Judiciales ⚖️
Atentado a la AMIA: Telleldín proclamó su «total y absoluta inocencia»
El único acusado por el atentado a la mutual israelita quiso «dejar constancia de algunas cosas que fueron mentiras desde el primer día, mentiras fraudulentas ingresadas por la ventana».
El único acusado por el atentado a la mutual israelita quiso «dejar constancia de algunas cosas que fueron mentiras desde el primer día, mentiras fraudulentas ingresadas por la ventana».
El Tribunal Oral Federal 3 dará a conocer a las 13 su veredicto en el juicio por el atentado a la AMIA que se sigue a Carlos Telleldín, quien proclamó su «total y absoluta inocencia» y cuestionó las «mentiras fraudulentas» de la acusación, al pronunciar sus últimas palabras.
Los jueces del Tribunal Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero se retiraron a deliberar hasta las 13, luego de una última audiencia en la cual Telleldín quiso «dejar constancia de algunas cosas que fueron mentiras desde el primer día, mentiras fraudulentas ingresadas por la ventana».
El único acusado como último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba el 18 de julio de 1994 para volar la sede de la AMIA en el barrio porteño de Once reiteró su «total y absoluta inocencia».
«Voy a aclarar puntos que continuamente son ingresados por la ventana de forma maliciosa», comenzó ante los jueces en una última audiencia remota que tuvo varios problemas de conexión, sobre todo de la defensora oficial de Telleldín, Verónica Carzoglio.
El acusado recordó que pasó diez años y dos meses preso hasta que resultó absuelto en 2004, en el primer juicio por el atentado.»Estamos a 27 años del terrible atentado y seguimos con Telleldín sabe, Telleldín presume, Telleldín cree. Estuve diez años y dos meses detenido en forma injusta, me quise suicidar en prisión», recordó.
«Cuando quedé libre no quería salir, tenía mis hijos de 4 y 5 años y cuando salí tenían 20, era un extraño para mis hijos», dijo.En el juicio actual «27 años después, vivo lo mismo, las mismas mentiras, las mismas conjeturas, no se ya cómo decir que la camioneta se vendió a una persona que vino por el aviso de manera normal y se pagó», agregó.
Además, cuestionó a la querella de la AMIA DAIA que, «como algunos sectores siguen presionando para que arme una historia trucha, como la de los policías bonaerenses», juzgados junto con él en el primer juicio oral y absueltos.
La fiscalía y la querella de Familiares de Víctimas pidieron condenarlo a prisión perpetua mientras que AMIA DAIA a 20 años de cárcel de cumplimiento inmediato.
La exposición de Telleldín debió interrumpirse porque su defensora no escuchó el inicio de la audiencia. Carzoglio explicó al Tribunal, tenía su micrófono «muteado», pensó estar ante un «inconveniente técnico» y sólo se dio cuenta del inicio del juicio cuando vio gesticular a su cliente.
El acusado ya había hablado ante los jueces cuando tras una pausa, la defensora pudo conectarse y pidió hacer uso de su derecho a responder planteos de la querella AMIA DAIA formulados en la audiencia anterior, para rechazarlos.
El titular del Tribunal, Andrés Basso, le concedió la palabra y, tras escuchar a la defensora, Telleldín pudo terminar de hablar.
Telleldín, a punto de cumplir 60 años, ya fue juzgado como presunto partícipe necesario del atentado a raíz de haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba, de acuerdo a lo concluido en la investigación judicial.
El primer juicio a cargo del mismo Tribunal pero con otros jueces que ya no ejercen, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, terminó en 2004 con la absolución y liberación de Telleldín y cinco expolicías bonaerenses que habían sido procesados y detenidos como parte de una «conexión local».
En ese momento, el Tribunal anuló toda la investigación que llevó adelante el destituido exjuez federal porteño Juan José Galeano, por entender que se cometieron ilícitos que la invalidaron. Entre esas irregularidades se encontraba el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín para involucrar a los policías, sobre quienes dijo haberles entregado la Trafic el 10 de julio de 1994, ocho días antes de la voladura.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó parcialmente este veredicto en 2009 y determinó la validez de todo lo hecho hasta la apertura de la llamada «Causa Brigadas» contra policías bonaerenses, posterior al cobro ilegal de Telleldín.
Tras ese fallo, el nuevo juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, retomó la investigación y envió al ex reducidor de autos a otro juicio oral, tras declarar delito de lesa humanidad imprescriptible al atentado.
Córdoba
El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.
Una condena perpetua ignoró el contexto
En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.
Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.
El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.
Perspectiva de género y estándares internacionales
Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.
Más de diez organizaciones impulsaron la revisión
La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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