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Atentado a la AMIA: Telleldín proclamó su «total y absoluta inocencia»

El único acusado por el atentado a la mutual israelita quiso «dejar constancia de algunas cosas que fueron mentiras desde el primer día, mentiras fraudulentas ingresadas por la ventana».

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El único acusado por el atentado a la mutual israelita quiso «dejar constancia de algunas cosas que fueron mentiras desde el primer día, mentiras fraudulentas ingresadas por la ventana».

El Tribunal Oral Federal 3 dará a conocer a las 13 su veredicto en el juicio por el atentado a la AMIA que se sigue a Carlos Telleldín, quien proclamó su «total y absoluta inocencia» y cuestionó las «mentiras fraudulentas» de la acusación, al pronunciar sus últimas palabras.

Los jueces del Tribunal Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero se retiraron a deliberar hasta las 13, luego de una última audiencia en la cual Telleldín quiso «dejar constancia de algunas cosas que fueron mentiras desde el primer día, mentiras fraudulentas ingresadas por la ventana».

El único acusado como último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba el 18 de julio de 1994 para volar la sede de la AMIA en el barrio porteño de Once reiteró su «total y absoluta inocencia».

«Voy a aclarar puntos que continuamente son ingresados por la ventana de forma maliciosa», comenzó ante los jueces en una última audiencia remota que tuvo varios problemas de conexión, sobre todo de la defensora oficial de Telleldín, Verónica Carzoglio.

El acusado recordó que pasó diez años y dos meses preso hasta que resultó absuelto en 2004, en el primer juicio por el atentado.»Estamos a 27 años del terrible atentado y seguimos con Telleldín sabe, Telleldín presume, Telleldín cree. Estuve diez años y dos meses detenido en forma injusta, me quise suicidar en prisión», recordó.

«Cuando quedé libre no quería salir, tenía mis hijos de 4 y 5 años y cuando salí tenían 20, era un extraño para mis hijos», dijo.En el juicio actual «27 años después, vivo lo mismo, las mismas mentiras, las mismas conjeturas, no se ya cómo decir que la camioneta se vendió a una persona que vino por el aviso de manera normal y se pagó», agregó.

Además, cuestionó a la querella de la AMIA DAIA que, «como algunos sectores siguen presionando para que arme una historia trucha, como la de los policías bonaerenses», juzgados junto con él en el primer juicio oral y absueltos.

La fiscalía y la querella de Familiares de Víctimas pidieron condenarlo a prisión perpetua mientras que AMIA DAIA a 20 años de cárcel de cumplimiento inmediato.

La exposición de Telleldín debió interrumpirse porque su defensora no escuchó el inicio de la audiencia. Carzoglio explicó al Tribunal, tenía su micrófono «muteado», pensó estar ante un «inconveniente técnico» y sólo se dio cuenta del inicio del juicio cuando vio gesticular a su cliente.

El acusado ya había hablado ante los jueces cuando tras una pausa, la defensora pudo conectarse y pidió hacer uso de su derecho a responder planteos de la querella AMIA DAIA formulados en la audiencia anterior, para rechazarlos.

El titular del Tribunal, Andrés Basso, le concedió la palabra y, tras escuchar a la defensora, Telleldín pudo terminar de hablar.

Telleldín, a punto de cumplir 60 años, ya fue juzgado como presunto partícipe necesario del atentado a raíz de haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba, de acuerdo a lo concluido en la investigación judicial.

El primer juicio a cargo del mismo Tribunal pero con otros jueces que ya no ejercen, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, terminó en 2004 con la absolución y liberación de Telleldín y cinco expolicías bonaerenses que habían sido procesados y detenidos como parte de una «conexión local».

En ese momento, el Tribunal anuló toda la investigación que llevó adelante el destituido exjuez federal porteño Juan José Galeano, por entender que se cometieron ilícitos que la invalidaron. Entre esas irregularidades se encontraba el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín para involucrar a los policías, sobre quienes dijo haberles entregado la Trafic el 10 de julio de 1994, ocho días antes de la voladura.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó parcialmente este veredicto en 2009 y determinó la validez de todo lo hecho hasta la apertura de la llamada «Causa Brigadas» contra policías bonaerenses, posterior al cobro ilegal de Telleldín.

Tras ese fallo, el nuevo juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, retomó la investigación y envió al ex reducidor de autos a otro juicio oral, tras declarar delito de lesa humanidad imprescriptible al atentado.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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