El violento operativo policial realizado en las favelas de Río de Janeiro dejó imágenes de cuerpos apilados en las calles y abrió una fuerte controversia sobre el uso de la fuerza por parte del Estado. Según los datos divulgados por la Policía Civil de Río de Janeiro, al menos 121 personas murieron, entre ellas 117 civiles y cuatro agentes, en una acción que el Gobierno local presentó como un golpe contra el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.

Un informe oficial detalló que de los 115 civiles identificados, más del 95% tenía “vínculos comprobados” con esa facción criminal. Las otras dos pericias practicadas arrojaron resultados “inconclusos”.

Sin embargo, la Defensoría Pública del estado —que también relevó el caso— indicó que el número real de víctimas asciende a 132, lo que deja abierta una brecha entre las cifras oficiales y las de los organismos de derechos humanos.

Datos del informe policial

Según el documento difundido por la Policía Civil, 97 de los fallecidos tenían antecedentes criminales considerados “relevantes”, mientras que 59 figuraban con órdenes de captura vigentes. Otros 17 no registraban antecedentes, aunque las autoridades aseguraron que 12 de ellos exhibían en redes sociales “indicios de participación” en actividades de narcotráfico.

“Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos”, declaró el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.

El documento también señaló que 62 de los fallecidos procedían de otros estados, en su mayoría de Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). Entre ellos, se identificaron líderes armados vinculados al Comando Vermelho provenientes de al menos once estados brasileños.

La intervención del Supremo Tribunal Federal

Ante la magnitud del operativo y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó la preservación y documentación integral de todas las pruebas materiales relacionadas con el caso.

La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, quien dispuso que se garantice la custodia rigurosa de los elementos periciales y su trazabilidad para facilitar la investigación a cargo del Ministerio Público.

El magistrado recordó que la orden se inscribe en una sentencia previa de la Corte, que estableció protocolos obligatorios para las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, con el fin de prevenir ejecuciones extrajudiciales y abusos de poder.

El Supremo busca verificar si el Gobierno de Cláudio Castro cumplió con las condiciones fijadas por el tribunal y si el accionar policial se ajustó a los estándares internacionales de derechos humanos.

Contexto y cuestionamientos

Las operaciones de gran escala en comunidades cariocas han sido objeto de reiteradas críticas de organismos nacionales e internacionales, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que cuestionaron el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de transparencia en las investigaciones.

El operativo más reciente, que el Gobierno estadual calificó como “una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en la historia de Río”, dejó una secuencia de denuncias sobre ejecuciones sumarias, desapariciones y alteración de escenas del crimen, según reportes de la Defensoría Pública.

El fallo del Supremo Tribunal Federal podría marcar un punto de inflexión en la supervisión judicial sobre la violencia policial en las favelas, un fenómeno que, según el Instituto de Seguridad Pública, provocó más de 1.300 muertes en 2024 solo en el estado de Río de Janeiro.