Judiciales ⚖️
Causa ANDIS: la corrupción libertaria ya tiene 29 imputados y bienes inhibidos
La Fiscalía detectó un segundo entramado de corrupción que habría desviado más de $75.478 millones del erario público. El Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad, fue utilizado como plataforma del esquema de pagos ilegales.
Causa ANDIS: Lijo llamó a indagatoria a 29 imputados, incluido Spagnuolo
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo, confirmó este miércoles el llamado a indagatoria de 29 personas investigadas en la causa por presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en línea con lo solicitado por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Entre los convocados figura el exdirector ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, ya procesado en un tramo anterior de la misma causa.
Las indagatorias comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y se extenderán hasta el 26 de mayo.
Un segundo entramado dentro de la ANDIS
Lo que la Fiscalía describe no es un hecho aislado sino un segundo entramado detectado dentro del mismo organismo, que se suma al ya investigado en la primera etapa de la causa. Según el dictamen del fiscal Picardi, las maniobras se extendieron desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, período en el que funcionarios de la ANDIS habrían direccionado de manera deliberada múltiples compras de insumos médicos de alto costo denominados PACBI (prótesis para amputaciones, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas, materiales para cirugías complejas), favoreciendo a proveedores vinculados al entramado a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.
«La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público», sostuvo el juez Lijo en su resolución, en línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal.
Las erogaciones documentadas superan los $75.478 millones provenientes del erario estatal, según determinó la investigación del fiscal Picardi.
Un sistema cartelizado que usó el Programa Incluir Salud como plataforma
La investigación determinó que el Programa Incluir Salud, dependiente de la ANDIS y destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas sin cobertura médica específica, fue utilizado como plataforma para implementar un sistema de pagos ilegales permanentes en favor de proveedores afines. Más de 20 empresarios con más de 30 firmas habrían formado parte de este entramado, conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, y desde el sector privado por Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de laboratorios y droguerías, y Pablo Atchabahian.
Los fiscales determinaron que los imputados dieron a personas de las firmas proveedoras las claves de acceso al sistema SIIPFIS para que ingresaran directamente y administraran las prestaciones de manera discrecional, convirtiendo a la ANDIS en lo que la propia acusación definió como una «ventanilla administrada discrecionalmente» al servicio de intereses privados.
La lista de imputados y la inhibición general de bienes
Además de la ampliación de declaraciones de cinco personas ya procesadas, incluidos Spagnuolo, Garbellini y Calvete, la nueva nómina incorpora a Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta, entre otros.
Como medida cautelar, el juez Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre todas las personas y empresas involucradas. «Las hipótesis delictivas investigadas asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos, y por ende susceptibles de ser recuperados por el Estado», fundamentó el magistrado.
La causa que estalló con audios y no para de crecer
La investigación se originó en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos al propio Spagnuolo, en los que una voz lo identificaba describiendo el esquema de recaudación ilegal y mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a «Lule» Menem como parte del entorno político que habría operado sobre el organismo. La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, sostuvo desde el inicio que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial y solicitó la nulidad de la causa; planteo que fue rechazado.
En noviembre de 2025, Spagnuolo fue citado por primera vez a indagatoria. En febrero de 2026, el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, lo procesó junto a otros 18 acusados y trabó un embargo de más de $202.000 millones sobre sus bienes.
La Fiscalía cuenta hoy con el apoyo de la PIA, la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico), la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la SIFRAI (Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos), dado que la investigación también explora posibles maniobras de lavado de activos derivadas del circuito financiero identificado.
Lo que comenzó como una filtración de audios se convirtió, en menos de un año, en la investigación por corrupción más extensa que involucra a funcionarios del gobierno de Javier Milei.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a 29 personas en la causa ANDIS, entre ellas el exdirector Diego Spagnuolo, ya procesado.
- Las declaraciones se realizarán entre el 28 de abril y el 26 de mayo de 2026.
- La Fiscalía detectó un segundo entramado de corrupción que habría desviado más de $75.478 millones del erario público.
- El Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad, fue utilizado como plataforma del esquema de pagos ilegales.
- El juez ordenó la inhibición general de bienes sobre todos los implicados para evitar el desprendimiento de activos.
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Narcoaviones y política: avanza la investigación en EEUU que vincula a Machado con Espert
Registros certificados de la FAA, pruebas de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations reconstruyen un circuito financiero de más de 75 millones de dólares y ubican al empresario argentino Federico Machado como operador clave de una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional. Una transferencia de 200.000 dólares referenciada a nombre de José Luis Espert aparece en las planillas del expediente federal.
Narcoaviones y política: los documentos que vinculan a «Fred» Machado con Espert
★ Una investigación federal de los Estados Unidos sobre el uso de fideicomisos aeronáuticos para el narcotráfico internacional expuso una densa trama de conexiones con la Argentina. El expediente, tramitado en el Eastern District of Texas bajo el nombre U.S. v. Mercer-Erwin, vincula de forma directa al empresario Federico «Fred» Machado con una flota de aviones de matrícula norteamericana incautados en Centroamérica con toneladas de cocaína, según documentos oficiales.
Los registros incluyen certificaciones de la Federal Aviation Administration (FAA), informes de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. La causa ya produjo una condena de 16 años de prisión para Debra Lynn Mercer-Erwin, mientras que su hija Kayleigh Moffett y Carlos Rocha Villaurrutia se declararon culpables en abril de 2023.
La mecánica del fraude: fideicomisos y matrículas para encubrir
Para entender la maniobra central del expediente, es necesario comprender el sistema registral que la hizo posible. Aircraft Guaranty Corporation (AGC), firma administrada por Mercer-Erwin y Moffett, operaba mediante trusts aeronáuticos: la empresa estadounidense figuraba ante la FAA como titular formal de los aviones, mientras el beneficiario real quedaba oculto detrás de esa pantalla. Los documentos clave en ese esquema eran los bills of sale (formularios de compraventa) y las deregistrations (pedidos de baja de matrícula).
Lo que el expediente revela como el núcleo del delito no es solo que los aviones cayeran con cocaína, sino que, después de los decomisos, alguien continuaba moviendo papeles para transferirlos, darlos de baja o modificar la titularidad ante la FAA, maniobra que HSI calificó como una combinación de fraude electrónico, lavado de dinero, exportaciones omitidas y registros falsificados.
El avión con 2.310 kilos en Belice y los formularios posteriores al decomiso
Uno de los casos más documentados del expediente corresponde al N311BD, un Gulfstream G-1159 registrado en diciembre de 2019 bajo AGC como fiduciaria. La solicitud fue firmada por Moffett. El 27 de febrero de 2020, esa aeronave fue incautada en Belice con 2.310 kilos de cocaína. Las fotografías incorporadas al expediente muestran paquetes con sellos Apple, Quaker, Nike y Eiffel Tower; el sello Apple, según HSI, aparece asociado en otros decomisos al Cártel de Sinaloa.
La conducta posterior al decomiso fue la que agravó la situación procesal. El 3 de marzo de 2020, un correo advertía a Mercer que otro avión había sido atrapado transportando drogas bajo el nombre de Aircraft Guaranty. El 14 de abril de ese mismo año, un mensaje dirigido a Moffett preguntaba: «El avión fue atrapado con drogas. ¿Cómo procedemos?». Ese mismo día, Moffett presentó ante la FAA un bill of sale para transferir el N311BD a nombre de Heriberto Calderón Gastélum, identificado por HSI como ciudadano mexicano con domicilio declarado en Sinaloa y antecedentes federales por narcotráfico, pese a que la aeronave ya estaba bajo custodia gubernamental en Belice.
Cocaína con sello Ferragamo y el chat que compromete a Machado
El caso del N305AG, un British Aerospace BAE 125-800A, suma otro episodio de valor probatorio. Según HSI, fue incautado en Guatemala el 27 de enero de 2020 con aproximadamente 1.700 kilos de cocaína y llevaba una matrícula falsa. Las fotos del expediente muestran paquetes de cocaína con sello de la marca de lujo italiana Ferragamo, además de armas.
En ese contexto, un intercambio incorporado a la causa muestra a Machado enviando a Mercer un video con el texto: «Tu avión fue rescatado de la pista de aterrizaje en Guatemala». Cuatro días después del decomiso, Moffett firmó un Aircraft Bill of Sale transfiriendo el N305AG a Arrendadora THH S.A. de C.V., pese a que el avión continuaba bajo custodia del Gobierno de Guatemala.
US$ 75 millones, nueve aeronaves y la huella financiera
El análisis financiero incorporado al expediente es igualmente contundente. Desde cuentas escrow administradas por Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), firma vinculada a Mercer-Erwin y Moffett, salieron entre 2016 y 2020 un total de US$ 75.660.400,62 hacia entidades identificadas por los investigadores como vinculadas a Federico Machado, entre ellas South Aviation, MDP Trading / Minas del Pueblo y Aircraft Finance Aircorp. El expediente establece, de forma textual, que «WBAT no mantenía todos los fondos depositados en escrow».
Contratos incorporados a la causa muestran a Machado como presidente de South Aviation en operaciones por aeronaves de alto valor, incluyendo un Gulfstream G650 de US$ 50 millones y un Boeing 777 de US$ 24 millones. La causa identifica al menos nueve aeronaves por matrícula o número de serie dentro de ese circuito.
La conexión Espert y el contrato de un millón de dólares
La dimensión política del expediente se hace explícita en las planillas de transferencias. En ese registro figura una operación de US$ 200.000 con referencia a José Luis Espert, actual diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza. El dato adquiere relevancia adicional porque Machado fue señalado en Argentina como financista de Espert, y porque cuando el empresario fue detenido en Viedma, las autoridades encontraron un contrato de US$ 1 millón vinculado al economista.
Easy Flight y la pista Ranucci: otras conexiones argentinas
El expediente abre además un ramal adicional hacia la Argentina a través de Easy Flight Inc., empresa registrada en Florida que figura en la causa a propósito del N100QR, un Canadair Challenger 600 destruido en Venezuela en septiembre de 2020 en un episodio asociado a vuelos ilegales del narcotráfico. En esa presentación aparece M. Mariano Aníbal Garbini, con domicilio declarado en Buenos Aires, como vinculado a Easy Flight Inc., junto a un «Gustavo Ranucci» como vicepresidente de la sociedad.
Los registros corporativos de Florida no permiten confirmar con certeza si ese Gustavo Ranucci es el efectivamente el empresario argentino Gustavo Carlos Ranucci, públicamente vinculado a Marcelo Tinelli y San Lorenzo, aunque registros societarios vincular a sociedades de ese nombre con una dirección en el One Bal Harbour de Miami.
La alerta previa que Mercer ignoró
Un correo de marzo de 2019 incorporado al expediente muestra que los riesgos eran conocidos al menos por algunos actores del circuito. Guillermo García, vinculado a GM Aviation, alertó a Mercer sobre un avión accidentado en Yucatán con 1.200 kilos de cocaína cuya matrícula figuraba registrada bajo Aircraft Guaranty Corp. Su propuesta fue aplicar filtros para reducir el uso de los trusts en maniobras narco, revisando pasaportes e identidades de los beneficiarios reales. Su conclusión fue directa: «reduciría drásticamente el uso del trust para estas actividades de drogas». La alerta no fue atendida.
El acuerdo de culpabilidad y lo que no borra
Según documentos judiciales presentados en Texas, Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude, mientras la fiscalía dejaría caer la imputación por narcotráfico en el marco del acuerdo, sujeto a la homologación del tribunal. En una entrevista realizada a finales de 2025, Machado negó ser narco, pero reconoció: «Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty», una frase que ahora dialoga directamente con la prueba documental reunida en el expediente federal.
Ese acuerdo no borra la dimensión narco de la causa: los aviones fueron incautados con cocaína, los formularios se presentaron después de los decomisos, y la condena de 16 años de prisión contra Debra Mercer-Erwin permanece firme.
Puntos clave
- Un expediente federal de EE.UU. vincula al empresario argentino Federico «Fred» Machado con una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional.
- Aviones registrados bajo esa estructura fueron incautados en Belice y Guatemala con 2.310 y 1.700 kilos de cocaína respectivamente; en ambos casos se presentó documentación ante la FAA después de los decomisos.
- El circuito financiero bajo sospecha movilizó más de US$ 75 millones hacia entidades vinculadas a Machado entre 2016 y 2020.
- En las planillas del expediente figura una transferencia de US$ 200.000 referenciada a nombre de José Luis Espert, diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza.
- Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude en el marco de un acuerdo con la fiscalía federal de Texas.
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