Legislativo
Más de 4,8 millones de familias en mora: Diputados debate la ley que el Gobierno no quiere
La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara baja reunió a especialistas y legisladores opositores para discutir 18 proyectos de desendeudamiento familiar. La morosidad bancaria llegó al 11,2%, la más alta en dos décadas, y en billeteras virtuales roza el 30%.
Más de 4,8 millones de deudores: Diputados debate una ley de alivio que Milei no quiere
★ La Cámara de Diputados abordó este miércoles el creciente fenómeno del sobreendeudamiento familiar en la Argentina, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria). El dato que enmarcó el debate fue contundente: 4.818.440 personas acumulan deudas impagas por más de tres meses, un incremento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998, según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato no es solo una estadística: es el retrato de una crisis financiera doméstica que el gobierno de Javier Milei generó y prefiere no discutir.
El crédito como mecanismo de supervivencia
El diputado Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, abrió el debate con una caracterización que el oficialismo evita enunciar: en la Argentina de ingresos bajos e inflación persistente, el crédito dejó de ser una herramienta de inversión para convertirse en un mecanismo de supervivencia. «Las familias argentinas se endeudan para alimentarse, pagar tarifas o comprar medicamentos», afirmó el legislador. Y apuntó directamente a la desregulación del sector financiero no bancario: «los intereses y los punitorios de las fintech y las financieras de cercanía no tienen ningún tipo de regulación».
El resultado es una bola de nieve en expansión. Según datos del BCRA relevados por la consultora 1816, la morosidad de las familias en el sistema bancario trepó al 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto desde 2004 y el decimosexto mes consecutivo de suba. En octubre de 2024 la irregularidad era del 2,5%; en poco más de un año, se cuadruplicó. Pero el panorama se agrava cuando se observa el segmento de las billeteras virtuales y las entidades no bancarias, donde la mora de los hogares alcanzó el 29,9% ese mismo mes; es decir, tres de cada diez personas con créditos en esas plataformas no pudieron devolver el dinero.
Tasas usureras y cobros coercitivos
La socióloga, investigadora y docente universitaria Luci Cavallero aportó cifras que dimensionan la magnitud del problema. Según datos del Banco Central, el endeudamiento total de los hogares argentinos supera los 39 billones de pesos, de los cuales 32,1 billones corresponden a deuda bancaria y 6,9 billones a deuda no bancaria. Esta situación afecta a seis de cada diez hogares, con un nivel de morosidad que trepó al 10,6%, el más alto en 16 años.
«Una de cada cuatro personas tiene mora» en los créditos otorgados por billeteras digitales, precisó Cavallero, y subrayó que esa deuda no es circunstancial: se contrae para poder subsistir, para cubrir gastos básicos. «Estamos en un modelo macroeconómico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza», advirtió la investigadora. Y añadió una dimensión que suele quedar fuera del análisis economicista: «el endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente».
La especialista también señaló un costado político del problema que el discurso libertario omite deliberadamente: «La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía».
Mora automática, cobranzas intimidatorias y fintechs sin control
El doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali, confirmó el aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que tienen voluntad de pago pero no capacidad. «La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar», advirtió. Señaló además que la mora automática agrava la situación y que la comunicación con las billeteras virtuales «es muy dificultosa y cada vez es más compleja», en contraste con los bancos tradicionales.
Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), fue más directo en su diagnóstico: «el negocio es la refinanciación, con tasas de 500 o 600%», que destruyen las economías de jubilados y familias trabajadoras «sin ninguna herramienta de solución». La solución que propuso es jurídica: que el usuario pueda sentarse con el acreedor para refinanciar su deuda en condiciones similares a las que se otorgan a las empresas, con alcance federal.
Alejandra Fernández Scarano, secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de Hurlingham, aportó otro dato clave: a peor calidad del crédito, mayor es la tasa que se cobra por el mayor riesgo que implica la morosidad, lo que genera un círculo vicioso donde los más vulnerables pagan más caro el dinero que necesitan para sobrevivir.
18 proyectos y la agenda que el oficialismo esquiva
La reunión reunió al menos 18 iniciativas legislativas impulsadas por diputados de distintos bloques opositores: Gabriela Estévez, Andrea Freites, Kelly Olmos, Santiago Roberto, Roxana Monzón, Diego Giuliano y Guillermo Michel de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano de Coherencia, entre otros. Los proyectos van desde la declaración de emergencia financiera por un año, planes de cuotas, suspensión de ejecuciones y condonación de intereses punitorios, hasta la creación de regímenes de reestructuración judicial para consumidores insolventes inspirados en la Ley de Segunda Oportunidad de España.
Yasky reclamó que el Congreso sancione una normativa similar a las que existen en Europa, donde el sobreendeudamiento no implica la «muerte civil» del deudor. No es un reclamo nuevo: en octubre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había señalado que «nadie puede construir su vida con la soga al cuello» y había reclamado un programa de renegociación de deudas con tasas justas, plazos sostenibles y respaldo del Estado.
El gobierno de Milei, en cambio, va en sentido contrario. A través del Decreto 421/2025, el Ejecutivo eliminó el programa de créditos que la ANSES ofrecía a jubilados y pensionados; y el oficialismo rechaza en bloque cualquier utilización de fondos previsionales para financiar alivio a las familias sobreendeudadas. Mientras el debate parlamentario avanza, el canal oficial Diputados TV no transmitió la reunión de la comisión, según consignó La Nación.
Puntos clave:
- 4.818.440 personas tienen deudas impagas por más de tres meses, un 45% más que dos años atrás, según datos del BCRA relevados por el Instituto Argentina Grande.
- La morosidad bancaria de las familias llegó al 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto desde 2004, y en billeteras virtuales alcanzó el 29,9%.
- El endeudamiento total de los hogares supera los 39 billones de pesos; seis de cada diez hogares tienen algún tipo de deuda.
- La Comisión de Defensa del Consumidor reunió 18 proyectos de ley opositores que proponen desde suspensión de ejecuciones hasta reestructuración de deudas con quita de intereses punitorios.
- El gobierno de Milei eliminó por decreto el programa de créditos de ANSES y rechaza el uso de fondos previsionales para aliviar a las familias sobreendeudadas.
Legislativo
El DNU 70 en el alambre: sin quórum pero con dos sesiones
La oposición sostiene la sesión especial del jueves 15 en Diputados para voltear el megadecreto de Milei, aunque sus conteos no llegan a 129. El oficialismo pidió su propia sesión para el miércoles 21 y negocia con los gobernadores.
El megadecreto con el que Javier Milei reescribió buena parte de las reglas del país llegó a su semana decisiva sin que nadie pueda garantizar su caída. La oposición sostuvo la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre a las 14 en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023, aunque sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 presencias, por debajo de las 129 que exige el quórum.
Según el poroteo opositor, el jueves darían presente los diputados de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, la izquierda, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis y legisladores sueltos. El temario suma el rechazo del decreto, la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y proyectos para aliviar el endeudamiento y la morosidad de las familias.
Un decreto que el Senado ya rechazó
El DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, reúne más de 300 artículos que desregularon de un plumazo desde los alquileres hasta el régimen de tierras rurales. El Senado ya lo rechazó en marzo de 2024; si Diputados hace lo mismo, el decreto queda sin efecto. Por eso la Casa Rosada puso todo su peso en evitar que la oposición consiga el número.
La carrera por el quórum
«Nuestra tarea es tratar de construir el quórum. Después, cada uno tendrá que dar las explicaciones del caso», dijo Germán Martínez en Radio con Vos. El jefe de bloque de Unión por la Patria agregó que, frente a un temario con discapacidad, morosos y tierras, «es difícil pensar que no te sentás en una sesión de ésas, tenés que estar muy pero muy arrodillado ante el Gobierno».
El socialista Esteban Paulón, de Provincias Unidas, fue en la misma línea: «Hay que dar quórum y derogar el DNU 70. No hay constitucionalista que diga que es constitucional y el Gobierno lo ha usufructuado tres años».
La llave está en los diputados que responden a los gobernadores. La Casa Rosada negocia con ellos en paralelo el Presupuesto 2027 y la eventual suspensión de las PASO, una mesa en la que la sesión del jueves también entra en la cuenta. Si no llegan al número, los bloques opositores planean hablar en minoría para exponer a los ausentes como aliados del Gobierno, en el marco de una movilización frente al Congreso.
La contraofensiva libertaria
El oficialismo respondió con dos movimientos. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora, un plenario con la Comisión de Legislación General para empezar a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, al que La Libertad Avanza busca sumarle una nueva regulación sobre la compra de tierras rurales por extranjeros.
Además, el oficialismo pidió una sesión propia para el miércoles 21 de octubre, con la propiedad privada, la discapacidad y el endeudamiento familiar en el temario. La jugada busca darles a los aliados una excusa para no sentarse el jueves 15.
La Corte, en el medio
El 9 de octubre, la Corte Suprema suspendió de manera interina los efectos del artículo 154 del DNU 70, el que había derogado la Ley 26.737 de Tierras Rurales, hasta que el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y su pedido de cautelar. Firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci; Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
El fallo repuso de forma provisoria los límites a la compra de campos por extranjeros, pero no resolvió si el decreto es constitucional. En Diputados reconocieron que la decisión abrió una discusión sobre el costo de insistir con una sesión cuyo principal argumento era la Ley de Tierras. Aun así, los bloques opositores mantuvieron su intención de rechazar el decreto completo, que comprende unas 300 reformas.
Lo que tenés que saber:
- La oposición sostuvo la sesión especial del jueves 15 de octubre a las 14 para rechazar el DNU 70/2023, junto con discapacidad y endeudamiento familiar.
- Sus propios conteos la ubican entre 112 y 120 diputados, por debajo de los 129 que exige el quórum.
- El Senado ya rechazó el decreto en 2024; si Diputados también lo rechaza, queda sin efecto.
- El oficialismo convocó un plenario de comisiones para el miércoles 14 por la propiedad privada y pidió una sesión propia para el miércoles 21.
- La Corte suspendió el 9 de octubre el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras, hasta que decida el juzgado federal de Bariloche.
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