DDHH
Torturas a soldados en Malvinas: Una causa en manos de la Corte
El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.
La causa judicial donde se investigan las presuntas torturas a soldados argentinos por parte de militares de su propia tropa, durante la guerra con Gran Bretaña de 1982, se encuentra actualmente “en manos” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así lo afirmó a Somostelam el secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, para quien el actual gobierno de Javier Milei “tendrá que dar cuenta” sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mega causa
El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.
La mega causa posee más de 200 militares imputados, decenas de testimonios y pruebas incriminatorias y ya motivó procesamientos dictados por el Juzgado Federal actualmente a cargo de la jueza Mariel Borruto.
Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’” – ERNESTO ALONSO, SECRETARIO DE DDHH DE CECIM
“Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’. Por esta demora tuvimos que acudir a la CIDH que el año pasado declaró el caso como admisible y ahora será el Estado argentino el que se tenga que hacer cargo”, analizó el secretario del Cecim que es parte querellante en el expediente, en diálogo con SomosTélam.
Según Alonso, lo ocurrido con los soldados conscriptos en plena guerra de Malvinas sirve para demostrar cómo “el plan sistemático de violación de los derechos humanos aplicado por la dictadura en el continente también se trasladó a las islas”.
Hubo casos de abusos y muestras de antisemitismo. Todo eso consta en documentos desclasificados y se probó por testimonios y otras evidencias” – ERNESTO ALONSO, SECRETARIO DE DDHH DE CECIM
Los combatientes fueron víctimas de “aberrantes tormentos”, los “estaqueaban en la turba bajo fuego enemigo. Muchos murieron atados en el piso, congelados y con hambre. Hubo casos de abusos y muestras de antisemitismo. Todo eso consta en documentos desclasificados y se probó por testimonios y otras evidencias”, aseguró el dirigente.
También recordó que las denuncias empezaron a acumularse a partir de 2005 en la provincia de Corrientes, y después se extendieron a soldados de otros lugares del país.
La causa judicial lleva 17 años de tramitación y “ya debería estar en la instancia de juicio oral”, pero “nos enfrentamos a un poder que trata de tapar el vergonzoso desempeño de las Fuerzas Armadas en el conflicto y que insiste en definirlo como una gesta patriótica”, insistió Alonso.

Negacionismo
El integrante del Cecim admitió que a este escenario se suma el accionar del actual Gobierno Nacional, cuyos funcionarios niegan los crímenes cometidos por la dictadura.
“Tenemos una figura como la propia vicepresidenta Victoria Villarruel que esgrime un discurso de falso nacionalismo y que niega el rol de la dictadura. Y un presidente como Javier Milei que ha reivindicado a Margaret Thacher o una canciller como Diana Mondino que no cumple con el mandato constitucional de reivindicar la soberanía sobre Malvinas”, enumeró el excombatiente.

“A 42 años de la guerra seguimos esperando justicia, por la memoria, la verdad y la soberanía. Los pibes de Malvinas estamos reclamando justicia y todavía la tortura nos duele. Por ahora se sigue imponiendo la impunidad biológica porque muchos de los imputados se están muriendo, como también muchos de nuestros compañeros, mientras las cabezas de los distintos poderes miran para otro lado”, concluyó Alonso.
Buenos Aires
A 20 años de la desaparición de López, la recompensa sube pero la impunidad sigue intacta
El Gobierno bonaerense duplicó a $10 millones la recompensa por información sobre el paradero de Jorge Julio López, sobreviviente del «circuito Camps» que desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua a su torturador, Miguel Etchecolatz. Dos décadas después, la causa permanece sin resolución y sin responsables identificados.
Dos décadas sin respuestas, sin culpables y sin el cuerpo de un sobreviviente que se atrevió a dar testimonio. A 20 años exactos de su segunda desaparición, Jorge Julio López sigue siendo la herida abierta más incómoda de la democracia argentina: un hombre que sobrevivió la dictadura para ser borrado en plena institucionalidad, el mismo día en que la Justicia condenaba a su torturador.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispuso este viernes elevar de $5 millones a $10 millones la recompensa destinada a quien aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López. El hombre, albañil y militante platense, fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006 cuando salía de su vivienda en Los Hornos, en las afueras de La Plata. Hoy tendría 96 años. La causa tramita en la Unidad Fiscal Federal de La Plata bajo el expediente FLP N° 509/2008, caratulado como «López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas».
El testigo que incomodaba al poder
La historia de López es la de una doble persecución. El 27 de octubre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, fue secuestrado y sometido a un periplo de terror por varios centros clandestinos de detención del denominado «circuito Camps», el entramado represivo montado en la provincia de Buenos Aires bajo el mando del general Ramón Camps. Permaneció detenido y fue sometido a torturas sistemáticas hasta su liberación en 1979, sin que mediara explicación alguna ni proceso judicial.
Décadas después, cuando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad puso en el banquillo a los represores, López se convirtió en un testigo clave. Su testimonio fue determinante para que el ex comisario Miguel Etchecolatz fuera identificado como uno de sus torturadores y condenado como responsable de delitos de lesa humanidad. Etchecolatz fue jefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y una de las figuras más siniestras del aparato represivo de la provincia.
La desaparición en democracia
El 18 de septiembre de 2006 es una fecha que resume toda la brutalidad del caso. Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata leía los alegatos y el veredicto que condenaba a Etchecolatz a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio. López había prestado declaración en ese juicio. Pero no llegó a escuchar la condena: desapareció antes de que terminara la jornada.
Lo que ocurrió ese día no fue solo una desaparición: fue una señal de advertencia dirigida a quienes se atrevieran a testimoniar contra los perpetradores del terrorismo de Estado. La democracia argentina no pudo, o no quiso, proteger al hombre que más la había necesitado. Desde entonces, ningún gobierno logró esclarecer qué pasó con López ni identificar a los responsables de su segunda desaparición.
Veinte años, cero respuestas
La causa acumula dos décadas de investigación sin resultados concretos. El incremento de la recompensa anunciado este viernes por el Gobierno provincial es un gesto simbólico que, al mismo tiempo, deja en evidencia la magnitud del fracaso institucional: si después de 20 años el único recurso disponible es duplicar el monto de una recompensa, el Estado reconoce implícitamente que no tiene respuestas propias.
Las organizaciones de derechos humanos llevan dos décadas sosteniendo que la desaparición de López en democracia no fue un hecho aislado sino parte de una lógica de amedrentamiento a testigos que nunca fue desarticulada del todo. La impunidad en este caso es, también, un mensaje: los engranajes que hicieron posible la represión durante la dictadura no fueron completamente desmantelados.
Lo que tenés que saber
- El Ministerio de Seguridad bonaerense duplicó la recompensa por información sobre el paradero de López: pasó de $5 millones a $10 millones.
- Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que se condenó a prisión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz, a quien López había señalado como su torturador.
- Sobreviviente del «circuito Camps», López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y estuvo detenido en centros clandestinos de La Plata hasta 1979.
- La causa tramita como «desaparición forzada de personas» en la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008).
- A 20 años de su desaparición en democracia, la causa no tiene responsables identificados ni se logró determinar su paradero.
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