en enero de 2021, cuando a raíz de las internaciones masivas decenas de pacientes murieron en Manaos, estado de Amazonas, por falta de tubos de oxígeno en los hospitales.
Según datos oficiales, 80% de la población mayor de tres años de edad se vacunó con dos dosis contra la enfermedad, mientras 50,2% recibió la dosis de refuerzo o tercera dosis.
«Aumentar las coberturas de vacunación contra la Covid-19 es una prioridad para el Ministerio de Salud, que lanzó a fines de febrero el Movimiento Nacional por la Vacunación», dijo la ministra.
Brasil es el segundo país en muertos después de Estados Unidos y el tercero en casos, detrás de Estados Unidos e India.
Según las estadísticas, el mes más letal fue abril de 2021, con 76.000 muertos, en medio del inicio de las campañas de vacunación y el avance de la variante omicron.
América Latina
Aviones militares a Bolivia: la oposición acusa a Milei de encubrir represión y exige explicaciones
Diputados de Unión por la Patria presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el envío de dos aviones Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira, en medio de una escalada de violencia estatal contra manifestantes que reclaman su renuncia. El antecedente del envío de armas de Macri a la dictadura de Áñez en 2019 tiñe de sospechas la operación.
La oposición exige que el gobierno explique qué transportaron los aviones militares enviados a Bolivia
★ Un numeroso grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), encabezados por Juan Marino, presentó este lunes un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente violencia estatal en Bolivia contra las manifestaciones populares que exigen la renuncia del mandatario, y reactualiza el fantasma del episodio más oscuro de la relación bilateral reciente: el envío de armamento represivo por parte del gobierno de Mauricio Macri al régimen de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019.
El pedido de informes y sus ejes centrales
El proyecto presentado por la bancada opositora exige que el Gobierno de Javier Milei detalle la carga transportada por los aeronaves, el personal embarcado, los acuerdos militares vigentes con Bolivia y con el denominado «Escudo de las Américas», el esquema de seguridad regional impulsado por la administración de Donald Trump, y el estado procesal actual de la causa judicial abierta por el envío de armas y munición antitumulto del macrismo al gobierno de facto de Áñez.
«Es indispensable que el Congreso tenga garantías de que esta operación no se va a usar para reprimir al pueblo boliviano. La sola palabra del gobierno argentino, después del antecedente de 2019, no alcanza», declaró Marino ante la agencia. El legislador, referente del Partido Piquetero y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro impulsado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue categórico: «No se puede tolerar que el Estado argentino respalde la represión».
El pedido de informes lleva la firma, entre otros, del jefe de la bancada de UxP en Diputados, Germán Martínez, de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y de los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
La voz boliviana y la sospecha sobre la carga
La iniciativa parlamentaria recoge las denuncias públicas del diputado nacional de la oposición boliviana Rolando Pacheco, quien afirmó que los aviones Hércules no transportan ayuda humanitaria sino material destinado a «reprimir» las movilizaciones en curso. La versión extraoficial, que el Gobierno argentino no desmintió con datos concretos, alimenta la desconfianza opositora.
«Hay elementos suficientes como para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda», sostuvo Marino, al tiempo que cuestionó el encuadre oficial de las protestas bolivianas: «Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las manifestaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta».
Una resolución en defensa de la protesta popular
En paralelo al pedido de informes, Marino presentó un proyecto de resolución en defensa del derecho a la protesta social, que rechaza toda forma de represión estatal, criminalización de las movilizaciones populares e injerencia externa en los asuntos internos de Bolivia. La iniciativa reafirma que «el derecho a la protesta, a la huelga, a la libre expresión y a la libre asociación son pilares fundamentales de todo orden democrático».
El proyecto plantea, además, que la Cámara de Diputados debe diferenciarse de la posición asumida por el Poder Ejecutivo Nacional, que se alineó con comunicados regionales y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que, según la oposición, omiten toda referencia a la represión y a las violaciones de derechos humanos denunciadas en territorio boliviano. «Exigimos que ningún recurso del Estado argentino sea utilizado para reprimir la rebelión popular del pueblo boliviano», insistió Marino.
El peso del antecedente: Macri, Áñez y las armas de 2019
El episodio de noviembre de 2019 opera como telón de fondo ineludible de toda esta discusión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina envió material represivo, incluyendo munición antitumulto, al régimen de facto instaurado tras el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y colocó a Jeanine Áñez en la presidencia de Bolivia. Ese material fue utilizado en la represión de manifestaciones que dejó decenas de muertos y heridos. La causa judicial por ese envío permanece abierta en la justicia federal argentina y constituye uno de los antecedentes que la bancada de UxP invocan para reclamar transparencia sobre la actual operación.
Para Marino, «frente a la protesta social, la respuesta no puede ser la criminalización ni la represión: debe ser el respeto irrestricto al derecho a la protesta y a la autodeterminación de los pueblos». La Argentina, advirtió, «no puede repetir el antecedente gravísimo de 2019, cuando un gobierno argentino envió material represivo al régimen de facto de Áñez».
Puntos clave
- Diputados de UxP presentaron un pedido de informes por el envío de dos Hércules C-130 al gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira.
- La oposición exige saber qué carga transportan los aviones y si existe vinculación con el «Escudo de las Américas» de Trump.
- El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que los aviones no llevan ayuda humanitaria sino material represivo.
- El proyecto lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
- La bancada opositora alertó sobre la repetición del antecedente de 2019, cuando Macri envió armamento al régimen de facto de Áñez.
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