Por Ariel Bargach

El golpe que significó para el Gobierno de Uruguay el ocultamiento de información a la Justicia en el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset motivó otros cambios en el equipo del presidente Luis Lacalle Pou y pone a la alianza oficialista en una inédita crisis interna, pero también genera un sacudón al sistema político en general y a la institucionalidad del país.

Tras la renuncia de Francisco Bustillo como titular de la Cancillería, el mandatario dio en la noche del sábado una conferencia de prensa para decir que aceptaba la renuncia del número uno y dos de Interior, Luis Heber y Guillermo Maciel, y el del asesor presidencial Roberto Lafluf, pedidas durante la semana por el opositor Frente Amplio (FA).

Si no decidía estas salidas, se exponía a que fuera el Congreso el que dispusiera la censura al menos de Heber, como advirtió este domingo el presidente del FA, Fernando Pereira. Aún con matices, también en los partidos Nacional y Colorado, los socios mayores de la coalición de gobierno, había sectores que consideraban que el escándalo fue suficiente como para empujar más relevos.

El sacudón fue generado porque la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, entregó a la Fiscalía unos chats que cruzó con Bustillo, en los que éste le sugería que «pierda» el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.

Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que no estaban en su celular.

«Estamos frente a una crisis política y también institucional. Política, porque afecta al menos a dos ministros, a sus inmediatos colaboradores, a uno de los dos principales asesores del presidente… E institucional porque una de las acusaciones más graves tiene que ver con una especie de fraude procesal respecto a una investigación administrativa, en la que los ministros de Interior y Exteriores acordaron una estrategia para la interpelación que realizó el Frente Amplio en el Congreso», evaluó el analista Daniel Chasquetti.

En agosto del año pasado, a instancias del Frente Amplio, Heber y Bustillo debieron ir al Senado, donde defendieron la entrega del pasaporte a Marset y rechazaron eventuales irregularidades.

Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República (Udelar), Chasquetti remarcó en declaraciones a Télam que «todo el mundo espera las aclaraciones» de Lacalle Pou, que hasta puede ser objeto de un juicio político.

«La evidencia de Ache en la Fiscalía compromete al presidente. Su principal asesor actuó en nombre de él, llamó a una reunión, convocó a los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Interior para destruir pruebas y eso es muy complicado. El presidente estuvo en la reunión y luego se retiró. Y de acuerdo a las declaraciones, el asesor estaba en contacto permanente, llamándolo. Va a tener que explicar esto», remarcó el analista. «No hay que descartar esa hipótesis» del juicio, insistió.

El senador Guillermo Domenech, del derechista Cabildo Abierto, socio de la coalición de gobierno, consideró «obvio que si las explicaciones no convencen» habrá que «estudiar qué hacer», pero adelantó que la fuerza «está dispuesta a tomar medidas graves».

«El juicio político requiere dos tercios del Parlamento. No es fácil obtener esa mayoría, pero el país, y no ya el sistema político, se merece explicaciones sobre lo que ha sucedido», juzgó.

La gestión de Lacalle Pou ya enfrentó varias situaciones críticas, pero quizás precisamente por eso la reacción de los socios del gobierno fue esta vez más áspera.

La venta de pasaportes a rusos por una organización que encabezó el jefe de Seguridad de la Presidencia Alejandro Astesiano, las presuntas irregularidades con contratos de publicidad del Ministerio de Turismo, la concesión por 80 años del puerto de Montevideo, la entrega irregular de viviendas por parte del Ministerio -caso bisagra en la relación con Cabildo Abierto-, la contratación directa de un hotel propiedad del esposo de una senadora oficialista para alojar a gente en situación de calle durante la pandemia son algunos puntos de la lista.

Antes del regreso del caso Marset, por el que el año pasado fue destituido un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil, el oficialismo se quedó sin uno de sus hombres claves en el Senado: Gustavo Penadés fue separado de la banca por las denuncias sobre el pago de favores sexuales a menores.

«Sería demasiada distracción» de parte de Lacalle Pou, afirmó un editorial de La Diaria, que advirtió: «Una cosa es el intento de esconder errores o torpezas, y otra muy distinta el de disimular complicidades o corrupción».

Chasquetti consideró que «hay chances de que se rompa» la coalición gobernante, que integran los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la gente y Cabildo, «el socio más díscolo, que está anunciando la posibilidad de irse».

Esa eventual ruptura, además del significado del golpe político, le traería al Ejecutivo problemas en el Congreso por la pérdida de bancas que traería aparejada.

Ciudadanos, sector interno de los colorados, consideró que al menos Lafluf y Maciel deben salir de sus cargos y el ministro Pablo Mieres, del Partido Independiente, pidió ir «hasta el hueso» con quienes «cruzaron la línea de la legalidad».

Chasquetti fue más allá de este caso y advirtió que el escándalo «va a tener efectos electorales, sin duda, y desde luego el FA va a tener la posibilidad de sacar ventaja, pero en una mirada un poco más amplia y de largo plazo, esto tendrá consecuencias sobre el conjunto del sistema político, porque generará desconfianza de la población y vulnera la legitimidad de las instituciones».

«Los partidos tienen que tomar cuenta de eso. Incluso el FA planteó en su declaración la posibilidad de un diálogo y un acuerdo de los partidos, porque está previendo que el episodio va a generar algún problema institucional. Es una situación grave, delicada», concluyó el analista.

El politólogo y titular de la consultora Factum, Oscar Bottinelli, en cambio, instó a diferenciar entre el impacto en la ciudadanía y la conmoción dentro del medio político.

«Muchas veces ocurre que grandes acontecimientos impactan al otro día y a veces hay una sucesión de hechos que generan una acumulación, pero todo detona por algo no tan grave», señaló y puso como ejemplo la salida del cargo del frenteamplista Raúl Sendic, que debió irse de la petrolera Ancap por haber usado una tarjeta corporativa.

En declaraciones televisivas, Botinelli rechazó que pueda tratarse de una crisis «institucional». «No. Crisis institucional es cuando quiebran las instituciones. Acá puede haber una afectación de la forma de manejo. Esto parte de una interpelación en el Senado, toma acción la Fiscalía… Se canaliza todo dentro de las instituciones. Hay sí una crisis política y es un hecho que golpea al presidente», expresó.