La red social Twitter decidió retirarse del código de buenas prácticas de la Unión Europea (UE) contra la desinformación en Internet, aunque deberá seguir aplicando sus normas si quiere seguir funcionando en la región, informó este sábado el Comisario de Industria europeo, Thierry Breton.

«Puede correr, pero no esconderse. Más allá de los compromisos voluntarios, la lucha contra la desinformación será una obligación legal en virtud de la DSA (la Ley de Servicios Digitales) a partir del 25 de agosto», escribió Breton en esa misma red social, propiedad de Elon Musk.

«Nuestros equipos estarán preparados para hacer cumplir la ley», advirtió, citado por la agencia de noticias AFP.

Unas 30 empresas adhieren a este código de buenas prácticas, creado en 2018 con la participación en la redacción de gigantes del sector como Meta, Google, Twitter, Microsoft y TikTok.

El texto incluye unas 40 recomendaciones destinadas a establecer una cooperación con los servicios de verificación de información y a dejar de publicitar páginas que difunden noticias falsas.

Además, impulsa el refuerzo de medidas que tratan de impedir las cuentas falsas, las granjas de bots que amplifican mensajes engañosos o la suplantación de identidad.

La salida de Twitter del código no fue una sorpresa, ya que, tras de haber adquirido la plataforma, el millonario suavizó la moderación en el servicio de mensajes cortos.

La plataforma dejó de advertir a sus usuarios sobre el contenido potencialmente falso y comenzó a cobrarse el «check» azul de usuario verificado, con lo cual dejó de ser una función para distinguir perfiles relevantes.

«Si (Musk) no es serio con el código, casi mejor que lo abandone», dijo anoche un responsable de la Comisión Europea.

Está previsto que el código de buenas prácticas entre en vigor el próximo 25 de agosto y se adhieran casi una veintena de plataformas digitales con más de 45 millones de usuarios activos.

Quienes incumplan, podrán recibir una multa de hasta un 6% de su facturación anual mundial.

Las empresas estarán obligadas a eliminar rápidamente contenidos ilegales, garantizar que la publicidad personalizada no esté dirigida a menores así como a limitar la desinformación y los contenidos nocivos como el ciberacoso.