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Los resultados de la autopsia de Diego: ni alcohol ni drogas ilegales

La investigación del equipo de fiscales se centra en tres ejes principales: si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual «homicidio culposo», quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si la muerte de Maradona se pudo haber evitado.

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Diego Armando Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo cuando falleció el pasado 25 de noviembre en un country de Tigre, según los estudios toxicológicos que sí detectaron la presencia de psicofármacos, informaron fuentes judiciales y de la investigación.

Los análisis que los peritos de la Policía Científica hicieron sobre la sangre y orina del exfutbolista y que le entregaron la noche del martes al equipo de fiscales de San Isidro que investiga las circunstancias de la muerte del «10», arrojaron resultados negativos en alcohol y estupefacientes, pero positivos en «venlafaxina, quetiapina, levetiracetam y naltrexona».

Fuentes de la investigación indicaron que algunos de los psicofármacos encontrados son «arritmogénicos», es decir que producen arritmia, algo que ahora los peritos y los fiscales deberán analizar para ver si eran convenientes para un paciente con una cardiopatía crónica como la que padecía el ex DT de Gimnasia.

Antes de conocerse estos resultados, Gianinna Maradona, una de las hijas que el exfutbolista tuvo con Claudia Villafañe, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: «Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la loca desquiciada».

«Es tan importante lo que apareció como lo que no surgió de estos análisis de laboratorio, que a simple vista confirman que a Maradona le daban psicofármacos pero ningún medicamento para su cardiopatía», dijo uno de los investigadores judiciales de la causa.

Fuentes médicas vinculadas al expediente explicaron que la venlafaxina es una droga antidepresiva que se utilizan para tratar trastornos de ansiedad; la quetiapina es un antispicótico también usado para cuadros de depresión grave y algunas adicciones; y el levetiracetam es un antiepiléptico que actúa sobre el sistema nervioso central y puede producir somnolencia y disminución de la capacidad de reacción.

La naltrexona bloquea el efecto de los medicamentos opiáceos y se usa para evitar la abstinencia al alcohol. Estos son los resultados de los estudios complementarios a la autopsia que se iniciaron el pasado 2 de diciembre en los laboratorios de la Superintendencia de Policía Científica en La Plata.

Allí se analizaron muestras de sangre, orina e hisopados nasales para toxicológicos, pero también se hicieron estudios histopatológicos, que son aquellos que analizan en forma microscópica los órganos y tejidos, entre ellos, el corazón de Maradona, que fue extraído en forma completa y, de acuerdo con lo que observaron los médicos forenses, padecía de una «miocardiopatía dilatada» y pesaba 503 gramos, cerca del doble que uno normal.

Sobre esos estudios microscópicos, las fuentes consultadas indicaron que en corazón se detectó una «fibrosis miocárdica» y «áreas de isquemia miocárdica»; en el hígado, un «probable cuadro cirrótico»; en los pulmones, «rotura de septos alveolares» y un «foco con edema intraalveolar»; y en el riñón, una «necrosis tubular aguda».

Con todos estos resultados, la idea de los tres fiscales que firman la causa, Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, es convocar a una «Junta Médica» interdisciplinaria para que analice a fondo el caso y pueda sentenciar si el deceso era evitable, si hubo mala praxis y si alguno de los profesionales que lo trataban, el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, tuvo alguna responsabilidad.

La autopsia determinó que el excapitán de la selección campeona del mundo en México 86 murió como consecuencia de un «edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada» y descubrieron en su corazón una «miocardiopatía dilatada».

En tanto,el equipo de fiscales decidió peritar el próximo lunes el teléfono celular secuestrado al chofer que trabajaba para el «10» y que el día del fallecimiento estaba presente en el country San Andrés de Tigre.

Se trata del iPhone 8 que el martes pasado le fue secuestrado a Maximiliano Trimarchi (44), empleado del abogado Matías Morla, hermano de su socio, el abogado Marcelo Trimarchi, y de Andrea Verónica Trimarchi, la contadora del exfutbolista.

Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra decidieron allanar su domicilio en Villa Urquiza y secuestrar su celular luego de establecer por videos de cámaras de seguridad y registros de los ingresos y egresos al country que aquel 25 de noviembre, Trimarchi había ingresado a las 11.44 con un Ford Focus a nombre de Morla y estaba en la casa del lote 45 cuando se produjo el deceso de Maradona, sin que nadie lo hubiera reportado.

La investigación del equipo de fiscales creado por decisión del fiscal general de San Isidro, John Broyad, se centra en tres ejes principales: si hubo negligencia médica y por lo tanto un eventual «homicidio culposo», quién tuvo responsabilidades sobre ese posible delito y si la muerte de Maradona se pudo haber evitado.

Los detalles del informe

Al referirse a los estudios microscópicos sobre los órganos, la fiscalía mencionó en su reporte un «cuadro histopatológico compatible con»:

-Cirrosis hepática.

-Necrosis tubular aguda asociado a patología renal crónica.

-Miocardiofibrosis, fibrosis subendocárdica y áreas sugestivas de isquemia aguda.

-Ateromatosis coronaria calcificada no oclusiva.

-Pulmón de características asfícticas asociadas a patología pulmonar crónica reagudizada y la presencia de siderófagos que podrían ser compatibles con cuadro de insuficiencia cardíaca.

-Cirrosis, necrosis tubular aguda, glomeruloesclerosis focal, aterosclerosis, cardiopatía isquémica e hiperplasia arterial en nodo sinoauricular.

Sobre el «informe químico legal», escribió las siguientes conclusiones:

-Muestra de sangre con resultado de tóxicos: se detectó presencia de levetiracetam y desmetilvenlafaxina.

-Muestra de orina con resultado de tóxicos: se detectó presencia de levetiracetam, venlafaxina, desmetilvenlafaxina, quetiapina, 6-naltrexol y metoclopramida.

-B6 con resultado de drogas de abuso y sustancias de interés: se detectó metoclopramida

-B7 con resultado de drogas de abuso y sustancias de interés: se detectó ranitidina.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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