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El infierno del CECOT: denuncian torturas a migrantes venezolanos en la megacárcel de Bukele

Un informe de Human Rights Watch y Cristosal denuncia torturas y violencia sexual contra migrantes venezolanos en el CECOT, la megacárcel de Nayib Bukele.

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Denuncias de torturas en la megacárcel de Bukele

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel inaugurada por el gobierno de El Salvador en 2023, vuelve a estar en el centro de la polémica. Un informe de Human Rights Watch (HRW), elaborado junto a la ONG Cristosal, denunció que migrantes venezolanos transferidos desde Estados Unidos fueron torturados y sufrieron violencia sexual durante su detención en el penal.

Según publicó el medio alemán Deutsche Welle (DW), el documento —titulado “Llegaron al infierno”— sostiene que los abusos no fueron hechos aislados sino violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas dentro de la cárcel.

“Los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos solo por algunos guardias o policías antimotines abusivos, sino también violaciones sistemáticas de derechos humanos”, señaló HRW.

Traslados desde Estados Unidos

De acuerdo con HRW, entre marzo y abril fueron trasladados 252 migrantes venezolanos al CECOT. El envío se realizó tras un acuerdo entre el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, en el marco de una política bilateral para combatir el crimen organizado transnacional.

Los migrantes fueron acusados de pertenecer al Tren de Aragua, un grupo delictivo de origen venezolano catalogado por Washington como organización terrorista. Sin embargo, las organizaciones denunciantes advirtieron que muchos detenidos no tenían pruebas en su contra ni antecedentes penales.

Violencia sexual y tratos inhumanos

El informe detalla testimonios de víctimas y familiares que describen abusos físicos, golpizas, torturas y violencia sexual por parte de custodios del penal. Las oenegés advirtieron que los detenidos fueron incomunicados, privados de atención médica y sometidos a condiciones infrahumanas.

Cristosal, que participó de la investigación, cerró sus oficinas en El Salvador en julio tras denunciar una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos y la persecución de activistas por parte del gobierno salvadoreño.

Contexto de represión y cuestionamientos internacionales

Desde que Bukele implementó el régimen de excepción en 2022, organismos internacionales —entre ellos Amnistía Internacional, la CIDH y Human Rights Watch— han cuestionado las detenciones masivas y las condiciones carcelarias en El Salvador.

El CECOT, presentado por el gobierno como “la cárcel más grande y segura de América”, alberga a más de 40 mil personas, la mayoría sin condena firme. Diversas organizaciones denuncian hacinamiento, torturas y muertes bajo custodia.

Reacciones y silencio oficial

Hasta el momento, ni el gobierno de El Salvador ni el de Estados Unidos respondieron públicamente al informe. HRW solicitó a ambos países una investigación independiente y el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y los abusos.

El documento también exige que se garantice el acceso de organismos internacionales a los centros de detención y se brinde protección a defensores de derechos humanos que denuncian estos hechos.

Puntos clave

  • HRW y Cristosal denunciaron torturas y violencia sexual a migrantes venezolanos detenidos en el CECOT.
  • Los traslados fueron autorizados por Donald Trump y Nayib Bukele entre marzo y abril.
  • Los migrantes fueron acusados de integrar el Tren de Aragua, sin pruebas suficientes.
  • El informe “Llegaron al infierno” alerta sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos.
  • El gobierno salvadoreño no respondió a las denuncias.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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