En un nuevo intento por superar la profunda crisis institucional, la iniciativa obliga al gobierno de facto boliviano a no volver a postergar los sufragios, como ya lo hizo dos oportunidades. La medida cuenta con el apoyo del depuesto ex presidente, Evo Morales, aunque la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), que viene realizando fuertes bloqueos de ruta, rechazó la última postergación e insiste que se realicen los comicios en tiempo y forma.

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este jueves la Ley de Elecciones que determina la fecha definitiva (luego de dos postergaciones) de los comicios presidenciales para el 18 de octubre, casi un año después de que quedaran sin efecto los resultados de la votación de 2019, que desembocaron en un golpe de Estado y a una crisis institucional aún no resuelta.

La nueva ley cuenta con el apoyo del depuesto ex presidente, Evo Morales, pero no con el de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que viene realizando bloqueos de ruta en rechazo a la última postergación de los comicios, previstos para el 6 de septiembre, ya que considera una maniobra poner como excusa la pandemia del coronavirus para sus suspensión.

«La Asamblea Legislativa sancionó la Ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable».

“Promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre como fecha de la elección”, dijo Áñez en su discurso de promulgación del instrumento legal que fue trabajado durante una semana por representantes de diferentes organizaciones.

La norma fue sancionada esta mañana, por unanimidad de los parlamentarios que asistieron a la sesión de la Asamblea, y por más de dos tercios de los legisladores que asistieron de forma virtual en la cita.

Desde la Argentina, Morales manifestó en Twitter su apoyo explícito a la ley al asegurar que «la Asamblea Legislativa sancionó la Ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre».

Sin embargo, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció esta tarde que el ente matriz así como el Pacto de Unidad, rechazan la ley electoral. «Hoy hemos sufrido una traición, esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta», manifestó en conferencia de prensa.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, indicó que «las eleccionesestán garantizadas, y si esa era la demanda para la cual bloquearon caminos, entonces ya no hay justificativo para sostener esta medida».

Núñez se refirió así a la ola de protestas con cortes de ruta, convocadas por la COB y sectores afines al MAS que desde hace diez días se manifiestan en contra del retraso de las elecciones presidenciales, pospuestas ya dos veces, informó el diario local Página Siete.

La respuesta del gobierno de facto llegó el lunes de la boca del ministro de la Presidencia (equivalente al del Interior en la Argentina), quien aseguró a la cadena estadounidense CNN que «lo políticamente correcto sería meter bala». En ese contexto, Morales pidió no caer en provocaciones y exigió la convocatoria de comicios «con fecha definitiva e inamovible».

«Es un tema político, son grupos minoritarios que no les interesa la salud, la economía y lo único que les interesa es generar caos».

El lunes las demandas aumentaron y comenzaron a pedir la dimisión de Áñez, en principio los sectores exigían que las elecciones fueran el 6 de septiembre, como estaba previsto, y no el 18 de octubre, como lo determinó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para unos comicios aplazados por primera vez el 3 de mayo.

«Es un tema político, son grupos minoritarios que no les interesa la salud, la economía y lo único que les interesa es generar caos», fue la explicación de Núñez en defensa del Ejecutivo de facto. No obstante, la demanda de la COB y del llamado Pacto de Unidad conformado por organizaciones indígenas y campesinas afines al MAS, dio un giro y se mostró inflexible.

«Que las elecciones se lleven el 11 de octubre», dijo el secretario general Huarachi en una conferencia de prensa en la que precisó que se formalizó ese pedido al Parlamento y al organismo electoral.

Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del Tribunal Supremo un eventual diálogo con la COB para la resolución de los conflictos.

El pedido descarta la demanda inicial por la que se volcaron a las calles miles de manifestantes y choca con lo manifestado por el presidente del TSE, Salvador Romero, en sentido de que el 18 de octubre es la fecha definitiva de las elecciones.

Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del Tribunal Supremo un eventual diálogo con la COB para la resolución de los conflictos. En tanto, la jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez, le solicitó al TSE buscar un acuerdo con los sectores movilizados para la resolución de la crisis.

«Ya hemos cumplido con lo que nos corresponde», afirmó Yañíquez y, dirigiéndose a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, les pidió que «no se enfrenten al pueblo boliviano, son sus hermanos».

De concretarse en la fecha prevista por la ley, las elecciones se celebrarán un año después de las que se hicieron en 2019 que según el gobierno de entonces arrojaron un resultado que aseguraba la reelección de Morales, pero que fue puesto en duda por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la oposición por denuncias de fraude.

Y aunque las sospechas de fraude nunca se confirmaron, es más, fueron refutadas, las elecciones quedaron invalidadas y la fórmula ganadora de Evo Morales y Álvaro García Linera no fue reconocida, amarrándose aun más a la presidencia la autoproclamada Jeanine Áñez, quien siguió siendo la cara visible de un Ejecutivo, luego de una fuerte persecución a toda la línea sucesoria y los líderes del por aquel entonces el oficialismo. Duro período que se cerraría si el país logra llegar en tiempo y forma a las elecciones fijadas por ley, para que el voto popular elija su gobierno de manera democrática.