La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, al rechazar los recursos de su defensa en dos causas que lo enfrentaron a los grupos económicos y mediáticos concentrados.

La decisión, que incluye su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue interpretada en el peronismo como un nuevo capítulo del lawfare y una proscripción política, en la línea de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra con prisión domiciliaria en su casa de Constitución.

Las causas y el trasfondo político

El primer expediente remite a la asamblea de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010, cuando Moreno —enfrentado a Clarín y La Nación por el control de la empresa— irrumpió en una reunión de accionistas exigiendo transparencia sobre la composición societaria. Ese episodio derivó en una condena por “amenazas coactivas”, dictada por el Tribunal Oral Federal 8 y ratificada por la Cámara de Casación en 2023.

La segunda causa, conocida como la del “cotillón anti Clarín”, se centró en la compra de artículos promocionales con consignas como “Clarín miente”, supuestamente financiados con fondos públicos entre 2011 y 2013. En 2017, el Tribunal Oral Federal 7 lo condenó por peculado e incitación a la violencia colectiva, pese a que se trató de una campaña comunicacional en defensa del derecho a la información frente al poder mediático.

Ambas causas fueron impulsadas por los mismos sectores judiciales y mediáticos que encabezaron la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, bajo una matriz de selectividad judicial que apunta a dirigentes del campo nacional y popular.

Proscripción y disciplinamiento

Con este fallo, la Corte —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— vuelve a actuar como brazo político del poder económico y mediático, consolidando un esquema de disciplinamiento que busca inhabilitar a figuras incómodas para los intereses concentrados.

El peronismo denunció que la resolución no sólo ratifica una condena arbitraria, sino que constituye una nueva proscripción política, sumándose a la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y a las causas abiertas contra otros dirigentes vinculados al kirchnerismo.

En ese marco, la figura de Guillermo Moreno —con su estilo frontal y su defensa del Estado frente al poder corporativo— reaparece como símbolo de un proyecto económico soberano que hoy vuelve a ser castigado por el partido judicial.

Una ofensiva que no cesa

El fallo contra Moreno se inscribe en la misma estrategia de criminalización del peronismo que atravesó la historia argentina desde el golpe de 1955 hasta el presente. En cada etapa, la justicia y los grandes medios actuaron en tándem para limitar la participación política del movimiento popular y desalentar cualquier intento de recuperación del Estado como herramienta de desarrollo nacional.

“Cuando los intereses económicos no pueden ganar en las urnas, buscan ganar en los tribunales”, advirtió un dirigente del espacio Fuerza Patria, en alusión a la continuidad del lawfare como política de Estado encubierta.