DDHH
El Cels presentó una denuncia ante la CIDH por «hostigamiento y criminalización» contra Milagro Sala
El Centro de Estudios Legales y Sociales hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución política que padece Milagro Sala y la organización Tupac Amaru desde que la dirigente social fue detenida en 2016
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el «proceso de hostigamiento y criminalización» que padece Milagro Sala y la organización Tupac Amaru desde que la dirigente social fue detenida en 2016, y advirtió que la política del Gobierno de Jujuy «busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia».
La denuncia, reportada este lunes por el CELS en un comunicado, fue realizada en agosto pasado junto con abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).
«Realizamos una presentación contra el Estado argentino por el proceso de hostigamiento y criminalización que vive Sala y la organización Tupac Amaru desde que fue detenida en 2016», informó el CELS y manifestó que «la política del gobierno de Jujuy es más amplia y busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia».
En la presentación se hizo un repaso por las diversas manifestaciones públicas que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, «hizo contra Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, incluso desde antes de llegar al poder», sostuvo el CELS.
En ese sentido, manifestó que a partir del 10 de diciembre de 2015, «la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial provincial».
«De este modo, se desató una persecución en su contra por la que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo», expresó el organismo de derechos humanos.
El CELS señaló que Sala se vio sometida a once causas penales y a una causa contravencional, mientras que atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en fuero contravencional.

Otras dos causas se encuentran en etapa de investigación, mientras que otras tres fueron elevadas a juicio, remarcó el organismo de derechos humanos y sostuvo que «todo esto, atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra».
Asimismo, señaló que «la persecución, criminalización y hostigamiento» contra Sala «tuvo impacto negativo sobre la organización barrial Tupac Amaru», organización que «vio su personería jurídica suspendida por ejercer su derecho a protestar, sufrió allanamientos, la detención de otros integrantes e incluso debió soportar una intervención dictada por un decreto del propio Gerardo Morales».
En ese sentido, advirtió que eso se produjo «en un contexto de hostigamiento a ella y a sus allegades por parte de las máximas autoridades provinciales», que «generan un constante agravamiento de sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica».
En Jujuy, expresó el CELS, en los más de dos mil días de detención de Sala, «se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos».
«Esto muestra que la persecución a Milagro Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y limitar seriamente el derecho a la protesta», advirtió.
El caso sobre el que se centró el desarrollo de la denuncia presentada ante la CIDH fue la causa conocida como la «de las bombachas», en la que se acusó a Sala de hacer una amenaza de bomba por teléfono a dos policías de la provincia de Jujuy.
«Una de las presuntas víctimas fue representada, varios meses después de denunciados los hechos, por el hijo y una persona muy cercana a Gerardo Morales», recordó el CELS.
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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