Femicidio
Rechazo a una Ley en Camboya que criminaliza a las mujeres por su vestimenta
«No le corresponde al Gobierno decidir arbitrariamente qué largo de falda está alterando las tradiciones nacionales”, aseguró la activista Klahaan.
La llamada Ley de Orden Público es un paquete de medidas que prohíbe la venta callejera y pedir limosna, y que en su artículo 36 especifica que las mujeres tienen prohibido usar ropa que sea «demasiado corta» o «reveladora».
La ONU denunció «un agravamiento de la intolerancia» de las autoridades frente a la disidencia y la represión de libertades fundamentales.
El Gobierno de Camboya impulsa un proyecto de ley que, con el argumento de conservar las tradiciones, criminaliza a las mujeres que lleven ropa «demasiado corta o reveladora», lo que “viola la libertad de expresión y formaliza la actual represión de los derechos civiles”, indicó Rachana Bunn, directora ejecutiva de Klahaan, una de las 36 ONG que denunciaron la iniciativa.
La llamada Ley de Orden Público es un paquete de medidas que prohíbe la venta callejera y pedir limosna, entre otras cuestiones, en nombre de “mantener el valor estético, la tranquilidad, la estabilidad social, la preservación de la tradición nacional y la dignidad de los ciudadanos”, según reza la iniciativa en sus primeros párrafos.
El artículo 36 especifica que las mujeres tienen prohibido usar ropa que sea «demasiado corta» o «reveladora», situación que “viola la libertad de expresión y socava nuestra autonomía personal”, explicó a esta agencia la activista de la organización feminista Klahaan, palabra que significa «valiente» en idioma jemer o camboyano.

“Ese artículo figura en una sección de la ley que se titula `Protección de la dignidad de la Nación`, por lo que se puede ver que está usando algunas ideas patriarcales de la mujer camboyana como idealmente casta y modesta para defender lo que el Gobierno cree son las tradiciones del país”, añadió.
La normativa, en realidad, profundiza una situación ya existente: a principios de este año la Policía del país del sudeste asiático arrestó a una joven por vender ropa interior y cosméticos en Facebook, la acusó de delitos tipificados como “pornografía” y la obligó a grabar un video en la misma red social disculpándose por “deshonrar las tradiciones jemer» y «afectar el honor de las camboyanas».
En este contexto, Bunn señaló que el proyecto de ley “formaliza la actual represión de los derechos civiles y las libertades fundamentales”, aunque resaltó que “tiene un impacto desproporcionado contra las mujeres, ya que se aprovecha de las normas sexistas de género que existen en la sociedad para limitar aún más esas libertades”.
“Las mujeres también somos camboyanas, por lo que también nos corresponde a nosotros determinar colectivamente cómo es la cultura jemer en el siglo XXI. No le corresponde al Gobierno decidir arbitrariamente qué largo de falda está alterando las tradiciones nacionales”, apuntó.
Klahaan firmó una declaración junto a más de 30 ONGs, entre ellas Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), en la que denunciaron la «atroz violación» de derechos que supone el texto que el Gobierno indicó servirá para «desarrollar un Estado civilizado y moderno», de acuerdo con fuentes ministeriales citadas por la cadena Voice of America.
El director adjunto de HRW para Asia, Phil Robertson, aseguró que el proyecto viola incluso el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 31 y 45 de la Constitución y los artículos 2 y 5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) que Camboya ratificó.
Las organizaciones se quejan que el Ministerio del Interior no las convocó, exigen que se dé marcha atrás con el texto y piden que en cambio se aborde “de forma urgente” problemáticas como la violencia de género, la discriminación a las mujeres en la educación y la escasa participación en cargos de poder.
“Todos estos problemas están respaldados y alimentados por actitudes y normas sociales generalizadas que continúan describiendo a las mujeres como débiles y amables, y a los hombres como líderes fuertes y naturales”, afirmó Bunn.

Mucha de esta violencia está alimentada por el Chbab Srey, un código de conducta tradicional que establece las formas en las que las niñas y mujeres camboyanas deben comportarse, con un enfoque especial en su actitud hacia su esposo.
Este código se enseñó en las escuelas del país hasta 2007 y aunque ya no forma parte del plan de estudios formal “sigue siendo muy influyente, desempeñando un papel crucial en la configuración y prescripción de los roles de género, ya que se transmite de madre a hija, particularmente en áreas rurales”, indicó la activista.
Un país teñido de sangre
Se estima que cerca de 1,7 millones de personas murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo
Se estima que cerca de 1,7 millones de personas murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo
Camboya, con una población actual de 16 millones, fue escenario de un genocidio a manos del Jemer Rojo, una organización guerrillera de tendencia maoísta que, tras la Guerra de Vietnam, la salida de Estados Unidos de ese conflicto y el derrocamiento del general Lon Nol (que encabezaba una dictadura militar desde 1970), tomó el poder el 17 de abril de 1975.
Se calcula que cerca de 1,7 millones de personas murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo a causa de trabajos forzados, enfermedad, hambruna y purgas políticas.
Tras varias décadas de guerra civil y Gobiernos de facto, en 1993 se estableció la Constitución que sostiene la monarquía constitucional, aunque el primer ministro actual, Hun Sen, está en el poder desde 1985.
Más allá de la mayor estabilidad política de los últimos años, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció en varias oportunidades, la última el viernes pasado, «un agravamiento de la intolerancia» de las autoridades frente a la disidencia y la represión de libertades fundamentales.
Córdoba
Femicidio de Agostina Vega: el celular de Barrelier reveló su obsesión con la niña
El peritaje de los teléfonos del acusado por el femicidio de Agostina Vega recuperó fotos borradas, chats previos, 377 búsquedas en un sitio pornográfico y una imagen de la adolescente maniatada antes del crimen. Suma una imputación por material de abuso sexual infantil y declarará el martes 29.
Entre las fotos borradas, las conversaciones y las búsquedas que los peritos lograron recuperar de los teléfonos de Claudio Barrelier, hay una imagen que pesa más que cualquier testimonio: Agostina Vega, de 14 años, maniatada y amordazada sobre una cama, en la madrugada posterior a su ingreso a la casa de barrio Cofico donde fue asesinada. La tecnología que el acusado usó para acercarse a una adolescente terminó convertida en la prueba más contundente en su contra.
El hallazgo fue incorporado a la causa principal por el femicidio, que instruyó el fiscal Raúl Garzón, y derivó además en un expediente paralelo: el fiscal Juan Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno de Córdoba, imputó a Barrelier por la tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. El acusado, que permanece detenido en el penal de Cruz del Eje, fue citado a prestar declaración indagatoria por esta nueva acusación el próximo martes 29 de septiembre.
Lo que guardaban los dispositivos
La nueva causa surgió de los análisis digitales sobre el material secuestrado durante la investigación. Los peritos trabajaron sobre alrededor de 40 teléfonos celulares, dos de ellos pertenecientes a Barrelier, y sobre una computadora que su expareja, Marianela Palmero, también imputada en el expediente principal, entregó durante su indagatoria junto con la clave de acceso.
En uno de los celulares, los investigadores recuperaron conversaciones antiguas, fotografías eliminadas de la adolescente tomadas antes del crimen y el historial de búsquedas en Google. Según reconstruyó la Fiscalía, el contacto entre ambos había comenzado semanas antes del femicidio, después de que Barrelier le pidiera el número de teléfono de la chica a su madre, con quien había mantenido una relación de pareja.
El 22 de abril, Agostina publicó en Instagram una foto junto a Barrelier en la que agradecía la confianza que tenían y escribió que lo quería «como a un papá». El acusado hizo una captura de esa publicación y, a partir de entonces, comenzó a enviarle mensajes privados. El vínculo de confianza que la adolescente expresó en público fue, según la reconstrucción judicial, la puerta de entrada del acecho.
La Dirección de Investigación Operativa (DIO) analizó además las búsquedas que Barrelier realizó de manera continuada en un sitio de contenido pornográfico y contabilizó 377 registros entre el 6 y el 20 de mayo de 2026, apenas días antes del crimen. Para la Fiscalía, el imputado tenía una «obsesión por la niña», y los elementos hallados refuerzan la hipótesis de Garzón sobre una planificación previa del ataque.
Una denuncia que ya advertía el peligro
La situación procesal de Barrelier también se complicó por un hecho de mayo de 2025, un año antes del femicidio: una joven de 20 años denunció que había sido atacada en la misma vivienda de barrio Cofico y que logró escapar para pedir ayuda. A partir de nuevas medidas de prueba, Garzón agravó la imputación por ese episodio, que pasó a ser privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.
Que la misma casa donde Agostina fue asesinada ya figurara en una denuncia por un ataque sexual obliga a preguntarse qué hizo el sistema con esa advertencia. La pregunta no es retórica: cada femicidio con antecedentes denunciados expone las fallas de un Estado que llega tarde, cuando la violencia machista ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una muerte.
Seis acusados rumbo al juicio
En paralelo, la causa principal ya fue elevada a juicio el pasado 10 de septiembre contra seis imputados. Según la instrucción, el 23 de mayo Barrelier aprovechó la confianza generada por haber sido pareja de la madre de la víctima para trasladarla a su domicilio de Cofico. El cuerpo de Agostina fue hallado después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.
Barrelier deberá responder por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género. Los otros cinco acusados, entre ellos Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, llegarán al debate oral imputados por encubrimiento. El expediente ya no describe solo a un femicida, sino a una red de personas que, según la acusación, ayudaron a ocultar el crimen.
La nueva imputación por tenencia de material de abuso sexual infantil no modifica por ahora la situación procesal de Barrelier en la causa por el femicidio, pero suma pruebas sobre las conductas que el acusado desplegó antes del asesinato y que la Fiscalía considera clave para reconstruir cómo una adolescente de 14 años terminó en manos de quien ella misma consideraba «como un papá».
Las claves del femicidio:
- El peritaje de los celulares de Claudio Barrelier recuperó una foto de Agostina Vega maniatada y amordazada sobre una cama antes del crimen.
- También se hallaron fotos eliminadas, conversaciones previas y 377 registros de búsquedas en un sitio pornográfico entre el 6 y el 20 de mayo de 2026.
- El fiscal Juan Ávila Echenique lo imputó por tenencia de material de abuso sexual infantil y lo citó a indagatoria el martes 29 de septiembre.
- Garzón agravó la imputación por un ataque denunciado en mayo de 2025 por una joven de 20 años en la misma casa de barrio Cofico.
- La causa por el femicidio fue elevada a juicio el 10 de septiembre con seis acusados: Barrelier y cinco imputados por encubrimiento.
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