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Denuncia

El Senado calificó de “inconstitucional” la censura y persecución a periodistas

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se pronunció en defensa de Jorge Rial y Mauro Federico tras la orden judicial que prohibió difundir audios de Karina Milei. Los legisladores denunciaron hechos «nunca antes experimentados en democracia».

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⬛ Los senadores que integran la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión respaldaron este martes a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes fueron censurados por el Gobierno de Javier Milei tras difundir audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, los legisladores calificaron los hechos como de «extrema gravedad» y aseguraron que se trata de situaciones «nunca antes experimentadas en democracia».

El juez en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello hizo lugar al pedido del Gobierno y ordenó el «cese inmediato» de la circulación de dicho material, que supuestamente registra conversaciones sobre un esquema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

«Accionar anticonstitucional» del Ejecutivo

«Nosotros como senadores y senadoras nacionales debemos tutelar la Constitución Nacional, por lo tanto expresamos que lo que ha hecho el Poder Ejecutivo en este caso, bajo la firma del Presidente y la Ministra de Seguridad es anticonstitucional», señalaron los legisladores durante la conferencia de prensa.

Los representantes del Senado enfatizaron su responsabilidad específica dentro de la comisión para «generar las garantías y derechos de los periodistas y medios de comunicación, tutelando la libertad de expresión, de prensa, empresa y sobre todo la libertad de los ciudadanos de comunicarse por los medios que elijan de una forma sin condicionamientos».

Escalada represiva contra la prensa

El conflicto se intensificó cuando la ministra Patricia Bullrich pidió allanar a Rial y Mauro Federico por los audios de Karina Milei, y denunció «un servicio de inteligencia paralelo» integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos. La funcionaria solicitó que se allane a los periodistas de C5N y Radio 10 en el marco de lo que calificó como un intento de desestabilización del gobierno.

El senador nacional Martín Lousteau repudió estas medidas y las describió como «un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia», manifestando su rechazo en la red social X.

Repudio del sector mediático

El Grupo Indalo cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de avanzar judicialmente contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, tras la difusión de audios que vinculan a Karina Milei con supuestos retornos en la ANDIS. La empresa calificó estas acciones como «amedrentamiento» y denunció el intento de disciplinamiento del periodismo crítico.

Destacados juristas cuestionaron la legalidad del fallo del juez Maraniello y advirtieron sobre las derivaciones que implica restringir la difusión en medios periodísticos, considerando que vulnera la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional.

Precedente sin antecedentes democráticos

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) denunció que la medida tiene el «objetivo claro de disciplinamiento» del periodismo y ligó la disposición judicial a la «represión sistemática a fotorreporteros».

Los legisladores del Senado enfatizaron que este tipo de censura previa no tiene precedentes en la Argentina democrática y representa una escalada autoritaria que compromete las bases del sistema republicano. La conferencia de prensa se realizó como una respuesta institucional frente a lo que consideran un ataque directo a la libertad de prensa y el derecho a la información de la ciudadanía.

Puntos clave:

  • Los senadores calificaron como «anticonstitucional» el accionar del Gobierno contra los periodistas
  • Se trata de hechos «nunca antes experimentados en democracia», según los legisladores
  • Bullrich pidió allanamientos contra Rial y Federico por difundir audios de Karina Milei
  • El Grupo Indalo y múltiples sectores políticos repudiaron la censura
  • Constitucionalistas advirtieron que el fallo judicial vulnera la libertad de expresión

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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