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Femicidio

Rechazo a una Ley en Camboya que criminaliza a las mujeres por su vestimenta

«No le corresponde al Gobierno decidir arbitrariamente qué largo de falda está alterando las tradiciones nacionales”, aseguró la activista Klahaan.

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La llamada Ley de Orden Público es un paquete de medidas que prohíbe la venta callejera y pedir limosna, y que en su artículo 36 especifica que las mujeres tienen prohibido usar ropa que sea «demasiado corta» o «reveladora».

La ONU denunció «un agravamiento de la intolerancia» de las autoridades frente a la disidencia y la represión de libertades fundamentales.

El Gobierno de Camboya impulsa un proyecto de ley que, con el argumento de conservar las tradiciones, criminaliza a las mujeres que lleven ropa «demasiado corta o reveladora», lo que “viola la libertad de expresión y formaliza la actual represión de los derechos civiles”, indicó Rachana Bunn, directora ejecutiva de Klahaan, una de las 36 ONG que denunciaron la iniciativa.

La llamada Ley de Orden Público es un paquete de medidas que prohíbe la venta callejera y pedir limosna, entre otras cuestiones, en nombre de “mantener el valor estético, la tranquilidad, la estabilidad social, la preservación de la tradición nacional y la dignidad de los ciudadanos”, según reza la iniciativa en sus primeros párrafos.

El artículo 36 especifica que las mujeres tienen prohibido usar ropa que sea «demasiado corta» o «reveladora», situación que “viola la libertad de expresión y socava nuestra autonomía personal”, explicó a esta agencia la activista de la organización feminista Klahaan, palabra que significa «valiente» en idioma jemer o camboyano.

“Ese artículo figura en una sección de la ley que se titula `Protección de la dignidad de la Nación`, por lo que se puede ver que está usando algunas ideas patriarcales de la mujer camboyana como idealmente casta y modesta para defender lo que el Gobierno cree son las tradiciones del país”, añadió.

La normativa, en realidad, profundiza una situación ya existente: a principios de este año la Policía del país del sudeste asiático arrestó a una joven por vender ropa interior y cosméticos en Facebook, la acusó de delitos tipificados como “pornografía” y la obligó a grabar un video en la misma red social disculpándose por “deshonrar las tradiciones jemer» y «afectar el honor de las camboyanas».

En este contexto, Bunn señaló que el proyecto de ley “formaliza la actual represión de los derechos civiles y las libertades fundamentales”, aunque resaltó que “tiene un impacto desproporcionado contra las mujeres, ya que se aprovecha de las normas sexistas de género que existen en la sociedad para limitar aún más esas libertades”.

“Las mujeres también somos camboyanas, por lo que también nos corresponde a nosotros determinar colectivamente cómo es la cultura jemer en el siglo XXI. No le corresponde al Gobierno decidir arbitrariamente qué largo de falda está alterando las tradiciones nacionales”, apuntó.

Klahaan firmó una declaración junto a más de 30 ONGs, entre ellas Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), en la que denunciaron la «atroz violación» de derechos que supone el texto que el Gobierno indicó servirá para «desarrollar un Estado civilizado y moderno», de acuerdo con fuentes ministeriales citadas por la cadena Voice of America.

El director adjunto de HRW para Asia, Phil Robertson, aseguró que el proyecto viola incluso el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 31 y 45 de la Constitución y los artículos 2 y 5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) que Camboya ratificó.

Las organizaciones se quejan que el Ministerio del Interior no las convocó, exigen que se dé marcha atrás con el texto y piden que en cambio se aborde “de forma urgente” problemáticas como la violencia de género, la discriminación a las mujeres en la educación y la escasa participación en cargos de poder.

“Todos estos problemas están respaldados y alimentados por actitudes y normas sociales generalizadas que continúan describiendo a las mujeres como débiles y amables, y a los hombres como líderes fuertes y naturales”, afirmó Bunn.

Mucha de esta violencia está alimentada por el Chbab Srey, un código de conducta tradicional que establece las formas en las que las niñas y mujeres camboyanas deben comportarse, con un enfoque especial en su actitud hacia su esposo.

Este código se enseñó en las escuelas del país hasta 2007 y aunque ya no forma parte del plan de estudios formal “sigue siendo muy influyente, desempeñando un papel crucial en la configuración y prescripción de los roles de género, ya que se transmite de madre a hija, particularmente en áreas rurales”, indicó la activista.

Un país teñido de sangre

Se estima que cerca de 1,7 millones de personas murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo
Se estima que cerca de 1,7 millones de personas murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo

Camboya, con una población actual de 16 millones, fue escenario de un genocidio a manos del Jemer Rojo, una organización guerrillera de tendencia maoísta que, tras la Guerra de Vietnam, la salida de Estados Unidos de ese conflicto y el derrocamiento del general Lon Nol (que encabezaba una dictadura militar desde 1970), tomó el poder el 17 de abril de 1975.

Se calcula que cerca de 1,7 millones de personas murieron entre 1975 y 1979 durante el régimen del Jemer Rojo a causa de trabajos forzados, enfermedad, hambruna y purgas políticas.

Tras varias décadas de guerra civil y Gobiernos de facto, en 1993 se estableció la Constitución que sostiene la monarquía constitucional, aunque el primer ministro actual, Hun Sen, está en el poder desde 1985.

Más allá de la mayor estabilidad política de los últimos años, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció en varias oportunidades, la última el viernes pasado, «un agravamiento de la intolerancia» de las autoridades frente a la disidencia y la represión de libertades fundamentales.

Femicidio

Fueron 169 las víctimas de femicidio en 8 meses: el mapa de la violencia de género que Milei niega

El Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano registró 144 femicidios y femicidios vinculados, 8 transfemicidios y 17 crímenes vinculados de varones entre enero y agosto de 2026. Otros 203 hijos e hijas quedaron sin madre, el 57% son menores de edad. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema constató un incremento del 8% en las denuncias durante la última feria judicial de invierno.

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El horror tiene número y el número sigue creciendo. Entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, 169 personas fueron asesinadas en la Argentina como consecuencia directa de la violencia de género, según el informe publicado por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», dirigido por La Casa del Encuentro. La cifra desagregada revela la magnitud del problema: 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños, todos ellos asesinados en el marco de la violencia patriarcal.

Detrás de cada número hay una historia de violencia previa, de denuncias ignoradas, de medidas cautelares incumplidas y de un sistema que llega tarde o no llega. El 53% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 67% de los crímenes ocurrió dentro de la propia vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. La violencia de género no viene de afuera: habita en el lugar donde debería reinar la seguridad.

203 hijos e hijas sin madre

El impacto generacional de estos crímenes es devastador. 203 hijas e hijos quedaron sin madre como consecuencia directa de los femicidios relevados en estos ocho meses, y el 57% de ellos son menores de edad. Niños y niñas que crecerán con la ausencia como marca permanente, con la herida de haber perdido a su madre a manos de un hombre, en muchos casos el mismo que debía proteger a la familia.

En términos geográficos, la distribución no es pareja pero el problema es de alcance nacional. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba. No existe una región del país que pueda declararse ajena a esta crisis.

349 tentativas: la violencia que no mató pero pudo hacerlo

El informe incorpora también un dato que suele quedar fuera del debate público: 349 tentativas de femicidio en seguimiento. Son mujeres que sobrevivieron, pero que siguen en riesgo. Entre los casos relevados, un 16% de las mujeres agredidas contaba con denuncias previas al crimen, lo que pone en evidencia una falla estructural del sistema judicial y de las políticas de protección: las denuncias existieron, el peligro estaba documentado, y aun así la violencia llegó a consumarse.

Esta brecha entre la denuncia y la protección efectiva es uno de los nudos más críticos del problema. No alcanza con que las mujeres denuncien si el Estado no garantiza que esa denuncia se traduzca en una medida real de resguardo de su vida.

La feria judicial y el termómetro de la OVD

En paralelo, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aportó su propio registro sobre el período de la última feria judicial de invierno. La OVD asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron violencia doméstica, lo que representó un incremento del 8% respecto al mismo período del año anterior. Se realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que en el período previo.

Los datos de tipología de violencia son reveladores: predominó la violencia psicológica (97%), seguida por la simbólica (58%) y la física (38%). El equipo médico evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos; de ese grupo, el 74% presentaba antecedentes por episodios anteriores. La violencia que termina en femicidio rara vez surge de la nada: tiene historia, tiene señales y, en demasiados casos, tiene expedientes judiciales previos.

El 49% de las víctimas asistidas tenía entre 18 y 59 años, y el 44% de los vínculos correspondió a parejas o exparejas, en línea con los datos del Observatorio Adriana Zambrano sobre el universo de femicidios consumados.

Una crisis que el ajuste profundiza

Las cifras de 2026 se producen en un contexto de desfinanciamiento sostenido de las políticas de género y de protección a las víctimas de violencia. Los recortes presupuestarios ejecutados por la gestión de Javier Milei afectaron de manera directa a los programas de asistencia, a los hogares de tránsito y a los dispositivos territoriales que funcionaban como primera línea de contención para mujeres en situación de riesgo. Un Estado que achica su presencia en los barrios, en los centros de salud y en la justicia de proximidad es un Estado que deja a las mujeres más vulnerables frente a sus agresores.

La violencia de género no es un fenómeno privado ni individual. Es una emergencia pública que requiere respuesta institucional sostenida, financiamiento real y voluntad política. Los números del Observatorio Adriana Zambrano y de la OVD lo confirman una vez más: mientras se debate en abstracto, las mujeres y las disidencias siguen muriendo.

Los números de la violencia de género

  • 169 personas asesinadas por violencia de género entre enero y agosto de 2026, según el Observatorio Adriana Zambrano (La Casa del Encuentro).
  • 203 hijos e hijas quedaron sin madre; el 57% son menores de edad.
  • El 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.
  • 349 tentativas de femicidio en seguimiento; un 16% de las víctimas tenía denuncias previas.
  • La OVD registró un aumento del 8% en las denuncias por violencia doméstica durante la feria judicial de invierno.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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