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Beller declaró ante la Justicia y el celular que puede hundir al entorno libertario ya está en manos del fiscal

Custodiada con chaleco antibalas por temor a represalias, la abogada Nadia Beller ratificó ante el fiscal federal Franco Picardi que Fernando Cerimedo filtró los audios de la corrupción en ANDIS y puso su teléfono a disposición de la Justicia argentina. Un día antes, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otras 18 personas.

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La corrupción libertaria se derrumba desde adentro: Beller entregó su celular y la Cámara Federal confirmó 19 procesamientos en ANDIS.

Más de 245.000 dólares en efectivo sin factura para refaccionar una casa de country, medicamentos entregados a laboratorios amigos a cambio de retornos y audios que circularon entre los propios operadores del poder: la causa ANDIS no para de crecer. Este miércoles dio un salto cualitativo cuando la expareja del estratega digital Fernando Cerimedo se sentó frente a una pantalla en la sede del Ministerio Público de Bolivia, vestida con chaleco antibalas, y declaró durante más de una hora ante el fiscal federal Franco Picardi.

La abogada Nadia Beller, que sobrevivió a un intento de homicidio a mediados de agosto por el que Cerimedo se encuentra preso con prisión preventiva en Bolivia, ratificó ante Picardi cada uno de sus dichos públicos previos. Confirmó que la filtración de los audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue ejecutada directamente por el propio Cerimedo en conjunto con su actual esposa, Natalia Basil. Según sus declaraciones anteriores, la maniobra apuntaba a exponer los esquemas de corrupción que involucran a altos mandos del Poder Ejecutivo y al círculo íntimo de la Presidencia.

El celular como prueba clave del caso

El punto más trascendente de la audiencia fue la predisposición de Beller para entregar a la Justicia argentina la información contenida en su teléfono celular, cuyo peritaje se ejecuta actualmente en territorio boliviano. A partir de ese ofrecimiento, el fiscal Picardi deberá tramitar el pedido de cooperación internacional para acceder a los audios y documentos respaldatorios que la testigo conserva en el dispositivo, los cuales prometen aportar elementos de prueba sobre las negociaciones incompatibles y los desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

«Ratifiqué lo que ya había dicho y puse a disposición el celular; ahora es la Fiscalía argentina la que debe requerir las copias a sus pares bolivianos», indicó Beller al concluir su testimonio bajo estrictas medidas de seguridad.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos: 19 imputados

La declaración de Beller llegó un día después de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmara los procesamientos dictados por el juez Sebastián Casanello contra Spagnuolo y otras 18 personas. Entre los imputados figuran el exfuncionario Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete, todos acusados de integrar una asociación ilícita orientada a direccionar compras de medicamentos a laboratorios específicos mediante la exigencia de retornos indebidos.

Con los votos de los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah, el tribunal dio por acreditada la existencia de contrataciones con sobreprecios y beneficios económicos ilegales en perjuicio del Estado. Además, la Cámara desestimó los planteos defensivos que pretendían anular el expediente por el origen de los audios, al confirmar que la causa cuenta con evidencia independiente acumulada en allanamientos y peritajes documentales.

La fractura desde adentro: un entramado que se deshace

Lo que vuelve singular a este expediente no es solo la magnitud de lo denunciado, sino que la principal testigo de cargo proviene del propio riñón del dispositivo político libertario. Beller fue pareja de Cerimedo, uno de los operadores digitales más influyentes del armado electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia, y su testimonio configura una ruptura interna que la defensa de los imputados no logró desarticular.

La audiencia se celebró desde la sede del Ministerio Público de Bolivia por las condiciones en que se encuentra Beller: en ese país tramita en paralelo la causa por el intento de homicidio que sufrió a mediados de agosto, ataque por el que Cerimedo permanece detenido. El chaleco antibalas con el que Beller compareció ante Picardi no fue un accesorio simbólico sino la expresión visible de un nivel de amenaza que la Justicia argentina ya tomó nota.

Lo que tenés que saber

  • Nadia Beller declaró este miércoles por videollamada ante el fiscal federal Franco Picardi desde Bolivia, con chaleco antibalas, y ratificó que Fernando Cerimedo filtró los audios de la corrupción en ANDIS junto a Natalia Basil.
  • Beller ofreció entregar su teléfono celular a la Justicia argentina; Picardi deberá tramitar un pedido de cooperación internacional para acceder al peritaje que se realiza en Bolivia.
  • Un día antes, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otras 18 personas acusadas de integrar una asociación ilícita para direccionar compras en ANDIS.
  • Los camaristas Boico y Farah rechazaron los planteos de nulidad basados en el origen de los audios, al verificar que la causa tiene evidencia independiente acumulada en allanamientos y peritajes.
  • Cerimedo permanece detenido en Bolivia con prisión preventiva por el intento de homicidio contra Beller, ocurrido a mediados de agosto.

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La causa ANDIS avanza: la Justicia rechazó los intentos de Spagnuolo y los Kovalivker de desbaratar la investigación

La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó dos intentos clave por desbaratar la investigación principal: le negó a Diego Spagnuolo la condición de querellante en el expediente por los audios y desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker. En simultáneo, confirmó los procesamientos de 19 imputados por el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.

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ANDIS: la Cámara rechazó todos los intentos de frenar la investigación y confirmó 19 procesamientos.

Doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo y sin factura en refacciones de lujo, una pileta con cascada, un quincho de alta gama y un jacuzzi. Ese es el trasfondo que rodea la causa que investiga el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora tiene un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados, y rechazó de plano dos maniobras defensivas que buscaban neutralizar la investigación.

Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del presidente Javier Milei, protagonizó ambas presentaciones frustradas. Por un lado, intentó convertirse en querellante en el expediente que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen, donde se escucha una voz relatando el presunto esquema de retornos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad, con un porcentaje que habría correspondido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa principal, impulsó un planteo de nulidad de todo lo actuado alegando que las grabaciones habrían sido adulteradas u obtenidas de manera ilícita. Ninguno de los dos intentos prosperó.

Sin legitimación para querellarse

Spagnuolo había recurrido ante la Cámara la decisión del juez Julián Ercolini, quien rechazó en primera instancia que el ex funcionario ingresara al expediente sobre los audios como particular damnificado. A través de su abogado Pablo Parera, argumentó que había sido blanco específico, real y verificable de las maniobras de espionaje que se investigan en ese expediente paralelo, que tramita con el fiscal Carlos Stornelli como acusador.

Los camaristas Roberto Boico y Guillermo Farah cerraron esa puerta. Boico fue categórico: mientras no concluya la pericia destinada a establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en el expediente principal, Spagnuolo «mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido'». Farah, por su parte, señaló que la sola afirmación de haber sido víctima de espionaje no alcanza para reconocerle ese rol procesal y que el escrito de querella debería haber explicado, al menos como hipótesis, cómo los audios serían parte de maniobras ilegales y a manos de quién. Esa «falencia explicativa» fue el argumento decisivo para el rechazo.

La defensa de los Kovalivker, también sin éxito

El abogado Martín Magram, a cargo de la defensa de los hermanos Kovalivker, sostuvo que todo lo actuado en el expediente principal debía declararse nulo porque la investigación se montó sobre grabaciones adulteradas u obtenidas de manera ilícita. El planteo, rechazado en primera instancia, reunió la adhesión de otros imputados, pero tampoco tuvo éxito en la alzada.

Boico insistió en el argumento central: sin que se haya establecido aún si la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval pertenece efectivamente a Spagnuolo, no resulta posible plantear con éxito una exclusión probatoria fundada en una captación ilícita no comprobada. Farah fue aun más explícito al señalar que ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Ariel Lijo invocaron los audios como prueba de cargo en el expediente principal. «Oportunamente se verá qué valor probatorio tienen esos audios», escribió el camarista, dejando en claro que el debate sobre su validez está pendiente pero no pone en riesgo la investigación tal como está planteada hoy.

La pericia de Gendarmería, el nudo del asunto

El punto de inflexión de todo este capítulo procesal será la pericia que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las piezas de audio que dieron origen al escándalo. Una vez que ese peritaje concluya, ambas controversias pendientes, la del querellante y la de la nulidad, podrán retomarse con nuevos elementos. Por ahora, la Cámara dejó en claro que ninguna de las maniobras defensivas tiene sustento suficiente para frenar el avance de la investigación.

En paralelo, los mismos camaristas confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados, luego de que la investigación detectara pruebas de un aparente direccionamiento de licitaciones con simulación de competencia entre distintas empresas, que incluyó la manipulación del sistema informático del organismo. La ANDIS tiene bajo su órbita la gestión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un universo presupuestario que, según la acusación, fue sistemáticamente vaciado a través de ese esquema.

Los audios, Karina Milei y el escándalo que no se apaga

El contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo instaló en el centro del debate político a Karina Milei, hermana y secretaria general del presidente. Las grabaciones describirían un esquema donde la funcionaria participaría de los retornos sobre medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. El gobierno de Milei nunca respondió sobre el fondo de esas acusaciones; prefirió instalar la hipótesis de que los audios fueron obtenidos de manera ilícita o adulterados, sin aportar prueba concreta de ninguna de las dos afirmaciones.

La estrategia, que ahora la Cámara rechazó en sus dos manifestaciones judiciales más directas, buscaba correrse del eje de la investigación para convertir a Spagnuolo en víctima de un complot y deslegitimar la evidencia antes de que sea evaluada. La resolución de Boico y Farah no habilitó ese camino. La causa sigue.

Lo que tenés que saber

  • La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de ser querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen.
  • También desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker, que alegaban que las grabaciones fueron adulteradas u obtenidas ilegalmente.
  • Los camaristas Boico y Farah señalaron que los audios no fueron usados como prueba de cargo en el expediente principal.
  • La pericia de Gendarmería Nacional sobre las grabaciones será determinante para resolver ambas controversias pendientes.
  • La Cámara confirmó además los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por el presunto vaciamiento de la ANDIS mediante licitaciones direccionadas.
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