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Justicia con perspectiva de género: ordenaron a OSDE reafiliar a una mujer trans

Con la excusa de una «preexistencia titular» la empresa pretendió cobrarle un aumento del 800%, debiendo abonar una cuota de $76.605 mensual.

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El Juzgado Civil y Comercial Federal 7 le ordenó a la empresa de medicina prepaga OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios) que reafilie a una mujer trans a la que le cobró un 800% de aumento con el argumento de «prexistencia titular» por su condición de trans, se informó este jueves.

Quimey Ramos, la denunciante, manifestó que el 4 de agosto de 2021 se afilió a OSDE, siguiendo todos los pasos requeridos por la empresa de salud, entregando toda la documentación solicitada y completando la declaración jurada de salud correspondiente.

Según el fallo, en su momento procedieron a afiliarla sin solicitarle ninguna cuota diferencial, ya que «su estado de salud es bueno y no cuenta con ninguna enfermedad preexistente».

Sin embargo, Ramos recibió el 21 de febrero una carta documento por parte de la prepaga en donde le informaron que «del análisis comparativo que realizó nuestra gerencia médica advertimos una sustancial diferencia que nos lleva a la creencia que ha existido por su parte una voluntaria actitud de reticencia y ocultamiento de esa verdadera situación de salud».

Días más tarde, recibió un mail que detallaba que la tarifa diferencial constaba de $67.662 en concepto de «preexistencia titular», ascendiendo a una suma total de $76.605 por mes, un valor diferencial que implica un aumento de más del 800%.

Ante dicha situación, solicitó de manera telefónica que se le «explicaran los motivos en que fundaban esa supuesta ‘preexistencia titular'».

Al no recibir respuesta, procedió a enviar una carta documento solicitando la reafiliación, pero «fue contestada con una negativa el día 10 de marzo mediante el mismo medio, sin dar ningún tipo de explicación».

Por su parte, OSDE señaló que Ramos solicitó su afiliación en el Plan Binario 2-210, y al completar el formulario de afiliación y la declaración jurada, sólo informó que es «mujer trans», sin declarar las cirugías que pretendía realizarse.

En tanto, detallaron que en febrero solicitó autorización para realizarse una cirugía de feminización facial, es decir, «solicitó dicha cirugía a los 6 meses de encontrarse afiliada a OSDE» y, en consecuencia, «falseó alevosamente la declaración jurada de salud al contestar el punto 14 en el que se pregunta si tiene planeado realizar algún tratamiento, práctica o intervención en los próximos seis meses». Ramos negó rotundamente haber falsificado su declaración.

Por su parte, el escrito detalló que la solicitud para la intervención resultó ser posterior a los seis meses a los cuales hace referencia tanto la demandada como el artículo 9 de la Ley 26.682 -las empresas de medicina prepaga sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cuando haya falseado la declaración jurada-, por lo cual «no se encontraría demostrada la mala fe de la parte actora al subscribir la misma».

El juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a OSDE que, en el plazo de tres días, «arbitre los medios necesarios para mantener o, en su caso, reafiliar a la Sra. Quimey Sol Ramos, como beneficiaria de los servicios de salud prestados por esa entidad, en el mismo plan NEO2-210 y con las mismas condiciones que contaba hasta el momento de su rescisión, sin tener que abonar monto alguno por preexistencia».

Asimismo, OSDE deberá «garantizar la continuidad y cobertura de los tratamientos que sean pertinentes, al amparo de dicha afiliación. Todo ello, hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva», concluyeron.

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Acusados de la megaestafa Induplack, los L’Abbate recibieron la bendición del Papa en Devoto

Vito y Emanuel L’Abbate estuvieron entre los 74 presos que saludaron a León XIV. Están procesados y esperan juicio oral por una causa con cientos de damnificados y un perjuicio estimado en más de 24 millones de dólares.

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El Argentino Diario-El Papa León XIV en la Cárcel de Devoto.

Entre los presos que el miércoles 11 de noviembre recibieron a León XIV en la cárcel de Villa Devoto estuvieron Vito Antonio L’Abbate y su hijo Emanuel, procesados con prisión preventiva por una de las mayores estafas inmobiliarias de los últimos años. El empresario mayor llegó a estrechar el antebrazo del Papa durante el saludo y la bendición.

La imagen generó sorpresa e indignación entre quienes aseguran que perdieron sus ahorros en las obras de Induplack, según se informó. Los L’Abbate integraron el grupo de 74 internos que, también según se informó, seleccionaron el Servicio Penitenciario Federal y la Pastoral Carcelaria por su conducta, su estudio o su trabajo dentro del penal. Devoto cerró el jueves 12, y se esperaba que los últimos internos fueran trasladados a Marcos Paz.

Lo que dijo el Papa

En su saludo, León XIV habló a los presos de la experiencia del límite y de la posibilidad de un cambio: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad”. El texto oficial no menciona a ningún interno en particular.

La causa

El expediente 18025/2020 lo impulsa la fiscal Mónica Cuñarro ante el juzgado de la jueza Paula González. En abril de 2025 fueron procesados con prisión preventiva Vito, Emanuel, Juan Ignacio y Santiago L’Abbate junto con Patricio Gastón Flores, por asociación ilícita y estafas; en esa resolución, Vito quedó señalado como jefe de la organización. El procesamiento se amplió en diciembre de 2025.

A fines de febrero de 2026 la fiscal pidió elevar la causa a juicio y, a comienzos de marzo, la jueza avaló el pedido: los acusados deberán enfrentar al Tribunal Oral N° 26, en una fecha a definir. Las cifras difieren según el momento y la fuente: el requerimiento de febrero hablaba de 441 hechos de estafa y más de 400 víctimas, y reportes posteriores mencionan 569 hechos y más de 600 damnificados. El perjuicio estimado supera los 24 millones de dólares y los 1.125 millones de pesos.

Cómo operaba, según la acusación

Según la acusación fiscal, el grupo comercializaba unidades de 17 emprendimientos en construcción en la Ciudad a través de Induplack SA, Induplack Fiduciaria y otras sociedades, cobraba anticipos y cuotas y continuó las ventas con obras paralizadas. En algunos casos, según la acusación, la misma unidad se vendió a más de un comprador. La fiscal sostuvo que, desde 2008, los imputados participaron en 23 sociedades y que 14 de ellas se constituyeron a partir de 2019, y que ese entramado permitió desviar dinero sin controles.

El 3 de noviembre, según un dictamen de la fiscal, Cuñarro pidió procesar a otras personas vinculadas con empresas del grupo, por un presunto plan de sobreendeudamiento para proteger el patrimonio frente a los acreedores. La jueza dictó antes la falta de mérito para varios de ellos, y la fiscal insistió.

La respuesta de los acusados

En un escrito de abril de 2025, según un documento de la causa, Vito y Emanuel L’Abbate sostuvieron que en 2018 sufrieron un default de 14 millones de dólares y que vendieron activos de la familia para sostener las obras. Emanuel afirmó que el concurso “nunca fue una alternativa moral porque todos pierden” y que por eso crearon nuevas empresas para continuar las obras. En septiembre de 2026, un grupo inversor ofreció 2.000 millones de pesos para los damnificados a cambio de que desistieran de sus reclamos civiles, comerciales y penales, en una propuesta presentada por la defensa oficial de Vito y Emanuel.

Ninguno de los acusados tiene condena firme: están procesados con prisión preventiva y esperan el juicio oral. La visita papal a Devoto no alteró su situación procesal.

Lo que tenés que saber:

  • Vito y Emanuel L’Abbate estuvieron entre los 74 presos que saludaron a León XIV en Devoto el 11 de noviembre.
  • Están procesados con prisión preventiva por asociación ilícita y estafas en la causa Induplack, y esperan el juicio oral.
  • A Vito se lo señaló como jefe de la organización en la resolución que lo procesó en abril de 2025.
  • El perjuicio estimado supera los 24 millones de dólares y los 1.125 millones de pesos, con cientos de damnificados; las cifras de hechos y víctimas varían según la fuente.
  • En septiembre de 2026, un grupo inversor ofreció 2.000 millones de pesos a los damnificados a cambio de que desistieran de sus reclamos.
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