Espionaje
La titular de la AFI presentó una nueva denuncia por administración fraudulenta en compras y contrataciones
La interventora del organismo, Cristina Caamaño, señaló que estas maniobras le habrían ocasionado al Estado un perjuicio de alrededor de 1.430.000 dólares y 33.309.880 pesos. Pidió indagatoria al expresidente Mauricio Macri.
La interventora del organismo, Cristina Caamaño, señaló que estas maniobras le habrían ocasionado al Estado un perjuicio de alrededor de 1.430.000 dólares y 33.309.880 pesos. Pidió que se cite a indagatoria al expresidente Mauricio Macri.
La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó hoy una nueva denuncia penal ante la justicia federal vinculada con compras y contrataciones por parte del organismo, y pidió que se cite a indagatoria al expresidente Mauricio Macri.
En su presentación, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, Caamaño encuadró los hechos en los delitos de «administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público».
Además de sugerir una batería de medidas probatorias, la presentación solicita que se cite a prestar declaración indagatoria al expresidente Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional. También se pide la indagatoria del exdirector general del organismo, Gustavo Arribas, y de la ex subdirectora general, Silvia Majdalani.

En su denuncia, en la que interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8. la titular de la AFI indica que estas maniobras supuestamente fraudulentas ocasionaron al sector público un perjuicio de alrededor de 1.430.000 dólares y 33.309.880 pesos.
Si se suma esta denuncia a las dos presentadas durante el mes de agosto, la AFI solicitó a la justicia que se investiguen compras y contrataciones «por un total de US$ 2.203.641 y $ 47.198.824», partidas ejecutadas por la anterior gestión del organismo.
Según explicó la AFI en sus presentaciones judiciales, «los hechos puestos ahora en conocimiento de la justicia se configuraron bajo la vigencia del decreto 656 del 6 de mayo de 2016 que, entre otras cuestiones, derogó el régimen de administración de fondos y declaró `secreto´ a la totalidad de los recursos de la Agencia”.
Según surge de la denuncia, “posteriormente, el entonces director general de la Agencia dispuso que todas las compras del organismo sean directas y secretas». En ese contexto, se pide que se investigue la contratación de un software llamado “Open Mind” a través de “una orden de compra por US$ 1.000.000 y luego, al mes siguiente, otra por US$ 127.000 en concepto de renovación anual, todo ello sin jamás solicitar un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación”.
Otro de los hechos denunciados tiene que ver con la contratación de un software de gestión de expedientes jurídicos, en diciembre de 2016, por medio de un expediente de contratación directa del que surge que resultó adjudicataria la firma One Finger S.A.
«A pesar de la ausencia de un circuito de conformidades o controles previos, se emitieron hacia esa sociedad comercial órdenes de compra por un total de $ 3.180.485, cifra que se ubica un 36% por encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado», se indica en la denuncia.
Por último, la presentación describe el acto administrativo mediante el cual se llevó adelante la compra directa de Licencias de Bases de Datos (Oracle) a la firma Preteco S.A., por un total de $ 30.129.395.
En base a su presunta responsabilidad en los hechos descriptos, también se requirió la indagatoria del exdirector de la Dirección de Gestión Económica y Financiera; del extitular de la Dirección de Tecnología de la Información; de un exasesor del director general; y del exdirector operacional de Ciberinteligencia.
«Establecer unilateralmente la totalidad de compras con carácter de secretas, es una licencia ilegítima para disponer de recursos públicos sin límites, sin ley, control, transparencia ni competencia empresarial”, se indica en el texto presentado en la Justicia por la AFI, situación que produjo «un perjuicio concreto y serio a las arcas del Estado y un detrimento a la sociedad», sostiene.
Espionaje
Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto
El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.
El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.
Qué establece el estatuto
El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.
La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.
Derechos y condiciones de egreso
Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.
El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.
Un decreto en una zona de sombras
El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.
La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
- La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
- Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
- La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
- El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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