Una delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y derechos humanos relevó hoy denuncias por la violencia ejercida por la policía jujeña en las represiones a manifestantes, mientras que comuneros indígenas resolvieron reforzar los cortes de ruta de manera indefinida al exigir la anulación de la reforma parcial de la Carta Magna provincial.

Las acciones represiva ordenadas por el gobierno de Gerardo Morales, el pasado sábado en Purmamarca y el martes último en inmediaciones de la Legislatura local, han generado denuncias que dan cuenta de la “extrema gravedad”, que revisten los casos de violencia institucional que se relevan, advirtieron los especialistas sobre esta temática destacados en la provincia.

Durante la tarde de este viernes, los integrantes de comunidades indígenas que conforman la organización «Tercer Malón de la Paz» ratificaron el corte total de la ruta 9 y 52 a la altura de Purmamarca, “hasta conseguir la anulación” de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, al cumplirse una semana de bloqueo de los corredores viales.

«Lo que ya hemos visto es de extrema gravedad y no hay nada que pueda negar lo que está filmado», expresó Alicia Montoya, coordinadora de la Misión de derechos humanos, en una conferencia de prensa al referirse a videos que son analizados.

La coordinadora cuestionó que en Jujuy se está «apelando a la memoria para volver a instalar el miedo» y, en ese sentido, relató que incluso un periodista de la delegación arribada a Jujuy «sufrió intimidación por parte de una camioneta blanca sin patente, recordando lo peor de la dictadura» que se vivió en la provincia.

Al respecto recordaron el caso de «La Noche del Apagón», en la que fueron secuestrados trabajadores del Ingenio Ledesma por parte de las fuerzas de seguridad que utilizaron vehículos de la empresa para trasladar a detenidos, muchos de los cuales permanecen como desaparecidos.

A su turno, Leonardo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y funcionario de la Auditoría General de la Nación, puso en valor que «toda la lectura mediática» vinculada al gobernador (Gerardo) Morales pretenden subordinar el conflicto a una disputa partidaria, apelando a cuestiones de grietas».

En la misma línea, El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) reportó los alcances de una visita de «inspección» en Jujuy, donde entrevistó a heridos y detenidos en las protestas contra la reforma constitucional, que fueron reprimidos por la Policía.

Los entrevistados alegaron haber recibido «golpes y malos tratos», y el organismo consignó que «elaborará un informe con recomendaciones» que será remitido a las autoridades «con carácter confidencial, de acuerdo a la normativa».

El Comité, que llegó a la provincia el pasado miércoles 21 de junio y se retiró dos días después, entrevistó a la totalidad de las personas que se encontraban privadas de su libertad en el penal de Alto Comedero ese día, cuando la cantidad de aprendidos «ascendía a 60 personas», entre las que había «46 varones, nueve mujeres y cinco jóvenes adultos».

«Al finalizar la visita del Comité, se dispuso la libertad de todas ellas», reportó el organismo en un comunicado, en el que «reconoce la disposición de las autoridades provinciales que han brindado la información solicitada hasta el momento y facilitado el libre acceso a todos los lugares a los que concurrió».

Asimismo, se señaló que durante el monitoreo, «se recibieron alegaciones de golpes y malos tratos por parte del personal policial al momento de la detención y durante el traslado a dicho penal».

«En su mayoría, las personas entrevistadas relataron que el personal policial no se encontraba identificado. A su vez, se registraron personas con heridas provocadas por el impacto de balas de goma, tanto en el rostro, como en el torso y piernas», reportó el comunicado.

La delegación, además, entrevistó en Purmamarca a «numerosas personas, algunas heridas, durante la represión del sábado 17 de junio» y afirmó que «se registraron necesidades de atención en salud física y mental», lo que «debe ser llevado a cabo por instituciones que gocen de la confianza de la comunidad, ya que se recibieron alegaciones de mucho temor por falsas informaciones».

El Comité también mantuvo una reunión con el gobernador Gerardo Morales, «a quien se le informó las alegaciones recibidas y la necesidad de realizar una investigación eficaz sobre la actuación policial» y «reiteró las recomendaciones sobre el uso de la fuerza en consonancia con los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos».

Sobre las rutas 9 y 52 en plena Quebrada de Humahuaca comuneros indígenas de El Moreno, Tusaquillas, Cueva del Inca, Lagunas de Guayatayoc, Queta, Tres Pozos, Alfarcito, Rinconadillas, entre otras comunicaron que se refuerzan los cortes de ruta en toda provincia para sostener el reclamo para que se anule la reforma constitución puesto en vigencia por el Ejecutivo local.

Integrantes de la comunidad de Tusaquillas, la cual se ubica en cercanías a la Laguna Guayatayoc donde se explota el carbonato de litio, manifestaron que se sumaron al reclamo en los últimos días por “la indignación que provocó la represión a los hermanos”.

“Vivimos muy cerca de la cuenca de agua, una zona muy sensible para biodiversidad si se saca ese recurso natural”, fue uno de los pronunciamientos de un vocero del colectivo para explicar el rechazo a las facultades que otorga la reforma constitucional al Estado sobre tierras fiscales.

Con el foco puesto en la explotación del litio una pobladora de la Comunidad de El Moreno, aseguró que los colectivos de nativos y nativas de cada región, “no estábamos de acuerdo con la reforma de la constitución, pero tampoco fuimos informados de su tratamiento”.

La mayoría de los portavoces de las comunidades evitaron revelar sus nombres al denunciar que “por orden del gobernador (Gerardo Morales), se inició una cacería para detener a los hermanos referentes”.

“Morales es el único responsable de lo que pase a cualquier integrante de las comunidades indígenas, tanto en las detenciones y tortura ilegales por defender nuestros territorios”, advirtieron.

Los originarios aseguraron que se profundiza la medida de fuerza con cortes de ruta al precisar que los pasos de vehículos serán en La Quiaca cada seis horas y entre dos y tres horas en otros tramos de la ruta 9.

“Así como el gobernador juró ese texto normativo a espalda del pueblo, queremos advertirle al pueblo argentino que viene por todos los ciudadanos de todo el país”, manifestaron sobre la precandidatura a vicepresidente del mandatario en la fórmula que encabezará el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que se anunció hoy y que competirá en las primarias de Juntos por el Cambio (JxC).

“Morales si nos querés sacar, vas a convertir este lugar en un cementerio”, expresaron en relación a la resistencia para luego denunciar que el mandatario “es el único que rompió la paz en el pueblo jujeño”, finalizaron.