El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil desplazó hoy de sus cargos a 18 jefes de la Policía Federal (PF) y a 26 de los 27 superintendentes regionales de la Policía Caminera Federal (PRF), después de haber despedido a militares afectados a la seguridad del Palacio del Planalto tras los ataques golpistas del 8 de enero.

El ministro de Justicia, Flávio Dino, oficializó la remoción de 26 de las 27 cúpulas regionales de la PRF, excepto la del estado de Piauí, ocupado de forma interina por Jairo Lima, y el cese de 18 jefes de la PF, entre ellos los tres más importantes, San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

El nuevo superintendente de la PF en Río de Janeiro es Leandro Almada, en el cuerpo policial desde 2008 y conocido por liderar una investigación que reveló trabas en el esclarecimiento del asesinato de la concejal Marielle Franco, ocurrido en 2018, destacó el diario local Folha de Sao Paulo.

Para San Pablo, la mayor superintendencia del país, el elegido fue Rogério Giampaolli, que ya era jefe del Comando Táctico de Operaciones y actualmente estaba a cargo de la PF en el municipio paulista Sorocaba.

Para comandar la superintendencia en Paraíba se designó a Christiane Correa Machado, que ya fue jefa de la división antiterrorista durante cinco años y coordinó la protección contra atentados extremistas en el Mundial de 2014 y en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

Respecto de la PRF, su imagen se vio afectada por una serie de acciones destinadas a favorecer la votación de Bolsonaro en los comicios de octubre de 2022, cuando se obstruyó el paso de micros con electores de Lula en estados de la región nordeste.

El exdirector de la PRF, Silvinei Vasques, un oficial cercano al expresidente Jair Bolsonaro, es investigado por la Justicia Federal.

Además, en mayo del año pasado, agentes de la PRF arrestaron y asfixiaron, en Sergipe, al motociclista Genivaldo Jesus Santos, que falleció dentro de un vehículo policial, hecho que encendió las alarmas sobre los procedimientos policiales.

La sustitución no vendría motivada por los ataques a los tres poderes de Brasil del 8 de enero pasado, informó Dino, que agregó que la decisión había sido debatida en la etapa de transición del nuevo Gobierno de Lula da Silva.

Sin embargo, previo a estos cambios dentro de la Policía, el Gobierno de Lula había modificado los gabinetes de seguridad encargados de custodiar el Palacio del Planato, sede de la Presidencia, y el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial, tras los ataques golpistas.

Ese 8 de enero, el Gobierno brasileño decretó la intervención federal de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia por «omisión» de la policía local ante el accionar de los grupos extremistas.

Dino defendió la «desbolsonarización» de las fuerzas de seguridad y declaró que «lo opuesto de una policía bolsonarista es una policía legalista, nadie puede sabotear una operación policial por cuestiones ideológicas», según recogió la agencia de noticias ANSA.