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Judiciales ⚖️

Justicia con perspectiva de género: ordenaron a OSDE reafiliar a una mujer trans

Con la excusa de una «preexistencia titular» la empresa pretendió cobrarle un aumento del 800%, debiendo abonar una cuota de $76.605 mensual.

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El Juzgado Civil y Comercial Federal 7 le ordenó a la empresa de medicina prepaga OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios) que reafilie a una mujer trans a la que le cobró un 800% de aumento con el argumento de «prexistencia titular» por su condición de trans, se informó este jueves.

Quimey Ramos, la denunciante, manifestó que el 4 de agosto de 2021 se afilió a OSDE, siguiendo todos los pasos requeridos por la empresa de salud, entregando toda la documentación solicitada y completando la declaración jurada de salud correspondiente.

Según el fallo, en su momento procedieron a afiliarla sin solicitarle ninguna cuota diferencial, ya que «su estado de salud es bueno y no cuenta con ninguna enfermedad preexistente».

Sin embargo, Ramos recibió el 21 de febrero una carta documento por parte de la prepaga en donde le informaron que «del análisis comparativo que realizó nuestra gerencia médica advertimos una sustancial diferencia que nos lleva a la creencia que ha existido por su parte una voluntaria actitud de reticencia y ocultamiento de esa verdadera situación de salud».

Días más tarde, recibió un mail que detallaba que la tarifa diferencial constaba de $67.662 en concepto de «preexistencia titular», ascendiendo a una suma total de $76.605 por mes, un valor diferencial que implica un aumento de más del 800%.

Ante dicha situación, solicitó de manera telefónica que se le «explicaran los motivos en que fundaban esa supuesta ‘preexistencia titular'».

Al no recibir respuesta, procedió a enviar una carta documento solicitando la reafiliación, pero «fue contestada con una negativa el día 10 de marzo mediante el mismo medio, sin dar ningún tipo de explicación».

Por su parte, OSDE señaló que Ramos solicitó su afiliación en el Plan Binario 2-210, y al completar el formulario de afiliación y la declaración jurada, sólo informó que es «mujer trans», sin declarar las cirugías que pretendía realizarse.

En tanto, detallaron que en febrero solicitó autorización para realizarse una cirugía de feminización facial, es decir, «solicitó dicha cirugía a los 6 meses de encontrarse afiliada a OSDE» y, en consecuencia, «falseó alevosamente la declaración jurada de salud al contestar el punto 14 en el que se pregunta si tiene planeado realizar algún tratamiento, práctica o intervención en los próximos seis meses». Ramos negó rotundamente haber falsificado su declaración.

Por su parte, el escrito detalló que la solicitud para la intervención resultó ser posterior a los seis meses a los cuales hace referencia tanto la demandada como el artículo 9 de la Ley 26.682 -las empresas de medicina prepaga sólo pueden rescindir el contrato con el usuario cuando incurra, como mínimo, en la falta de pago de tres cuotas consecutivas o cuando haya falseado la declaración jurada-, por lo cual «no se encontraría demostrada la mala fe de la parte actora al subscribir la misma».

El juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a OSDE que, en el plazo de tres días, «arbitre los medios necesarios para mantener o, en su caso, reafiliar a la Sra. Quimey Sol Ramos, como beneficiaria de los servicios de salud prestados por esa entidad, en el mismo plan NEO2-210 y con las mismas condiciones que contaba hasta el momento de su rescisión, sin tener que abonar monto alguno por preexistencia».

Asimismo, OSDE deberá «garantizar la continuidad y cobertura de los tratamientos que sean pertinentes, al amparo de dicha afiliación. Todo ello, hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva», concluyeron.

Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

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Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.

Puntos clave

  • La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
  • El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
  • Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
  • Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
  • El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.

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