★ El titular del juzgado federal de Paraná, Daniel Alonso, rechazó este viernes una presentación de habeas corpus preventivo contra la ampliación de facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) dispuesta a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, dictado a fines de diciembre de 2025. Esa norma modifica de forma profunda el sistema de inteligencia argentino y otorga funciones nuevas o más amplias a la SIDE, algunas de ellas muy controvertidas.

El habeas corpus preventivo había sido presentado por los abogados de la UCR Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos. El juez estableció en el fallo que «no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna».

Los presentantes apelarán el rechazo

Quienes pidieron el recurso apelarán al rechazo. «El hecho mismo que el DNU habilite la detención por agentes de inteligencia sin orden judicial, en sí mismo, es un peligro concreto, real y potencial. O sea: la ley habilita este procedimiento repugnantemente inconstitucional y anticonvencional», declararon en diálogo con los medios.

Alonso expresó que «del escrito promocional no se advierte la existencia de los supuestos de procedencia del hábeas corpus preventivo». El DNU, firmado el pasado 31 de diciembre, recibió numerosos amparos en su contra, pero ninguno había llegado a la instancia de ser tratado durante la feria judicial de enero, momento en el que las tareas se reducen al mínimo y solo se tratan temas de urgencia.

Antecedente: el juez de feria ya había rechazado cinco amparos

Esta resolución se suma al rechazo que el juez de feria Walter Lara Correa dispuso días atrás sobre cinco amparos presentados por legisladores opositores, dirigentes radicales alfonsinistas, el CELS, el Llamamiento Argentino Judío y la Fundación Apolo. En aquella oportunidad, Lara Correa sostuvo que resolver esas medidas implicaría pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, una competencia que corresponde a los jueces naturales de la causa y no a los tribunales de feria.

El diputado socialista Esteban Paulón, uno de los presentantes junto a Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, criticó entonces: «Hay urgencias y urgencias. Para el juez Lara Correa el DNU 941, que está vigente y suspende garantías constitucionales desde el 2 de enero pasado, no reviste ninguna urgencia para su tratamiento. Para el Gobierno sí hubo urgencia para dictarlo».

El artículo más polémico del DNU

El punto más discutido del decreto es que habilita a agentes de inteligencia a detener o aprehender personas en el marco de sus actividades de inteligencia, incluso sin orden judicial previa en casos de flagrancia. Las críticas principalmente radican en la afectación de derechos y garantías constitucionales como la libertad ambulatoria y el debido proceso. Esto debido a que esta medida permitiría detenciones por agentes que no son parte del sistema tradicional de seguridad y sin el control judicial inmediato que exige la Constitución.

Además, el decreto establece que todas las operaciones del sistema de inteligencia tienen carácter encubierto, lo que oscurece aún más el control externo y complica saber cuándo y cómo se aplican esas facultades dentro del territorio nacional.

Centralización y control presupuestario

Más allá de las detenciones, la SIDE queda como órgano rector de todo el sistema, coordinando varias agencias como la Agencia Nacional de Contrainteligencia y la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Esto implica una centralización del poder de inteligencia en un único organismo bajo conducción política directa. Los críticos argumentan que el DNU otorga facultades cuasi policiales por decreto, algo que tradicionalmente debe regularse por ley del Congreso.

Además, la medida contempla que la SIDE pueda requerir información de otros organismos del Estado, tanto nacionales como de provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que amplía su alcance operacional. Este aspecto también fue duramente criticado por la oposición señalándolo como una forma de «desdemocratizar» los servicios de inteligencia.

El debate pasa al Congreso

Con la vía judicial demorada por los rechazos sucesivos, el foco se traslada al Congreso Nacional. El Gobierno envió el DNU al límite del plazo legal y la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para tratarlo, plazo que vence el 29 de enero. Sin embargo, ni la vicepresidenta Victoria Villarruel ni el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, conformaron esa comisión pese a los reclamos opositores.

La oposición en Diputados suma 119 votos entre Unión por la Patria, Frente de Izquierda e interbloque Unidos, a diez del quórum necesario para habilitar la sesión y avanzar en el rechazo del decreto, que se consigue con mayoría simple. El escenario más probable es que el DNU se trate en la primera semana de febrero, cuando los legisladores regresen del receso veraniego.

El senador justicialista Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para derogar el decreto, utilizando en parte un análisis del CELS que califica al DNU como la creación de una «policía secreta». Veinte organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional Argentina, ACIJ y Poder Ciudadano, también pidieron al Congreso que rechace la norma.

Los sucesivos rechazos judiciales configuran un patrón que deja en manos del Congreso la única vía efectiva para frenar el DNU 941/2025, en un contexto donde el oficialismo despliega una estrategia dilatoria y la oposición enfrenta el desafío de sumar los votos necesarios para alcanzar el quórum.

Puntos clave

• El juez federal Daniel Alonso rechazó un habeas corpus preventivo presentado por abogados radicales contra el DNU 941/2025.

• Los presentantes apelarán la decisión argumentando que la habilitación de detenciones sin orden judicial es «un peligro concreto, real y potencial».

• Este rechazo se suma al del juez de feria Walter Lara Correa, que desestimó cinco amparos presentados por legisladores y organizaciones de derechos humanos.

• La oposición en Diputados suma 119 votos, a diez del quórum necesario para tratar el decreto en el recinto de sesiones.

• El plazo de diez días hábiles para el tratamiento en la Comisión Bicameral vence el 29 de enero, pero la comisión no fue conformada por Villarruel y Menem.