Movimientos Sociales
Olla popular frente a la casa de Adorni: una protesta contra la corrupción y el ajuste a los pobres
La organización social montará un comedor comunitario este jueves en la calle Miró al 500, en Caballito, la misma propiedad investigada judicialmente. La protesta denuncia el cierre del programa Volver al Trabajo, que deja sin ingresos a casi un millón de trabajadores de la economía popular.
Barrios de Pie pondrá una olla popular frente a la casa de Adorni
★ La organización social Barrios de Pie eligió un escenario de alto impacto simbólico para su próxima acción de protesta: el jueves montará una olla popular frente al domicilio particular del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, la misma propiedad que hoy es objeto de una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La actividad arrancará a las 11 de la mañana y apunta a visibilizar el rechazo al cierre del programa Volver al Trabajo, la política social que el Ministerio de Capital Humano decidió discontinuar y que hasta ahora sostenía el ingreso de 951.871 trabajadores de la economía popular con un salario social complementario de $78.000 mensuales, monto que, según datos de la propia Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), perdió el 74% de su poder adquisitivo desde que fue congelado en diciembre de 2023.
La contradicción que eligió el escenario
La decisión de instalar la olla popular frente al domicilio de Adorni no es casual. La organización trazó una línea directa entre los escándalos patrimoniales del funcionario y el destino de los sectores más vulnerables del país. Norma Morales, referente de Barrios de Pie y Secretaria General Adjunta de la UTEP, fue contundente: «Es increíble que este mamarracho de Adorni diga que se desloma mientras viaja al exterior y se compra casas que no puede justificar. Las verdaderas deslomadas son las cocineras de nuestros barrios que hacen magia para que millones de personas puedan tener un plato de comida.»
En el mismo comunicado, la organización apuntó: «Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores.»
La elección del domicilio de Adorni como epicentro de la protesta se produce en la misma jornada en que el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba en Año Nuevo con su familia en los asientos más costosos de la aerolínea Latam disponibles para ese destino, y en que dos jubiladas que le financiaron el 87% de la compra de esa misma propiedad de Caballito declararon ante la Justicia en los tribunales de Comodoro Py.
Qué implica el cierre del programa
El programa Volver al Trabajo es uno de los dos esquemas en que derivó el histórico Potenciar Trabajo a partir del Decreto 198/2024, firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Ese decreto fijó también la fecha de caducidad del programa: mayo de 2026. El Gobierno no anunció una prórroga y Pettovello anticipó que el esquema será reemplazado por vouchers de capacitación laboral, una propuesta que las organizaciones rechazan de plano.
«El Gobierno sostiene que esto se va a transformar en trabajo genuino, pero los hechos indican todo lo contrario. Cuando se implementó el programa Volver al Trabajo comenzó la lógica de la capacitación. ¿Saben cuántas personas consiguieron empleo formal en dos años? 80 personas», señaló Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
El impacto del cierre no se limita a los ingresos directos. Según datos del Partido Obrero, el programa representaba un costo fiscal equivalente al 0,1% del PBI, pero con un efecto multiplicador en las economías barriales: cada peso se volcaba al consumo inmediato en comercios de proximidad.
La UTEP estimó que en la provincia de Buenos Aires hay unos 500.000 beneficiarios, lo que equivale a una inyección mensual de $39.000 millones en circuitos económicos locales. A nivel nacional, el impacto anual del cierre se estima en 600 millones de dólares, con el Noroeste como la región más golpeada, según datos del Partido Obrero.
Las cocineras, en el centro del conflicto
Barrios de Pie subrayó que «las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban». La organización advirtió que el cierre «pone en peligro la apertura de los comedores», lo que implica que miles de niños y jubilados podrían quedarse sin ese servicio esencial.
Morales fue más lejos en su caracterización: «Estamos frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios. Con la medida que tomaron peligra el cierre de los comedores; decidieron sacarles el único plato de comida al que accedían miles de niños y jubilados.»
Un plan de lucha que ya suma organizaciones
La olla popular frente a la casa de Adorni se inscribe en un esquema más amplio de movilización. Según informó Infobae, la UTEP y los movimientos que la integran, entre ellos el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, definieron el 13 de abril un plan de acción que incluye una audiencia pública con diputados nacionales el viernes 17 de abril, un congreso en la sede de la UTEP el martes 21 y jornadas de protesta callejera con piquetes los días 5 y 7 de mayo. En paralelo, los dirigentes iniciaron contactos con el gobernador Axel Kicillof y con bloques parlamentarios para advertir sobre el impacto territorial de la medida.
La protesta del jueves en Caballito concentrará, así, dos de los ejes más sensibles del momento político: el escándalo patrimonial de un funcionario de máximo rango y el ajuste sobre los sectores que menos tienen. Dos realidades que, según las organizaciones, no son ajenas entre sí.
Puntos clave:
- Barrios de Pie montará una olla popular este jueves a las 11 frente a la casa de Adorni en la calle Miró al 500, Caballito, la misma propiedad investigada por presunto enriquecimiento ilícito.
- La protesta reclama la reversión del cierre del programa Volver al Trabajo, que afecta a 951.871 trabajadores de la economía popular con un ingreso de $78.000 mensuales congelado desde diciembre de 2023.
- La organización advierte que el cierre pone en riesgo el funcionamiento de comedores comunitarios y el acceso a alimentos de miles de niños y jubilados.
- La UTEP estima que el programa representaba una inyección mensual de $39.000 millones en economías barriales solo en la provincia de Buenos Aires; el impacto anual del cierre a nivel nacional alcanza los 600 millones de dólares.
- El plan de lucha de los movimientos sociales incluye una audiencia con diputados el 17 de abril, un congreso de la UTEP el 21 y jornadas de protesta con piquetes el 5 y 7 de mayo.
Economía 💲
Morosidad al 12,7% y 30.000 pymes cerradas: la otra cara del supuesto “éxito” económico que Milei vende al mundo
La CGT, las CTA, la UTEP y cámaras pymes tomaron las calles de Buenos Aires este jueves para reclamar contra el endeudamiento de las familias y el cierre de miles de pequeñas empresas. La movilización ocurrió el mismo día en que Javier Milei expuso en el lujoso hotel Alvear ante el Council of the Americas, mientras Luis Caputo insiste en que las deudas de los hogares son «un asunto entre privados».
La imagen fue elocuente: mientras Javier Milei disertaba ante ejecutivos y representantes del capital internacional reunidos en el hotel Alvear para la edición 2026 del Council of the Americas, a pocas cuadras de allí la CGT, las dos CTA, la UTEP y decenas de cámaras pymes marchaban hacia el Ministerio de Economía y la Plaza de Mayo. El contraste no fue casual. Fue, en todo caso, la radiografía más precisa del país que el modelo libertario está construyendo: uno para los que tienen acceso al poder financiero y otro para los millones que acumulan deudas para pagar la luz, la nafta y la comida.
Una jornada, dos columnas y una misma crisis
Las columnas sindicales y sociales concentraron desde las 14 en Paseo Colón y Estados Unidos y en la esquina de Independencia y Paseo Colón, para converger luego frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen 250. El eje del reclamo fue el desborde del endeudamiento familiar: millones de hogares que tomaron créditos para afrontar gastos esenciales y que hoy no pueden pagar. La UTEP, conducida por Alejandro Gramajo, llamó a una «masiva movilización» y advirtió que la falta de acceso al crédito formal empuja a los sectores populares hacia el financiamiento informal. «La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar», señalaron en el comunicado de convocatoria.
Simultáneamente, referentes de cámaras pymes se concentraron en Plaza de Mayo en el marco del Día del Empresario Nacional. La convocatoria reunió a la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), la Cámara Industrial de la Manufactura del Cuero (CIM), la Fundación Pro Tejer, la Cámara Económica Sanmartinense, PYME SUR, la Confederación General de la Producción y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín, entre otras organizaciones. El sector estima que unas 30.000 empresas dejaron de operar desde que asumió Milei y reclama que el Congreso avance con la Ley de Emergencia PyME impulsada por ENAC, que contempla medidas específicas para sostener la actividad productiva.
Los números del BCRA: la morosidad que el Gobierno llama «privada»
El reclamo callejero tiene sustento en datos inapelables. Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasa de incumplimiento de los préstamos a familias trepó al 12,7% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En menos de dos años, la morosidad se quintuplicó. En el segmento de fintech y billeteras virtuales, la situación es aún más crítica: un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense ubicó la mora en torno al 33% de los deudores. El mismo informe indicó que el 56,6% de los hogares tomó algún crédito durante el último año y que, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas activas.
Esos números no son solo estadísticas. Son familias que pidieron prestado para comprar alimentos, pagar una factura de gas o costear un turno médico. Son jubiladas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que hoy están atrapados en una espiral de intereses que el Estado nacional se niega a desactivar.
La respuesta del Gobierno: que lo arregle el mercado
La postura oficial frente a esta emergencia social fue coherente con la filosofía del modelo. El 2 de agosto, en una entrevista en LN+, Milei rechazó cualquier forma de asistencia estatal y preguntó: «¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás». El ministro de Economía, Luis Caputo, definió el endeudamiento familiar como «un tema entre privados» durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la implementación de un «plan platita» para los deudores en mora.
La lógica es conocida: el Estado ausente como virtud. El problema es que esa abstención no opera en el vacío, sino sobre un tejido social que acumula años de ajuste, tarifazos y pérdida de poder adquisitivo. Según datos del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumularon subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. El transporte subió cerca del 900%, el gas más del 700%. En ese contexto, endeudarse no fue una elección: fue la única estrategia de supervivencia disponible para millones de personas.
El Congreso, con cerca de 30 proyectos y sin dictamen
La problemática llegó al Poder Legislativo. Distintos bloques de la oposición presentaron cerca de 30 iniciativas. Entre las más relevantes, una propuesta de los diputados Diego Giuliano y Caren Teep plantea crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante una línea de crédito de la ANSES destinada a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, con créditos de hasta $1,5 millones y cuotas que no superen el 30% del ingreso neto. Otra iniciativa propone condonar al menos el 40% de los intereses moratorios y punitorios acumulados con planes de hasta 60 meses. También se presentó la creación de un Registro Nacional de Personas y Hogares Endeudados por Gastos Esenciales (RENAPHEGE) y, en el Senado, un proyecto con quitas de intereses y financiación de largo plazo.
La Fundación Alameda y más de 40 organizaciones también lanzaron una campaña de recolección de firmas para impulsar una Ley de Emergencia Nacional por Deudas Esenciales. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso, donde el oficialismo mantiene capacidad de bloqueo suficiente para impedir la formación de dictámenes.
Council of the Americas: el otro país
Mientras todo esto ocurría en las calles, Javier Milei participó de la edición 2026 del Council of the Americas en el hotel Alvear, el espacio de encuentro anual entre el poder político y el capital financiero internacional. La elección del escenario no es menor: la gestión libertaria construyó su narrativa económica sobre la promesa de integración a los mercados globales y la confianza de los inversores externos. Ese relato se sostiene mientras las familias se endeudan a tasas usurarias para llegar a fin de mes y las pymes cierran por cientos cada semana. La contradicción no es un accidente: es el modelo.
Puntos clave
- La morosidad en créditos a familias trepó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,7% en junio de 2026, según el BCRA.
- En el segmento fintech, el 33% de los deudores está en mora, según la Defensoría del Pueblo bonaerense.
- Las organizaciones pymes estiman que unas 30.000 empresas cerraron desde la asunción de Milei.
- Hay cerca de 30 proyectos legislativos sobre endeudamiento familiar, ninguno con dictamen.
- El Gobierno rechazó cualquier intervención estatal y calificó el problema como «un asunto entre privados».
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