El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio esta semana terminó de poner la violencia en el centro del debate y atravesó la campaña electoral en Ecuador, donde el domingo 20 se elegirá al sucesor de Guillermo Lasso.

Si la seguridad era un tema que había sobrevolado toda la actividad proselitista, la muerte de Villavicencio dejó un mensaje todavía más contundente a la dirigencia: la necesidad de un plan integral para el área, que sume aportes de todos los sectores y que atienda la multiplicidad de causas.

«La primera consecuencia del crimen de Villavicencio es asumir que la narcopolítica entró de lleno en el país y se manifiesta con estos hechos inéditos de violencia. Es la primera vez que un candidato presidencial muere de esta forma en el país y hay pocos casos en otros países. Están las muertes de (Jorge Eliécer) Gaitán en Colombia (en 1948) y de (Luis) Colosio en México (en 1994). Pero no hay muchos más», expresó Arturo Torres, investigador en temas de seguridad y editor del sitio Código Vidrio, en declaraciones a Télam.

Torres subrayó que los ecuatorianos están «desconcertados» y advirtió que «la sociedad está en un estado de zozobra sin saber qué motivaciones hay, cuáles intereses están en juego» en hechos violentos como este.

Una especie de acuerdo en ese sentido fue lo que intentaron el viernes cuatro de los ocho aspirantes al Palacio de Carondelet: Yaku Pérez -impulsor de la iniciativa-, Otto Sonnenholzner, Xavier Hervas y Bolívar Armijos, quienes se reunieron en un hotel de Quito y acordaron consensuar un pliego de medidas en materia de seguridad.

Se da también en un contexto de gran violencia, con masacres en las cárceles, choques entre bandas criminales y ciudades virtualmente copadas por el narcotráfico, que fueron en paralelo a una serie de ataques a candidatos y asambleístas.

Las elecciones regionales de febrero -que coincidieron con una consulta con ocho preguntas sobre seguridad que impulsó el Ejecutivo- fueron la presentación de la violencia como nuevo actor.

El diciembre de 2022, Javier Pincay, aspirante a la alcaldía de Portoviejo, recibió ocho tiros. El ataque no le impidió el triunfo en las urnas pero fue el aviso de una carrera que suele repetir esquemas: palabras de solidaridad, promesas de investigación, compromiso de las autoridades y poco más.

Peor suerte tuvieron los candidatos Julio Farachio (Salinas), Omar Menéndez (Puerto López) y Rider Sánchez (Esmeraldas), y el alcalde de Manta, Agustín Intriago, todos asesinados por sicarios.

No pudieron, en cambio, matar a Luis Chonillo, baleado cuando apenas había asumido como jefe comunal de Durán, ni con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, Connie Jiménez, que salvó su vida de un ataque poco después de llegar a su casa.

Consultado por el sitio Primicias, el analista en seguridad Luis Córdova juzgó que el asesinato político «tiene por naturaleza promover y prevenir políticas específicas, valores, percepciones ciudadanas» y puso la mirada en la experiencia en Latinoamérica, que muestra que después de la declaración de la guerra contra las drogas y la militarización de la seguridad «comienzan a catapultarse los crímenes políticos».

«Estos asesinatos son un eslabón más de la espiral de violencia criminal que hemos visto en otros espacios de América Latina», remarcó Córdova.

El asesinato de Villavicencio el miércoles último logró parte de sus objetivos: obligó a suspender las campañas. Pero el Gobierno de Lasso se propuso mantener la fecha de elecciones también como gesto de solidez.

Apenas lanzada la actividad proselitista, el Ministerio de Interior y el Consejo Nacional Electoral (CNE) habían ofrecido un esquema de seguridad especial a cada aspirante presidencial. Villavicencio no la había aceptado.

Los días que restan hasta la apertura de urnas son una verdadera incógnita. Decretado el estado de excepción en todo el territorio, Lasso modificó apenas horas después el decreto para dejar sin efecto la limitación del derecho a la libertad de reunión, que algunos dirigentes consideraron una traba para las campañas, aunque nadie puede pronosticar que el cimbronazo por el crimen de Villavicencio permita actos masivos.

«Es importante entender que la dinámica que cobra esta campaña es una en la que los candidatos, a una semana de este periodo, no van a moverse mucho. Están tomando muchas precauciones. Solo Luisa González (la candidata de Revolución Ciudadana) se mantiene activa», repasó Torres.

El analista reparó en dos datos a la hora de evaluar las propuestas de los postulantes en el área: «Por un lado, todos tienen planes sobre seguridad pero la mayoría sin profundidad, ni sentido de cómo lo harán, ni datos sobre el origen de los recursos. Eso no alcanza para hacer un trazado transversal de una política que apunte a ir desactivando los principales focos de este conflicto desatado por un sinnúmero de factores».

Y, por el otro, Torres instó a pensar que «estas son elecciones relámpagos», llamadas con plazos muy cortos por la decisión del presidente Lasso de decretar la «muerte cruzada», que implicó la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a quien complete su mandato, hasta mayo de 2025.

«Y eso aceleró todo. La mayoría de los candidatos, de hecho, no estaban preparados y debieron improvisar también en sus planes de gobierno», apuntó el editor de Código Vidrio.

Las estadísticas de 2022 muestran en el país 25 muertes por cada 100.000 habitantes pero 2023 podría terminar peor, porque solo en el primer semestre se cometieron 74,7% más homicidios que en los primeros seis meses del año pasado.

Sobre si alguna fuerza puede capitalizar lo sucedido, Torres especuló con que puede sumar «la que sepa cómo actuar en territorio, moverse con una seguridad preparada para el momento, que tenga chances de logística, el expertise y el aparataje».

«Y solo Revolución Ciudadana cuenta con esa ventaja», completó, sobre el movimiento del expresidente Rafael Correa.

Mientras, los medios repiten los nombres de las bandas que se disputan las ciudades e, incluso, los pabellones de las cárceles: Los Lobos, Los Choneros, Los Lagartos y Los Tiguerones aparecen como las principales, pero se calcula que son alrededor de 20, mayormente ligadas a cárteles extranjeros. En abril, el Gobierno las declaró organizaciones «terroristas».

Los comicios de la próxima semana ya guardaban algunas particularidades: es la primera vez que se usa la «muerte cruzada», quien gane solo gobernará 18 meses y no se presentan ni el oficialismo ni la tercera ni la cuarta fuerza de las elecciones de 2021.