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Emergencia ígnea en la Patagonia: el decreto llegó cuando ya se quemaron más de 230.000 hectáreas

La declaración oficial se produjo después de semanas de reclamos de los gobernadores patagónicos. Mientras el fuego arrasaba bosques nativos milenarios, el ministro del Interior Diego Santilli recorría provincias negociando votos para la reforma laboral del Gobierno.

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★ El Gobierno nacional declaró este jueves la Emergencia Ígnea por un año en cuatro provincias patagónicas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros. La medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, territorios que enfrentan incendios forestales de magnitud desde hace semanas.

El decreto también estableció como zona de desastre a los territorios afectados en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, según informó el Boletín Oficial.

Una respuesta que llegó demasiado tarde

La declaración de emergencia se produjo después de que los incendios ya devastaran más de 230.000 hectáreas de bosque nativo en toda la región patagónica, según los datos oficiales presentados por los propios gobernadores en su videoconferencia del 27 de enero.

El desglose provincial revela la magnitud del desastre: La Pampa perdió 168.000 hectáreas; Chubut, 45.000 hectáreas; Río Negro, 10.000 hectáreas; Neuquén, 6.000 hectáreas; y Santa Cruz, 700 hectáreas. En Chubut, los focos más críticos se concentraron en el Parque Nacional Los Alerces, con 20.000 hectáreas quemadas, y en la zona de Puerto Patriada-Epuyén, con 22.300 hectáreas arrasadas.

Organizaciones ambientalistas y autoridades provinciales venían reclamando desde hace semanas una intervención más contundente del Estado nacional, tanto en recursos para el combate del fuego como en asistencia a las poblaciones afectadas. Según datos de Greenpeace, durante 2025 se quemaron cerca de 32.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, cuadruplicando la superficie afectada en la temporada anterior y convirtiéndose en los peores incendios de las últimas tres décadas.

«La declaración de emergencia debió haberse tomado cuando los primeros focos se descontrolaron, no cuando ya perdimos miles de hectáreas irreparables», señaló a medios locales un referente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Prioridades políticas en medio del fuego

Mientras la Patagonia ardía, el ministro del Interior Diego Santilli concentró su agenda en una intensa gira por las provincias para sumar apoyos a la reforma laboral, principal prioridad legislativa del gobierno de Javier Milei para las sesiones extraordinarias de febrero.

Santilli visitó Chubut en dos ocasiones durante enero. En su primer viaje, el 8 de enero, recorrió junto al gobernador Ignacio Torres las zonas afectadas por los incendios en El Hoyo y Epuyén. Sin embargo, según trascendió, el objetivo central de la visita fue «blindar los votos para la reforma laboral» y discutir otros temas de la agenda nacional más allá de la cuestión ambiental.

La estrategia oficial replicó el esquema utilizado en diciembre para aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: reuniones previas con gobernadores «afines» que recibieron Aportes del Tesoro Nacional y fondos del Consenso Fiscal 2017, mientras los mandatarios opositores quedaron fuera de las negociaciones.

Durante enero, Santilli se reunió con al menos diez gobernadores: Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). Este viernes está previsto su encuentro con Juan Pablo Valdés en Corrientes.

Recién ayer, jueves 29 de enero, cuando los incendios ya habían consumido más de 230.000 hectáreas y tras el reclamo unificado de los gobernadores patagónicos —Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Figueroa (Neuquén), Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)—, Santilli confirmó que el Gobierno definiría «en las próximas horas» sobre la Emergencia Ígnea.

Recursos insuficientes y tardíos

El DNU encomienda a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de las acciones de prevención, combate de incendios, asistencia a la población y apoyo a provincias y municipios para la recomposición social y productiva.

Sin embargo, el decreto no especifica partidas presupuestarias concretas ni detalla el cronograma de desembolso de fondos para las tareas de restauración y asistencia. Fuentes del ámbito provincial consultadas por este medio expresaron preocupación por la falta de precisiones sobre los recursos que efectivamente llegarán a los territorios afectados.

Según denuncias de trabajadores de Parques Nacionales, actualmente hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas, cuando el mínimo necesario sería de 700 efectivos para una respuesta adecuada.

El diputado nacional Martín Soria requirió al Ministerio de Seguridad que informe sobre el funcionamiento del sistema de alertas tempranas, la cantidad de alertas emitidas desde septiembre de 2025, las zonas afectadas y las campañas de prevención implementadas para el verano 2025-2026.

Justificación del DNU

El texto del decreto fundamenta la medida en la sequía prolongada, los vientos intensos y la magnitud de los incendios, que «superaron la capacidad de respuesta local y ponen en riesgo bienes, el ambiente y la vida de las personas».

El Poder Ejecutivo justificó el uso del mecanismo de DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario demoraría la adopción de medidas urgentes. La norma establece que se dará cuenta de la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la legislación vigente.

El daño irreparable

Los incendios en la Patagonia afectan especialmente a ecosistemas de alto valor de conservación. El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017, sufrió daños considerables en sus bosques milenarios de ciprés, lenga y arrayán.

Las más de 230.000 hectáreas devastadas incluyen bosques nativos de lento crecimiento, cuya recuperación puede demorar décadas o resultar imposible en algunos casos debido a las condiciones climáticas actuales y el avance de especies invasoras en los terrenos quemados. El número de personas evacuadas asciende a más de 700, mientras que los daños materiales todavía no pueden dimensionarse completamente.

Puntos clave:

• El Gobierno declaró la emergencia ígnea por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa mediante el DNU 73/2026

• Los incendios consumieron más de 230.000 hectáreas de bosque nativo en toda la región patagónica, según datos oficiales de los gobernadores

• La declaración llegó semanas después del inicio de los focos y tras reclamos insistentes de las provincias afectadas

• El ministro del Interior Diego Santilli priorizó durante enero una gira por provincias para sumar apoyo a la reforma laboral, visitando Chubut en medio de los incendios

• El decreto no detalla partidas presupuestarias específicas ni cronogramas de desembolso de fondos para las zonas afectadas

• Según denuncias de trabajadores, hay 400 brigadistas para cubrir más de 5 millones de hectáreas cuando el mínimo necesario sería 700 efectivos

Morón

Narcofuncionaria en Morón: Ghi no fue a la interpelación y su enviado lo contradijo cuatro veces

El intendente de Morón evitó presentarse ante el Concejo Deliberante y delegó en su secretario de Seguridad la defensa por el escándalo de Luna Ortigoza, la exdirectora de Género prófuga con medio kilo de cocaína. El enviado contradijo al jefe comunal al menos cuatro veces y aprovechó la sesión para promocionar su propia figura.

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El Argentino Diario-Damián Cardoso-Lucas Ghi.
El narcoescándalo de Morón y la crisis de la gestión de Ghi: cuando el que defiende termina hundiendo.

Ghi mandó a Cardoso y él mismo lo hundió: cuatro contradicciones en la interpelación por la narcofuncionaria

★ El intendente de Morón, Lucas Ghi, no fue. En la sesión extraordinaria convocada para este jueves en el Concejo Deliberante por el escándalo de la exdirectora de Género Luna Suyai Ortigoza, prófuga desde el 21 de mayo tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar Sur, el jefe comunal decidió no comparecer personalmente y delegar la tarea en su secretario de Seguridad, Damián Cardoso. La decisión no pasó inadvertida: todos los ediles que tomaron la palabra en el recinto lo señalaron con la misma frase: «Esperábamos a Lucas Ghi».

Lo que siguió fue una sesión de cuatro horas y media que, lejos de acotar el daño político, lo amplificó. Cardoso zigzagueó sobre la participación de su área en los operativos judiciales y policiales, se jactó de eficiencia en algunos momentos y tomó distancia en otros, y terminó contradiciendo a su propio jefe al menos en cuatro puntos centrales del relato oficial.

El comunicado de Ghi versus la versión de Cardoso

La primera contradicción emergió en el punto más sensible del caso: si el Municipio sabía o no de los allanamientos antes de que derivaran en el hallazgo de la droga en la casa de la funcionaria. Cuando el escándalo estalló, Ghi emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que los procedimientos habían sido «impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito». La afirmación resultaba políticamente conveniente: sugería que el propio gobierno municipal había activado la operación.

Cardoso desmintió esa versión ante los concejales. El secretario de Seguridad aseguró que su área no tenía conocimiento previo de los operativos y que fue informada con posterioridad por la Unidad Fiscal de Investigación. El contrapunto no es menor: sobre Ortigoza pesa la sospecha, planteada por varios concejales durante la sesión, de que pudo haber sido alertada con anticipación sobre la realización de los allanamientos, lo que explicaría su fuga antes de que los efectivos llegaran a su domicilio.

«La nombró Ghi el 1° de febrero de 2020»

La segunda contradicción llegó cuando Cardoso refutó una frase que el propio intendente había utilizado públicamente para tomar distancia del caso. Ghi había dicho que Ortigoza «venía de otras gestiones», intentando así construir una distancia entre su administración y la funcionaria imputada. Cardoso lo desmintió con precisión: «La nombró el intendente Lucas Ghi el 1° de febrero de 2020″.

El dato se corrobora en el decreto de designación. Según fuentes consultadas por distintos medios, Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad en junio de 2025, aunque previamente había tenido pasos por el área de Salud del Municipio como empleada temporaria. Su madre, Silvina Ortigoza, se desempeña actualmente como directora de la UGC N° 5 de El Palomar.

Sin formación para el cargo y sin objeciones del oficialismo

La tercera contradicción alcanzó el terreno de las capacidades. Cardoso descartó que Ortigoza tuviera la formación adecuada para desempeñarse en políticas de Género, una afirmación que contradice directamente la decisión del oficialismo de designarla en ese puesto. La pregunta que quedó flotando en el recinto es cómo alguien sin la idoneidad para el cargo llegó a conducir un área de alta sensibilidad territorial durante años sin que nadie en la administración lo advirtiera, o sin que, si lo advirtió, actuara en consecuencia.

El debate «perfecto» que nadie del luquismo esperaba

La cuarta contradicción fue de orden político. En los días previos a la sesión, el entorno del intendente había denunciado públicamente que la interpelación era un intento de desestabilización, una maniobra opositora para debilitar a Ghi de cara a 2027. Cardoso, ante los concejales, bajó esa tensión con una frase que dejó descolocados a varios ediles del propio oficialismo: «Me parece perfecto el debate y el intercambio respetuoso con los concejales que tienen derecho a recibir las explicaciones pertinentes».

El contexto político: ruptura con Sabbatella y crisis acumulada

La interpelación se realizó en un contexto de creciente erosión institucional para la gestión de Ghi. El caso Ortigoza no es el primero que sacude al municipio: en febrero de este año fue detenida Karen Yael Cufré, empleada del centro de monitoreo de la Secretaría de Seguridad, acusada de integrar una banda dedicada a extorsiones digitales vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre de 2025. Los propios concejales que impulsaron la interpelación lo consignaron en el texto del decreto: Morón atravesó «en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía, con firma, poder político y manejo de recursos, prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico».

La votación que habilitó la interpelación (16 a 8) reflejó además la fractura del peronismo local. Los concejales del bloque de Nuevo Encuentro, que responden a Martín Sabbatella, votaron junto con la oposición contra el oficialismo ghista, consolidando una ruptura que el propio Ghi cuando eligió distanciarse de su antecesor y ex socio político.

Cardoso, entre la derecha y la autopromoción

Lejos de limitarse a defender al intendente, Cardoso dedicó una porción considerable de su presentación a publicitarse a sí mismo y a su área. Aprovechó la sesión para proponer la creación de una policía local y, para sorpresa de varios ediles del bloque oficialista, destacó como modelos de gestión de seguridad a los municipios de San Miguel (Juntos por el Cambio) y Tres de Febrero (La Libertad Avanza).

El perfil político de Cardoso tiene antecedentes propios: fue diputado provincial por Unión PRO entre 2007 y 2011 y exhibe una línea punitivista en materia de seguridad. Está asociado, en la ONG Control Ciudadano, al empresario Ariel Diwan, principal dirigente de La Libertad Avanza en Morón.

La conclusión que circuló en los pasillos del HCD al cierre de la sesión fue unánime: Cardoso no fue a defender a Ghi, fue a defender a Cardoso.

Puntos clave

  • El intendente Lucas Ghi no se presentó a la interpelación del Concejo Deliberante de Morón y delegó en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
  • Cardoso contradijo al propio Ghi al menos cuatro veces: sobre el conocimiento previo de los allanamientos, el origen de la designación de Ortigoza, su idoneidad para el cargo y la legitimidad del debate legislativo.
  • Luna Suyai Ortigoza permanece prófuga desde el 21 de mayo con una orden de captura vigente; en su domicilio se secuestraron 509 gramos de cocaína.
  • El caso se suma al de Karen Cufré, exempleada municipal detenida por integrar una banda de extorsionadores vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
  • La interpelación se aprobó 16 a 8 con el voto del sabbatellismo junto a la oposición, evidenciando la fractura del peronismo en Morón.
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