Fake News
Fake news: el 65% de los 164 tributos divulgados por el macrismo no son impuestos
Remarcaron que del listado de 164 tributos, 41 son tasas, 27 derechos y 26 contribuciones, por lo que la lista se acorta a 70 impuestos, que además incluye el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas.
El 65% de la lista de 164 tributos utilizada desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y referentes de la oposición para cuestionar la iniciativa de gravar las rentas inesperadas, «no son impuestos»; según detalló hoy un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
«La lista está deliberadamente agigantada», aseguraron desde el CEPA, para precisar que «un análisis simple muestra que, al menos, el 65% de los conceptos incluidos no son impuestos, sino tasas, contribuciones, derechos, fondos, cánones y otras formas de cobro por parte del Estado (en sus diversos niveles) que suelen tener asociada una contraprestación».
Remarcaron que del listado de 164 tributos, 41 son tasas, 27 derechos y 26 contribuciones, por lo que la lista se acorta a 70 impuestos.
«Por definición las tasas, derechos o contribuciones específicas están acompañadas de contraprestaciones por parte del Estado, y la obligación de pago deriva de la prestación de un servicio» explicaron.
En el listado difundido «incluye también el Aporte Extraordinario de Grandes Fortunas, que se produjo por única vez y no forma parte del sistema tributario habitual».
También mencionan en la lista «los aportes que realizan las y los trabajadores al sistema de seguridad social, y también las contribuciones patronales como parte de la carga tributaria, cuando se trata de la financiación del Sistema de Seguridad Social de carácter solidario e intergeneracional».
Indicaron que el listado «mezcla los impuestos con las tasas municipales», y detalló que entre estas últimas «las más relevantes, porque representan el 85% de la recaudación municipal, son ABL y Seguridad e Higiene».
Entre los 27 derechos mencionados figuran ‘Derecho de Cementerio’, y entre las 26 contribuciones figuran «contribución que incide sobre el uso de playas y riberas»; la ‘Contribución por servicios cultuales’ y la ‘Contribución de servicios prestados en el matadero municipal´, entre otras.
El listado incluye «cánones por concesión de servicios públicos», cuando se trata de un «cobro que realiza el Estado por conceder un área para su explotación, como por ejemplo el canon de riego».
Señalaron también que aun cuando se trata de impuestos, el listado de 164 casos menciona ocho Fondos «que en muchos casos se financian con impuestos ya existentes, como por ejemplo el Fondo de Emergencia por la Covid-19».
Finalmente, el CEPA identificó que «deliberadamente en el listado duplican algunos conceptos, por ejemplo, Ganancias aparece dos veces: como ganancias a las sociedades y a las personas físicas», cuando «la ley de Impuesto a las Ganancias es una sola y tiene cuatro categorías».
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Bomberos desmienten al Gobierno de Milei: no enviaron fondos ni ayuda excepcional por los incendios
La Federación de Bomberos de Chubut aclaró que los $100.810 millones difundidos como asistencia especial corresponden a la Ley 25.054, vigente desde 1998, y se financian con aportes ciudadanos. El anuncio oficial llegó en medio de la emergencia ígnea, pero se trata de fondos que corresponden por ley, no de una decisión excepcional del Ejecutivo.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ Mientras la Patagonia enfrenta los peores incendios forestales de las últimas tres décadas, con más de 230.000 hectáreas arrasadas, el Gobierno nacional difundió la transferencia de $100.810 millones al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios presentándola como una ayuda directa ante la emergencia. Sin embargo, la Federación de Bomberos de Chubut salió públicamente a desmentir que se trate de un aporte extraordinario.
Rubén Oliva, presidente de la Federación de Bomberos de Chubut, fue categórico al explicar el origen de esos recursos. Según detalló a medios locales, el dinero corresponde a la Ley Nacional N° 25.054, sancionada en 1998 y vigente desde hace más de dos décadas, que establece un mecanismo permanente de financiamiento para los cuarteles de todo el país.
Plata de la gente, no del Gobierno
La aclaración apuntó al corazón del anuncio oficial: los fondos no surgen de ninguna partida presupuestaria discrecional ni de una decisión excepcional del Ejecutivo. El dinero proviene del 5 por mil de las primas de seguros de automotores y viviendas que paga la ciudadanía en todo el país. El Estado nacional solo administra y distribuye esos recursos.
«No existe un aporte extraordinario por parte de Nación. Los recursos corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y el financiamiento surge de un esquema legal vigente. El origen del dinero no depende de partidas discrecionales», explicó Oliva.
La Federación remarcó que la transferencia incluye fondos adeudados del ejercicio 2025 que no se giraron en su totalidad durante ese año, más la primera cuota correspondiente a 2026. Es decir, parte del dinero anunciado como «ayuda» en realidad es deuda del año anterior.
Una distribución insuficiente
Los $100.810 millones se reparten entre las 1.062 asociaciones bomberiles del país, lo que resulta en aproximadamente $95 millones por cuartel. La distribución es igualitaria, sin importar si los cuarteles están en zonas de alto riesgo de incendios o enfrentan emergencias activas.
Para dimensionar la insuficiencia del monto, desde la Federación de Bomberos señalaron que un solo traje forestal cuesta más de $5.000. Con el monto asignado, cada cuartel apenas podría adquirir 19 trajes, un número claramente insuficiente para atender emergencias de la magnitud de los incendios patagónicos.
Según denuncias de trabajadores de Parques Nacionales, actualmente hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas, cuando el mínimo necesario sería de 700 efectivos para una respuesta adecuada.
El timing del anuncio
El anuncio gubernamental se produjo el 27 de enero, en plena crisis por los incendios que ya habían consumido decenas de miles de hectáreas en Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén. La difusión oficial presentó los recursos como una respuesta directa del Gobierno de Javier Milei ante la emergencia ambiental.
Sin embargo, la aclaración de la Federación de Bomberos evidenció que se trató de una operación de comunicación política: presentar como ayuda excepcional lo que en realidad corresponde por ley y se financia con dinero de los ciudadanos, no del Estado.
La estrategia comunicacional generó malestar en distintos cuarteles del país. Desde el sistema bomberil remarcaron la necesidad de comunicar con precisión el origen de los recursos, especialmente en momentos de emergencia, para no generar expectativas erróneas ni confusión en la población.
Cuarteles endeudados
La desmentida de Bomberos de Chubut se suma a denuncias sobre la situación crítica del financiamiento al sistema bomberil. Según declaraciones de representantes de cuarteles de la provincia, «los cuarteles están endeudados» por la falta de fondos adecuados para equipamiento, mantenimiento de unidades y capacitación del personal voluntario.
El diputado nacional Martín Soria requirió al Ministerio de Seguridad que informe sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, la cantidad de alertas emitidas desde septiembre de 2025, las zonas afectadas y las campañas de prevención implementadas para el verano 2025-2026.
La diferencia entre el cumplimiento de obligaciones legales y la asistencia extraordinaria ante catástrofes se vuelve crucial en un contexto donde la información oficial resulta determinante para la gestión de la emergencia y la confianza ciudadana.
Un patrón comunicacional
La desmentida de Bomberos de Trelew y la Federación de Chubut vuelve a poner el foco en la forma en que el Gobierno nacional comunica políticas sensibles. En plena crisis ambiental, la precisión sobre el origen de los recursos destinados a quienes combaten incendios se transforma en un tema central del debate público.
El caso se inscribe en una serie de anuncios oficiales que presentaron como logros de gestión lo que en realidad corresponde a obligaciones legales preexistentes o a recursos que se financian con aportes de la ciudadanía, no con partidas del Tesoro Nacional.
Mientras tanto, la Patagonia continúa ardiendo con más de 230.000 hectáreas devastadas, 700 personas evacuadas y un daño ambiental irreparable en ecosistemas de bosque nativo que tardarán décadas en recuperarse, si es que pueden hacerlo.
Puntos clave:
• La Federación de Bomberos de Chubut desmintió que los $100.810 millones anunciados sean un aporte extraordinario del Gobierno por los incendios
• Los fondos corresponden a la Ley Nacional 25.054, vigente desde 1998, y se financian con el 5 por mil de las primas de seguros que paga la ciudadanía
• La transferencia incluye fondos adeudados del ejercicio 2025 que no se giraron en su totalidad, más la primera cuota de 2026
• El monto se reparte entre 1.062 cuarteles, unos $95 millones por asociación, mientras un solo traje forestal cuesta más de $5.000
• El anuncio se produjo en pleno pico de la crisis ígnea, presentando como ayuda excepcional lo que en realidad corresponde por ley ★
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