Denuncia
Cristina señaló a la Corte Suprema en el conflicto del Consejo de la Magistratura
La Corte Suprema declaró en diciembre del año pasado inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que redujo en 2006 de 20 a 13 la cantidad de integrantes del órgano encargado de nombrar y remover a los jueces.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió hoy en sus redes sociales una columna de opinión del diputado nacional Leopoldo Moreau, publicada por el diario Página/12, en la cual se describe la responsabilidad de la Corte Suprema y de su titular, Horacio Rosatti, en la paralización del Consejo de la Magistratura.
«En solo cuatro párrafos, la verdad de la milanesa sobre la responsabilidad de la Corte en el conflicto institucional. Clarísimo el diputado Leopoldo Moreau», escribió la exmandataria en su cuenta oficial de Twitter, acompañando el mensaje de cuatro capturas de pantalla en las que se puede leer el texto.
El artículo firmado por Moreau lleva por título «El escándalo que provocó la Corte Suprema», y el diputado recordó que «en más de una oportunidad» se ha señalado «la peligrosa escalada que vienen protagonizando las máximas instancias del Poder Judicial».
Para el diputado, los integrantes del máximo tribunal se entrometen «en las facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo».
«A veces, esta intromisión toma la forma de medidas cautelares que paralizan o neutralizan decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, orientadas a beneficiar el interés general», señaló el también titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.
Y agregó que en otros casos «la Corte Suprema de Justicia de la Nación se subroga facultades del Poder Legislativo en franca violación de aquellas que le otorga la Constitución Nacional, con una severa afectación del estado de derecho».
«Es el caso concreto del diseño de un fallo judicial dirigido a configurar un nuevo formato para el Consejo de la Magistratura», escribió Moreau.
La Corte Suprema declaró en diciembre del año pasado inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que redujo en 2006 de 20 a 13 la cantidad de integrantes del órgano encargado de nombrar y remover a los jueces.
La Corte le dio al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una nueva norma sobre la composición del Consejo de la Magistratura, un límite temporal que el Poder Legislativo no cumplió, y en consecuencia, el máximo tribunal ordenó restablecer la norma que estaba vigente hasta 2006.
Ahora, el Consejo tiene veinte integrantes y es presidido por el juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema.
«Más allá de declarar después de 16 años de vigencia la inconstitucionalidad de la ley con la que este órgano funcionó a lo largo de todos esos años, la Corte Suprema en lo que parece una decisión incluso hecha a medida de su propio titular, resucitó para asombro de una amplia mayoría de juristas una ley que había sido derogada por el Congreso Nacional», puntualizó Moreau.
Para el diputado, el máximo tribunal logró asumir «facultades legislativas que le están expresamente vedadas de ejercer, dando origen a un conflicto de poderes».
Moreau sostuvo que a partir de este «desatino jurisprudencial», el máximo tribunal pretendió «interpretar las reglas de funcionamiento y decisorias de ambas cámaras del Congreso, ejercitando una especie de poder de policía sobre los reglamentos que rigen su funcionamiento».
Moreau se refirió a que en la actualidad el Consejo de la Magistratura no tiene representantes del Congreso como consecuencia del cuestionamiento de la Corte a la división del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado, que reclamó la representación por la segunda minoría en el órgano que designa a los magistrados.
Por medio de una acordada firmada por Rosatti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte dispuso la incorporación al Consejo de la Magistratura de los cuatro representantes de la Cámara de Diputados cuya jura finalmente tendrá lugar el próximo miércoles 21 de diciembre.
Sin embargo, aun tiene en consideración el pleito abierto por los senadores nacionales designados para el Consejo.
«En estos días en los que el Poder Judicial transita el escándalo más bochornoso del que se tenga memoria a lo largo de la historia, resultaría más sano para reconstituir su prestigio que la máxima instancia de los Tribunales se volcara a ejercitar su facultades de superintendencia», se remarca en el texto publicado por Página/12.
El texto cierra llamando a «poner en orden las graves inconductas éticas y morales que más allá de las consecuencias penales que esos comportamientos pueden traer aparejadas restituya la dignidad y la independencia de la magistratura en todas sus instancias».
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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