DDHH
Torturas a soldados en Malvinas: Una causa en manos de la Corte
El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.
La causa judicial donde se investigan las presuntas torturas a soldados argentinos por parte de militares de su propia tropa, durante la guerra con Gran Bretaña de 1982, se encuentra actualmente “en manos” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así lo afirmó a Somostelam el secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, para quien el actual gobierno de Javier Milei “tendrá que dar cuenta” sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mega causa
El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.
La mega causa posee más de 200 militares imputados, decenas de testimonios y pruebas incriminatorias y ya motivó procesamientos dictados por el Juzgado Federal actualmente a cargo de la jueza Mariel Borruto.
Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’” – ERNESTO ALONSO, SECRETARIO DE DDHH DE CECIM
“Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’. Por esta demora tuvimos que acudir a la CIDH que el año pasado declaró el caso como admisible y ahora será el Estado argentino el que se tenga que hacer cargo”, analizó el secretario del Cecim que es parte querellante en el expediente, en diálogo con SomosTélam.
Según Alonso, lo ocurrido con los soldados conscriptos en plena guerra de Malvinas sirve para demostrar cómo “el plan sistemático de violación de los derechos humanos aplicado por la dictadura en el continente también se trasladó a las islas”.
Hubo casos de abusos y muestras de antisemitismo. Todo eso consta en documentos desclasificados y se probó por testimonios y otras evidencias” – ERNESTO ALONSO, SECRETARIO DE DDHH DE CECIM
Los combatientes fueron víctimas de “aberrantes tormentos”, los “estaqueaban en la turba bajo fuego enemigo. Muchos murieron atados en el piso, congelados y con hambre. Hubo casos de abusos y muestras de antisemitismo. Todo eso consta en documentos desclasificados y se probó por testimonios y otras evidencias”, aseguró el dirigente.
También recordó que las denuncias empezaron a acumularse a partir de 2005 en la provincia de Corrientes, y después se extendieron a soldados de otros lugares del país.
La causa judicial lleva 17 años de tramitación y “ya debería estar en la instancia de juicio oral”, pero “nos enfrentamos a un poder que trata de tapar el vergonzoso desempeño de las Fuerzas Armadas en el conflicto y que insiste en definirlo como una gesta patriótica”, insistió Alonso.

Negacionismo
El integrante del Cecim admitió que a este escenario se suma el accionar del actual Gobierno Nacional, cuyos funcionarios niegan los crímenes cometidos por la dictadura.
“Tenemos una figura como la propia vicepresidenta Victoria Villarruel que esgrime un discurso de falso nacionalismo y que niega el rol de la dictadura. Y un presidente como Javier Milei que ha reivindicado a Margaret Thacher o una canciller como Diana Mondino que no cumple con el mandato constitucional de reivindicar la soberanía sobre Malvinas”, enumeró el excombatiente.

“A 42 años de la guerra seguimos esperando justicia, por la memoria, la verdad y la soberanía. Los pibes de Malvinas estamos reclamando justicia y todavía la tortura nos duele. Por ahora se sigue imponiendo la impunidad biológica porque muchos de los imputados se están muriendo, como también muchos de nuestros compañeros, mientras las cabezas de los distintos poderes miran para otro lado”, concluyó Alonso.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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