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★ La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) cuestionó este martes la decisión del Gobierno Nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y convertirla en una secretaría dependiente del Ministerio de Salud, al advertir que «esta modificación representa un cambio estructural profundo, que reduce la jerarquía institucional de la política pública en discapacidad».

En un comunicado difundido tras el anuncio del jefe de Gabinete Manuel Adorni, FADEPOF alertó que la medida «puede implicar un debilitamiento de su rectoría, su articulación federal y su alcance interministerial, en un área que requiere visión transversal, presencia nacional y articulación multisectorial sostenida».

El rechazo de la organización pone en evidencia la preocupación del sector sobre las verdaderas consecuencias de una decisión que el Gobierno presentó como una simple «reorganización administrativa», en medio del escándalo de corrupción que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Lule Menem en un esquema de coimas del 3% sobre compras de medicamentos.

La discapacidad como cuestión de derechos humanos, no solo sanitaria

FADEPOF fue contundente al señalar que «la discapacidad no puede ser abordada exclusivamente desde una lógica sanitaria», y recordó que «se trata de una cuestión de derechos humanos que exige políticas públicas transversales, inclusivas y participativas».

La federación citó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Argentina mediante la Ley 26.378, que establece que «el enfoque debe ser integral y abarcar dimensiones clave como salud, educación, trabajo, justicia, accesibilidad, vivienda, transporte y participación ciudadana».

En línea con esta postura, la organización subrayó que «organismos internacionales como la ONU y la OMS han recomendado de forma consistente que las políticas de discapacidad estén situadas en niveles de alta rectoría del Estado, con capacidad de articulación con todos los ministerios y jurisdicciones».

La absorción de ANDIS por el Ministerio de Salud va exactamente en el sentido contrario: centraliza en una cartera sectorial lo que debería ser una política transversal del Estado.

Cuatro exigencias al Gobierno

FADEPOF realizó un «llamado a las autoridades nacionales» con cuatro demandas concretas que ponen en evidencia las fallas de la decisión gubernamental:

Garantizar el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad: La federación exigió que se cumpla «la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, sin que la reestructuración implique demoras, fragmentaciones o dilaciones en su implementación efectiva».

Esta demanda no es menor: el temor del sector es que la disolución de ANDIS se use como excusa para demorar o incumplir una ley que el propio Congreso sancionó.

Continuidad de las investigaciones judiciales sin interferencias: En lo que constituye una advertencia directa sobre el riesgo de que el cierre de ANDIS obstaculice la investigación del esquema de corrupción, FADEPOF exigió «asegurar que las investigaciones judiciales y auditorías iniciadas en torno a la gestión anterior de la ANDIS puedan continuar sin interferencias, obstáculos ni condicionamientos, como parte del compromiso público con la transparencia y la rendición de cuentas».

Este punto es clave: la organización marca que el cierre del organismo no debe servir para entorpecer la causa que investiga los 48 mil millones de pesos en sobrecostos y el esquema de coimas del 3% que salpica al círculo íntimo presidencial.

Participación de organizaciones representativas: FADEPOF reclamó «sostener espacios de participación formal de las organizaciones representativas de personas con discapacidad, conforme a los estándares internacionales de consulta sustantiva establecidos por la CDPD y otros organismos multilaterales».

Resguardar la articulación federal y transversal: La federación advirtió sobre la necesidad de «resguardar los mecanismos de articulación federal y el enfoque intersectorial de la política pública en discapacidad, evitando que la centralización en el Ministerio de Salud limite su alcance transversal».

El 65% de las enfermedades poco frecuentes implican discapacidad

FADEPOF aportó un dato fundamental para entender la magnitud del problema: «Más del 65% de las enfermedades poco frecuentes (EPOF) implican algún tipo de discapacidad, muchas de ellas viscerales, multisistémicas o progresivas».

La organización advirtió que «estas realidades, aún poco visibilizadas, requieren un abordaje institucional sensible, articulado y técnicamente actualizado», justo lo contrario de lo que implica absorber ANDIS en una estructura ministerial más grande donde las políticas específicas de discapacidad pueden quedar diluidas.

Un cuestionamiento político en medio del escándalo

El comunicado de FADEPOF, aunque técnico y mesurado en su redacción, constituye un cuestionamiento político de fondo a la decisión del Gobierno. La organización no menciona explícitamente el escándalo de corrupción, pero sus exigencias -particularmente sobre la continuidad de las investigaciones judiciales «sin interferencias»- dejan claro que el sector no es ingenuo respecto del contexto en que se produce el cierre de ANDIS.

La federación cerró su comunicado reafirmando «nuestro compromiso con un sistema que garantice derechos, brinde respuestas efectivas y fortalezca el rol del Estado como garante de inclusión, equidad y transparencia», una frase que contrasta fuertemente con un gobierno que disuelve organismos justo cuando se investigan esquemas de corrupción en su propio círculo de poder.

El rechazo de FADEPOF expone la tensión entre el discurso oficial de «reorganización administrativa» y las consecuencias reales de una medida que debilita la jerarquía institucional de las políticas de discapacidad en un momento en que el Gobierno necesita que el escándalo de las coimas del 3% desaparezca de la agenda pública.

Puntos clave:

• FADEPOF rechazó la disolución de ANDIS al advertir que «reduce la jerarquía institucional» y puede debilitar «su rectoría, su articulación federal y su alcance interministerial»

• La organización subrayó que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos que requiere enfoque transversal, no solo sanitario, según establece la Convención de la ONU ratificada por Argentina

• FADEPOF exigió que las investigaciones judiciales y auditorías sobre ANDIS continúen «sin interferencias, obstáculos ni condicionamientos» y que se garantice el cumplimiento de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad

• La federación alertó que más del 65% de las enfermedades poco frecuentes implican algún tipo de discapacidad y requieren «un abordaje institucional sensible, articulado y técnicamente actualizado»

• El cuestionamiento se produce en medio del escándalo de corrupción que investiga 48 mil millones de pesos en sobrecostos y un esquema de coimas del 3% que salpica a Karina Milei y Lule Menem