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Denuncia

FDT pedirá que la Corte declare en la comisión de juicio político

Según el reglamento, la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados.

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El-Argentino-Corte Suprema sin Higton

El Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados se alista para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia que impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, y el oficialismo pedirá que sean llamados a declarar los magistrados del máximo tribunal.

Según el reglamento, una vez iniciada la investigación con mayoría simple la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados, que pueden sin embargo, excusarse de testimoniar y citar además a otros testigos.

Sin embargo, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la apertura del sumario y emitir dictamen, una vez finalizado el proceso de investigación.

Luego tendrá dos meses al menos para llevar adelante el proceso y buscar posibles acuerdos parlamentarios que le permitan sumar voluntades para darle continuidad al proceso.

En ese sentido, Martínez aseguró que se logrará «cada vez más consenso» a medida que se avance en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.

«Vamos a dar un trámite con seriedad, argumentos y sin chicanas. A medida que vayamos avanzando te aseguro que va a haber cada vez más consenso en la decisión del presidente y los gobernadores», señaló el legislador santafesino.

La comisión, presidida por Gaillard, cuenta con 31 miembros: 16 del FdT, 14 de Juntos por el Cambio (JxC) y 1 del Interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.

La bancada oficialista aguarda que desde el Poder Ejecutivo se envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para iniciar el debate de este proceso de remoción y otros proyectos que el Gobierno proponga debatir en el Parlamento.

Tanto los diputados del interbloque opositor como el legislador bonaerense ya anticiparon que no respaldarán el texto impulsado por el presidente y los gobernadores.

De hecho, entre lunes y martes próximos, el documento con los fundamentos contra los jueces de la Corte Suprema, que el presidente Alberto Fernández les entregó al jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, y a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, tendrá que transformarse en un proyecto de resolución para poder iniciar el proceso en la cámara baja.

De todos modos, y debido a que el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento, el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el debate del tema para que la comisión pueda funcionar.

Una vez ingresado el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), los integrantes de la comisión de Juicio Político deberán resolver si se abre la investigación o si la rechazan «in limine».

Si bien el FdT tiene mayoría para abrir una investigación y emitir dictamen en la comisión de Juicio Político para aprobar ese proceso en el recinto necesita dos tercios de los miembros presentes.

Fuentes parlamentarias precisaron que la investigación se concentrará en dos aspectos fundamentales: el fallo de la Corte Suprema que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la injerencia del máximo tribunal sobre la composición del Consejo de la Magistratura.

En tanto, las fuentes no descartan que el oficialismo pueda además proponer incorporar al debate de la comisión el pedido de enjuiciamiento que en 2021 formuló la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En ese entonces, Carrió acusó al jurista santafesino de haber cometido graves irregularidades administrativas y presupuestarias mientras ocupó la presidencia del máximo tribunal.

Esa alternativa podría poner a JxC, que ya anticipó su rechazo al planteo formulado por el Presidente y varios gobernadores, en una disyuntiva que, según advirtieron algunos legisladores opositores, buscaría dividir las posturas en el principal bloque opositor.

En el marco de ese proceso, la Comisión de Juicio Político está habilitada a realizar inspecciones; solicitar a la justicia el registro del domicilio de los investigados y secuestrar elementos que puedan servir como medios de prueba, como así también interceptar sus correspondencias y comunicaciones telefónicas, siempre y cuando no se vulnere su inmunidad.

De todos modos, los dictámenes de la Comisión de Juicio Político tienen vigencia durante tres ejercicios parlamentarios, por lo que, de avanzar, el planteo no vence con la renovación del cuerpo tras una elección legislativa y tiene tres años para poder ser tratado en el recinto.

El último juicio político contra miembros de la Corte fue en 2004 al comienzo de la primera presidencia de Néstor Kirchner, que impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces de la denominada Corte de «la mayoría automática» durante el gobierno de Carlos Menem: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano.

Nazareno, López y Vázquez renunciaron antes del fin del proceso y evitaron así su remoción, en tanto que el Congreso avanzó en el proceso contra Boggiano y Moliné O’Connor, quienes fueron finalmente destituidos.

La primera vez que en la Argentina se destituyó a los integrantes de la Corte Suprema por juicio político fue en 1947, por iniciativa del Gobierno de Juan Domingo Perón, cuando se impulsó ese proceso por haber avalado mediante una acordada el golpe de Estado de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen.

Denuncia

Cómo se cerró $LIBRA: Taiano pidió sobreseer a los Milei y de Giorgi tardó menos de 24 horas en avalar

Sin indagar a ninguno de los once imputados, el juez Martínez de Giorgi firmó el sobreseimiento de Javier y Karina Milei un día después del dictamen de Taiano, con las querellas apartadas y Casación sin resolver si vuelven a la causa. Un inversor apeló y cita 87 operaciones por unos US$ 13,5 millones antes del posteo presidencial.

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El Argentino Diario-Hayden Davis-Javier Milei.
Once sobreseídos sin una sola indagatoria: así se cerró $LIBRA, la vergonzosa causa contra los Milei.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tardó menos de 27 horas en convertir en sentencia el pedido de sobreseimiento del fiscal Eduardo Taiano en la causa $LIBRA. Según trascendió, Taiano firmó su dictamen el jueves 22 de octubre a las 11:32; el secretario del juzgado firmó la resolución el viernes 23 a las 13:30 y el magistrado, a las 14:29.

El Juzgado Federal N°8 sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a otros nueve imputados por la presunta estafa con la criptomoneda que el mandatario promocionó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. La resolución, de 60 páginas, se apoya en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación: inexistencia de delito, porque “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal”. Ninguno de los once investigados fue citado nunca a declaración indagatoria.

Lo que sostuvo el fiscal para cerrar la causa

En su dictamen, Taiano afirmó que no había “sustento fáctico alguno” para avanzar por presunta estafa. Consideró que el proyecto “efectivamente existía”, que el token fue lanzado y que la operatoria “se ejecutó públicamente a través de herramientas abiertas y trazables en blockchain”, y que las empresas involucradas “tenían existencia concreta”. Según su lectura, ninguno de los hechos cuestionados, como la caída abrupta del activo en apenas unas horas, constituye el delito de estafa.

Sobre Karina Milei, el fiscal desestimó la hipótesis de tráfico de influencias, que investigaba si recibió dinero de los empresarios del token para facilitarles reuniones con el Presidente, porque las pruebas no permitieron acreditar “un intercambio indebido”.

Para descartar la responsabilidad del mandatario, Taiano sumó un informe de la Oficina Anticorrupción, según el cual “el presidente no incurrió en una infracción a la Ley 25.188” de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Incorporó además la confirmación de la Secretaría de Legal y Técnica y de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia de que no hay registros de un posible “acuerdo confidencial” entre Hayden Davis y Milei días antes del lanzamiento. Es decir que el fiscal apoyó el descarte del Presidente en un organismo que depende del Poder Ejecutivo y en la ausencia de registros en dependencias de la propia Presidencia.

Sin querellantes, el fiscal quedó como único acusador

Martínez de Giorgi había apartado antes a cinco inversores damnificados que eran querellantes. La exclusión de uno de los denunciantes, Juan Patricio Marchetto, fue confirmada por la Cámara Federal y todavía está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Con las querellas fuera, el único con potestad de impulsar la investigación era Taiano, justamente quien pidió cerrarla, y el juez concluyó que no quedaba una acusación autónoma que sostuviera el proceso.

No era la primera vez que la actuación del fiscal quedaba en la mira: una de las querellas había pedido apartarlo de la investigación al acusarlo de inclinarse a favor de los planteos de la defensa, según consignó la prensa local.

La apelación: llamadas y 87 operaciones antes del posteo

Marchetto apeló el sobreseimiento en un recurso de 40 páginas, con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, y pidió que se revoque. Sostiene que el juez incurrió en “contradicciones” y en una “fundamentación aparente”, y que confundió la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito cuando todavía había medidas pendientes.

También le reprocha a Taiano haber pedido el cierre mientras seguían pendientes diligencias que la propia Fiscalía había ordenado, algo que, según el escrito, exige “una explicación especialmente rigurosa”.

Entre las pruebas que considera relevantes, el recurso cita registros telefónicos según los cuales el empresario Mauricio Novelli llamó tres veces al Presidente y recibió una llamada del mandatario en los minutos previos al posteo del 14 de febrero de 2025. Agrega que segundos antes de que Milei difundiera el código para comprar $LIBRA se registraron 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales, por unos 13,5 millones de dólares. Son planteos de la parte apelante, aún sin respuesta judicial. El recurso pide además profundizar la investigación sobre el destino de los fondos y completar las pericias sobre dispositivos electrónicos de otros protagonistas.

La admisibilidad de la apelación depende de que Casación le reconozca legitimación a Marchetto, una cuestión que todavía no está resuelta. De prosperar, una instancia superior podría revisar la decisión que benefició a Milei, a su hermana y a los otros nueve imputados.

La reacción política y el próximo capítulo

El diputado Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda, anunció el lunes, en diálogo con Radio Rivadavia, que la Coalición Cívica denunciará a Taiano y a Martínez de Giorgi por encubrimiento. El sábado había hablado de “un operativo judicial muy bien armado para consagrar la impunidad” y cuestionó que el fiscal pidiera sobreseer a todos sin citar a indagatoria a una sola persona en más de un año y medio de investigación.

Ferraro sostuvo además que las próximas 48 horas serán claves en Casación, que debe definir si las querellas vuelven a la causa de manera total o parcial. Tras el sobreseimiento, el Presidente adelantó que iniciará acciones legales contra la prensa, un anuncio que se suma al ataque sostenido contra periodistas críticos.

La rapidez de la firma no prueba por sí sola ninguna irregularidad, pero el expediente llegó al cierre sin una sola indagatoria, con un fiscal como único acusador disponible y con una querella que pelea en Casación por volver.

Lo que tenés que saber:

  • Taiano firmó su dictamen el jueves 22 de octubre a las 11:32 y el juez firmó el sobreseimiento el viernes 23 a las 14:29.
  • Los once sobreseídos, entre ellos Javier y Karina Milei, nunca fueron citados a indagatoria.
  • El juez había apartado antes a cinco querellantes y Casación debe resolver si vuelven a la causa.
  • Marchetto apeló en 40 páginas y cita 87 operaciones por unos 13,5 millones de dólares antes del posteo del 14 de febrero de 2025.
  • La Coalición Cívica anunció que denunciará a Taiano y a Martínez de Giorgi.
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