La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió hoy en sus redes sociales una columna de opinión del diputado nacional Leopoldo Moreau, publicada por el diario Página/12, en la cual se describe la responsabilidad de la Corte Suprema y de su titular, Horacio Rosatti, en la paralización del Consejo de la Magistratura.

«En solo cuatro párrafos, la verdad de la milanesa sobre la responsabilidad de la Corte en el conflicto institucional. Clarísimo el diputado Leopoldo Moreau», escribió la exmandataria en su cuenta oficial de Twitter, acompañando el mensaje de cuatro capturas de pantalla en las que se puede leer el texto.

El artículo firmado por Moreau lleva por título «El escándalo que provocó la Corte Suprema», y el diputado recordó que «en más de una oportunidad» se ha señalado «la peligrosa escalada que vienen protagonizando las máximas instancias del Poder Judicial».

Para el diputado, los integrantes del máximo tribunal se entrometen «en las facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo».

«A veces, esta intromisión toma la forma de medidas cautelares que paralizan o neutralizan decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, orientadas a beneficiar el interés general», señaló el también titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.

Y agregó que en otros casos «la Corte Suprema de Justicia de la Nación se subroga facultades del Poder Legislativo en franca violación de aquellas que le otorga la Constitución Nacional, con una severa afectación del estado de derecho».

«Es el caso concreto del diseño de un fallo judicial dirigido a configurar un nuevo formato para el Consejo de la Magistratura», escribió Moreau.

La Corte Suprema declaró en diciembre del año pasado inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que redujo en 2006 de 20 a 13 la cantidad de integrantes del órgano encargado de nombrar y remover a los jueces.

La Corte le dio al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una nueva norma sobre la composición del Consejo de la Magistratura, un límite temporal que el Poder Legislativo no cumplió, y en consecuencia, el máximo tribunal ordenó restablecer la norma que estaba vigente hasta 2006.

Ahora, el Consejo tiene veinte integrantes y es presidido por el juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

«Más allá de declarar después de 16 años de vigencia la inconstitucionalidad de la ley con la que este órgano funcionó a lo largo de todos esos años, la Corte Suprema en lo que parece una decisión incluso hecha a medida de su propio titular, resucitó para asombro de una amplia mayoría de juristas una ley que había sido derogada por el Congreso Nacional», puntualizó Moreau.

Para el diputado, el máximo tribunal logró asumir «facultades legislativas que le están expresamente vedadas de ejercer, dando origen a un conflicto de poderes».

Moreau sostuvo que a partir de este «desatino jurisprudencial», el máximo tribunal pretendió «interpretar las reglas de funcionamiento y decisorias de ambas cámaras del Congreso, ejercitando una especie de poder de policía sobre los reglamentos que rigen su funcionamiento».

Moreau se refirió a que en la actualidad el Consejo de la Magistratura no tiene representantes del Congreso como consecuencia del cuestionamiento de la Corte a la división del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado, que reclamó la representación por la segunda minoría en el órgano que designa a los magistrados.

Por medio de una acordada firmada por Rosatti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte dispuso la incorporación al Consejo de la Magistratura de los cuatro representantes de la Cámara de Diputados cuya jura finalmente tendrá lugar el próximo miércoles 21 de diciembre.

Sin embargo, aun tiene en consideración el pleito abierto por los senadores nacionales designados para el Consejo.

«En estos días en los que el Poder Judicial transita el escándalo más bochornoso del que se tenga memoria a lo largo de la historia, resultaría más sano para reconstituir su prestigio que la máxima instancia de los Tribunales se volcara a ejercitar su facultades de superintendencia», se remarca en el texto publicado por Página/12.

El texto cierra llamando a «poner en orden las graves inconductas éticas y morales que más allá de las consecuencias penales que esos comportamientos pueden traer aparejadas restituya la dignidad y la independencia de la magistratura en todas sus instancias».