Denuncia
Lozano denuncia que el gobierno de Milei realizó millonario gasto exprés en inteligencia
Un informe sugiere posibles delitos como malversación y falsedad ideológica, ya que se gastaron más de 80.000 millones de pesos en inteligencia en un solo mes. Algo imposible por los tiempos administrativos que se deben cumplir.
El economista Claudio Lozano denunciará ante la Comisión Bicameral de Inteligencia presuntas maniobras delictivas en la ejecución de fondos reservados por parte del gobierno de Javier Milei. Un informe elaborado por Lozano y el investigador Jaime Farji revela que se devengaron y pagaron más de 80.000 millones de pesos en gastos de inteligencia en solo un mes, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad.
Gastos millonarios en tiempo récord
Según el informe, basado en datos oficiales de ejecución presupuestaria, en agosto de 2024 se registraron gastos por 80.043 millones de pesos en la partida «Otros Servicios» del área de Inteligencia. Esta cifra representa el 80% del crédito de 100.000 millones asignado mediante el decreto 656/24 del 19 de julio.
«Es altamente improbable que haya podido devengarse y pagarse en un mes el 80% del crédito asignado, a menos que no se respetaran las previsiones establecidas en la ley de Administración Financiera», afirmó Lozano.
Posibles delitos en juego
El informe sugiere que podrían haberse cometido varios delitos contra la administración pública:
«Podemos estar frente a delitos de malversación, falsedad ideológica y/o administración fraudulenta», señaló el economista.
Lozano explicó que para que el gasto fuera legal, en solo 37 días se deberían haber realizado todos los pasos administrativos: selección de proveedores, contratación, prestación de servicios, entrega de resultados, revisión, aceptación y pago.
Fondos cuestionados en medio de ajuste
El economista contrastó estos gastos millonarios con otras políticas del gobierno: «Al mismo tiempo que el gobierno reprime a los jubilados que defienden la decisión parlamentaria de modificar la Movilidad, incurre en maniobras delictivas asignando 80.000 millones de pesos en la partida de Inteligencia».
Pedido de investigación
Lozano presentará el informe ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador Martín Lousteau, para que se investigue el destino de estos fondos reservados.
El decreto que asignó los fondos ya fue rechazado por la Cámara de Diputados, lo que aumenta las dudas sobre la legalidad de su ejecución.
El enigma de los 80.000 millones: ¿Qué oculta el Sistema de Inteligencia?
El Decreto 656/2024 y los fondos reservados
El 19 de julio de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto 656/2024, asignando cien mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado. El objetivo, según el decreto, fue fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional, otorgando carácter reservado a estos fondos en línea con el artículo 38 bis de la Ley N° 25.520.
El artículo 38 bis establece que las partidas presupuestarias para los organismos de inteligencia deben ser públicas, salvo aquellas que, por su naturaleza, deban mantenerse en reserva para no afectar el desarrollo de las operaciones de inteligencia. Sin embargo, estos fondos reservados también están sujetos a los controles de la Ley N° 25.520, supervisados por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Desviaciones en la ejecución presupuestaria
La consulta de la ejecución presupuestaria realizada en la página del Ministerio de Economía reveló que hasta el 23 de agosto de 2024, el Sistema de Inteligencia Nacional había devengado 168.003 millones de pesos. De este monto, 81.744 millones correspondieron al inciso de «Servicios No Personales», siendo la partida «Otros Servicios» la principal, con 81.067 millones. Lo más sorprendente es que el 98,73% de este total, equivalente a 80.043 millones de pesos, se devengó y pagó en agosto, apenas un mes después de la asignación del crédito.
Es inusual que se ejecute el 80% del crédito asignado en tan corto tiempo, lo que sugiere un posible incumplimiento de las normativas establecidas en la Ley N° 24.156 y sus reglamentaciones. Según el artículo 31 de esta ley, el gasto se considera ejecutado cuando se devenga, es decir, cuando se efectúa la prestación del servicio y se recibe conformidad. No se pueden registrar como devengados servicios no prestados o anticipos de fondos sin contraprestación efectiva.
Implicancias y necesidad de una auditoría exhaustiva
El ritmo acelerado en la ejecución y pago de los fondos asignados para inteligencia genera dudas sobre la legalidad de las operaciones. La ausencia de beneficios tangibles para la sociedad, a pesar de la magnitud del gasto, refuerza la sospecha de irregularidades. Los ciudadanos tienen motivos para cuestionar la veracidad de los registros y exigir una investigación profunda.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia tiene la responsabilidad de garantizar que estos recursos se utilizaron conforme a la normativa vigente y, en caso contrario, denunciar las irregularidades. Además, corresponde a la Contaduría General de la Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, asegurar el cumplimiento de las normativas, sin excepciones para el Sistema de Inteligencia Nacional.
Denuncia
Primero el disparo, después la censura: Villarruel y Bullrich prohíben muestra fotográfica de Pablo Grillo
Cancelaron la exhibición y la ceremonia en la que se le iba a entregar al fotoperiodista gravemente herido durante una represión un diploma de honor. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
Censura y represión: Villarruel y Bullrich vetaron la muestra fotográfica de Pablo Grillo en el Congreso
★ En el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor que iba a entregarse este viernes al fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo de 2025. La familia convocó a un encuentro en la puerta del Congreso para las 16:30, decidida a no ceder al silencio.
La actividad estaba programada para este viernes 8 de mayo a las 16:30 en el Salón Azul del Senado, organizada por el senador justicialista Eduardo «Wado» De Pedro en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El evento incluía la entrega de un diploma de honor a Grillo y una exposición de su obra fotográfica, pero fue cancelada intempestivamente horas antes de su realización, a pesar de haber contado con autorización previa.
La denuncia de De Pedro
«La actividad había sido autorizada, coordinada y anunciada públicamente, hasta que intempestivamente y sin explicación se nos comunicó que la autorización había sido revocada», señaló De Pedro en una publicación en la red social X. El senador por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente contra las responsables: «Victoria Villarruel y Patricia Bullrich no quieren que se vean las fotos porque tienen miedo de que Pablo hable a través de su obra, tienen miedo al testimonio de su familia y le tienen miedo a la voz de las víctimas de violencia institucional». De Pedro calificó la medida como «una decisión autoritaria, un atropello a los valores democráticos y un nuevo acto de censura».
La familia: «No solo censuran fotos, atacan la libertad de expresión»
El padre de Pablo, Fabián Grillo, fue contundente al repudiar la cancelación: «No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada». Convocó a reunirse este viernes a las 16:30 en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) para compartir igualmente la obra del fotógrafo.
La fecha elegida no fue casual: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad cuando Gendarmería Nacional y Policía Federal reprimieron a los jubilados y a trabajadores de prensa que cubrían la marcha del 12 de marzo de 2025.
El ataque y sus consecuencias
Pablo Grillo, de 36 años, resultó gravemente herido el 12 de marzo de 2025 cuando el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, disparó una lata de gas lacrimógeno directamente hacia su cabeza. Según estableció la investigación judicial, Guerrero efectuó seis disparos de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) «sin que existiera un contexto de agresión». Grillo sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, con secuelas cognitivas permanentes. Permaneció meses en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El 27 de noviembre de 2025 recibió el alta de la unidad de cuidados intensivos.
El gendarme, a un paso del juicio oral
La cancelación del homenaje se produjo en medio de un avance judicial de enorme trascendencia: el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra el gendarme Guerrero. Los delitos imputados son lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado, cometido en cinco oportunidades. Taiano sostuvo que el comportamiento del efectivo representó «un peligro concreto para la vida e integridad física» de los manifestantes y que actuó con «plena conciencia de que infringía las normas». A su vez, la querella de la familia Grillo también requirió a la jueza María Servini la elevación a juicio oral del caso.
La Editorial Perfil le otorgó a Grillo el Premio Perfil 2025 a la Libertad de Prensa Nacional en reconocimiento a su trabajo y al impacto institucional del ataque sufrido mientras ejercía su labor informativa. El galardón fue recibido por su padre, Fabián, quien expresó: «No debería estar acá yo. Pablo estaría ahí, tendría que estar ahí con sus colegas».
Censura que confirma el patrón
La decisión de vetar la muestra de Grillo se inscribe en una serie de restricciones a la libertad de prensa que el actual gobierno impulsa de manera sistemática: acreditaciones negadas a periodistas críticos en la Casa Rosada y el Congreso, cierre de medios públicos y reducción del financiamiento a la comunicación. Desde la cuenta «Justicia por Pablo Grillo» el resumen fue lapidario: «Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura».
Puntos clave:
- Villarruel y Bullrich cancelaron la muestra fotográfica y el diploma de honor a Grillo en el Salón Azul del Senado, pese a estar autorizada previamente.
- La cancelación ocurrió en el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, el 8 de mayo de 2026.
- El fiscal federal Taiano y la querella de la familia Grillo pidieron la elevación a juicio oral del gendarme Héctor Guerrero.
- Guerrero está imputado por lesiones gravísimas agravadas por abuso de la función pública y abuso de armas agravado en cinco oportunidades.
- La familia convocó a mostrar la obra de Grillo en la puerta del Congreso (Hipólito Yrigoyen 1849) a las 16:30 del viernes 8 de mayo.
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