Energía
Tarifazo disfrazado: el Gobierno ajusta gas y luz en pleno verano
El Ejecutivo impulsa un nuevo esquema de precios en energía que impactará en las facturas desde febrero. Bajo el argumento de «normalizar» el mercado, las medidas profundizan el ajuste sobre usuarios residenciales mientras mantienen intactos los subsidios al gran capital energético.
★ El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía acaban de establecer dos nuevas resoluciones que modifican sustancialmente los precios del gas natural y la electricidad para los usuarios residenciales de todo el país. Las medidas, presentadas como parte de la «normalización progresiva» del sector, significan en la práctica un nuevo ajuste tarifario que se suma a la seguidilla de aumentos aplicados durante 2025.
Gas: precio único anual que esconde la suba invernal
A través de la resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno fijó un Precio Anual Uniforme del gas natural para los consumos de 2026 vinculados a los contratos del Plan Gas.Ar. La medida, según justifica la cartera económica, busca «atenuar el doble efecto estacional que enfrentan los usuarios en invierno, por mayores consumos y suba de precios».
Sin embargo, el esquema plantea interrogantes. El precio anual uniforme se construye «sobre el costo real de abastecimiento del gas en el marco del Plan Gas.Ar», pero la resolución no especifica cuál será ese valor final que pagará cada hogar argentino. Lo que sí establece es que será «la base sobre la que se aplicarán los beneficios del régimen de subsidios» del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, el mismo mecanismo que en 2025 dejó sin protección tarifaria a millones de usuarios de clase media.
La norma instruye a ENERGÍA ARGENTINA SA, las productoras y las distribuidoras de gas a adecuar sus contratos en apenas cinco días hábiles y ordena al Enargas que los cuadros tarifarios reflejen el nuevo precio. El oficialismo mantiene así su política de reducción gradual de subsidios, en línea con los condicionamientos históricos del FMI sobre el sector energético.
Electricidad: suba mayorista que llegará a todas las facturas
En paralelo, la Secretaría de Energía aprobó mediante la resolución 22/2026 la Reprogramación Trimestral de Verano definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que rige desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2026. La medida fija nuevos precios estacionales de la energía, la potencia y los servicios adicionales que «servirán de base para los cuadros tarifarios de las distribuidoras de todo el país».
Traducido al bolsillo: lo que sube en el mercado mayorista termina, inexorablemente, en la factura del usuario final. La resolución enmarca esta reprogramación en el proceso de «normalización progresiva» del MEM iniciado en noviembre de 2025, con el objetivo declarado de «converger a precios mayoristas eficientes y sostenibles» y trasladar gradualmente los costos reales a las tarifas.
Además, se actualizó desde el 1 de febrero el recargo que integra el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica a 2.029 pesos por megavatio hora, alineado al 2% del precio estacional representativo de los costos de abastecimiento.
El contexto: emergencia energética y retiro del Estado
Ambas medidas se aplican en el marco de la emergencia energética y económica, prorrogada hasta julio de 2026 en el caso de la electricidad y hasta diciembre de 2027 para el sector en su conjunto. Una emergencia que, paradójicamente, se utiliza para implementar aumentos sistemáticos mientras se mantiene congelada la situación salarial de millones de trabajadores.
La Secretaría de Energía también instruyó a CAMMESA a recalcular, con carácter transitorio, los cargos de potencia de las distribuidoras tomando un umbral del 75% de la demanda máxima histórica en lugar del 90%, con refacturación retroactiva desde noviembre de 2025. Una modificación técnica que, en la práctica, facilita la adecuación tarifaria en las jurisdicciones.
Todo esto ocurre mientras el Gobierno profundiza su política de retiro del Estado del sector energético, en contraposición con la necesidad de garantizar la soberanía energética y el acceso a servicios básicos como derechos fundamentales.
Puntos clave:
• El Gobierno estableció un Precio Anual Uniforme del gas para 2026 sin especificar el monto final que pagarán los usuarios residenciales
• Los precios mayoristas de la electricidad subirán desde febrero, lo que impactará en las tarifas de todas las distribuidoras del país
• Ambas medidas se enmarcan en la política de reducción gradual de subsidios energéticos
• El recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se actualizó a 2.029 pesos por megavatio hora desde el 1 de febrero
• Las resoluciones se aplican bajo emergencia energética prorrogada hasta mediados de 2026 y fines de 2027
Combustibles ⛽
Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación
El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.
★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.
La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.
El decreto y sus fundamentos oficiales
El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».
La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.
Combustibles e inflación: una relación estructural
El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.
Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
Una estrategia de cosmética fiscal
La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.
La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.
Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.
Puntos clave:
- El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
- Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
- La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
- Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
- El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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