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Denuncia

FDT pedirá que la Corte declare en la comisión de juicio político

Según el reglamento, la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados.

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El-Argentino-Corte Suprema sin Higton

El Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados se alista para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia que impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, y el oficialismo pedirá que sean llamados a declarar los magistrados del máximo tribunal.

Según el reglamento, una vez iniciada la investigación con mayoría simple la comisión pedirá documentación a la Justicia y llamará a los magistrados acusados, que pueden sin embargo, excusarse de testimoniar y citar además a otros testigos.

Sin embargo, el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la apertura del sumario y emitir dictamen, una vez finalizado el proceso de investigación.

Luego tendrá dos meses al menos para llevar adelante el proceso y buscar posibles acuerdos parlamentarios que le permitan sumar voluntades para darle continuidad al proceso.

En ese sentido, Martínez aseguró que se logrará «cada vez más consenso» a medida que se avance en el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema.

«Vamos a dar un trámite con seriedad, argumentos y sin chicanas. A medida que vayamos avanzando te aseguro que va a haber cada vez más consenso en la decisión del presidente y los gobernadores», señaló el legislador santafesino.

La comisión, presidida por Gaillard, cuenta con 31 miembros: 16 del FdT, 14 de Juntos por el Cambio (JxC) y 1 del Interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez.

La bancada oficialista aguarda que desde el Poder Ejecutivo se envíe la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para iniciar el debate de este proceso de remoción y otros proyectos que el Gobierno proponga debatir en el Parlamento.

Tanto los diputados del interbloque opositor como el legislador bonaerense ya anticiparon que no respaldarán el texto impulsado por el presidente y los gobernadores.

De hecho, entre lunes y martes próximos, el documento con los fundamentos contra los jueces de la Corte Suprema, que el presidente Alberto Fernández les entregó al jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, y a la titular de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, tendrá que transformarse en un proyecto de resolución para poder iniciar el proceso en la cámara baja.

De todos modos, y debido a que el Congreso está en receso, para que la comisión se ponga en funcionamiento, el Poder Ejecutivo debe convocar a extraordinarias a través de un DNU y fijar un temario en el que incluya el debate del tema para que la comisión pueda funcionar.

Una vez ingresado el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti), los integrantes de la comisión de Juicio Político deberán resolver si se abre la investigación o si la rechazan «in limine».

Si bien el FdT tiene mayoría para abrir una investigación y emitir dictamen en la comisión de Juicio Político para aprobar ese proceso en el recinto necesita dos tercios de los miembros presentes.

Fuentes parlamentarias precisaron que la investigación se concentrará en dos aspectos fundamentales: el fallo de la Corte Suprema que restituye fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la injerencia del máximo tribunal sobre la composición del Consejo de la Magistratura.

En tanto, las fuentes no descartan que el oficialismo pueda además proponer incorporar al debate de la comisión el pedido de enjuiciamiento que en 2021 formuló la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En ese entonces, Carrió acusó al jurista santafesino de haber cometido graves irregularidades administrativas y presupuestarias mientras ocupó la presidencia del máximo tribunal.

Esa alternativa podría poner a JxC, que ya anticipó su rechazo al planteo formulado por el Presidente y varios gobernadores, en una disyuntiva que, según advirtieron algunos legisladores opositores, buscaría dividir las posturas en el principal bloque opositor.

En el marco de ese proceso, la Comisión de Juicio Político está habilitada a realizar inspecciones; solicitar a la justicia el registro del domicilio de los investigados y secuestrar elementos que puedan servir como medios de prueba, como así también interceptar sus correspondencias y comunicaciones telefónicas, siempre y cuando no se vulnere su inmunidad.

De todos modos, los dictámenes de la Comisión de Juicio Político tienen vigencia durante tres ejercicios parlamentarios, por lo que, de avanzar, el planteo no vence con la renovación del cuerpo tras una elección legislativa y tiene tres años para poder ser tratado en el recinto.

El último juicio político contra miembros de la Corte fue en 2004 al comienzo de la primera presidencia de Néstor Kirchner, que impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces de la denominada Corte de «la mayoría automática» durante el gobierno de Carlos Menem: Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, y Antonio Boggiano.

Nazareno, López y Vázquez renunciaron antes del fin del proceso y evitaron así su remoción, en tanto que el Congreso avanzó en el proceso contra Boggiano y Moliné O’Connor, quienes fueron finalmente destituidos.

La primera vez que en la Argentina se destituyó a los integrantes de la Corte Suprema por juicio político fue en 1947, por iniciativa del Gobierno de Juan Domingo Perón, cuando se impulsó ese proceso por haber avalado mediante una acordada el golpe de Estado de 1930 que derrocó a Hipólito Yrigoyen.

Denuncia

Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal

El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».

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¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV

★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.

«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.

Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal

Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».

La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».

Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica

La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».

El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.

Un patrón de acoso que escala

La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».

Democracia y vigilancia tecnológica

Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.

«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.

Puntos clave

  • Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
  • El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
  • El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
  • El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
  • En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.

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