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Judiciales ⚖️

El Gobierno denunció penalmente a los implicados en el chat de jueces

«Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche», indicó Presidencia.

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El Gobierno Nacional denunció hoy a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas», según se informó oficialmente.

«Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento«, se indicó en un comunicado oficial.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de
que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia
por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en
los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:


● Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.
● Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
● Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.
● Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal Nº 9.
● Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
● Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de
Buenos Aires.
Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del
Código Penal a:
● Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.
● Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido
perteneciente a Joe Lewis.
● Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría
de Inteligencia del Estado (SIDE).
● Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre,
cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San
Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.
Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín,
Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo
empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no
identificadas.

Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la
comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del
magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras
actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la
Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por
privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas,
dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene,
además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción
”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una
afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la
ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es,
esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos,
constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal
”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno
Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los
implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.
El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo
constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello,
agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones
indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la
independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción
por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante
hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces
y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política
”.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al
Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores
de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la
nación. En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516
faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la
ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza
del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la
facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con
el ministerio público
”.

Investigación 🔎

Espert pidió ser sobreseído y negó que los 200 mil dólares de Machado fueran ilícitos

En un escrito de 65 páginas presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, el ex diputado libertario José Luis Espert respondió a la acusación por presunto lavado de activos y solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa sostiene que el pago tuvo respaldo contractual y que cada operación fue realizada a nombre del imputado.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.
Suposiciones vs documentos: la estrategia defensiva de Espert frente a una causa que Milei no pudo frenar.

José Luis Espert presentó su descargo formal ante el juez federal Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos vinculado a una transferencia de 200.000 dólares recibida en enero de 2020 en una cuenta a su nombre radicada en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos, y ligada a la red empresaria del rionegrino Federico «Fred» Machado. El documento, de 65 páginas, rechaza de manera frontal la hipótesis del fiscal Fernando Domínguez y pide el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito.

La estrategia defensiva se articula sobre un argumento central: la acusación construyó su teoría del caso sobre suposiciones, no sobre hechos probados. «Mientras que cada punto de la imputación es una suposición, cada respuesta de mi descargo es un hecho documentado», señaló Espert en el escrito. La defensa sostuvo además que el contrato de consultoría que justifica el pago existió y que todas las operaciones posteriores se realizaron a nombre del propio imputado, en contradicción con el argumento fiscal que lo calificó como un instrumento para disfrazar fondos de origen ilícito.

El expediente y la trama financiera

La investigación tiene su punto de partida en una transferencia de 200.000 dólares que impactó en la cuenta número 40611172 del banco Morgan Stanley, en poder de Espert en Estados Unidos y que, según la fiscalía, nunca fue declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los fondos provinieron de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma de la red de Machado, empresario extraditado a los Estados Unidos donde se declaró culpable de fraude y lavado de activos. La fecha del giro fue, según documentación bancaria del Bank of America incorporada como evidencia judicial en ese país, el 22 de enero de 2020.

Con ese dinero, según reconstruyó la fiscalía a partir de documentos bancarios, audios de WhatsApp y archivos secuestrados a los contadores del imputado, Espert adquirió un BMW y luego un Lexus valuado en casi 130.000 dólares, y su esposa, María Mercedes González, suscribió un fideicomiso en Costa Esmeralda, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Domínguez encuadró las operaciones en las tres etapas clásicas del lavado: colocación, estratificación e integración. También solicitó investigar al contador Mariano Alejandro Cosentino y a la firma Varianza S.A., constituida por Espert y su esposa en 2019.

La indagatoria del 7 de julio y el silencio como estrategia

El 7 de julio de 2026, Espert se presentó ante el juez Mirabelli para su declaración indagatoria y optó por no responder preguntas. En cambio, entregó un escrito acompañado de once correos electrónicos que, según su defensa, acreditan la existencia de la relación profesional con Machado. Al retirarse del tribunal, fue escueto: «No voy a hacer declaraciones, las declaraciones las hice ante el juez», dijo ante la prensa. Sus abogados aclararon que la decisión de no responder oralmente respondía al ejercicio de un derecho constitucional y no implicaba negarse a colaborar con la investigación. «No se trata de silencio, se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos», sostuvieron en un comunicado.

En esa misma presentación del 7 de julio, Espert cuestionó al fiscal Domínguez y solicitó al juez que reasuma la dirección directa del sumario, denunciando filtraciones al expediente. Señaló además que existirían dos causas paralelas que analizarían los mismos hechos, lo que a su entender podría derivar en un supuesto de doble juzgamiento: la que tramita en San Isidro ante Mirabelli y otra en el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, iniciada en 2021 y vinculada al uso de aviones de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019.

El descargo de 65 páginas: de la indagatoria al pedido de sobreseimiento

El escrito presentado en agosto de 2026 representa la respuesta formal de Espert a cada punto de la imputación. La defensa argumenta que el origen ilícito de los fondos nunca fue probado en el expediente argentino, que el contrato que respaldó el pago era real y que las operaciones realizadas con el dinero fueron hechas a nombre del imputado, elemento que, a criterio de los letrados, contradice la teoría del ocultamiento. La acusación, en cambio, sostuvo que ese contrato fue un invento para encubrir fondos sucios, una tesis que la defensa calificó de «suposición».

El cuadro judicial resulta aún más complejo si se consideran las medidas de rigor ya dispuestas. El juez Mirabelli rechazó el pedido de la defensa para levantar la inhibición general de bienes sobre las cuentas de Espert, una medida que fue ampliada en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas. En esa resolución, el magistrado incorporó un dato que la defensa no pudo rebatir con comodidad: a los pocos días de iniciado el expediente, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo sin que se conociera el destino de esos fondos.

Milei salió a defenderlo, pero la Justicia siguió su curso

El presidente Javier Milei intervino públicamente para respaldar a su aliado. Cuando Machado acordó con la justicia estadounidense declararse culpable de fraude y lavado a cambio de que se archivara la acusación por narcotráfico, Milei interpretó ese acuerdo como una «absolución» de Espert y calificó la causa como «una operación política y mediática infame». «Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad», escribió el Presidente en redes sociales. Sin embargo, la situación procesal de Machado en Estados Unidos es jurídicamente independiente de la investigación que tramita en Argentina, y el expediente siguió su curso con independencia de los dichos presidenciales.

El escándalo forzó a Espert a renunciar a su candidatura a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025. La causa llegó al corazón del oficialismo en un momento donde La Libertad Avanza acumula frentes abiertos en la Justicia, desde la Causa $Libra hasta las investigaciones por irregularidades en la ANDIS.

Puntos clave

  • Espert presentó un descargo de 65 páginas ante el juez Mirabelli y pidió el sobreseimiento o la falta de mérito por la causa de lavado de activos.
  • La defensa sostiene que el contrato de consultoría que justifica la transferencia de 200.000 dólares es real y que las operaciones fueron hechas a nombre del imputado.
  • El fiscal Domínguez acusó a Espert de blanquear fondos de una organización criminal transnacional mediante la compra de vehículos de lujo y un fideicomiso en la costa bonaerense.
  • Mirabelli rechazó levantar la inhibición de bienes y la amplió en marzo de 2026 para incluir el Fideicomiso Costa Dunas; Espert retiró 80.000 dólares al inicio del expediente sin justificar el destino.
  • La defensa de Milei pública de Espert no tuvo efecto procesal: la causa siguió avanzando con independencia de los dichos presidenciales.
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