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El Cels presentó una denuncia ante la CIDH por «hostigamiento y criminalización» contra Milagro Sala

El Centro de Estudios Legales y Sociales hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución política que padece Milagro Sala y la organización Tupac Amaru desde que la dirigente social fue detenida en 2016

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el «proceso de hostigamiento y criminalización» que padece Milagro Sala y la organización Tupac Amaru desde que la dirigente social fue detenida en 2016, y advirtió que la política del Gobierno de Jujuy «busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia».

La denuncia, reportada este lunes por el CELS en un comunicado, fue realizada en agosto pasado junto con abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes).

«Realizamos una presentación contra el Estado argentino por el proceso de hostigamiento y criminalización que vive Sala y la organización Tupac Amaru desde que fue detenida en 2016», informó el CELS y manifestó que «la política del gobierno de Jujuy es más amplia y busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia».

En la presentación se hizo un repaso por las diversas manifestaciones públicas que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, «hizo contra Milagro Sala y la organización Tupac Amaru, incluso desde antes de llegar al poder», sostuvo el CELS.

En ese sentido, manifestó que a partir del 10 de diciembre de 2015, «la campaña de desprestigio y estigmatización que recaía sobre ella desde hacía tiempo atrás, dio un giro y pasó a incorporar al sistema judicial provincial».

«De este modo, se desató una persecución en su contra por la que se le iniciaron diferentes causas penales con el exclusivo fin de asegurar su detención y posterior permanencia en situación de encierro preventivo», expresó el organismo de derechos humanos.

El CELS señaló que Sala se vio sometida a once causas penales y a una causa contravencional, mientras que atravesó seis debates orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria y uno en fuero contravencional.

Otras dos causas se encuentran en etapa de investigación, mientras que otras tres fueron elevadas a juicio, remarcó el organismo de derechos humanos y sostuvo que «todo esto, atravesado por campañas y discursos mediáticos que incluyeron a jueces y fiscales involucrados en los procesos en su contra».

Asimismo, señaló que «la persecución, criminalización y hostigamiento» contra Sala «tuvo impacto negativo sobre la organización barrial Tupac Amaru», organización que «vio su personería jurídica suspendida por ejercer su derecho a protestar, sufrió allanamientos, la detención de otros integrantes e incluso debió soportar una intervención dictada por un decreto del propio Gerardo Morales».

En ese sentido, advirtió que eso se produjo «en un contexto de hostigamiento a ella y a sus allegades por parte de las máximas autoridades provinciales», que «generan un constante agravamiento de sus condiciones de detención y en particular de su salud física y psíquica».

En Jujuy, expresó el CELS, en los más de dos mil días de detención de Sala, «se sucedieron diversos episodios de represión y criminalización que tuvieron como blanco no sólo a la organización Tupac Amaru sino a otros movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos».

«Esto muestra que la persecución a Milagro Sala se inscribe en una política más amplia que busca desmovilizar a los sectores disconformes de la sociedad jujeña y limitar seriamente el derecho a la protesta», advirtió.

El caso sobre el que se centró el desarrollo de la denuncia presentada ante la CIDH fue la causa conocida como la «de las bombachas», en la que se acusó a Sala de hacer una amenaza de bomba por teléfono a dos policías de la provincia de Jujuy.

«Una de las presuntas víctimas fue representada, varios meses después de denunciados los hechos, por el hijo y una persona muy cercana a Gerardo Morales», recordó el CELS.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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