Denuncia
Lozano denuncia que el gobierno de Milei realizó millonario gasto exprés en inteligencia
Un informe sugiere posibles delitos como malversación y falsedad ideológica, ya que se gastaron más de 80.000 millones de pesos en inteligencia en un solo mes. Algo imposible por los tiempos administrativos que se deben cumplir.
El economista Claudio Lozano denunciará ante la Comisión Bicameral de Inteligencia presuntas maniobras delictivas en la ejecución de fondos reservados por parte del gobierno de Javier Milei. Un informe elaborado por Lozano y el investigador Jaime Farji revela que se devengaron y pagaron más de 80.000 millones de pesos en gastos de inteligencia en solo un mes, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad.
Gastos millonarios en tiempo récord
Según el informe, basado en datos oficiales de ejecución presupuestaria, en agosto de 2024 se registraron gastos por 80.043 millones de pesos en la partida «Otros Servicios» del área de Inteligencia. Esta cifra representa el 80% del crédito de 100.000 millones asignado mediante el decreto 656/24 del 19 de julio.
«Es altamente improbable que haya podido devengarse y pagarse en un mes el 80% del crédito asignado, a menos que no se respetaran las previsiones establecidas en la ley de Administración Financiera», afirmó Lozano.
Posibles delitos en juego
El informe sugiere que podrían haberse cometido varios delitos contra la administración pública:
«Podemos estar frente a delitos de malversación, falsedad ideológica y/o administración fraudulenta», señaló el economista.
Lozano explicó que para que el gasto fuera legal, en solo 37 días se deberían haber realizado todos los pasos administrativos: selección de proveedores, contratación, prestación de servicios, entrega de resultados, revisión, aceptación y pago.
Fondos cuestionados en medio de ajuste
El economista contrastó estos gastos millonarios con otras políticas del gobierno: «Al mismo tiempo que el gobierno reprime a los jubilados que defienden la decisión parlamentaria de modificar la Movilidad, incurre en maniobras delictivas asignando 80.000 millones de pesos en la partida de Inteligencia».
Pedido de investigación
Lozano presentará el informe ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, para que se investigue el destino de estos fondos reservados.
El decreto que asignó los fondos ya fue rechazado por la Cámara de Diputados, lo que aumenta las dudas sobre la legalidad de su ejecución.
El enigma de los 80.000 millones: ¿Qué oculta el Sistema de Inteligencia?
El Decreto 656/2024 y los fondos reservados
El 19 de julio de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto 656/2024, asignando cien mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado. El objetivo, según el decreto, fue fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional, otorgando carácter reservado a estos fondos en línea con el artículo 38 bis de la Ley N° 25.520.
El artículo 38 bis establece que las partidas presupuestarias para los organismos de inteligencia deben ser públicas, salvo aquellas que, por su naturaleza, deban mantenerse en reserva para no afectar el desarrollo de las operaciones de inteligencia. Sin embargo, estos fondos reservados también están sujetos a los controles de la Ley N° 25.520, supervisados por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Desviaciones en la ejecución presupuestaria
La consulta de la ejecución presupuestaria realizada en la página del Ministerio de Economía reveló que hasta el 23 de agosto de 2024, el Sistema de Inteligencia Nacional había devengado 168.003 millones de pesos. De este monto, 81.744 millones correspondieron al inciso de «Servicios No Personales», siendo la partida «Otros Servicios» la principal, con 81.067 millones. Lo más sorprendente es que el 98,73% de este total, equivalente a 80.043 millones de pesos, se devengó y pagó en agosto, apenas un mes después de la asignación del crédito.
Es inusual que se ejecute el 80% del crédito asignado en tan corto tiempo, lo que sugiere un posible incumplimiento de las normativas establecidas en la Ley N° 24.156 y sus reglamentaciones. Según el artículo 31 de esta ley, el gasto se considera ejecutado cuando se devenga, es decir, cuando se efectúa la prestación del servicio y se recibe conformidad. No se pueden registrar como devengados servicios no prestados o anticipos de fondos sin contraprestación efectiva.
Implicancias y necesidad de una auditoría exhaustiva
El ritmo acelerado en la ejecución y pago de los fondos asignados para inteligencia genera dudas sobre la legalidad de las operaciones. La ausencia de beneficios tangibles para la sociedad, a pesar de la magnitud del gasto, refuerza la sospecha de irregularidades. Los ciudadanos tienen motivos para cuestionar la veracidad de los registros y exigir una investigación profunda.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia tiene la responsabilidad de garantizar que estos recursos se utilizaron conforme a la normativa vigente y, en caso contrario, denunciar las irregularidades. Además, corresponde a la Contaduría General de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, asegurar el cumplimiento de las normativas, sin excepciones para el Sistema de Inteligencia Nacional.
Denuncia
Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal
El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».
¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV
★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.
«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.
Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal
Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».
La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».
Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica
La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».
El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.
Un patrón de acoso que escala
La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».
Democracia y vigilancia tecnológica
Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.
«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.
Puntos clave
- Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
- El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
- El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
- El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
- En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.
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