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Región

Duro golpe para Lacalle Pou por el escándalo del pasaporte a narco

La supuesta transparencia del gobierno uruguayo se rompe como castillo de cristal y en medio de la crisis institucional generada por el escándalo, crecen los riesgos de ruptura en la alianza gobernante.

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Por Ariel Bargach

El golpe que significó para el Gobierno de Uruguay el ocultamiento de información a la Justicia en el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset motivó otros cambios en el equipo del presidente Luis Lacalle Pou y pone a la alianza oficialista en una inédita crisis interna, pero también genera un sacudón al sistema político en general y a la institucionalidad del país.

Tras la renuncia de Francisco Bustillo como titular de la Cancillería, el mandatario dio en la noche del sábado una conferencia de prensa para decir que aceptaba la renuncia del número uno y dos de Interior, Luis Heber y Guillermo Maciel, y el del asesor presidencial Roberto Lafluf, pedidas durante la semana por el opositor Frente Amplio (FA).

Si no decidía estas salidas, se exponía a que fuera el Congreso el que dispusiera la censura al menos de Heber, como advirtió este domingo el presidente del FA, Fernando Pereira. Aún con matices, también en los partidos Nacional y Colorado, los socios mayores de la coalición de gobierno, había sectores que consideraban que el escándalo fue suficiente como para empujar más relevos.

El sacudón fue generado porque la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, entregó a la Fiscalía unos chats que cruzó con Bustillo, en los que éste le sugería que «pierda» el celular para evitar darle a la Justicia conversaciones vinculadas a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset.

Además, Ache aportó a la Justicia documentación para probar que el asesor presidencial Lafluf destruyó un acta notarial de la Cancillería que contenía chats que mantuvo sobre el tema con el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y le pidió a ella que borrara los mensajes y certificara con una escribana que no estaban en su celular.

«Estamos frente a una crisis política y también institucional. Política, porque afecta al menos a dos ministros, a sus inmediatos colaboradores, a uno de los dos principales asesores del presidente… E institucional porque una de las acusaciones más graves tiene que ver con una especie de fraude procesal respecto a una investigación administrativa, en la que los ministros de Interior y Exteriores acordaron una estrategia para la interpelación que realizó el Frente Amplio en el Congreso», evaluó el analista Daniel Chasquetti.

En agosto del año pasado, a instancias del Frente Amplio, Heber y Bustillo debieron ir al Senado, donde defendieron la entrega del pasaporte a Marset y rechazaron eventuales irregularidades.

Titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República (Udelar), Chasquetti remarcó en declaraciones a Télam que «todo el mundo espera las aclaraciones» de Lacalle Pou, que hasta puede ser objeto de un juicio político.

«La evidencia de Ache en la Fiscalía compromete al presidente. Su principal asesor actuó en nombre de él, llamó a una reunión, convocó a los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Interior para destruir pruebas y eso es muy complicado. El presidente estuvo en la reunión y luego se retiró. Y de acuerdo a las declaraciones, el asesor estaba en contacto permanente, llamándolo. Va a tener que explicar esto», remarcó el analista. «No hay que descartar esa hipótesis» del juicio, insistió.

El senador Guillermo Domenech, del derechista Cabildo Abierto, socio de la coalición de gobierno, consideró «obvio que si las explicaciones no convencen» habrá que «estudiar qué hacer», pero adelantó que la fuerza «está dispuesta a tomar medidas graves».

«El juicio político requiere dos tercios del Parlamento. No es fácil obtener esa mayoría, pero el país, y no ya el sistema político, se merece explicaciones sobre lo que ha sucedido», juzgó.

La gestión de Lacalle Pou ya enfrentó varias situaciones críticas, pero quizás precisamente por eso la reacción de los socios del gobierno fue esta vez más áspera.

La venta de pasaportes a rusos por una organización que encabezó el jefe de Seguridad de la Presidencia Alejandro Astesiano, las presuntas irregularidades con contratos de publicidad del Ministerio de Turismo, la concesión por 80 años del puerto de Montevideo, la entrega irregular de viviendas por parte del Ministerio -caso bisagra en la relación con Cabildo Abierto-, la contratación directa de un hotel propiedad del esposo de una senadora oficialista para alojar a gente en situación de calle durante la pandemia son algunos puntos de la lista.

Antes del regreso del caso Marset, por el que el año pasado fue destituido un funcionario de la Dirección Nacional de Identificación Civil, el oficialismo se quedó sin uno de sus hombres claves en el Senado: Gustavo Penadés fue separado de la banca por las denuncias sobre el pago de favores sexuales a menores.

«Sería demasiada distracción» de parte de Lacalle Pou, afirmó un editorial de La Diaria, que advirtió: «Una cosa es el intento de esconder errores o torpezas, y otra muy distinta el de disimular complicidades o corrupción».

Chasquetti consideró que «hay chances de que se rompa» la coalición gobernante, que integran los partidos Nacional, Colorado, Independiente y de la gente y Cabildo, «el socio más díscolo, que está anunciando la posibilidad de irse».

Esa eventual ruptura, además del significado del golpe político, le traería al Ejecutivo problemas en el Congreso por la pérdida de bancas que traería aparejada.

Ciudadanos, sector interno de los colorados, consideró que al menos Lafluf y Maciel deben salir de sus cargos y el ministro Pablo Mieres, del Partido Independiente, pidió ir «hasta el hueso» con quienes «cruzaron la línea de la legalidad».

Chasquetti fue más allá de este caso y advirtió que el escándalo «va a tener efectos electorales, sin duda, y desde luego el FA va a tener la posibilidad de sacar ventaja, pero en una mirada un poco más amplia y de largo plazo, esto tendrá consecuencias sobre el conjunto del sistema político, porque generará desconfianza de la población y vulnera la legitimidad de las instituciones».

«Los partidos tienen que tomar cuenta de eso. Incluso el FA planteó en su declaración la posibilidad de un diálogo y un acuerdo de los partidos, porque está previendo que el episodio va a generar algún problema institucional. Es una situación grave, delicada», concluyó el analista.

El politólogo y titular de la consultora Factum, Oscar Bottinelli, en cambio, instó a diferenciar entre el impacto en la ciudadanía y la conmoción dentro del medio político.

«Muchas veces ocurre que grandes acontecimientos impactan al otro día y a veces hay una sucesión de hechos que generan una acumulación, pero todo detona por algo no tan grave», señaló y puso como ejemplo la salida del cargo del frenteamplista Raúl Sendic, que debió irse de la petrolera Ancap por haber usado una tarjeta corporativa.

En declaraciones televisivas, Botinelli rechazó que pueda tratarse de una crisis «institucional». «No. Crisis institucional es cuando quiebran las instituciones. Acá puede haber una afectación de la forma de manejo. Esto parte de una interpelación en el Senado, toma acción la Fiscalía… Se canaliza todo dentro de las instituciones. Hay sí una crisis política y es un hecho que golpea al presidente», expresó.

Defensa

Nuevas bases, aviones y naves antárticas: la apuesta militar de Chile en Magallanes

El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en el extremo sur, reemplazo de aviones de combate y un plan de modernización hasta 2043. Su cartera quedó afuera del recorte del 3% que alcanzó al resto del gabinete de Kast, tras semanas de fricción con la Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.

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Chile blinda Magallanes con nuevas bases mientras Milei ajusta y concede.

Mientras en la Argentina el ajuste alcanza también a las Fuerzas Armadas, del otro lado de la cordillera la defensa del sur se volvió política de Estado. Chile construirá nuevas bases militares en los sectores de la Región de Magallanes que hoy no tienen cobertura, renovará sus aviones de combate y reforzará su presencia antártica, en un plan que involucra a las tres ramas de sus Fuerzas Armadas y se proyecta hasta 2043.

El anuncio lo hizo el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, desde la Base Aérea de Chabunco, en Magallanes, acompañado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. Allí detalló un paquete de compras militares destinado a fortalecer la presencia del país en el extremo austral y a garantizar el control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur. «La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado», sostuvo.

El dato político no es menor: según consignó la agencia italiana ANSA, Barros descartó que su cartera sufra el recorte del 3% que el Gobierno de José Antonio Kast había instruido inicialmente para todos los ministerios. En un gobierno de derecha que ajusta en todas las áreas, la defensa del sur quedó a salvo de la tijera. «Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes», afirmó el ministro.

Aviones, helicópteros, tanques y naves antárticas

El plan incluye el reemplazo, en el corto plazo, de los aviones F5 de la Fuerza Aérea de Chile por aeronaves de cuarta o quinta generación. También prevé sustituir los helicópteros Bell UH-1H y renovar el transporte aéreo estratégico, hoy a cargo de los C-130 Hércules, fundamentales para el sostenimiento de la base antártica y para la atención de emergencias.

Para 2027, Barros anunció la incorporación de cuatro aeronaves de patrullaje de largo alcance para la vigilancia naval y de otras cinco naves destinadas al servicio antártico. En el plano terrestre, se actualizará la tecnología de los tanques blindados Leopard 1, en paralelo a la renovación progresiva de otros equipos desplegados en la región. El ministro mencionó además la incorporación de «sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta».

«La soberanía no solo se declara, se ejerce»

Barros explicó el valor estratégico que Santiago le asigna a Magallanes. «Es nuestra puerta natural hacia la Antártica y un territorio donde convergen el continente, nuestras islas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos, rutas internacionales… Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto», señaló.

En ese marco, insistió en que «la soberanía no solo se declara, se ejerce» y encuadró los anuncios en una «estrategia integral para fortalecer nuestra presencia terrestre, aérea y marítima», que abarca infraestructura, logística, proyección hacia la Antártida y presencia permanente del Estado en el extremo sur. La frase funciona como un mensaje hacia adentro, pero también como una señal hacia Buenos Aires.

El ruido con la Argentina que encendió la alarma

El anuncio llega después de semanas de tensión bilateral. A fines de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó al estrecho en una referencia a la soberanía argentina: «Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía», dijo en una entrevista, y habló de una «llave bioceánica». Los dichos provocaron una rápida reacción en Santiago.

Días después, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, se refirió en una entrevista con Infobae al «Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile», en lo que del otro lado de la cordillera se leyó como una rectificación. El episodio reactivó antecedentes recientes, como el Decreto 457 de 2021, que según la interpretación chilena presentaba al estrecho como un espacio de control compartido y derivó en una nota de protesta de la Cancillería trasandina.

La respuesta política argentina llegó el 3 de septiembre, en La Moneda. Tras la reunión entre Javier Milei y Kast, un comunicado conjunto estableció que ambos mandatarios coincidieron en la soberanía total de Chile sobre el estrecho, en el marco del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que según el texto «se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados». A cambio, Kast reiteró el respaldo de su gobierno a los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Pero en Chile el tema no se cerró con la foto presidencial. El 21 de septiembre, una delegación transversal del Senado encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, viajó a Punta Arenas para la ceremonia por el 183° aniversario de la toma de posesión del estrecho y emitió una declaración en la que se comprometió a reflejar en el Presupuesto 2027 la necesidad de fortalecer las capacidades estratégicas para la vigilancia de los espacios soberanos. Esta misma semana también pasó por el sur el propio Kast.

Dos países, dos maneras de mirar el sur

El contraste con la Argentina es elocuente. En mayo, a una semana del lanzamiento del Plan ARMA de modernización militar, el Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi 49.000 millones de pesos en partidas de Defensa. El mayor ajuste nominal recayó sobre la Fuerza Aérea, que perdió 16.500 millones de pesos en bienes de uso y equipamiento militar dentro de su programa de alistamiento operativo.

Para el año próximo, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, informó que el Gobierno proyecta destinar alrededor de 350 millones de dólares a las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y de la Base Antártica Conjunta Petrel, sumando recursos de 2026 y 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 también pide autorización al Congreso para tomar deuda por hasta 3.500 millones de dólares destinada a submarinos y fragatas, en el mismo texto que prevé una caída real de los fondos para Educación. Mientras Chile financia su despliegue austral con presupuesto propio y un horizonte de dos décadas, la Argentina libertaria recorta primero y promete reequipar después, con endeudamiento.

La diferencia de enfoque dice mucho sobre la idea de soberanía de cada gobierno. Del otro lado de la cordillera, la ocupación efectiva del territorio se planifica como una política que trasciende gestiones; de este lado, la presencia del Estado en el sur queda atada a la lógica del ajuste permanente.

Lo que tenés que saber:

  • El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en sectores sin cobertura de Magallanes, dentro de un plan de modernización con horizonte en 2043.
  • Chile reemplazará los aviones F5, los helicópteros Bell UH-1H y los C-130 Hércules, e incorporará en 2027 cuatro aeronaves de patrullaje naval y cinco naves antárticas.
  • La cartera de Defensa chilena quedó excluida del recorte del 3% instruido inicialmente para todos los ministerios.
  • El 3 de septiembre, Milei y Kast firmaron un comunicado que reconoce la soberanía total de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
  • En mayo, el Gobierno argentino recortó casi 49.000 millones de pesos en Defensa mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
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