La FEDUN lanza un paro de 48 horas y denuncia pérdida salarial del 52%

Las universidades públicas argentinas viven otra jornada de conflicto abierto. La FEDUN, encabezada por su secretario general Daniel Ricci, ratificó en un plenario de secretarios y secretarias generales con representación de todo el país la continuidad del plan de lucha y la realización de un paro nacional de 48 horas los días 3 y 4 de junio. La medida incluye suspensión de actividades académicas, movilizaciones, clases públicas y diversas acciones de visibilización del conflicto universitario en todo el territorio nacional.

La decisión no es aislada ni sorpresiva: es el resultado de dieciséis meses consecutivos sin convocatoria a negociación paritaria por parte del Ejecutivo nacional, una omisión que el propio gremio calificó como «una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario».

El salario docente: por debajo de la línea de indigencia

Los datos que fundamentan el paro son contundentes y surgen de fuentes verificables. Según el Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por la FEDUN en conjunto con el CIICTI, los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, sin que el Gobierno haya convocado a una sola mesa de negociación durante ese período.

La magnitud de ese deterioro queda expuesta con una cifra que resulta difícil de soslayar: un profesor titular con dedicación simple percibió en mayo de 2026 apenas $593.355 brutos, cifra que no alcanza la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de marzo de 2026, que el INDEC ubicó en $658.011. En términos concretos, un docente universitario con años de carrera y formación acreditada cobra por debajo de la línea de indigencia.

El dato no es nuevo en su tendencia, pero sí en su crudeza. El informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicado en mayo de 2026, documenta que entre 2023 y 2025 la ejecución real del gasto en la partida «Desarrollo de la Educación Superior» se desplomó un 29%, cifra que se inscribe en el desmantelamiento más amplio del gasto público universitario bajo la gestión libertaria.

La Ley de Financiamiento Universitario: aprobada y ninguneada

Uno de los ejes centrales del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso de la Nación y que el Ejecutivo resiste implementar en su totalidad. La FEDUN reclamó que esa herramienta es «central para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y preservar la calidad educativa», abarcando recursos para actividades académicas, investigación, extensión y funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La resistencia oficial a aplicar la ley sancionada por el Poder Legislativo no es un dato menor: implica que el Gobierno de Milei opta por el incumplimiento de una norma vigente antes que ceder posiciones en su política de ajuste fiscal sobre la educación pública.

Este conflicto se inscribe en un cuadro de deterioro estructural que nuestros propios archivos periodísticos documentaron en profundidad: desde diciembre de 2023, las transferencias a universidades registraron una caída real acumulada del 31,6% según el IIEP (UBA-CONICET), en tanto los salarios públicos en su conjunto cayeron un 29% en términos reales, de acuerdo al diagnóstico del Foro Economía y Trabajo.

Plan de lucha que no cede

La medida de fuerza de esta semana se enmarca en un proceso de movilización universitaria que arrancó en 2024 con las masivas Marchas Federales Universitarias y que, lejos de disolverse, se profundizó ante la persistencia del ajuste. El plenario de la FEDUN resolvió también la adhesión a las movilizaciones convocadas bajo la consigna «Ni Una Menos», que se realizaron esta semana en todo el país tras el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, una señal de que el gremio docente asume la intersección entre el ajuste económico y la violencia de género como parte de un mismo clima de época.

La confluencia con el movimiento feminista en el marco de un paro gremial no es retórica: refleja la composición mayoritariamente feminizada de los claustros docentes universitarios y la conciencia de que el deterioro salarial golpea con mayor fuerza a los sectores históricamente más precarizados del sistema.

Un conflicto sin respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano no emitió convocatoria a paritarias ni respuesta pública ante el anuncio del paro. La postura oficial, que durante meses apuntó a presentar los recortes como «necesidades fiscales» exigidas por el acuerdo con el FMI, no logra ocultar la contradicción de un Gobierno que proclama defender la meritocracia mientras condena a sus docentes universitarios a cobrar salarios por debajo de la línea de indigencia.

El conflicto universitario no es el único frente abierto para la gestión Milei en materia educativa y social, pero sí uno de los más persistentes y con mayor capacidad de movilización. Mientras el paro de 48 horas se extiende por las casas de estudio de todo el país, la pregunta sin respuesta sigue siendo la misma: cuándo el Gobierno decidirá sentar a los docentes a una mesa de negociación que, por ahora, ni siquiera convocó.