El expresidente peruano Pedro Castillo aseguró este martes que jamás renunciará al cargo, instó a la policía y militares a frenar la represión contra los manifestantes que exigen elecciones generales y su liberación, y responsabilizó a la mandataria Dina Boluarte por el “feroz ataque” a los ciudadanos.

«Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo Castillo en una audiencia judicial virtual en la que se evaluó una apelación a su detención preliminar de siete días y cuyo resultado se conocerá esta tarde a las 15.30 (17.30 de la Argentina).

«Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón», agregó.

«Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión«, acotó, dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Durante el cuarto intermedio de la audiencia, Castillo volvió a usar sus redes sociales para insistir en su reclamo a las fuerzas de seguridad y embestir contra Boluarte, a quien ayer ya había llamado “usurpadora”.

“Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”, escribió Castillo, y publicó la foto del texto, con su letra, en trazo negro sobre un papel cuadriculado.

Y agregó, dirigiéndose directamente a Boluarte: “Mire el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”.

Finalmente, Castillo, detenido por la policía hace exactamente una semana, tras anunciar la disolución del parlamento y luego de ese ser destituido por el Congreso, hizo “un llamado” al pueblo “para seguir alertas y optimistas”.

Boluarte asumió la jefatura de Estado, como prevé la Constitución, lo que desató una ola de violentas manifestaciones en su contra, con rutas bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, según un balance de la policía.

Los ciudadanos exigen elecciones lo antes posible y el cierre del Congreso, aunque algunos grupos reclaman además la libertad de Castillo.

La nueva mandataria anunció ayer que «interpretando la voluntad de la ciudadanía» buscará un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones a abril de 2024.

Siete personas murieron y 32 civiles y 24 policías resultaron heridos en todo el país en el marco de las protestas, según datos de ayer de la Defensoría del Pueblo.

Las regiones más agitadas se encuentran en el sur, donde está la turística Cusco y Arequipa, segunda ciudad del país, y en la región natal de Boluarte, Apurímac, convertida en epicentro de las protestas.

En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal callejera donde unos usan armas artesanales y piedras, mientras que los agentes apelan a armas de fuego y gases lacrimógenos. Las clases fueron suspendidas.

Varios gremios agrarios e indígenas convocaron hoy a un «paro indefinido» en demanda de elecciones generales.

Su repercusión se desconoce todavía porque afecta principalmente a zonas rurales de Perú, pero ya provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.

El aeropuerto de Cusco fue cerrado asimismo anoche luego de que manifestantes intentaran tomarlo, dejando a centenares de pasajeros varados.