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Emergencia ígnea en la Patagonia: el decreto llegó cuando ya se quemaron más de 230.000 hectáreas
La declaración oficial se produjo después de semanas de reclamos de los gobernadores patagónicos. Mientras el fuego arrasaba bosques nativos milenarios, el ministro del Interior Diego Santilli recorría provincias negociando votos para la reforma laboral del Gobierno.
★ El Gobierno nacional declaró este jueves la Emergencia Ígnea por un año en cuatro provincias patagónicas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros. La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, territorios que enfrentan incendios forestales de magnitud desde hace semanas.
El decreto también estableció como zona de desastre a los territorios afectados en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, según informó el Boletín Oficial.
Una respuesta que llegó demasiado tarde
La declaración de emergencia se produjo después de que los incendios ya devastaran más de 230.000 hectáreas de bosque nativo en toda la región patagónica, según los datos oficiales presentados por los propios gobernadores en su videoconferencia del 27 de enero.
El desglose provincial revela la magnitud del desastre: La Pampa perdió 168.000 hectáreas; Chubut, 45.000 hectáreas; Río Negro, 10.000 hectáreas; Neuquén, 6.000 hectáreas; y Santa Cruz, 700 hectáreas. En Chubut, los focos más críticos se concentraron en el Parque Nacional Los Alerces, con 20.000 hectáreas quemadas, y en la zona de Puerto Patriada-Epuyén, con 22.300 hectáreas arrasadas.
Organizaciones ambientalistas y autoridades provinciales venían reclamando desde hace semanas una intervención más contundente del Estado nacional, tanto en recursos para el combate del fuego como en asistencia a las poblaciones afectadas. Según datos de Greenpeace, durante 2025 se quemaron cerca de 32.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, cuadruplicando la superficie afectada en la temporada anterior y convirtiéndose en los peores incendios de las últimas tres décadas.
«La declaración de emergencia debió haberse tomado cuando los primeros focos se descontrolaron, no cuando ya perdimos miles de hectáreas irreparables», señaló a medios locales un referente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Prioridades políticas en medio del fuego
Mientras la Patagonia ardía, el ministro del Interior Diego Santilli concentró su agenda en una intensa gira por las provincias para sumar apoyos a la reforma laboral, principal prioridad legislativa del gobierno de Javier Milei para las sesiones extraordinarias de febrero.
Santilli visitó Chubut en dos ocasiones durante enero. En su primer viaje, el 8 de enero, recorrió junto al gobernador Ignacio Torres las zonas afectadas por los incendios en El Hoyo y Epuyén. Sin embargo, según trascendió, el objetivo central de la visita fue «blindar los votos para la reforma laboral» y discutir otros temas de la agenda nacional más allá de la cuestión ambiental.
La estrategia oficial replicó el esquema utilizado en diciembre para aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: reuniones previas con gobernadores «afines» que recibieron Aportes del Tesoro Nacional y fondos del Consenso Fiscal 2017, mientras los mandatarios opositores quedaron fuera de las negociaciones.
Durante enero, Santilli se reunió con al menos diez gobernadores: Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Este viernes está previsto su encuentro con Juan Pablo Valdés en Corrientes.
Recién ayer, jueves 29 de enero, cuando los incendios ya habían consumido más de 230.000 hectáreas y tras el reclamo unificado de los gobernadores patagónicos —Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Figueroa (Neuquén), Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)—, Santilli confirmó que el Gobierno definiría «en las próximas horas» sobre la Emergencia Ígnea.
Recursos insuficientes y tardíos
El DNU encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las acciones de prevención, combate de incendios, asistencia a la población y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.
Sin embargo, el decreto no especifica partidas presupuestarias concretas ni detalla el cronograma de desembolso de fondos para las tareas de restauración y asistencia. Fuentes del ámbito provincial consultadas por este medio expresaron preocupación por la falta de precisiones sobre los recursos que efectivamente llegarán a los territorios afectados.
Según denuncias de trabajadores de Parques Nacionales, actualmente hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas, cuando el mínimo necesario sería de 700 efectivos para una respuesta adecuada.
El diputado nacional Martín Soria requirió al Ministerio de Seguridad que informe sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, la cantidad de alertas emitidas desde septiembre de 2025, las zonas afectadas y las campañas de prevención implementadas para el verano 2025-2026.
Justificación del DNU
El texto del decreto fundamenta la medida en la sequía prolongada, los vientos intensos y la magnitud de los incendios, que «superaron la capacidad de respuesta local y ponen en riesgo bienes, el ambiente y la vida de las personas».
El Poder Ejecutivo justificó el uso del mecanismo de DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario demoraría la adopción de medidas urgentes. La norma establece que se dará cuenta de la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la legislación vigente.
El daño irreparable
Los incendios en la Patagonia afectan especialmente a ecosistemas de alto valor de conservación. El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017, sufrió daños considerables en sus bosques milenarios de ciprés, lenga y arrayán.
Las más de 230.000 hectáreas devastadas incluyen bosques nativos de lento crecimiento, cuya recuperación puede demorar décadas o resultar imposible en algunos casos debido a las condiciones climáticas actuales y el avance de especies invasoras en los terrenos quemados. El número de personas evacuadas asciende a más de 700, mientras que los daños materiales todavía no pueden dimensionarse completamente.
Puntos clave:
• El Gobierno declaró la emergencia ígnea por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante el DNU 73/2026
• Los incendios consumieron más de 230.000 hectáreas de bosque nativo en toda la región patagónica, según datos oficiales de los gobernadores
• La declaración llegó semanas después del inicio de los focos y tras reclamos insistentes de las provincias afectadas
• El ministro del Interior Diego Santilli priorizó durante enero una gira por provincias para sumar apoyo a la reforma laboral, visitando Chubut en medio de los incendios
• El decreto no detalla partidas presupuestarias específicas ni cronogramas de desembolso de fondos para las zonas afectadas
• Según denuncias de trabajadores, hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas cuando el mínimo necesario sería 700 efectivos
Educación
“Nos están convirtiendo en una república bananera”: Momo marchó por la universidad pública
La cuarta Marcha Federal Universitaria reunió a más de 120.000 personas en Buenos Aires. El popular streamer Gerónimo Benavides se sumó a la protesta y lanzó durísimas críticas al ajuste libertario sobre la educación pública.
“Nos están convirtiendo en una república bananera”: Momo marchó por la universidad pública y apuntó al Gobierno de Milei
★ La Plaza de Mayo volvió a convertirse en el corazón del reclamo educativo argentino. Este martes 12 de mayo, una multitud de estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos de a pie colmó el centro porteño en la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
Entre los miles de manifestantes, el reconocido streamer Gerónimo «Momo» Benavides eligió estar presente y disparó sin filtros contra la gestión libertaria: «Todos los profesionales se están yendo, ¿por qué un ingeniero nuclear no puede ejercer acá? Porque están destruyendo todo, nos están convirtiendo en una república bananera».
Una movilización que desbordó expectativas
Según estimaciones de La Nación, unas 120.000 personas participaron de la concentración en la Ciudad de Buenos Aires, con columnas que arrancaron desde Plaza Houssay, el Congreso, la avenida 9 de Julio y la avenida de Mayo, para converger en Plaza de Mayo con un acto central a las 18 horas. La convocatoria se replicó en todas las provincias del país, con movilizaciones en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Posadas, Corrientes y decenas de ciudades del interior.
El documento final, leído por estudiantes frente a la Casa Rosada, concentró la exigencia central: «Milei, cumplí la ley». Los organizadores reclamaron la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y validada en dos instancias judiciales, en tanto la Corte Suprema aún aguarda para emitir su fallo definitivo sobre la norma.
Los números del ajuste que movilizó a las calles
El reclamo tiene sustento en cifras concretas. Según el documento presentado por las propias universidades, las transferencias presupuestarias al sistema universitario acumularon una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. En ese mismo período, la inflación trepó al 293,30%, mientras que los salarios docentes y no docentes apenas aumentaron un 147,30%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%.
El dato más contundente, relevado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (FeDUN), indica que el 80% de los profesores universitarios cobra por debajo de la línea de pobreza, con salarios en el nivel más bajo de los últimos 23 años y desde el retorno de la democracia.
Lejos de revertir la tendencia, el Gobierno profundizó el ajuste en vísperas de la marcha. La Decisión Administrativa 20/2026, publicada el lunes en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, dispuso nuevos recortes del 2% en gastos de capital y del 20% en erogaciones generales, afectando especialmente al área de Educación y Ciencia.
La ironía de la situación no pasó desapercibida entre los manifestantes. Uno de los carteles más coreados rezaba: «Menos cascadas y más universidad», una alusión directa a las refacciones de lujo supuestamente pagadas en efectivo y sin factura que el contratista Matías Tabar reveló haber realizado en una propiedad del jefe de Gabinete, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez federal Ariel Lijo.
La voz de Momo y el rol de los influencers en la disputa cultural
La presencia de Gerónimo «Momo» Benavides en la marcha suma una dimensión cultural y generacional al conflicto. El streamer, con millones de seguidores en plataformas digitales, eligió un lenguaje directo y sin eufemismos para describir el proceso que atraviesa la Argentina bajo la gestión libertaria: «El sistema es volverte una republiqueta bananera para vivir de los intereses», sintetizó.
Las críticas de Momo no se limitaron al plano educativo. «El mensaje es clarísimo cuando te llenan el Congreso de prostitutas, de un tipo que se pone un termo en la cabeza, y después te dicen que ‘estudiar es de boludo'», expresó el influencer, apuntando al discurso anticultural que, según su lectura, subyace a las políticas del oficialismo. Luego fue más específico: «Le recortaron a la educación, las rutas son un desastre, les recortan a los jubilados y hay gente que se lleva el 3%. ¿A dónde va esa guita?», preguntó en medio de la movilización.
La artista Emilia Mernes también sumó su voz al reclamo desde las redes sociales, al compartir contenido en defensa de la educación pública superior, en una jornada en la que varios referentes de la cultura popular eligieron pronunciarse públicamente.
El Gobierno desestimó el reclamo y lo calificó de «maniobra política»
Frente a la masividad de la movilización, el oficialismo optó por una respuesta defensiva. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvieron que la única ley que el Gobierno acatará es la de presupuesto. A través de un comunicado oficial, La Libertad Avanza catalogó la protesta como una «marcha política opositora» destinada a instalar que el Gobierno «quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas», desestimando los datos de caída presupuestaria y salarial presentados por las propias casas de estudio.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuestionó esa postura en declaraciones a Radio La Red: «Estamos frente a algo que es muy difícil de entender, frente a un Gobierno que el Congreso sanciona una ley y no la cumple, que vota un presupuesto que después no lo ejecuta». Yacobitti calificó el video difundido por el subsecretario Álvarez como «una provocación lisa y llana porque de todas las cosas que dice no hay una sola que sea verdad».
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, Franco Bartolacci, reclamó respuestas urgentes ante una situación que definió como «crítica» y advirtió que las políticas del Ejecutivo «ponen en riesgo la potencialidad que tienen las universidades argentinas».
La oposición en la calle y el PRO dividido
El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó de la marcha en Plaza de Mayo junto a integrantes de su gabinete, jefes comunales y legisladores. También acompañaron la convocatoria gremios, movimientos sociales y el grueso del arco opositor. La única fractura visible se registró al interior del PRO: mientras las diputadas Silvia Lospennato y Gisela Scaglia, y el diputado Álvaro González, marcharon en defensa del financiamiento universitario, el exsenador Federico Pinedo se alineó con la postura del Gobierno al sostener que la iniciativa de gasto público «corresponde al Poder Ejecutivo y se discute en el Presupuesto».
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, había anticipado el espíritu de la jornada: «Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro». La frase se convirtió en la síntesis de una movilización que, una vez más, demostró que el reclamo por la educación pública trasciende las fronteras partidarias y se instala como una demanda transversal de la sociedad argentina.
Puntos clave
- La cuarta Marcha Federal Universitaria convocó a unas 120.000 personas en Buenos Aires, con réplicas en todo el país.
- El streamer «Momo» Benavides participó de la movilización y describió al Gobierno de Milei como una «republiqueta bananera».
- Las transferencias presupuestarias a universidades cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026; el 80% de los docentes cobra por debajo de la línea de pobreza.
- La víspera de la marcha, el Gobierno publicó nuevos recortes en Educación mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
- El documento de cierre exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ya validada por el Congreso y dos instancias judiciales.
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