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El infierno del CECOT: denuncian torturas a migrantes venezolanos en la megacárcel de Bukele

Un informe de Human Rights Watch y Cristosal denuncia torturas y violencia sexual contra migrantes venezolanos en el CECOT, la megacárcel de Nayib Bukele.

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Denuncias de torturas en la megacárcel de Bukele

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel inaugurada por el gobierno de El Salvador en 2023, vuelve a estar en el centro de la polémica. Un informe de Human Rights Watch (HRW), elaborado junto a la ONG Cristosal, denunció que migrantes venezolanos transferidos desde Estados Unidos fueron torturados y sufrieron violencia sexual durante su detención en el penal.

Según publicó el medio alemán Deutsche Welle (DW), el documento —titulado “Llegaron al infierno”— sostiene que los abusos no fueron hechos aislados sino violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas dentro de la cárcel.

“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino también violaciones sistemáticas de derechos humanos”, señaló HRW.

Traslados desde Estados Unidos

De acuerdo con HRW, entre marzo y abril fueron trasladados 252 migrantes venezolanos al CECOT. El envío se realizó tras un acuerdo entre el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, en el marco de una política bilateral para combatir el crimen organizado transnacional.

Los migrantes fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua, un grupo delictivo de origen venezolano catalogado por Washington como organización terrorista. Sin embargo, las organizaciones denunciantes advirtieron que muchos detenidos no tenían pruebas en su contra ni antecedentes penales.

Violencia sexual y tratos inhumanos

El informe detalla testimonios de víctimas y familiares que describen abusos físicos, golpizas, torturas y violencia sexual por parte de custodios del penal. Las oenegés advirtieron que los detenidos fueron incomunicados, privados de atención médica y sometidos a condiciones infrahumanas.

Cristosal, que participó de la investigación, cerró sus oficinas en El Salvador en julio tras denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos y la persecución de activistas por parte del gobierno salvadoreño.

Contexto de represión y cuestionamientos internacionales

Desde que Bukele implementó el régimen de excepción en 2022, organismos internacionales —entre ellos Amnistía Internacional, la CIDH y Human Rights Watch— han cuestionado las detenciones masivas y las condiciones carcelarias en El Salvador.

El CECOT, presentado por el gobierno como “la cárcel más grande y segura de América”, alberga a más de 40 mil personas, la mayoría sin condena firme. Diversas organizaciones denuncian hacinamiento, torturas y muertes bajo custodia.

Reacciones y silencio oficial

Hasta el momento, ni el gobierno de El Salvador ni el de Estados Unidos respondieron públicamente al informe. HRW solicitó a ambos países una investigación independiente y el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y los abusos.

El documento también exige que se garantice el acceso de organismos internacionales a los centros de detención y se brinde protección a defensores de derechos humanos que denuncian estos hechos.

Puntos clave

  • HRW y Cristosal denunciaron torturas y violencia sexual a migrantes venezolanos detenidos en el CECOT.
  • Los traslados fueron autorizados por Donald Trump y Nayib Bukele entre marzo y abril.
  • Los migrantes fueron acusados de integrar el Tren de Aragua, sin pruebas suficientes.
  • El informe “Llegaron al infierno” alerta sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos.
  • El gobierno salvadoreño no respondió a las denuncias.

Buenos Aires

A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta

El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.

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El Argentino Diario-Jorge Julio López.
El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.

Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».

El testigo que incomodaba al poder

La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.

Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.

La desaparición en democracia

El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.

Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.

Veinte años, cero respuestas

La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.

Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.

Lo que tenés que saber

  • El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
  • Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
  • Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
  • La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
  • A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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