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Dengue: la empresa monopólica que produce repelente y no lo entrega

Esta situación también se debe a que el Gobierno de Javier Milei desmanteló todas las áreas de control de la Secretaría de Comercio.

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Durante un brote sin precedentes de dengue, el principal repelente contra los mosquitos que transmiten la enfermedad es fabricado por una multinacional estadounidense. A pesar de la necesidad sanitaria de la población, la empresa lleva a cabo algunas prácticas abusivas debido a su posición dominante en el mercado.

La empresa en cuestión es S.C. Johnson, propietaria de la marca «OFF», y también comercializa Fuyí y Raid en Argentina. Las quejas de los consumidores se deben a la escasez del producto y al precio al que se vende, con una gran disparidad entre los diferentes comercios.

Esta situación también se debe a que el Gobierno de Javier Milei desmanteló todas las áreas de control de la Secretaría de Comercio. Como suele suceder en estos casos, las redes sociales se convierten en el principal medio donde los consumidores expresan su descontento con la empresa por el abuso de los precios y la falta de suministro.

La empresa no ha hecho comentarios sobre los precios, pero en cuanto al suministro, señalan que, aunque están aumentando la producción, la demanda ha superado todas las previsiones. Sin embargo, la realidad es que un simple frasco que a principios de año costaba entre $2.500 y $3.000, hoy cuesta 10 veces más, sin ninguna justificación económica, sino simplemente una decisión de la empresa de aprovecharse de una población que necesita un producto para proteger su salud.

El principal ingrediente utilizado en los repelentes de mosquitos es el N,N-dietil-meta-toluamida (DEET). Este compuesto fue desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 1946 para uso del ejército nacional. Cuatro años después, fue liberado para uso público.

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El Gobierno creó por decreto un examen único para el ingreso a residencias médicas

La administración libertaria estableció a través de un DNU un examen único para el ingreso al sistema nacional de residencias de salud, mientras el sector sanitario acumula recortes que superan el 77% en infraestructura hospitalaria.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

Milei centraliza el acceso a residencias médicas con un decreto y sin debate parlamentario

★ El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este viernes en el Boletín Oficial la creación del Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI) mediante el Decreto 555/2026, firmado por el Ministerio de Salud. La medida establece que el nuevo examen será la única vía de acceso a residencias básicas, articuladas y postbásicas del sistema sanitario nacional, unificando un proceso que hasta ahora era descentralizado. La decisión llega en un contexto de profundos recortes al sector salud y sin consulta previa a los actores del sistema.

Un decreto que reordena sin ampliar

Según el texto del decreto, el nuevo instrumento establece también la creación del Comité de Adhesión al Examen Integrado (CAEI), integrado por un presidente representante de los establecimientos nacionales y un representante por cada organismo o institución adherida; tanto públicos como privados. Sus miembros ejercerán las funciones ad honorem, una modalidad que, en el contexto del ajuste estructural impulsado por la gestión libertaria, aparece como funcional al recorte del gasto, pero que también plantea interrogantes sobre la independencia y los incentivos de quienes estarán a cargo del examen.

El CAEI tendrá a su cargo la definición del cronograma, las sedes del examen, la bibliografía evaluada y los procesos de corrección y validación de lectura. La integración de instituciones privadas en pie de igualdad con las públicas abre, según interpretaciones del sector médico, una puerta a la progresiva privatización del proceso de selección de residentes.

Requisitos que excluyen en lugar de integrar

El reglamento aprobado por el decreto establece que los aspirantes deben contar con título de grado habilitante al momento de la inscripción, sin aceptar documentación en trámite. Para graduados de universidades extranjeras, se exige la convalidación expedida por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano o la reválida de una universidad argentina. La restricción es significativa en un país donde los trámites de convalidación suelen demorarse meses o incluso años por falta de recursos en las propias instituciones.

Además, quien no presente el certificado de promedio en tiempo y forma recibirá automáticamente un promedio de cero, una penalización que recae con mayor peso sobre aquellos aspirantes con menor acceso a la burocracia académica o que residan lejos de los centros administrativos.

Ajuste y salud: la contradicción del modelo

La medida llega en un momento en que el propio sector sanitario ha sido uno de los más golpeados por el ajuste libertario. Según datos verificados por organismos de seguimiento de política pública, el financiamiento destinado a la mejora edilicia hospitalaria sufrió recortes reales de hasta el 77% desde el inicio de la gestión Milei en diciembre de 2023.

En ese marco, la creación de un examen centralizado puede leerse menos como una mejora del sistema y más como un mecanismo de control y reducción de costos: se unifica el proceso, se incorporan entidades privadas y se designan funcionarios sin remuneración, en una lógica coherente con la narrativa de «achicamiento del Estado» que impulsa el Gobierno.

La norma, instrumentada directamente por decreto del Poder Ejecutivo y publicada este viernes en el Boletín Oficial, no pasó por el Poder Legislativo ni por instancias de consulta con las asociaciones médicas, colegios profesionales ni representantes de los propios residentes, actores centrales del sistema de formación sanitaria.

Puntos clave:

  • El Decreto 555/2026 crea el Examen Integrado como único acceso a residencias del sistema nacional de salud.
  • El nuevo Comité de Adhesión (CAEI) integrará instituciones públicas y privadas con miembros ad honorem.
  • Quien no presente el certificado de promedio en tiempo y forma recibirá un promedio de cero.
  • La medida se dictó por decreto, sin debate parlamentario ni consulta con actores del sector.
  • El Gobierno recortó hasta un 77% los fondos para infraestructura hospitalaria desde diciembre de 2023.

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