Región
La Corte Suprema de Brasil ordenó preservar las pruebas del operativo en Río
La Policía Civil afirmó que el 95% de los fallecidos tenía vínculos con el Comando Vermelho.
El violento operativo policial realizado en las favelas de Río de Janeiro dejó imágenes de cuerpos apilados en las calles y abrió una fuerte controversia sobre el uso de la fuerza por parte del Estado. Según los datos divulgados por la Policía Civil de Río de Janeiro, al menos 121 personas murieron, entre ellas 117 civiles y cuatro agentes, en una acción que el Gobierno local presentó como un golpe contra el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil.
Un informe oficial detalló que de los 115 civiles identificados, más del 95% tenía “vínculos comprobados” con esa facción criminal. Las otras dos pericias practicadas arrojaron resultados “inconclusos”.
Sin embargo, la Defensoría Pública del estado —que también relevó el caso— indicó que el número real de víctimas asciende a 132, lo que deja abierta una brecha entre las cifras oficiales y las de los organismos de derechos humanos.
Datos del informe policial
Según el documento difundido por la Policía Civil, 97 de los fallecidos tenían antecedentes criminales considerados “relevantes”, mientras que 59 figuraban con órdenes de captura vigentes. Otros 17 no registraban antecedentes, aunque las autoridades aseguraron que 12 de ellos exhibían en redes sociales “indicios de participación” en actividades de narcotráfico.
“Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes en redes sociales portando armas o demostrando vínculos con facciones criminales no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje de los policías, habrían sido detenidos”, declaró el secretario de Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.
El documento también señaló que 62 de los fallecidos procedían de otros estados, en su mayoría de Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). Entre ellos, se identificaron líderes armados vinculados al Comando Vermelho provenientes de al menos once estados brasileños.
La intervención del Supremo Tribunal Federal
Ante la magnitud del operativo y las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó la preservación y documentación integral de todas las pruebas materiales relacionadas con el caso.
La decisión fue firmada por el juez Alexandre de Moraes, quien dispuso que se garantice la custodia rigurosa de los elementos periciales y su trazabilidad para facilitar la investigación a cargo del Ministerio Público.
El magistrado recordó que la orden se inscribe en una sentencia previa de la Corte, que estableció protocolos obligatorios para las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, con el fin de prevenir ejecuciones extrajudiciales y abusos de poder.
El Supremo busca verificar si el Gobierno de Cláudio Castro cumplió con las condiciones fijadas por el tribunal y si el accionar policial se ajustó a los estándares internacionales de derechos humanos.
Contexto y cuestionamientos
Las operaciones de gran escala en comunidades cariocas han sido objeto de reiteradas críticas de organismos nacionales e internacionales, entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que cuestionaron el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de transparencia en las investigaciones.
El operativo más reciente, que el Gobierno estadual calificó como “una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado en la historia de Río”, dejó una secuencia de denuncias sobre ejecuciones sumarias, desapariciones y alteración de escenas del crimen, según reportes de la Defensoría Pública.
El fallo del Supremo Tribunal Federal podría marcar un punto de inflexión en la supervisión judicial sobre la violencia policial en las favelas, un fenómeno que, según el Instituto de Seguridad Pública, provocó más de 1.300 muertes en 2024 solo en el estado de Río de Janeiro.
Investigación 🔎
Rodrigo Paz admitió el vínculo con Cerimedo pero negó que tuviera funciones oficiales
El presidente boliviano reconoció que el estratega argentino colaboró en su campaña y en los primeros tramos de su gestión, pero descartó que haya existido contrato, relación laboral o autorización para representar al Estado, a la Presidencia o a su familia. Las declaraciones contrastan con la versión de Nadia Beller, quien describió a Cerimedo como un poder paralelo dentro del Ejecutivo.
Diez días después del ataque armado contra Nadia Beller, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, rompió el silencio que mantuvo desde el 17 de agosto y publicó un video de cuatro minutos en el que reconoció el vínculo con Fernando Cerimedo, el consultor político argentino vinculado al espacio de La Libertad Avanza, pero trazó una línea clara entre la colaboración informal en campaña y cualquier forma de representación institucional.
«Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral», afirmó Paz en la grabación. Según el mandatario, esa colaboración se extendió también a los primeros tramos de su gestión, pero nunca derivó en una relación formal.
«Jamás tuvo autorización para representar al Estado»
«Ganamos las elecciones y, a partir de ello, no solo cooperó en esa elección, sino también al inicio del Gobierno», reconoció Paz. Sin embargo, subrayó que esa participación no implicó vínculo contractual ni mandato institucional de ningún tipo. «Por eso, nunca hubo un contrato. Por eso, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros o delegados presidenciales», sostuvo.
El presidente fue categórico al delimitar las atribuciones que Cerimedo nunca tuvo: «El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia», afirmó, según un amplio informe de Xinhua. Paz aclaró que la representación oficial del Ejecutivo corresponde exclusivamente a quienes cuentan con mandato institucional expreso.
La versión de Beller y el contraste con el relato oficial
Las declaraciones del mandatario chocan de frente con el relato que Beller construyó públicamente desde que fue atacada. La abogada y expareja de Cerimedo aseguró ante los medios que el consultor argentino operaba como una suerte de «presidente en la sombra» dentro del Gobierno de Paz, y que habría intervenido en designaciones y negociaciones que presuntamente involucraban a miembros de la familia del mandatario.
Beller también señaló que Cerimedo estaba involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que respondía al consultor, y pagos a legisladores para garantizar la aprobación de ciertas leyes. Estas denuncias forman parte de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia boliviana, en la que Beller fue citada como testigo.
Cerimedo, detenido en Palmasola con tres causas abiertas
Cerimedo permanece en detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde cumple seis meses de prisión preventiva por ser considerado el presunto autor intelectual del ataque contra Beller, que derivó en una imputación por tentativa de feminicidio. A esa causa se suman el proceso por enriquecimiento ilícito y un tercero por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.
El mandatario boliviano aseguró que solicitó a la Policía Nacional realizar todas las investigaciones pertinentes sobre el ataque contra Beller y garantizó que el Ejecutivo facilitará un proceso transparente. Por su parte, Beller anunció que aportará nuevas pruebas en la causa y que está dispuesta a declarar también en la Argentina, donde la investigación sobre Cerimedo tiene ramificaciones vinculadas al escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Puntos clave
- Rodrigo Paz reconoció que Cerimedo colaboró en su campaña y en el inicio de su gestión, pero negó todo vínculo contractual o representación institucional.
- El presidente boliviano afirmó que Cerimedo «jamás» tuvo autorización para hablar en nombre del Estado, la Presidencia o su familia.
- Beller sostuvo, en contraposición, que el consultor operaba como un poder paralelo e intervenía en decisiones del Ejecutivo.
- Cerimedo enfrenta tres causas penales simultáneas en Bolivia: tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas.
- Beller confirmó que aportará nuevas pruebas y que está dispuesta a declarar en Argentina, donde el caso tiene conexiones con la causa ANDIS.
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