Un operativo desmedido: control a un colectivo escolar

La mañana del lunes se vio alterada por los controles de la Policía Federal sobre la Autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central, donde se instaló un retén con el objetivo de frenar colectivos y autos que se dirigían hacia Plaza de Mayo. En ese contexto, agentes detuvieron un micro escolar que trasladaba estudiantes de primaria en una excursión al Planetario.

Lejos de ser un hecho menor, la intervención encendió las alarmas por su carácter desproporcionado y por exponer a niñas y niños a una situación intimidante. La decisión de requisar el vehículo escolar fue repudiada por distintos sectores del arco político y organizaciones de derechos humanos.

Según trascendió, los efectivos inspeccionaron el vehículo sin fundamentos visibles y, luego de unos minutos, permitieron que el trayecto continuara. La situación, no obstante, ya había generado malestar entre docentes, acompañantes y familiares.

Repercusiones políticas y denuncias públicas

La abogada y diputada nacional Myriam Bregman fue una de las primeras voces en salir al cruce del operativo. Desde sus redes sociales, escribió: “Jueces y fiscales que cobran miles de pesos: ¿No hay uno que se anime a decir ya mismo que Bullrich no puede estar requisando hasta los colectivos con niños y niñas?”.

El mensaje apuntó directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya cartera coordina este tipo de operativos en el marco de manifestaciones políticas. Organizaciones como la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación Gremial Docente de la UBA también repudiaron lo ocurrido y advirtieron sobre el avance de prácticas intimidatorias por parte de las fuerzas federales.

Desde sectores del Frente de Todos y otras fuerzas opositoras plantearon que el procedimiento careció de sentido común, dado que el micro escolar no tenía relación alguna con la movilización prevista para la tarde.

Una marcha bajo tensión política

El operativo de control se inscribe en un contexto de alta tensión política. La convocatoria a Plaza de Mayo —que se intensificó durante la tarde— reunió a organizaciones sociales, políticas y personas autoconvocadas en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras las nuevas expresiones públicas que denuncian su “proscripción” como candidata.

Además de los controles en la Riccheri, hubo despliegue de efectivos en accesos clave de la Ciudad de Buenos Aires. En algunos casos, se retiraron banderas, bombos y otros elementos simbólicos de protesta antes de permitir el paso de los manifestantes.

En paralelo, simpatizantes de la ex presidenta se concentraron frente a su domicilio en el barrio de Constitución, en lo que calificaron como una muestra de respaldo ante lo que consideran una embestida judicial y mediática para impedirle competir electoralmente.

Contexto de creciente militarización

El episodio con el micro escolar no es un hecho aislado. Se suma a una serie de operativos desplegados en los últimos meses que, según organizaciones de la sociedad civil, buscan disuadir la participación popular en las calles. En este marco, crecen las críticas al rol del Poder Judicial, cuya inacción ante procedimientos irregulares como el de este lunes refuerza la idea de connivencia institucional.

Referentes del ámbito educativo y de derechos humanos advierten que la normalización de estas prácticas afecta no solo el derecho a la protesta, sino también garantías básicas como la integridad de los menores y la libertad de circulación.

La requisa de un micro escolar durante un operativo policial orientado a controlar una protesta política marca un nuevo límite en la escalada represiva del Gobierno nacional. Lo que debió ser una jornada de excursión para niñas y niños terminó siendo una postal del estado de excepción que se intenta instalar desde el poder, con la seguridad como coartada.

Puntos clave:

• La Policía Federal detuvo y revisó un micro escolar con estudiantes de primaria en la Riccheri.
• El operativo apuntaba a controlar el ingreso a la Ciudad por la marcha en apoyo a Cristina Kirchner.
• Myriam Bregman cuestionó el accionar de Bullrich y pidió la intervención de jueces y fiscales.
• Organizaciones sociales y políticas denunciaron persecución e intimidación institucional.
• El episodio se enmarca en un contexto de creciente militarización del espacio público.