El tribunal penal del Vaticano condenó hoy al ex «número tres» del Vaticano a cinco años y medio de prisión por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.

Se trata del cardenal Angelo Becciu, de 75 años, quien fue juzgado junto a otras nueve personas.

Es el funcionario de mayor rango de la Iglesia Católica en comparecer ante este tribunal, que imparte la justicia civil de la Ciudad-estado.

Becciu, exasesor del papa Francisco, también fue multado con 8.000 euros, informó la agencia de noticias AFP.

La fiscalía vaticana había solicitado una sentencia de siete años y tres meses de prisión contra el obispo, así como una multa de más de 10.000 euros.

«Respetamos el veredicto, pero ciertamente presentaremos una apelación», dijo Fabio Vignone, abogado del obispo.

En el centro del caso está la compra, por 350 millones de euros, de un edificio de lujo en Londres entre 2014 y 2018, en el marco de las inversiones de la Santa Sede, que cuenta con un patrimonio inmobiliario considerable.

Este caso, con múltiples ramificaciones, pone de nuevo sobre la mesa la opacidad de las finanzas del Vaticano.

Desde su llegada a la Santa Sede, en 2013, Francisco ha intentado corregir ese rumbo; también reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos, y no solo en instancias religiosas.

El fiscal, Alessandro Diddi, había pedido penas de cárcel que van desde casi cuatro años hasta más de 13, además de sanciones financieras, contra los diez acusados que comparecían por fraude, desvío de fondos, abuso de poder, blanqueo de dinero, corrupción y extorsión.

El cardenal Becciu, exnúmero dos de la Secretaría de Estado, principal órgano del Gobierno central de la Santa Sede, conserva su título, pero fue destituido de todas sus funciones en septiembre de 2020.

Nacido en Cerdeña, Becciu siempre aseguró que es inocente y que víctima de un «linchamiento mediático». Sus abogados pidieron su absolución.

Por su parte, la Santa Sede invitó al tribunal a «castigar todos los delitos», indicó el Secretario de Estado y número dos del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, que consideró la Secretaría de Estado como «la parte agraviada».

Al término de las 85 audiencias de este proceso conocido como el «del inmueble de Londres», los debates sacaron a la luz la opacidad de algunas operaciones financieras de la Santa Sede, con revelaciones sobre escuchas telefónicas y procedimientos a través de una serie de intermediarios.

Entre los momentos destacados del proceso figuran las revelaciones sobre una conversación telefónica de Becciu -a iniciativa suya- con el Papa y grabada sin el conocimiento de este, poco antes del juicio, en la que le pedía confirmar que había aprobado movimientos financieros confidenciales.

La instrucción describió un enredo «casi imposible de deshacer» de fondos de inversión especulativos, de bancos, instituciones de crédito, personas físicas y jurídicas.

Esta adquisición, a un precio sobrevalorado, puso en evidencia el uso imprudente del Óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del papa. Igualmente, generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.

La Santa Sede finalmente revendió el edificio de 17.000 m2 situado en el elegante barrio de Chelsea, a costa de grandes pérdidas.

Este caso asestó un duro golpe a la reputación de la Iglesia y del papa Francisco, que multiplicó las reformas para sanear las finanzas del Vaticano y luchar contra el fraude.

Además de la creación de una Secretaría para la Economía en 2014, limitó, desde su elección en 2013, las inversiones y las actividades del Banco del Vaticano, en especial con el cierre de 5.000 cuentas sospechosas.

Exsustituto de la Secretaría de Estado y considerado el «número 3» del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.