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WikiLeaks: Se reanudó en Londres el juicio de extradición de Assange a los EEUU

El fundador de WikiLeaks reveló cientos de miles de documentos que incriminan al país del norte de diferentes delitos a nivel internacional, que van desde el injerencismo y espionaje en otros países, hasta asesinatos y crímenes de lesa humanidad.

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El Gobierno estadounidense intenta extraditar al fundador de WikiLeaks, quien reveló cientos de miles de documentos que incriminan al país del norte de diferentes delitos a nivel internacional, que van desde el injerencismo y espionaje en otros países, hasta asesinatos y crímenes de lesa humanidad, para juzgarlo en su territorio.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, compareció este lunes ante un tribunal de Londres y volvió a rechazar su extradición a los Estados Unidos, que lo acusa de espionaje y de publicación de documentos oficiales secretos.

Tras haber sido entregado a las autoridades británicas por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ya que en la embajada del país sudamericano se encontraba asilado desde hacía años, el juicio de extradición de Assange, de 49 años, tenía fecha para febrero, pero quedó suspendido debido a la pandemia hasta nuevo aviso, que se fijó para este lunes.

La corte debe decidir si el periodista y activista australiano es extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará a la Justicia por la publicación de documentos confidenciales de las Fuerzas Armadas sobre las guerras en Afganistán e Irak, hace una década, así como de cables secretos de la diplomacia de ese país.

Assange enfrenta 18 cargos en Estados Unidos, incluyendo conspiración para hackear computadoras y para obtener y revelar información del Gobierno violando la Ley de Espionaje. La pena máxima contemplada para esos delitos es de 175 años de cárcel.

Su extradición dependerá de lo que decida la Justicia británica que, a partir de ayer y durante cerca de cuatro semanas, escuchará a las partes en el tribunal central de Old Bailey, antes de tomar una decisión.

El equipo de abogados del periodista declaró que existía el riesgo de que Assange se quitara la vida si lo extraditaban. Según consignaron los medios de prensa, esta mañana el activista llegó al tribunal central de Old Bailey, en Londres bien afeitado, de traje y corbata y con anteojos de sol sobre su cabello corto y prolijo.

Assange dijo su nombre y fecha de nacimiento al comienzo de la audiencia y confirmó formalmente que no dará su consentimiento a la extradición a los EEUU, ya que reveló a través de WikiLeaks cientos de miles de documentos y videos que incriminan a las fuerzas estadounidenses en asesinatos de civiles en Irak y Afganistán.

Mientras tanto, decenas de manifestantes, incluida la reconocida diseñadora de modas Vivienne Westwood, se reunieron fuera del tribunal para manifestarse en contra de una extradición de Assange. También se vio al padre del creador de WikiLeaks, John Shipton, junto a la novia de Assange, Stella Moris, y la abogada de derechos humanos, Jennifer Robinson.

Los periodistas no pudieron ingresar a la sala debido a las restricciones por el coronavirus y siguieron la audiencia a través de videoconferencia desde otra ala del edificio.

En junio de 2012, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por acusaciones de delitos sexuales. Al hacerlo, violó la libertad condicional que le había concedido la Justicia británica mientras se decidía su extradición al país escandinavo, causa que hace 5 años fue archivada, luego de que los fiscales suecos la dieran por prescrita.

El fundador de WikiLeaks, una plataforma online de divulgación de documentos secretos, siempre negó los cargos de la Justicia sueca y los vio como una excusa para su extradición posterior a Estados Unidos. En agosto de 2012, el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa concedió asilo a Assange.

Pero tras siete años de estar refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retiró el asilo y permitió que la policía británica entrara en la delegación y se lo llevara detenido, en abril de 2019.

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Chat Control: la ley europea que convierte tu celular en un testigo

El Parlamento Europeo debate una normativa que obligaría a escanear mensajes privados para detectar abuso sexual infantil, incluso en aplicaciones con cifrado de extremo a extremo. El debate enfrenta la protección de la infancia contra el derecho a la privacidad de millones de usuarios y pone en cuestión el futuro de las comunicaciones digitales.

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La propuesta "Chat Control 2.0" plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.

Millones de conversaciones privadas, fotos, audios y textos intercambiados a diario en aplicaciones como WhatsApp o Signal podrían ser escaneados automáticamente antes de llegar a su destinatario. Eso es lo que prevé la normativa conocida como «Chat Control», una propuesta legislativa en debate en el Parlamento Europeo que divide a juristas, activistas digitales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos en toda la Unión Europea.

La regulación apunta a detectar contenido de explotación sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en las comunicaciones digitales. En su versión vigente, una normativa temporal prorrogada hasta 2028 permite a las plataformas identificar de manera voluntaria ese tipo de material en mensajes privados, imágenes y videos. Pero la propuesta de largo plazo, denominada «Chat Control 2.0», plantea extender esa capacidad de detección también a los servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que representa un salto cualitativo de enorme magnitud en términos de vigilancia digital masiva.

Un escudo que también puede convertirse en una red de arrastre

El cifrado de extremo a extremo, tal como funciona hoy en aplicaciones como Signal o WhatsApp, impide que ni siquiera el proveedor del servicio pueda leer los mensajes en tránsito. Es, en términos prácticos, el equivalente digital del secreto postal. Cualquier sistema de detección que pretenda operar sobre mensajes cifrados tendría que actuar antes de que ese escudo se active, es decir, en el dispositivo del usuario, justo antes de que el mensaje sea enviado. Esta técnica se denomina «client-side scanning» y consiste en examinar el contenido mientras aún es legible, antes de que se aplique el cifrado.

Las herramientas técnicas propuestas funcionan transformando cada archivo en una especie de huella digital que se compara con bases de datos de material ilegal ya identificado. Además, utilizan modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer contenido nuevo o modificado y analizan los textos en busca de patrones lingüísticos asociados al grooming o acoso sexual a menores.

El fallo humano en la cadena de verificación

En plataformas sin cifrado, cuando un sistema automático detecta una coincidencia, la alerta es enviada a revisores humanos expertos que examinan el material antes de informarlo a las autoridades. Empresas como Google sostienen que este proceso garantiza una verificación responsable. Sin embargo, según señaló el ex eurodiputado alemán Patrick Breyer, jurista y activista por los derechos digitales, es precisamente en esa etapa de verificación donde el sistema comienza a fallar cuando se utiliza a gran escala.

Los empleados encargados de revisar las alertas aplican criterios legales diversos, no siempre logran discernir la intención detrás del contenido y, con frecuencia, confunden situaciones de sexting consensuado entre jóvenes o imágenes enviadas como bromas en chats grupales. En muchos casos, los adolescentes involucrados nunca tuvieron intención de enviar ni recibir material ilegal, simplemente reenviaron un archivo dentro de una conversación diferente.

Breyer no se opone a la detección en sí misma. Su argumento es más preciso: el escaneo debería permitirse solo cuando un tribunal independiente confirme que hay motivos razonables para sospechar de una persona específica, tal como ocurre con una orden judicial para revisar la correspondencia de un ciudadano. Extender ese control a toda la población «por si acaso» representa, en sus términos, un tipo de intervención de naturaleza completamente diferente.

Una regulación que depende de la app que uses

Por el momento, lo que sucede con un mensaje depende enteramente de la aplicación que se use. En servicios sin cifrado, el contenido puede recibir una identificación digital o ser examinado por algoritmos antes o justo después de ser enviado, revisado luego por expertos y comunicado a las autoridades ante una coincidencia confirmada. En servicios con cifrado de extremo a extremo, la legislación europea actual no se aplica de la misma forma y el contenido permanece inaccesible para los proveedores.

Esa asimetría está en el centro del debate parlamentario. Si «Chat Control 2.0» finalmente incluye a los servicios cifrados, la arquitectura de privacidad digital que millones de personas dan por garantizada quedaría radicalmente transformada. La pregunta que el Parlamento Europeo no puede eludir es hasta dónde está dispuesta la sociedad a ceder privacidad en nombre de la seguridad, y si esa cesión puede hacerse sin abrir una puerta que, una vez abierta, sea prácticamente imposible cerrar.

El debate no es solo técnico. Es político, filosófico y tiene implicancias directas para las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la comunicación digital es constitutiva de su identidad. La decisión que tome Europa en los próximos años marcará un precedente global sobre los límites del Estado en las comunicaciones privadas.

Lo que tenés que saber

  • La normativa «Chat Control» vigente, prorrogada hasta 2028, permite a las plataformas detectar voluntariamente contenido de abuso sexual infantil en mensajes privados.
  • La propuesta «Chat Control 2.0» plantea extender ese escaneo a servicios con cifrado de extremo a extremo, lo que implicaría revisar mensajes en el dispositivo del usuario antes de que sean enviados.
  • El ex eurodiputado Patrick Breyer advierte que el sistema falla a gran escala y que el escaneo solo debería habilitarse con orden judicial previa, no de manera masiva e indiscriminada.
  • Las herramientas de detección combinan huellas digitales de archivos conocidos, inteligencia artificial para contenido nuevo y análisis de patrones lingüísticos vinculados al grooming.
  • La decisión del Parlamento Europeo sobre si incluir o no a los servicios cifrados en la regulación definitiva tendrá impacto global en el futuro de la privacidad digital.
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