Un operativo para frenar la protesta

En la antesala de la marcha convocada por el Partido Justicialista hacia Plaza de Mayo, el Gobierno nacional desplegó un riguroso operativo de control que incluye requisas, vallados y fuerzas federales en puntos estratégicos de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. En la Autopista Riccheri, los micros que transportaban manifestantes fueron detenidos por personal policial, que inspeccionó los vehículos, realizó test de alcoholemia a los choferes y, según denuncias de algunos pasajeros, retuvo objetos personales y demoró unidades sin explicación clara.

“Nos bajaron del micro, revisaron todo y nos hicieron esperar más de media hora. Nos quieren impedir llegar a la Plaza”, contó un militante de La Cámpora que viajaba desde La Matanza.

El despliegue responde a la decisión del Ministerio de Seguridad de sostener el protocolo antipiquetes en simultáneo con la tradicional marcha de los jubilados frente al Congreso. Por eso, también se reforzó la vigilancia en los alrededores del Palacio Legislativo y otros puntos del centro porteño.

El trasfondo político: Cristina y el lawfare

La marcha se produce en un contexto de fuerte tensión institucional y política. Luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 concediera la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad, la convocatoria que originalmente se dirigía a Comodoro Py se reconvirtió en una manifestación multitudinaria hacia Plaza de Mayo. El objetivo, según dirigentes del PJ, es rechazar “la condena sin pruebas” que representa una nueva etapa del lawfare en Argentina.

Desde la sede de la calle Matheu, los referentes peronistas ratificaron la convocatoria y llamaron a una jornada pacífica. “Va a haber un acto político porque este es un tema político en nuestro país. Cristina es inocente, pero además la Argentina está pasando un momento muy difícil”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El disciplinamiento estatal: descuentos a empleados públicos

La Casa Rosada anticipó que se descontará el día a todos los trabajadores del Estado que adhieran al paro para participar de la marcha. La medida busca desalentar la protesta y refuerza una lógica de disciplinamiento que ya se expresó en otras decisiones recientes del gobierno de Javier Milei. Según versiones oficiales, “no corresponde pagar un día no trabajado”, aunque sindicatos estatales denunciaron una maniobra persecutoria.

“Están usando el aparato del Estado para perseguir a quienes protestan. Es un mensaje directo contra la organización popular”, señaló un delegado de ATE.

Un operativo con antecedentes

No es la primera vez que se utiliza a las fuerzas de seguridad para condicionar movilizaciones vinculadas al kirchnerismo. En septiembre de 2022, tras el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, también se desplegaron cordones policiales y controles en distintas autopistas. En aquel entonces, el gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta argumentó que se trataba de “operativos preventivos”, pero múltiples organismos de derechos humanos advirtieron sobre la criminalización de la protesta social.

Hoy, bajo la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, el enfoque represivo se profundizó con un protocolo que permite la intervención directa de las fuerzas ante cualquier corte de calle o manifestación no autorizada.

Una Plaza de Mayo cargada de simbolismo

La concentración prevista para las 14 horas busca recuperar la Plaza de Mayo como escenario simbólico de resistencia y memoria. “No solo venimos a apoyar a Cristina, sino a decir que no vamos a permitir que destruyan lo que tanto nos costó construir”, señaló una manifestante llegada desde Rosario.

La movilización se da en un contexto de deterioro económico, con caída del poder adquisitivo, recortes presupuestarios y conflictividad creciente en sectores como la educación, la salud y el trabajo. En ese clima, el peronismo intenta reposicionarse con una bandera clara: “Cristina proscripta, el pueblo movilizado”.

Puntos clave:

• Requisas policiales y retención de micros en la Autopista Riccheri.
• Fuerte operativo de seguridad en accesos a CABA y alrededores del Congreso.
• El PJ convocó a marchar a Plaza de Mayo contra la proscripción de Cristina.
• La Casa Rosada descontará el día a empleados públicos que adhieran al paro.
• Mayra Mendoza afirmó: “Cristina es inocente, la marcha es por la situación del país”.
• Se repiten patrones represivos similares a operativos de 2022.
• Organismos y sindicatos denuncian criminalización de la protesta.

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