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Jeanine Añez, Presidenta de facto de Bolivia, festejó que Evo no podrá presentarse a las elecciones
«La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo», advirtió, confiado en que «el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente», tarde o temprano, afirmó Morales.
La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, celebró este martes la anulación de la candidatura a senador de su predecesor, Evo Morales, al afirmar que la decisión se tomó «con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos».
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz rechazó el pasado lunes, un recurso de amparo interpuesto por la defensa del ex- mandatario y ratificó su inhabilitación para postularse a una banca en el Senado en las elecciones generales del 18 de octubre próximo.
Lo resolvió este lunes, el juez Alfredo Jaimes, al reanudarse la sesión de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que analizó el caso, y desempató con su voto.
Morales calificó de «ilegal e inconstitucional» la decisión del tribunal de inhabilitarlo aunque prometió acatar la orden.
De este modo, el tribunal dejó firme la resolución de inhabilitarlo que había adoptado en febrero pasado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque Morales no cumple el requisito legal de residencia en el país en los dos años inmediatos anteriores a los comicios.
Morales vive desde noviembre pasado en la Argentina, luego de que fuera obligado a renunciar a la Presidencia por las presiones de la cúpula del Ejército y denunciara un golpe de Estado tras las elecciones en las que había sido reelecto.
El ex- mandatario calificó de «ilegal e inconstitucional» la decisión del tribunal de inhabilitarlo aunque prometió acatar la orden. «La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo», advirtió, confiado en que «el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente», tarde o temprano.
Áñez, que aspira a seguir en la jefatura de Estado tras los comicios del 18 de octubre, reaccionó en Twitter reivindicando que se logró frenar al Movimiento al Socialismo (MAS) «en dos oportunidades». «Lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia», señaló. «¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez?», preguntó la presidenta de facto, en referencia al ex- presidente, que también se presenta como candidato en las elecciones.
Mesa también, por su parte, festejó la anulación de la candidatura de Morales, y aplaudió que se dé validez a los criterios del TSE. «La única instancia con la legitimidad para decidir sobre temas electorales», dijo.
«EL pueblo boliviano está dispuesto a reafirmar su compromiso con los valores democráticos y restaurar la necesaria estabilidad del país», afirmó el representante de la ue, borrell.
Con ese escenario de fondo, el domingo pasado comenzó formalmente la campaña electoral, adaptada a los tiempos de la pandemia de coronavirus, con actos a través de Internet y caravanas de vehículos en Santa Cruz de la Sierra.
El candidato presidencial del MAS, Luis Arce, encabeza las encuestas de intención de voto aunque sin el margen suficiente para consagrarse en primera vuelta, y detrás de él tienen buenas chances Áñez y Mesa.
En tanto, la Unión Europea (UE), anunció que desplegará una misión reforzada para la observación de las elecciones. «La organización de elecciones legítimas y creíbles es de suma importancia para el pueblo boliviano, que está dispuesto a reafirmar su compromiso con los valores democráticos y restaurar la necesaria estabilidad del país», manifestó en un comunicado el alto representante del bloque para la Política Exterior, Josep Borrell.
La misión estará compuesta por cinco o seis expertos que se encargarán de realizar un análisis exhaustivo e integral del proceso electoral y luego emitirán un informe, informó la agencia de noticias EFE.
Además de la misión, la UE aportará una ayuda de 2 millones de euros al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, a fin de garantizar que los comicios respeten los estándares internacionales de comicios democráticos.
A estos 2 millones se suma un presupuesto de 600.000 euros que, desde el instrumento de la UE para la democracia y los derechos humanos, se otorgará a organizaciones de la sociedad civil boliviana para que actúen como observadores nacionales del proceso.
Las elecciones generales estaban previstas para el pasado 3 de mayo, para las cuales la UE ya había anunciado el despliegue de una misión, pero se pospusieron por la pandemia de Covid-19, primero al 6 de septiembre y ahora al 18 de octubre.
La dirimida decisión de la sala constitucional de la paz
La sesión de la Sala comenzó el martes pasado y, tras el empate entre los votos de Pomier y Delgado, pasó a cuarto intermedio hasta este lunes, lo que intensificó las tensiones políticas en el país.
Por ese motivo fue convocado Jaimes, que pertenece a la Sala Constitucional Tercera de la vecina ciudad de El Alto, en calidad de “vocal dirimidor”.
Jaimes explicó que “habiendo hecho un análisis de las pruebas presentadas para la acción de amparo constitucional”, resolvió suscribir el voto de su colega Heriberto Pomier, del que había disentido el magistrado René Delgado.
Al resolver en febrero pasado la inhabilitación de Morales, el presidente del TSE, Salvador Romero, argumentó su decisión en que el ex- mandatario no cumple el requisito legal de residencia en el país en los dos años inmediatos anteriores a los comicios.
Antes de que se conociera el fallo de Jaimes, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó en conferencia de prensa que el recurso de amparo presentado por la defensa de Morales “es absolutamente inconstitucional y no debió tener lugar” porque “vulnera la independencia de los órganos del Estado, en esta caso del TSE, que es el único ente encargado de resolver la habilitación e inhabilitación de las candidaturas”.
El clima preelectoral en Bolivia está crispado desde hace meses, en parte por las sucesivas postergaciones de los comicios, que iban a realizarse primero el 3 de mayo pasado y luego ayer, y fueron finalmente aplazados al 18 de octubre bajo el argumento de la pandemia.
Pero también por la tensión existente entre el MAS y la administración interina porque el primero considera que Morales fue desalojado del gobierno mediante un golpe de estado y que las actuales autoridades persiguen a sus dirigentes -en especial al ex- mandatario- y dilataron la contienda electoral con el fin de permanecer en el poder.
En ese contexto, ayer comenzó formalmente la campaña electoral, con actos a través de internet y caravanas de vehículos en Santa Cruz de la Sierra, a las que asistió el candidato presidencial del MAS, el ex- ministro de Economía Luis Arce, pero no Áñez, que aspira a permanecer en el cargo como mandataria electa.
Elecciones
Lula promulgó la jornada de 40 horas y la Argentina de Milei la estira a 12
Con 75 votos contra 1, el Senado brasileño aprobó la enmienda que reduce la jornada de 44 a 40 horas semanales sin recorte salarial. Lula la promulgó este viernes, a nueve días del balotaje contra Flávio Bolsonaro.
Seis días de trabajo y uno solo de descanso: ese fue durante décadas el régimen de millones de trabajadoras y trabajadores brasileños. Desde este viernes, es historia constitucional. El Congreso de Brasil promulgó la Enmienda Constitucional N° 141 de 2026, que elimina la escala 6×1, garantiza dos días de descanso remunerado por semana y reduce la jornada máxima de 44 a 40 horas, sin rebaja de salarios. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la Argentina de Javier Milei recorrió el camino exactamente inverso.
La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 221/2019 fue aprobada el miércoles 14 de octubre por el plenario del Senado Federal en dos turnos, con 75 votos a favor y uno solo en contra, el del exvicepresidente y senador Hamilton Mourão (Republicanos). Como los senadores mantuvieron la misma redacción aprobada por la Cámara de Diputados, el texto no volvió a la cámara baja y fue promulgado este viernes 16 en una sesión solemne encabezada por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre (União), y el titular de Diputados, Hugo Motta (Republicanos), con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Qué cambia y cuándo
La enmienda modifica el artículo 7° de la Constitución brasileña y establece una transición en dos etapas. Sesenta días después de la promulgación, las empresas deberán adoptar la escala 5×2 y la jornada máxima bajará a 42 horas semanales. Doce meses más tarde, el tope quedará fijado de manera definitiva en 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe expresamente que la reducción de horas se traduzca en una baja salarial y preserva los pisos de cada categoría.
Según un relevamiento del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), elaborado con datos de la encuesta nacional de hogares de 2025, la medida podría beneficiar a 26,8 millones de personas que hoy trabajan más de 40 horas semanales. Datos del Ministerio de Trabajo y del IBGE citados durante la votación indican que 36,2 millones de vínculos formales tienen una jornada contratada superior a ese límite.
En la ceremonia, Lula calificó la enmienda como una «victoria de la sociedad brasileña» y la comparó con la Constitución de 1988. Alcolumbre, por su parte, sostuvo que al aprobar el fin de la escala 6×1 «el Legislativo brasileño eligió el camino correcto, no el camino fácil», y afirmó que los impactos de la medida «son incalculables».
Una bandera que nació en la calle
La reducción de la jornada fue durante años una demanda histórica del movimiento sindical brasileño. El senador Paulo Paim (PT), que presentó a lo largo de su carrera diversos proyectos para llevar la jornada a 40 horas, estuvo entre los firmantes de la promulgación. El tema recobró fuerza a fines de 2024, cuando la diputada federal Erika Hilton (PSOL) lo instaló nuevamente en la agenda pública, y el gobierno lo convirtió en prioridad legislativa a partir del discurso de Lula del 1° de mayo de 2025.
La Central Única de los Trabajadores (CUT) celebró el fin de la «masacrante escala 6×1» como una victoria «mayúscula de la lucha, del sudor y de la organización de la clase trabajadora brasileña». En un comunicado, la central sostuvo que la aprobación marca un punto de quiebre en la superación de «un modelo arcaico y cruel que succiona las energías de quien realmente trabaja y produce la riqueza de esta nación». La Força Sindical, a través de su presidente Miguel Torres, destacó que la medida dará a millones de personas más tiempo para la salud, la familia, la formación y el ocio.
El lobby empresario ya pide marcha atrás
La reacción patronal no tardó. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) calificó la enmienda como un «retroceso» y su presidente, Ricardo Alban, pidió al Congreso que revise la medida «tras la constatación, por ejemplo, de la pérdida de competitividad y de la alta inflacionaria». La entidad estimó que la reducción de la jornada elevaría los costos de producción hasta en 267.000 millones de reales, con una caída de 0,7% del PIB. La Confederación Nacional del Comercio (CNC) lamentó que el tema se discutiera «en pleno período electoral».
Las proyecciones catastróficas, sin embargo, no son unánimes. Un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estimó que el impacto sobre el costo total de las empresas rondaría el 1% en sectores como el comercio y la industria, con un máximo de 6,6% en vigilancia y seguridad. Una vez más, el argumento de la competitividad aparece como escudo para defender jornadas extenuantes que el propio mundo desarrollado abandonó hace décadas.
El bolsonarismo, entre el voto a favor y la letra chica
La oposición bolsonarista, que resistía la enmienda e intentó frenar su tratamiento esta semana, terminó liberando a su bancada cuando Alcolumbre puso el tema en el orden del día, y votó mayoritariamente a favor. El propio Flávio Bolsonaro anticipó que acompañaría el fin de la escala 6×1, una propuesta que se convirtió en una de las principales banderas de la campaña de Lula para el balotaje.
Pero el doble discurso quedó expuesto pocas horas después. En una entrevista con el canal de noticias Jovem Pan, el líder del Partido Liberal (PL) en Diputados, Sóstenes Cavalcante, afirmó que, si Flávio Bolsonaro gana la presidencia, debería impulsar la PEC 12/2026, que prevé un contrato «por hora trabajada». El voto favorable del bolsonarismo en el recinto convive así con una agenda de precarización que espera su turno en el cajón. El senador Randolfe Rodrigues reclamó a los legisladores contrarios al fin de la 6×1 que retiren sus firmas de esa iniciativa para permitir su archivo.
Un balotaje abierto a nueve días de las urnas
La promulgación llega en el momento más delicado de la campaña. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso con el 47,03% de los votos contra el 45,16% de Lula. Las encuestas difundidas este viernes muestran, sin embargo, un escenario de empate técnico: la de la Confederación Nacional del Transporte con el instituto MDA ubica a Flávio con 50,5% y a Lula con 49,5%, mientras que PoderData/AYA registra 48% contra 46%, una diferencia dentro del margen de error. En su medición anterior, PoderData había dado a Flávio una ventaja de 53% a 47%.
El segundo turno se celebrará el 25 de octubre. Lula llega a la recta final con una conquista concreta para el bolsillo y el tiempo de vida de la clase trabajadora, y con la ultraderecha obligada a votar una medida que combatió hasta último momento.
El espejo argentino: 12 horas y banco de horas
El contraste con la Argentina es brutal. En febrero de 2026, el Congreso aprobó la llamada Ley de Modernización Laboral impulsada por Javier Milei, que en el Senado obtuvo 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, con Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza al frente de las negociaciones. La norma habilita extender la jornada diaria de 8 a 12 horas sin pago de horas extras, compensadas mediante un «banco de horas»; reduce las indemnizaciones por despido y restringe el derecho a huelga en sectores considerados esenciales, con prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%.
La CGT definió esa reforma como «regresiva e inconstitucional». Mientras Brasil discute cómo devolverle tiempo de vida a quienes trabajan, el gobierno libertario legisló para que ese tiempo quede a disposición del empleador. Dos modelos de país, dos ideas opuestas sobre quién debe pagar el costo del desarrollo.
Lo que tenés que saber:
- El Senado de Brasil aprobó el 14 de octubre, por 75 votos contra 1, la PEC 221/2019 que elimina la escala 6×1.
- La jornada máxima baja de 44 a 40 horas semanales sin reducción salarial, con dos días de descanso remunerado por semana.
- La transición fija 42 horas a los 60 días de la promulgación y 40 horas doce meses después.
- Lula participó este viernes de la promulgación, a nueve días del balotaje del 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro.
- En la Argentina, la reforma laboral de Milei aprobada en febrero de 2026 habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas.
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