Legislativo
Más de 4,8 millones de familias en mora: Diputados debate la ley que el Gobierno no quiere
La Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara baja reunió a especialistas y legisladores opositores para discutir 18 proyectos de desendeudamiento familiar. La morosidad bancaria llegó al 11,2%, la más alta en dos décadas, y en billeteras virtuales roza el 30%.
Más de 4,8 millones de deudores: Diputados debate una ley de alivio que Milei no quiere
★ La Cámara de Diputados abordó este miércoles el creciente fenómeno del sobreendeudamiento familiar en la Argentina, en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia presidida por el diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria). El dato que enmarcó el debate fue contundente: 4.818.440 personas acumulan deudas impagas por más de tres meses, un incremento del 45% respecto de dos años atrás, cuando los morosos sumaban 3.314.998, según un estudio del Instituto Argentina Grande basado en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato no es solo una estadística: es el retrato de una crisis financiera doméstica que el gobierno de Javier Milei generó y prefiere no discutir.
El crédito como mecanismo de supervivencia
El diputado Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, abrió el debate con una caracterización que el oficialismo evita enunciar: en la Argentina de ingresos bajos e inflación persistente, el crédito dejó de ser una herramienta de inversión para convertirse en un mecanismo de supervivencia. «Las familias argentinas se endeudan para alimentarse, pagar tarifas o comprar medicamentos», afirmó el legislador. Y apuntó directamente a la desregulación del sector financiero no bancario: «los intereses y los punitorios de las fintech y las financieras de cercanía no tienen ningún tipo de regulación».
El resultado es una bola de nieve en expansión. Según datos del BCRA relevados por la consultora 1816, la morosidad de las familias en el sistema bancario trepó al 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto desde 2004 y el decimosexto mes consecutivo de suba. En octubre de 2024 la irregularidad era del 2,5%; en poco más de un año, se cuadruplicó. Pero el panorama se agrava cuando se observa el segmento de las billeteras virtuales y las entidades no bancarias, donde la mora de los hogares alcanzó el 29,9% ese mismo mes; es decir, tres de cada diez personas con créditos en esas plataformas no pudieron devolver el dinero.
Tasas usureras y cobros coercitivos
La socióloga, investigadora y docente universitaria Luci Cavallero aportó cifras que dimensionan la magnitud del problema. Según datos del Banco Central, el endeudamiento total de los hogares argentinos supera los 39 billones de pesos, de los cuales 32,1 billones corresponden a deuda bancaria y 6,9 billones a deuda no bancaria. Esta situación afecta a seis de cada diez hogares, con un nivel de morosidad que trepó al 10,6%, el más alto en 16 años.
«Una de cada cuatro personas tiene mora» en los créditos otorgados por billeteras digitales, precisó Cavallero, y subrayó que esa deuda no es circunstancial: se contrae para poder subsistir, para cubrir gastos básicos. «Estamos en un modelo macroeconómico que genera ingresos pisados y políticas de desregulación. Hay tasas de interés usureras y dan vergüenza», advirtió la investigadora. Y añadió una dimensión que suele quedar fuera del análisis economicista: «el endeudamiento está desorganizando la vida y está generando problemas de salud y violencia en la gente».
La especialista también señaló un costado político del problema que el discurso libertario omite deliberadamente: «La deuda es un mecanismo político porque individualiza y aísla a las personas haciéndole creer que esa deuda es un índice de fracaso individual cuando el problema es la macroeconomía».
Mora automática, cobranzas intimidatorias y fintechs sin control
El doctor en Ciencias Económicas y defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali, confirmó el aumento sistemático de consultas y reclamos de familias que tienen voluntad de pago pero no capacidad. «La morosidad está llegando casi al 22% y esto es algo que no debería volver a pasar», advirtió. Señaló además que la mora automática agrava la situación y que la comunicación con las billeteras virtuales «es muy dificultosa y cada vez es más compleja», en contraste con los bancos tradicionales.
Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), fue más directo en su diagnóstico: «el negocio es la refinanciación, con tasas de 500 o 600%», que destruyen las economías de jubilados y familias trabajadoras «sin ninguna herramienta de solución». La solución que propuso es jurídica: que el usuario pueda sentarse con el acreedor para refinanciar su deuda en condiciones similares a las que se otorgan a las empresas, con alcance federal.
Alejandra Fernández Scarano, secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de Hurlingham, aportó otro dato clave: a peor calidad del crédito, mayor es la tasa que se cobra por el mayor riesgo que implica la morosidad, lo que genera un círculo vicioso donde los más vulnerables pagan más caro el dinero que necesitan para sobrevivir.
18 proyectos y la agenda que el oficialismo esquiva
La reunión reunió al menos 18 iniciativas legislativas impulsadas por diputados de distintos bloques opositores: Gabriela Estévez, Andrea Freites, Kelly Olmos, Santiago Roberto, Roxana Monzón, Diego Giuliano y Guillermo Michel de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano de Provincias Unidas; Mónica Frade de la Coalición Cívica; y Marcela Pagano de Coherencia, entre otros. Los proyectos van desde la declaración de emergencia financiera por un año, planes de cuotas, suspensión de ejecuciones y condonación de intereses punitorios, hasta la creación de regímenes de reestructuración judicial para consumidores insolventes inspirados en la Ley de Segunda Oportunidad de España.
Yasky reclamó que el Congreso sancione una normativa similar a las que existen en Europa, donde el sobreendeudamiento no implica la «muerte civil» del deudor. No es un reclamo nuevo: en octubre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya había señalado que «nadie puede construir su vida con la soga al cuello» y había reclamado un programa de renegociación de deudas con tasas justas, plazos sostenibles y respaldo del Estado.
El gobierno de Milei, en cambio, va en sentido contrario. A través del Decreto 421/2025, el Ejecutivo eliminó el programa de créditos que la ANSES ofrecía a jubilados y pensionados; y el oficialismo rechaza en bloque cualquier utilización de fondos previsionales para financiar alivio a las familias sobreendeudadas. Mientras el debate parlamentario avanza, el canal oficial Diputados TV no transmitió la reunión de la comisión, según consignó La Nación.
Puntos clave:
- 4.818.440 personas tienen deudas impagas por más de tres meses, un 45% más que dos años atrás, según datos del BCRA relevados por el Instituto Argentina Grande.
- La morosidad bancaria de las familias llegó al 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto desde 2004, y en billeteras virtuales alcanzó el 29,9%.
- El endeudamiento total de los hogares supera los 39 billones de pesos; seis de cada diez hogares tienen algún tipo de deuda.
- La Comisión de Defensa del Consumidor reunió 18 proyectos de ley opositores que proponen desde suspensión de ejecuciones hasta reestructuración de deudas con quita de intereses punitorios.
- El gobierno de Milei eliminó por decreto el programa de créditos de ANSES y rechaza el uso de fondos previsionales para aliviar a las familias sobreendeudadas.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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