Judiciales ⚖️
La Corte y una nueva proscripción: inhabilitaron a Guillermo Moreno
El fallo del Máximo Tribunal confirma la ofensiva judicial contra referentes del peronismo y profundiza la persecución iniciada contra Cristina Fernández de Kirchner.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, al rechazar los recursos de su defensa en dos causas que lo enfrentaron a los grupos económicos y mediáticos concentrados.
La decisión, que incluye su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue interpretada en el peronismo como un nuevo capítulo del lawfare y una proscripción política, en la línea de lo ocurrido con Cristina Fernández de Kirchner, que se encuentra con prisión domiciliaria en su casa de Constitución.
Las causas y el trasfondo político
El primer expediente remite a la asamblea de Papel Prensa del 12 de agosto de 2010, cuando Moreno —enfrentado a Clarín y La Nación por el control de la empresa— irrumpió en una reunión de accionistas exigiendo transparencia sobre la composición societaria. Ese episodio derivó en una condena por “amenazas coactivas”, dictada por el Tribunal Oral Federal 8 y ratificada por la Cámara de Casación en 2023.
La segunda causa, conocida como la del “cotillón anti Clarín”, se centró en la compra de artículos promocionales con consignas como “Clarín miente”, supuestamente financiados con fondos públicos entre 2011 y 2013. En 2017, el Tribunal Oral Federal 7 lo condenó por peculado e incitación a la violencia colectiva, pese a que se trató de una campaña comunicacional en defensa del derecho a la información frente al poder mediático.
Ambas causas fueron impulsadas por los mismos sectores judiciales y mediáticos que encabezaron la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, bajo una matriz de selectividad judicial que apunta a dirigentes del campo nacional y popular.
Proscripción y disciplinamiento
Con este fallo, la Corte —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— vuelve a actuar como brazo político del poder económico y mediático, consolidando un esquema de disciplinamiento que busca inhabilitar a figuras incómodas para los intereses concentrados.
El peronismo denunció que la resolución no sólo ratifica una condena arbitraria, sino que constituye una nueva proscripción política, sumándose a la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y a las causas abiertas contra otros dirigentes vinculados al kirchnerismo.
En ese marco, la figura de Guillermo Moreno —con su estilo frontal y su defensa del Estado frente al poder corporativo— reaparece como símbolo de un proyecto económico soberano que hoy vuelve a ser castigado por el partido judicial.
Una ofensiva que no cesa
El fallo contra Moreno se inscribe en la misma estrategia de criminalización del peronismo que atravesó la historia argentina desde el golpe de 1955 hasta el presente. En cada etapa, la justicia y los grandes medios actuaron en tándem para limitar la participación política del movimiento popular y desalentar cualquier intento de recuperación del Estado como herramienta de desarrollo nacional.
“Cuando los intereses económicos no pueden ganar en las urnas, buscan ganar en los tribunales”, advirtió un dirigente del espacio Fuerza Patria, en alusión a la continuidad del lawfare como política de Estado encubierta.
Investigación 🔎
La inmobiliaria confirmó que el depto de Adorni vale $110.000 más de lo declarado
Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación declararon este lunes ante la Justicia y certificaron que el inmueble en Caballito se ofrecía a US$ 340.000, mientras que el jefe de Gabinete lo escrituró por US$ 230.000.
Caso Adorni: la brecha de US$ 110.000 entre el precio real y el declarado complica al jefe de Gabinete
★ El caso Adorni sumó este lunes un nuevo capítulo de peso en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita y tiene a cargo el juez Ariel Lijo. La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, titulares de la inmobiliaria que participó en la operación del departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, declararon en Comodoro Py y ratificaron que el inmueble tenía un valor de mercado US$ 110.000 mayor al precio oficialmente escriturado por el jefe de Gabinete.
El precio que no cierra
Rucci y Trimarchi confirmaron ante el fiscal Pollicita que el departamento, ubicado en un edificio del barrio de Caballito, se ofrecía originalmente a US$ 340.000. Sin embargo, la operación por la cual Manuel Adorni adquirió el inmueble se escrituró por US$ 230.000, una diferencia de 110.000 dólares que la Justicia busca explicar.
Los declarantes también confirmaron que la propiedad había sido remodelada, circunstancia que elevaba su valor en el mercado y refuerza la hipótesis fiscal de que el precio declarado no refleja el valor real de la transacción.
La modalidad «inusual» que llamó la atención
Uno de los puntos que más peso adquirió en la declaración fue la calificación de Rucci sobre la forma de pago. La martillera describió como un hecho «poco frecuente» que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que se trata de una modalidad inusual en el sector inmobiliario argentino.
Rucci también aclaró que no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, aunque señaló que le ofreció la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Feijoo. Según declaró, la respuesta de Feijoo fue que «ya tenía un interesado».
Feijoo, el nexo entre las partes
Según las actuaciones judiciales hasta el momento, Pablo Feijoo habría sido quien articuló los contactos entre todas las partes de la operación: su madre, otra jubilada y el propio Adorni. La transacción quedó escriturada en US$ 230.000, con la particularidad de que US$ 30.000 se pagaron en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.
Este miércoles 22 de abril, Feijoo deberá presentarse en Comodoro Py ante el fiscal Pollicita. La citación incluye la obligación de poner a disposición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.
La agenda judicial que viene
La causa tiene marcados varios hitos en los próximos días. El viernes 25 será el turno de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que compró la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. La ronda de declaraciones cerrará el 27 de abril con Juan Cosentino, responsable de vender esa propiedad del barrio privado al matrimonio Adorni-Angeletti.
Como informó este medio en entregas anteriores, la causa también examina los vuelos privados al exterior financiados por terceros, el levantamiento del secreto bancario y fiscal del matrimonio, y los vínculos entre la compra-venta y figuras del entorno del Gobierno nacional.
Puntos clave
- La inmobiliaria que intervino en la operación confirmó que el departamento de Caballito se ofrecía a US$ 340.000, unos US$ 110.000 más que el precio escriturado por Adorni.
- La martillera Natalia Rucci calificó de «poco frecuente» la compra en 12 cuotas sin interés pactada por el jefe de Gabinete.
- Pablo Feijoo, quien habría articulado la operación entre su madre, otra jubilada y Adorni, deberá declarar el miércoles 22 y entregar su celular y comprobantes.
- El viernes 25 declara el contratista que refaccionó la casa del country Indio Cuá, propiedad de la esposa de Adorni.
- El 27 de abril cierra la ronda de testimonios con el vendedor de la propiedad en el barrio privado.
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