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Energía

Tarifazo disfrazado: el Gobierno ajusta gas y luz en pleno verano

El Ejecutivo impulsa un nuevo esquema de precios en energía que impactará en las facturas desde febrero. Bajo el argumento de «normalizar» el mercado, las medidas profundizan el ajuste sobre usuarios residenciales mientras mantienen intactos los subsidios al gran capital energético.

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El Argentino Diario-Tarifas de luz y de gas.

★ El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía acaban de establecer dos nuevas resoluciones que modifican sustancialmente los precios del gas natural y la electricidad para los usuarios residenciales de todo el país. Las medidas, presentadas como parte de la «normalización progresiva» del sector, significan en la práctica un nuevo ajuste tarifario que se suma a la seguidilla de aumentos aplicados durante 2025.

Gas: precio único anual que esconde la suba invernal

A través de la resolución 23/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno fijó un Precio Anual Uniforme del gas natural para los consumos de 2026 vinculados a los contratos del Plan Gas.Ar. La medida, según justifica la cartera económica, busca «atenuar el doble efecto estacional que enfrentan los usuarios en invierno, por mayores consumos y suba de precios».

Sin embargo, el esquema plantea interrogantes. El precio anual uniforme se construye «sobre el costo real de abastecimiento del gas en el marco del Plan Gas.Ar», pero la resolución no especifica cuál será ese valor final que pagará cada hogar argentino. Lo que sí establece es que será «la base sobre la que se aplicarán los beneficios del régimen de subsidios» del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, el mismo mecanismo que en 2025 dejó sin protección tarifaria a millones de usuarios de clase media.

La norma instruye a ENERGÍA ARGENTINA SA, las productoras y las distribuidoras de gas a adecuar sus contratos en apenas cinco días hábiles y ordena al Enargas que los cuadros tarifarios reflejen el nuevo precio. El oficialismo mantiene así su política de reducción gradual de subsidios, en línea con los condicionamientos históricos del FMI sobre el sector energético.

Electricidad: suba mayorista que llegará a todas las facturas

En paralelo, la Secretaría de Energía aprobó mediante la resolución 22/2026 la Reprogramación Trimestral de Verano definitiva para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que rige desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2026. La medida fija nuevos precios estacionales de la energía, la potencia y los servicios adicionales que «servirán de base para los cuadros tarifarios de las distribuidoras de todo el país».

Traducido al bolsillo: lo que sube en el mercado mayorista termina, inexorablemente, en la factura del usuario final. La resolución enmarca esta reprogramación en el proceso de «normalización progresiva» del MEM iniciado en noviembre de 2025, con el objetivo declarado de «converger a precios mayoristas eficientes y sostenibles» y trasladar gradualmente los costos reales a las tarifas.

Además, se actualizó desde el 1 de febrero el recargo que integra el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica a 2.029 pesos por megavatio hora, alineado al 2% del precio estacional representativo de los costos de abastecimiento.

El contexto: emergencia energética y retiro del Estado

Ambas medidas se aplican en el marco de la emergencia energética y económica, prorrogada hasta julio de 2026 en el caso de la electricidad y hasta diciembre de 2027 para el sector en su conjunto. Una emergencia que, paradójicamente, se utiliza para implementar aumentos sistemáticos mientras se mantiene congelada la situación salarial de millones de trabajadores.

La Secretaría de Energía también instruyó a CAMMESA a recalcular, con carácter transitorio, los cargos de potencia de las distribuidoras tomando un umbral del 75% de la demanda máxima histórica en lugar del 90%, con refacturación retroactiva desde noviembre de 2025. Una modificación técnica que, en la práctica, facilita la adecuación tarifaria en las jurisdicciones.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno profundiza su política de retiro del Estado del sector energético, en contraposición con la necesidad de garantizar la soberanía energética y el acceso a servicios básicos como derechos fundamentales.

Puntos clave:

• El Gobierno estableció un Precio Anual Uniforme del gas para 2026 sin especificar el monto final que pagarán los usuarios residenciales

• Los precios mayoristas de la electricidad subirán desde febrero, lo que impactará en las tarifas de todas las distribuidoras del país

• Ambas medidas se enmarcan en la política de reducción gradual de subsidios energéticos

• El recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica se actualizó a 2.029 pesos por megavatio hora desde el 1 de febrero

• Las resoluciones se aplican bajo emergencia energética prorrogada hasta mediados de 2026 y fines de 2027

Desregulación

El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica

La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.

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El-Argentino-Electricidad energía luz

La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.

Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.

Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales

Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.

Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.

La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).

La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.

Los socios del poder detrás del consorcio ganador

La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.

Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.

El marco legal y la lógica del desguace

El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.

La obra que se canceló y el proyecto que no llegó

Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
  • Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
  • El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
  • Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
  • No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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